Uno de los aspectos más tristes del debate económico en España es que aquellos que se vanaglorian de defender “lo público” son precisamente los que lo hacen insostenibles y lo llevan a la quiebra. Pensar en partidas de gasto público desde la perspectiva del que nunca ha creado una empresa ni generado un puesto de trabajo, desde la visión cortoplacista del Sheriff de Nottingham.

En las pensiones, de las que hemos hablado en varias ocasiones aquí (lean “¿Quién pone en peligro las pensiones?”), se une la demagogia política con las soluciones mágicas que harían al sistema insostenible.

En España un pensionista medio cobra unos 970 euros al mes, más que en Finlandia (495 euros), Dinamarca (538 con un complemento que incluso así la hace inferior a la española), Irlanda (589) o Reino Unido (587 euros), incluso que Austria (953 euros), Francia (entre 700 y 800 euros), Holanda (900) o Bélgica (878). La media del conjunto de países europeos es 812 euros mensuales. No solo en media, sino en mínima, que supera también a Austria, Dinamarca, Reino Unido y Portugal. Con costes de vida, en todos los casos mencionados, muy superiores a España.

Tenemos un sistema de pensiones generoso. Las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General han alcanzado los 1.500 euros, lo que significa el 93% del salario medio en España. España tiene la segunda mayor tasa de reemplazo de la OCDE (el porcentaje del último sueldo cobrado que se convierte en pensión). Superior al 80%, frente al 52% de media de la OCDE, el 55% de Francia o el 37% de Alemania. Así que, sepan Vds. que los que quieren “equiparar” a Europa lo que esconden es un recorte de las pensiones con el cuento social.

El sistema de pensiones en España se hace insostenible con la destrucción de empleo, y ese destrozo no se cubre con impuestos. La principal causa del déficit actual de la Seguridad Social son los 3,3 millones de empleo destruidos. Casi el 70% del deterioro neto del sistema durante los años 2009-2013, se debió exclusivamente a la reducción de ingresos por cotizaciones derivada del aumento del paro negando la crisis.

Ese deterioro, que dejó un déficit en 2011 de 7.705 millones de euros y que ya es de 17.000 millones no se cubre con impuestos. El efecto recaudatorio de las medidas que proponen los intervencionistas no llegaría ni de lejos a un 30% del déficit. Eso si nos creyéramos las estimaciones de ciencia ficción y que no tuviera un efecto negativo en inversión, empleo y crecimiento.

La reforma laboral no es la causante del déficit, es la solución. En 2011, por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados. En lo que llevamos de 2016, por cada nueva pensión se crean 7 empleos. El sistema ya era deficitario en 2010-2011. Se han recuperado 1.660.000 de los afilados destruidos durante la crisis, la mitad del empleo perdido.

Además, los ingresos por cotizaciones efectivas han aumentado entre 2013 y 2016. Lo que ha caído en los ingresos de la Seguridad Social es la partida de “otros ingresos” (fuente IGAE vía Ángel Martínez Jorge). -La recaudación líquida total de la Seguridad Social ya crece a una tasa anual acumulada del 3,82%, superior a la tasa de afiliación y al PIB nominal.

En eso llegaron los genios de redistribuir la Nada y se les ocurre la brillante idea -que a nadie se le había ocurrido- de “destopar” las cotizaciones máximas.¿Qué significa esto? Subir impuestos.

Las aportaciones que se realizan a la Seguridad Social por cada trabajador se fijan fundamentalmente por dos conceptos. Los tipos de cotización y las bases de cotización. Los tipos son un 28,30% por contingencias comunes, de los cuales el 4,7% lo aporta el trabajador y el 23,6% a cargo de la empresa. Y las bases (que se encuentran entre una base mínima y una máxima) van evolucionando cada año, dependiendo del salario.

Si se decidiera, como piden los sindicatos o Unidos Podemos, subir los tipos de cotización, tendría un doble efecto negativo. Subir impuestos y costes de contratación, es decir, atacar el consumo y el empleo para conseguir una supuesta recaudación adicional -que ellos estiman en 7.500 millones- que ni soluciona el déficit del Sistema ni apoya el crecimiento y la reducción del paro.

Para empezar, España ya tiene uno de los impuestos al trabajo más altos de la OCDE y de las cuotas sociales más altas. Eso, identificado por Olivier Blanchard y decenas de economistas, es uno de los grandes escollos a la contratación. Estudios del International Labour Review (Alain Euzeby) o la OCDE muestran que el aumento de las cuotas sociales tiene un efecto negativo tanto en crecimiento como en recaudación. No tenemos que rompernos la cabeza con estudios. Tenemos el ejemplo en casa. España es uno de los países con unas cotizaciones sociales más altas y sufrimos una tasa de desempleo media del 17,5% desde 1980.

