Pocas veces en la vida he visto un debate económico más pobre. Al principio, La Sexta nos enseñó imágenes de otros eventos similares en Francia o Reino Unido. Yo he tenido la suerte de ver muchos de los que se mostraron y lo primero que pensé fue “en ninguno de ellos los programas económicos se basaban en estimaciones mágicas de ingresos y subidas masivas de impuestos”.

Una pena no haber podido escuchar a Luis Garicano en un entorno donde se encontrase más a gusto. Perdió mucho por encontrarse nervioso y centrar sus mensajes en temas no explícitamente económicos. A Ciudadanos les pierde su obsesión con eliminar las deducciones fiscales y diputaciones, sin adentrarse en qué se haría con los trabajadores de las mismas y, sobre todo, la vertebración territorial y apoyo a los pequeños pueblos. Pensar que eliminar las deducciones fiscales no tiene un efecto importante en la inversión es complicado. Faltó convicción y aplomo a la hora de explicar el contrato único para romper la dualidad temporal, pero sí estuvo claro a la hora de dejar claro que el mal llamado impuesto de solidaridad del PSOE no soluciona el problema de las pensiones. Confiar en un sistema sostenible a largo plazo con mayor crecimiento económico es lo lógico.

Alberto Garzón fue simplemente impresentable. Se inventó datos (crecimiento de España en 2013 y 14, por ejemplo) y puso como ejemplo a países y regiones que han hecho lo contrario a lo que él exige. “Queremos ser como Alemania donde trabajan menos y ganan más”. Se olvidó de la década de austeridad, de los minijobs, del modelo exportador en contra del cuento de estimular la demanda interna, de la flexibilidad laboral y del apoyo a la iniciativa privada, pero aún más de la rigidez presupuestaria, déficit cero a nivel estatal y regional. En eso no, no quiere ser “Alemania”.

Curiosamente, otro modelo que mencionó, el País Vasco, no puede estar más alejado de su arcadia feliz comunista de Unidos Quebremos y sus entelequias de ingresos fiscales de ciencia ficción por impuestos a “los ricos”.

El País Vasco es lo contrario a lo que él promueve. Una región que llevó a cabo una enorme reconversión industrial, cerrando centenares de empresas subvencionadas obsoletas, y ha cambiado su patrón de crecimiento desde una fiscalidad baja y apoyo a la iniciativa privada. Pero Garzón promete las mismas políticas que Syriza ofrecía en Grecia, y tendría el mismo resultado. En el año que llevan gobernando Unidos Quebremos, su modelo es más impuestos, menos crecimiento, más déficit y fuga de empresas.

Un modelo basado en la inversión pública que es en realidad otro Plan E a lo bestia pero llamándolo “verde”, volver a los elefantes blancos y la manida banca pública. Total, rescatar a las cajas públicas solo nos ha costado 63.000 millones… Repetir (lean los mitos de la banca pública).

Que Garzón hable de miles de millones de gasto y relajación en la consolidación presupuestaria cuando han votado (IU, Podemos, Bildu, el Frente Nacional y otros) en Estrasburgo en enero de 2016 a favor de salir del euro es una broma de mal gusto. Présteme más, verá qué risa cuando no le pague.

Primera medida a tomar: plan de emergencia social, paralizar todos los desahucios. Divertido, en Madrid, su coalición lleva ya 1.060 desahucios en 2016 y tiene a 443 familias sin casa por una decisión ideológica… Y la emergencia social en Barcelona es pagarle conferencias a Varoufakis.

Pero ya es para morirse de risa oírle decir que las pensiones deben indexarse al IPC,… no sabía el dato del IPC, que es negativo y hubiera hecho que las pensiones se rebajaran un 1% este año.

Por supuesto, la falacia de la caída del gasto social -que se ha mantenido intacto- la desigualdad y el rescate a “los bancos”, cuando lo que se ayudó fue a las cajas, volvieron.

