Daniel Lacalle

Los errores de la expropiación: el caso de Colombia

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“Spend my money… and flush it down the drain” Nikki Sixx

Si usted escucha a populistas de uno y otro lado, pondrán como solución a todos los problemas la nacionalización. El ejemplo de lo que ha ocurrido a Gas Natural en Colombia es una muestra adicional de que las ineficiencias no se solucionan expropiando.

Ante las inexactitudes vertidas en algunos medios, pongamos todo en contexto.La empresa distribuidora eléctrica Electricaribe (ECA) fue privatizada en el año 1998, ante las enormes pérdidas que generaba y el agujero patrimonial acumulado, a favor de la empresa norteamericana Houston Industries y la venezolana Electricidad de Caracas. En el año 2000, Unión Fenosa compró ECA, y en el año 2009 vino la fusión con Gas Natural (GNF) que, con ello, adquirió el 85% de ECA.

-La empresa distribuye electricidad, pero no la genera. La compra a precio de mercado. Por lo tanto, sufre las subidas de precios, pero no las puede repercutir por el alto fraude e impago, y no puede tomar medidas contra dicho impago porque el suministro es, en muchos casos, obligatorio -organismos oficiales, etc-.

-ECA nunca ha pagado dividendos. A pesar de ello, entre 2011-2015 ha invertido 255 millones de euros, pero la cifra acumulada de impagos y fraude superaba los 822 millones de euros en ese periodo.

-Si alguien piensa que nacionalizando sería mejor, ese coste en inversiones no lo habría llevado a cabo el Estado, y el impacto de la insostenibilidad de las cuentas sería 100% sobre el contribuyente.

Ocurre en muchos países que existe una amplia cultura de “no pago” que no viene solo de la pobreza, afecta incluso a organismos oficiales, hasta tal punto que existe una “industria” dedicada a ofrecer abiertamente manipulaciones de la red y los medidores. En Brasil, empresas semiestatales llevan años sufriendo pérdidas por fraude e impago que redundan en peor calidad, menores inversiones e ineficiencia. El “gratis, cueste lo que cueste” sale muy caro.

Ya en el año 2003, el Estado tuvo que absorber hasta el 50% de la deuda acumulada por impago en ciertos barrios.

Es curioso, pero la empresa no puede cobrar por entero lo que suministra, pero sí está obligada a pagar por entero toda la electricidad a los generadores, y además ha cumplido con todos sus compromisos de pensiones, salarios, impuestos, etc.
El hecho es que la solución no es hundir a las empresas concesionarias, expropiar y luego, -viendo que el coste es inasumible- pasar a intentar volver a dar la concesión a otro bajo la promesa de que “ahora es diferente”, como ocurría antes en Argentina.La solución es que la política social se haga desde el Estado, que es lo normal. Que el coste de suministrar a entidades oficiales insolventes y barrios pobres se cubra para que no se haga inviable la inversión y la empresa. Porque esas inversiones serían imposibles si la empresa se nacionaliza. En Venezuela han expropiado miles de empresas y, con ello, las han enviado a la quiebra. Exigir multiplicar las inversiones cuando se pierde -por fraude- en la actividad, solo lleva a hundir la seguridad jurídica y afecta a muchos otros sectores del país, la inversión financiera directa y el progreso. Es mucho más sencillo identificar el problema de impago por causas sociales, poner en marcha medidas que mitiguen y respondan a las necesidades de las capas sociales más desfavorecidas, desde la política estatal, y permitir que las empresas inviertan más y mejor con una lógica económica mínima.

El gobierno colombiano argumenta que no hay expropiación y que no pretende quedarse con la empresa, en la que participa en un 15%, reconoce que la deuda de la empresa es cercana a 1.300 millones de euros incluyendo una deuda de las autoridades públicas por impago de unos 50 milones de euros. El regulador, la Superintendencia de Servicios argumenta que la propiedad se puede recuperar con un compromiso de 479 millones de euros de inversión. La inversión no se puede dar sin unas condiciones de seguridad jurídica y de lógica económica mínimas. Porque entonces no es una inversión, es una donación.

El problema de la decisión injusta y apresurada de expropiar es que el impacto para Colombia y todo su sector productivo puede ser muy alto en pérdida de inversión directa, y no redunda en un beneficio para nadie. La empresa, una multinacional diversificada, puede asumir una pérdida de un 2% de sus activos totales, eso sin contar con la más que probable indemnización. Pero el país no puede asumir ni la nacionalización, porque nunca podría asumir las inversiones necesarias y además subvencionar el suministro, ni el impacto en la imagen internacional de una nación que tiene como objetivo seguir siendo -como merece- un centro mundial de atracción de inversiones.

La solución nunca es expropiar. Lleva a hundir la inversión y atacar el progreso en el país. Colombia es hoy un país moderno que ha dejado atrás rémoras del pasado y que ha aprendido de los errores de los intervencionistas vecinos. No solo debe continuar por la senda actual, sino que debe reforzar su imagen como centro de atractivo inversor. El que piense que expropiando va a conseguir más inversión y mejor calidad de suministro no solo se equivoca, sino que tiene en su contra los ejemplos de la historia y la estadística.

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