Subir esas cotizaciones es un coste adicional al empleador y hace que el sueldo bruto del ciudadano llegue a ser más del doble de lo que ve en la nómina. Vamos, que encarece la contratación y pone en riesgo el empleo, mientras el ciudadano ve menos dinero en su cuenta.

Subir los tipos tiene efectos sobre el coste del trabajador contratado, y puede incidir negativamente -y está demostrado- en el empleo y el consumo.

Pero lo que ya es una broma de mal gusto es proponer que se quite el tope de las bases máximas (que suban las cotizaciones, es decir, los impuestos) y encima que no aumenten las pensiones máximas. Vamos, un efecto confiscatorio de libro. Cotiza usted más pero no tiene derecho a una mejor pensión.

Si se “destoparan” las bases máximas, tendrían que aportar algo más los sueldos superiores a 3.642 euros, pero si eso fuera así, lo justo es que también se incrementara la pensión máxima, porque en un sistema contributivo no se puede exigir contribuir a cambio de nada. Y eso es lo que proponen algunos. Contribuir a cambio de nada -lo que pervierte el concepto de sistema de reparto- y además, poner una bomba en los cimientos de la economía atacando al empleo y el crecimiento que soportan dicho sistema.

Curiosamente, todos los sistemas que han acudido a las subidas de impuestos en la Eurozona para “garantizar las pensiones” han conseguido lo contrario. Francia tiene un déficit superior a 10.000 millones de euros y lleva recortando pensiones desde que instauró la subida de cotizaciones sociales y el “impuesto solidario”. La última, el año pasado. Francia tiene una pensión mínima, media y máxima inferior a la española y una tasa de reemplazo mucho más baja. Y, por supuesto, lleva más de dos décadas en estancamiento.

Al final, los mismos que se arrogan la etiqueta de “social” y de defensores “de lo público” son los que lo hacen insostenible y lo destruyen.

Orientar el sistema español a un sistema mixto de reparto y capitalización, como tienen en Suecia y los países nórdicos y de Centroeuropa, no es “liberal”, es lógico. El impacto demográfico -vivimos más, tenemos menos hijos- no se solventa subiendo impuestos, sino aumentando el empleo, atrayendo más empresas e inversión y mejorando la productividad. A impuestazos y políticas inflacionistas solo perpetuamos el desempleo y hundimos el poder adquisitivo de las pensiones. Luego, eso sí, le echarán la culpa a cualquier enemigo exterior.

Esta semana hemos analizado el riesgo para el crecimiento global del abandono por parte de EEUU del tratado transpacífico y los efectos perniciosos de una temida guerra comercial con China, y a ello se ha unido la estimación realizada por el ministro Hammond en Reino Unido, que considera un coste del Brexit de unos 142.000 millones de euros y una ralentización del crecimiento económico que reduce las expectativas previas en más un 50%.

Todo ello puede que luego se quede en cifras menos alarmantes. No olvidemos que si podemos contar con algo es con los fallos de estimaciones. Si somos intelectualmente honestos, deberemos reconocer que las predicciones agoreras sobre la llegada del Brexit y Trump no se han materializado. Pero reconocer que las cosas no son desastrosas no puede llevarnos a ignorar los riesgos.

Lo peor es que, ante esta evidencia, la solución que se nos propone es tirar de la chequera y más elefantes blancos. La última “novedad” –a nadie se le había ocurrido antes- de la Unión Europea es otro plan de estímulo de 50.000 millones de euros. La UE propone que sea vía gasto público o bajada de impuestos, pero no se le escapará al lector que la mayoría de los países dejaron de leer antes de la palabra “bajada”. Y es un error, porque los países de la UE que en 2009 optaron por bajar impuestos salieron antes y mejor de la crisis que los que se lanzaron a hacer frontones duplicados por los pueblos.

¿Más estímulo vía gasto?. Total, el plan de 2009 de 200.000 millones de euros fue un (nótese la ironía) “exitazo” . El cacareado Plan Juncker ha supuesto una mejora inexistente de las expectativas de crecimiento. Dicho Plan se lanzó a bombo y platillo con una cifra de 630.000 millones de euros y solo se han aplicado 140.000 millones. ¿Y por qué se ha puesto en marcha una cantidad tan ínfima? No hay demanda de proyectos solventes. Porque el problema de la Unión Europea no es de falta de inversión, sino de exceso de capacidad. La Unión Europea ha sido una concatenación de planes industriales y elefantes blancos prácticamente desde 1996. Hoy, el exceso de capacidad industrial, a pesar de la recuperación, se mantiene por encima del 20%.