Jordi Sevilla es una de las personas mejor preparadas de nuestro país y en el debate y trabaja en una de las empresas que mejor ha demostrado el impacto depresor y negativo de la fiscalidad conficatoria. Se le notaba que no se cree mucho su propio programa (la podemización del PSOE). Le tocaría exigir derogar la reforma laboral que ellos implementaron en 2010 y hablar de datos de temporalidad y precariedad que se daban en igual medida, o superiores, en 2007 con su gobierno. Decir que el déficit en su gobierno era por la crisis y ahora por mala gestión es cuando menos un mal subterfugio para un gran profesional. Recordemos que dejaron un déficit oculto de 30.000 millones y facturas impagadas por más de 45.000 millones y un rescate a cajas (63.000) y comunidades autónomas (40.000) que se podrían haber evitado.

Subir impuestos a mansalva es la fórmula del desastre. Pero esa famosa imposición “ecológica” y subida de indirectos la pagará todo el mundo, de ricos nada. Subir los tipos mínimos de impuesto de sociedades al 15% es irrelevante en ingresos. Las grandes empresas pagan un 26%. La “media” que hace que parezca menos viene por los bancos, y si va a forzar a los bancos a perder los DTAs (deferred tax assets) prepárense ustedes a un dominó de quiebras. Los impuestos al capital, como los anteriores, siempre suponen una recaudación mucho menor a los esperado. En un país donde la media de error en estimaciones es del 1-1,3% del PIB según el BCE, significa más déficit, más paro, menos empresas y menor crecimiento.

De Guindos tuvo el papel más difícil. Todos contra el PP, incluido un momento en que el propio programa ponía datos de precariedad curiosos (porcentaje de contratos temporales de un año en vez de total). España ha salido de la recesión creciendo y creando empleo, y ese es su principal argumento. Su política es continuista y defendió las bajadas de impuestos como necesarias para mantener el crecimiento, y no le falta razón pero es claramente complicado defenderlo sin explicar por qué se subieron antes y sin reconocer que hay que devolver esfuerzo a los españoles porque, entre otras cosas, esas subidas del pasado tuvieron un efecto recaudatorio limitado. Generar confianza y estabilidad como pilares de su política. Es curioso, pero fue el único en pronunciar estas dos palabras.

Se crea empleo bajando los impuestos, y tiene razón. Es esencial explicar una y otra vez por qué ahora es diferente y que es falso que nos vayan a poner una multa “por bajar impuestos” (vean) . Un plan integral y basado en la credibilidad internacional, que favorezca fiscalmente la contratación indefinida y recupere los objetivos de atracción de capital y bajos impuestos que han hecho que Irlanda haya salido mejor que ningún país rescatado de la crisis. Seguir con reformas estructurales es de una importancia capital, y no se debe dar la impresión de que el partido del gobierno ha perdido ese impulso. Reducir el déficit y seguir con la responsabilidad presupuestaria fueron sus dos grandes compromisos, y lo que diferencia del resto de partidos.

De Guindos fue el único en hablar de la demografía en temas pensiones, y eso muestra lo demagógico que se vuelve el debate a veces. Tener, además, la realidad de los organismos internacionales y sus palabras, frente a las elucubraciones de otros, ayuda. Y nadie le puede negar que el cambio en la confianza de nuestro país ha sido drástico.

Si algo quedó claro en el debate es que se presentaron dos modelos, la magia y el unicornio del gasto brutal, y la cordura. Unidos Podemos eligió a un comunista para defender su programa y lo hizo como tal, palabra por palabra, defendiendo la intervención y el desastre económico para gloria del gasto burocrático, usando ejemplos de países y regiones que han hecho lo contrario al modelo Syriza que defendía.

Si algo me quedó claro del debate es que, a pesar de reproches y ataques partidistas, si Sevilla, De Guindos y Garicano se metieran en un despacho con los presupuestos del Estado y un lápiz rojo, saldrían con las cuentas cuadradas, sin atacar el crecimiento y apoyando a empresas, atacando el gasto superfluo -que solo Garicano comentó-. Porque los tres están de acuerdo en algo que casi no se mencionó ayer: competitividad, valor añadido y apertura.

La diferencia real entre lo que comentaron De Guindos, Garicano y Sevilla son matices, aunque se magnifiquen por sus equipos de campaña. Están de acuerdo, aunque lo nieguen sus partidos, en el 75% de lo que necesita este país. Si el debate hubiera sido, como el de “The Chancellor Speaks” que ilustró el comienzo del programa, sobre lo que les une y lo que necesita el país, en vez de un “todos contra el PP” y cifras mágicas e inverosímiles de impuestos, ayer habríamos salido los ciudadanos ilusionados, al saber que tenemos un futuro próspero si no nos entregamos a los unicornios que nunca han funcionado. El debate fue una oportunidad perdida. Por atacar al gobierno, se perdió el proyecto de país.