Cuando el BCE o la Comisión alertan del “exceso de ahorro” –una broma en economías hiperendeudadas-, el truco está en que usan como “base” niveles de “inversión” (gran parte de ella mala asignación de capital) de 2007, es decir, niveles de burbuja.En cualquier caso, incluso si queremos aceptar el más que cuestionado impacto de los planes de infraestructura y gasto público (lean), estarán ustedes de acuerdo conmigo en que 50.000 millones de euros no van a conseguir lo que no consiguieron 200.000 millones en 2009 ni 140.000 millones en los dos últimos años. Y que el riesgo evidente es que lo que sí pueden dejar detrás es la deuda, el coste y el estancamiento por exceso de capacidad que es ya evidente.

Sin embargo, en un entorno complejo, como el que hemos comentado, las economías líderes del mundo están llevando a cabo o anunciando un estímulo completamente distinto y mucho más atractivo. Bajar el impuesto de sociedades.Estados Unidos plantea un impuesto de sociedades del 15%, además de un apoyo fiscal a la repatriación de los más de 2,5 billones de dólares que las empresas norteamericanas tienen en el extranjero. Reino Unido plantea una reducción del Impuesto de Sociedades al 17%. Irlanda lo tiene en el 12,5% y Hungría lo quiere a un 9,5%. La media global ha bajado en los últimos diez años en 4 puntos (lean).

Ya comentamos aquí algunos mitos injustificados del Impuesto de Sociedades en España. Pero es que está demostrado que bajar el impuesto de Sociedades sí muestra claros efectos positivos reflejados en muchos estudios. Karel Mertens y Morten Ravn, por ejemplo, muestran además que la evidencia es clara en cuanto al impacto negativo de la subida de impuestos en el crecimiento y la creación de empleo.

Es más, para los que dicen que se pierden ingresos, los datos históricos–no solo de los últimos diez años- muestran que las bajadas de impuesto de sociedades llevan a aumentar el crecimiento y expandir las bases imponibles, sin impacto negativo en los ingresos fiscales. Si consideramos la incidencia económica sobre la recaudación en otros tributos gracias a mejora de empleo y crecimiento, de hecho es muy superior.

Una bajada de un 1% en el tipo medio de Sociedades eleva el PIB real per cápita en casi 0,4% a corto plazo y 0,6% en un año. De hecho, el efecto positivo excede en mucho al de otras bajadas de impuesto. En términos de multiplicadores, es decir, el efecto positivo en la economía de la medida, el estudio mencionado muestra que son muy superiores a los conseguidos vía gasto. Por supuesto, el efecto en ingresos fiscales viene de toda la cadena adicionalmente, ya que aumenta la inversión, el empleo y con ello, el consumo.

¿Y si no se lo gastan? ¿No es mejor que lo gaste el Estado? Uno de los errores más graves es suplir potencial de inversión por gasto. Porque lleva a una mala asignación de capital. Aún peor es suplir inversión con rentabilidad económica real por inversión sin consideración económica. Supone más losa al crecimiento y mayores impuestos después. Por ejemplo, la mejor inversión ante la ralentización de muchas empresas norteamericanas ha sido usar caja excedente para contratar, recomprar sus propias acciones y distribuirlas entre sus empleados. La empresa se ha fortalecido, en vez de debilitar su balance, y sus empleados atesoran una mayor riqueza personal vía acciones. Europa podría aprender de esa práctica. Invertir bien es excelente, invertir mal es doblemente negativo. Estropea el presente y el futuro.

No es casualidad, por lo tanto, que los países que se enfrentan a retos relevantes ante una ralentización económica global, decidan estimular vía bajada del impuesto de sociedades. Y ese impacto es doble. No solo atrae inversión y mejora crecimiento y consumo, sino que puede tener un efecto aspirador sobre aquellos países que deciden hacer lo contrario. Los datos que nos ha mostrado la historia dejan meridianamente claro que, desde hace ya más de dos décadas, el efecto de bajada de impuestos tiene un impacto neutral o positivo en el crecimiento y el empleo, mientras que el de aumento de gasto ha generado un efecto neutral o negativo.

Aunque queramos negar la evidencia, lo que queda claro es que la capacidad de economías como la nuestra de atraer inversiones y, con ello, facilitar el cambio del patrón de crecimiento y la mayor calidad de empleo, se resentiría si la política fiscal no solo no fuera competitiva, sino que corra el riesgo de moverse en el sentido contrario a la de los países líderes.

España se encuentra en un momento único para atraer inversión gracias a la recuperación, estabilidad y reducción ejemplar de desequilibrios. Si, además, somos capaces de ofrecer una fiscalidad orientada al crecimiento, pasaremos este periodo de desaceleración global mejor y con más fortaleza que la mayoría de nuestros socios.