Uno de los problemas con el que se encuentra España a la hora de mejorar en competitividad es el coste de la energía. Al fin y al cabo, los principales costes con los que se encuentra la industria a la hora de competir son los salarios y el precio de los insumos energéticos. Si se disparan, no hay ayudas ni políticas monetarias que eviten la deslocalización y la desindustrialización.

Entre 2004 y 2011, España pasaba de tener un coste medio de la electricidad antes de impuestos dentro de la media europea, a tener un coste medio un 20,5% superior a la media (fuente CNE). Sin embargo, la media de costes de generación -precio del pool– no se movió de la media europea. ¿Qué ocurrió? Empezamos a cargar la tarifa de costes fijos y subvenciones. Hoy, más del 60% de la tarifa eléctrica son impuestos, costes regulados y subvenciones (vean el vídeo).

Ante un problema de sobrecapacidad y sobrecostes creado desde el gobierno, fue el mismo gobierno el que se presentó como la “solución”. La creación en 2009 del “bono social” para atacar la pobreza energética. Primero se decía que las subidas de la tarifa por primas y subvenciones eran “poco más que el precio de un café” (dic 2010). Luego se le echa la culpa a cualquiera menos a una planificación de burbuja.

El “bono social” es un descuento de más del 25% en la factura y lo pagan entero las eléctricas. Supuso 182 millones de euros en 2014 que sufragaron en un 99% cinco empresas, y hay 560.000 familias beneficiarias.

En 2015 había 2,4 millones de suministros acogidos a ese “bono social”, lo que supondría un 13% en relación al total de hogares que hay en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 9,4% de viviendas que tienen alguna dificultad para pagar las facturas asociadas a la vivienda (hipoteca, luz, agua,…), una cifra muy inferior a la que cubre el bono social.

Esa obligación a las empresas eléctricas para mitigar los problemas de pobreza energética no funciona por varios motivos. Primero, se aplica según criterios de consumo (potencia contratada menor a 3 kW), con lo cual se pueden “apuntar” todo tipo de pequeños consumidores, segundo, es aplicable a hogares con potencia contratada menor a 10kW que cumplan uno de tres requisitos: Pensionistas con cuantías mínimas, familias numerosas y familias con todos los miembros en situación de desempleo.

Para que ese “bono social” tuviera un verdadero impacto se deberían poner criterios más estrictos de renta real (un límite de ingresos ligado al salario mínimo) y además luchar contra el fraude. Solo entre 2008 y 2015 se han “retirado” de dicho descuento hasta 600.000 casos donde no se cumplían las condiciones para ser beneficiario. En este desaguisado, los gobiernos se han comportado como el “pirómano-bombero”.

La regulación ha creado el problema –sobrecostes, primas, subvenciones que hacen que la tarifa se encarezca- y una “solución” al mismo problema ineficiente y que no ayuda a las familias que realmente sufren lo que se llama “pobreza energética”.

La factura caería un 10% si no se cargara el sobrecoste de tecnologías subvencionadas que suponen solo el 5% de la producción de energía española y sin embargo son el 20% del coste. De hecho, la factura caería un 30% si se eliminasen las ayudas por interrumpibilidad, primas y subvenciones de la factura y se pasasen, como la ayuda estatal que son, a los presupuestos.

Las empresas eléctricas han ido más allá de la regulación, que no protege “al pobre”, ya que el 75% de los impagos con corte no tiene bono social, y han firmado convenios con las administraciones regionales y municipales, para verificar la situación social real del suministro ante un caso de impago. Se pregunta a los servicios sociales, y si se constata una situación vulnerable, la administración libera fondos de protección social, y la eléctrica no corta el suministro.

Así, conviene destacar que de los cerca de 506.000 cortes de suministro por no abonar las facturas el pasado ejercicio, en más del 55% se reestablece el suministro en 48 horas y otro 8% en un mes. Esos cortes de suministro se han reducido de manera drástica en los últimos años, menos de la mitad de la cifra de 2011. Es importante a su vez, dejar claro que de los cortes de suministro, solo el 2% son clientes vulnerables. Las principales compañías tienen entre un 90 y un 97% de sus clientes protegidos contra cortes de suministro.

La solución no pasa por el subsidio. Porque el problema es de exceso de costes. Pasa por sacar los errores de la planificación fuera de la tarifa, que podría bajar hasta un 30% si se eliminasen subvenciones de todo tipo y se pasasen a los presupuestos generales del Estado. Obligaría a los gobiernos a ser más prudentes, a ajustar gastos ante la necesidad de reducir déficit, en vez de pasar uno tras otro los costes –los necesarios y los innecesarios- al consumidor.

La solución pasa por cruzar los procesos eléctricos y de protección social, para que se destinen los recursos públicos a los desfavorecidos, sin nichos de fraude. El Tribunal Supremo ya alerta del riesgo de imponer que las empresas hagan políticas sociales, ya que se usa el balance de las compañías para fines políticos. Sin embargo, sí tiene sentido que las eléctricas eviten los cortes analizando cada caso con los servicios sociales, evitando el fraude y permitiendo que el bono social o las ayudas sean para quien realmente lo necesita.

La mejor política social en materia energética es no financiar burbujas ni subvencionar la sobrecapacidad, ni llenar la tarifa de conceptos exógenos a la producción de energía. Y entonces no hay problema ni de pobreza energética ni de incentivos perversos o abusos.

Publicado en El Español, 8 de junio de 2016.

Cualquier empresario sabe que si tienes un negocio cíclico no puedes cargarlo de costes fijos y endeudarlo porque lo hundes. Una familia, la entidad económica más social que existe, sabe que la supervivencia y el bienestar vienen del ahorro, y que gastar más de lo que se gana es una locura. Nadie le dice a su pareja “cariño, no podemos bajar gastos, tendrán que subirme el sueldo”, porque recibe un sopapo.

Cuando llegamos al Estado, se cuenta con una flexibilidad muy relevante, que es el acceso a financiación mientras exista confianza en que se gestionará con responsabilidad crediticia y se potenciará el crecimiento. Sin esas dos condiciones, el milagro de gastar como si diese igual todo, desaparece en muy poco tiempo. Incluso si el Estado ignora todos los desequilibrios económicos y se dedica a monetizar todo su gasto, hace a su moneda inservible y pierde valor porque nadie la quiere.

Recordemos Argentina o la propia Grecia antes de la entrada en el euro. La prima de riesgo de Argentina superaba los 1.000 puntos a pesar de “imprimir todo lo que el Estado necesita”, mientras creaba inflación de más del 40% anual y su moneda se depreciaba brutalmente. En los ocho años de Kirchner, la moneda nacional se devaluó un 66,2% respecto del dólar, que en la cotización oficial saltó un 200% desde los 3,15 dólares de diciembre de 2005. Medido por dólar libre, el salto cambiario era del 400 por ciento. “Crear dinero para el pueblo”. El destrozo ahora lo tiene que solucionar otro.

Esto es lo que nos venden los nuevos alquimistas del comunismo inflacionista. No, el Estado no tiene recursos ilimitados. Los recursos del Estado están sujetos a la economía a la que pertenece.

Esto les sonará a todos los que leen las propuestas económicas del populismo inflacionista:

Un ejemplo aterrador, que en España encima se “glorifica”, es el de Allende en Chile. Intervenir la economía, expropiar y nacionalizar y luego imprimir moneda como locos. El plan populista de Allende fue subir salarios nominales enormemente mientras se aplicaban controles de precios, se daban subvenciones “para sectores estratégicos” de hasta el 10% del PIB y se nacionalizaban empresas. Primero, déficits brutales, que pasaron de 6,69% del PIB en 1970, a 15,28 % en 1971, 24,53 % en 1972 y 30,48 % en 1973.

¿Cómo se financió ese agujero fiscal? Imprimiendo billetes. Un aumento de la masa monetaria de 6,60 % del PIB en 1970, 13,61 % en 1971, 22,71 % en 1972 y 30,40 % en 1973. La inflación, por supuesto, se disparó a más del 400%. Ya te pueden “subir” el sueldo lo que quieras que la inflación fagocita ese “aumento”.

El Estado “creando todo el dinero que necesita” llevó al desabastecimiento, la pobreza, y la implosión de ingresos fiscales. ¿A quien le echaron la culpa? Igual que Venezuela hoy, que Kirchner, que todos los inflacionistas, al “enemigo exterior”. Primero a los comercios “que quieren ganar más dinero”, luego a EEUU. Como explica el economista Guillermo Sánchez, “el desastre era evidente y en absoluto hacía falta una “intervención externa” para causarlo. La CIA ni controlaba el aumento de salarios, ni agrandaba el déficit, ni imprimía los billetes”. Y terminó en una dictadura terrible.

Pero como se hizo por el pueblo, el perpetrador del desastre no puede tener la culpa. Lo hizo por “nuestro bien”. Así que tiene que ser culpa de otro. El enemigo externo. El mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, como dice mi admirado profesor Carlos Rodríguez Braun.

Esto es lo que nos venden los nuevos alquimistas del comunismo inflacionista.No, el Estado no tiene recursos ilimitados. Los recursos del Estado están sujetos a la economía a la que pertenece. Para que exista un sector público se tienen que dar ingresos de un sector privado sólido y próspero. Para que el gasto público sea sostenible la economía debe crecer, ser competitiva y productiva.

En este entorno de locura colectiva que nos parece haber invadido, han saltado los defensores del expolio y se presentan como “expertos”, que traen soluciones mágicas que a nadie se le habían ocurrido. Y es que todo esto se ha hecho mucho antes y muchas veces con resultados desastrosos. Los países líderes saben que la política monetaria no funciona si no se da confianza generalizada en la moneda y si no se garantiza un mercado secundario solido con un sistema financiero donde se esterilice la deuda y se garantice el repago porque se percibe una economía rica y dinámica. Esterilizar es vender aquellos bonos que el banco central compra.

Los países ricos no lo son porque tengan mucha deuda. Son muy ricos y por ello pueden endeudarse, porque existe seguridad de repago. El balance de un banco central no crece exponencialmente porque lo decida un comité, sino porque la confianza en la economía y el sistema permite ese desequilibrio puntual para posteriormente normalizar la política monetaria, e incluso con esa premisa se crean enormes distorsiones, como hemos vivido desde 2008. Una moneda no es reserva global porque lo decida un círculo de Podemos, sino porque la acepta el resto del mundo. El dólar se utiliza en el 80% de las transacciones globales, el euro no.

Como estamos viendo claramente en Europa, o en Japón, no es una casualidad que la política monetaria no funcione en economías intervenidas y dirigidas, y funcione -aunque con enormes desequilibrios- en EEUU. Como decía Bill Clinton, “es la economía, estúpido”. Si no tienes una economía potente, dinámica, competitiva, innovadora y abierta, con empresas privadas líderes, la política monetaria no sirve de nada. Aumentar la masa monetaria por encima del crecimiento del PIB real siempre genera enormes desequilibrios. Que esos desequilibrios sean burbujas financieras, o exceso de inflación y miseria, termina siempre de la misma manera: Lo paga usted. El ciudadano sufre el destrozo de los alquimistas.

El que vive dentro del poder populista vive muy bien con esas políticas… Es usted el que sufre las colas, el desabastecimiento y la miseria. Ellos tienen privilegios de partido.
Crear dinero artificialmente siempre crea alta inflación y crisis. Que les digan que no ocurre porque ahora no hay inflación es porque ignoran -a sabiendas- el efecto depresor en la velocidad de dinero de la impresión masiva y la brutal inflación en activos de riesgo. La inflación no es el IPC. Lean la falacia de la “nueva teoría monetaria” que no deja de ser la misma de siempre, sumar dos y dos, y creer que pueden dar veintidós. Cualquier niño sabe que no hay más riqueza por imprimir más billetes. Solo se divide y empeora la capacidad de compra. Pero en Europa se está extendiendo de manera peligrosa el inflacionismo comunista desde la percepción de que el problema no es de competitividad y productividad, sino de imprimir moneda.

Los que dicen que quieren “la política monetaria de EEUU”, pero rechazan su competitividad, apertura, seguridad jurídica y libertad, no quieren emular a EEUU. Quieren copiar a la Argentina de Kirchner. El que vive dentro del poder populista vive muy bien con esas políticas… Es usted el que sufre las colas, el desabastecimiento y la miseria. Ellos tienen privilegios de partido. Y luego, como Allende, Maduro, Kirchner y tantos otros, le echarán la culpa al enemigo exterior, con sus ahorros bien guardados en… dólares y fuera del corralito interno. Ellos son el pueblo… Estas cosas que dice Daniel Lacalle son tonterías porque “esta vez es distinto ”. Cuando no lo sea, como siempre, será culpa del enemigo externo.

Publicado en El Español, 6 junio de 2016.

Nadie duda de que España necesita un partido socialdemócrata moderado y que apoye en las reformas necesarias para generar un crecimiento sostenible. En Francia, el partido socialista ha llevado a cabo un ejercicio de cordura tomándose en serio la necesidad de atacar los desequilibrios históricos de su economía. En Alemania, y otros países de la Unión Europea, incluido Irlanda, hemos visto la importancia de un gran pacto de estabilidad a la hora de fomentar el crecimiento y mantener la confianza. Uno de los graves errores del programa presentado por el PSOE como “contrato para el cambio” es que va en el sentido contrario de lo que los países líderes han llevado a cabo. Se trata de un enorme guiño a las políticas más radicales y perniciosas de Podemos e IU “unidos para quebrar” , y, sobre todo, retomar políticas que han fallado en el pasado y fallarán de nuevo.

Preocupa escuchar a personas del prestigio de Josep Borrell hablar abiertamente de pactos con Unidos Podemos y preocupa aún más que profesionales como Antonio Hernando hablen de que un fraude como el de los EREs es “pequeño”.

Pero alarma que se copien propuestas como convertir al Instituto de Crédito Oficial en un banco público, teniendo la opinión de personas con criterio como el economista José Carlos Díez, que mostraba en sus artículos “Podemos en el país de Nunca Jamás” e “Iglesias se hace el sueco” la ridiculez de la propuesta. Es volver al error de las cajas públicas que nos han costado 63.000 millones de euros en rescate a todos. Pero es, sobre todo, desconocer que el ICO ya tiene licencia bancaria, accede al BCE y financia a empresas. Pero entonces, si no lo ignoran, lo que quieren es endeudar al ICO para hacerlo aún más agresivo -y liderado por políticos- en su concesión de préstamos. Teniendo en cuenta que el ICO tiene ya una morosidad cercana al 10%, eso supone que los ciudadanos, todos, acabaríamos pagando la vuelta a la decisión política en la concesión de crédito, a los errores de las cajas. Viniendo de un partido que ha sido gestor y consejero en todas esas cajas con agujeros dejados por sus líderes de hasta 1.000 millones es sorprendente. Lean los diez mitos sobre la banca pública.

Preocupa que se tome a broma el desajuste de la economía española aceptando la propuesta de renta básica que es infinanciable y, además, conocedores como son, de los desequilibrios de la economía española, pretendan financiar un enorme aumento del gasto con más impuestos. No solo supondrá un aumento de impuestos a todos, vía indirectos y directos, sino que, dado el historial de error en las estimaciones de ingresos fiscales que el BCE ha resaltado en tantas ocasiones como elemento fundamental en el incumplimiento del déficit, supondrá mayor deuda y mayores recortes a futuro. Les recuerdo que la media de error en estimaciones de ingresos por nuevos impuestos de los últimos 10 años ha sido del 50%, según estudios de la Universidad de Lisboa, y la media de error en las estimaciones de ingresos fiscales en España ha sido de un 1% del PIB en el primer año, del 1,6% el segundo y del 1,8% el tercero, según el Banco Central Europeo.

Promesas de “impuestos a los ricos” que se convierten en mayores recortes y más impuestos para todos después. Ahora proponen equiparar la tributación de las rentas del capital a las del IRPF, “porque las grandes fortunas se escapan del IRPF”, según Sánchez. Perseguir el ahorro y la riqueza. Lo de siempre. Y lo dice la misma Susana Díaz: “Somos expertos en repartir la riqueza”. Claro, la de los demás.

Ya explicamos aquí el error de subir impuestos para pagar pensiones, el famoso “recargo de solidaridad”. En Francia ese mismo impuesto no ha evitado recortes constantes desde 1996, el último en 2015. Si no se pone el crecimiento y la creación de empresas como pilar fundamental, las pensiones no sobreviven.

Dice el PSOE que prometer bajar el IRPF es mentir. Cuando se pretende gastar mucho más en gasto político, es imposible, claro. Pero no si se permite crecer a nuestro potencial. Y si no se dispara el gasto político. El problema es que su programa pone en riesgo lo primero y garantiza lo segundo, creando más gasto burocrático.

Otra idea fabulosa: Tipo mínimo obligatorio del Impuesto de Sociedades, Sucesiones y Donaciones y en Patrimonio. Ya no se podrá escapar nadie. Como repite Sánchez una y otra vez, que nadie se “escape de pagar más impuestos”, ni siquiera en el de Sucesiones que es de los impuestos más injustos que existen.

La entelequia de siempre de “subir los impuestos a las rentas altas” con estimaciones alucinantes. Recaudar hasta 25.000 millones más por esos conceptos es a todas luces inalcanzable. Subiendo todos los impuestos se recaudaron 15.000 millones más. Y eso, creciendo y saliendo de la crisis, añadido a un efecto “una vez” de la reforma fiscal.

La “Economía verde: prosperidad más allá del PIB: Mayor crecimiento económico y mejor clima” (el país de las maravillas) Mayor tributación medioambiental, tasas a las “grandes corporaciones, lucha contra el fraude fiscal y a los grandes emisores de CO2 y gases de efecto invernadero”. Lo escriban como lo escriban, son más impuestos. Paga usted. Pero el clima le va a mejorar mucho, ya verá qué bien.

Pero la creación de empleo, con los socialistas será “extraordinaria”. Con su Plan de empleo extraordinario, con un coste anual de 3.300 millones de euros, de los que 1.000 serían para ayudas a la contratación, 1.000 se destinarían a formación y 1.300 a empleos en el sector público y en fundaciones. UGT y CCOO ven muy positivo este plan de choque para el empleo (oh sorpresa). Los 3.300 millones que necesitaría el plan anualmente saldrían de recortar bonificaciones por 2.000 millones de euros, de una partida presupuestaria de 1.000 millones y de mejoras de productividad en el Servicio Público de Empleo por 300 millones.

El PSOE creará 217.000 ‘empleos de transición’ con un gasto de 1.300 millones. Empleo de calidad, como a ellos les gusta: en transición y a unos 500 euros por puesto. Magnífico. Y después qué.

No podía faltar la subida del SMI, un 4% de aumento quieren. Y la bajada del IVA cultural. Dos mantras del socialismo que entiende que el IVA alto es malo, pero solo para algunos.

Retrasar la reducción del déficit cuando llevamos ocho años consecutivos por encima del objetivo de estabilidad y una expansión fiscal superior a 680.000 millones es una locura que volverá a disparar la prima de riesgo cuando se constate el incumplimiento.

Por si no era suficiente: Van a derogar la reforma laboral, a crear un nuevo estatuto del trabajador, donde entre otras cosas quieren reconocer el derecho al tiempo y limitar por decreto el número de horas extraordinarias. ¿Y cómo supervisan todo esto?, pues creando comités y observatorios nuevos como el de un “Sistema de Inteligencia Económica” para que las PYMES no estén en desventaja con las grandes multinacionales en el acceso a información. Luego están en contra del TTIP, cuando precisamente trata de solventar esta desventaja. En fin.

Y por supuesto, no pasemos por alto que quieren reindustrializar España desde la inversión pública. Claro que sí, creemos industrias desde el Consejo de Ministros, seguro que esta vez funciona.

Ya lo estamos viendo en poco tiempo en Portugal. Estas promesas de gasto e impuestos “a los ricos” terminan con más recortes, más impuestos a todos, menos ingresos y mayor prima de riesgo disparada.

Que un partido político que ha gobernado 22 años tilde de “cambio” a aumentar el gasto y subir los impuestos es irónico. Que, teniendo a personas de enorme credibilidad y prestigio, se haya lanzado al suicidio de copiar las soluciones mágicas de Varoufakis y Podemos, que siempre terminan en más recortes y el hundimiento de pensiones y estado de bienestar, es peligroso.

Pero lo más grave es que blanquee las propuestas más inverosímiles de Podemos. Porque no solo “blanquea” lo que la enorme mayoría de economistas sabe que es simplemente inconcebible, sino que hace que el votante, ante elegir entre el original y la copia, se vaya a un original que significa copiar a Grecia, no a Irlanda.

Publicado en El Español el 1 de junio 2016.