España sufre la amenaza de nuevos apagones, un problema grave de acceso a la vivienda y, a la vez. El 90% de la industria que solicitó instalarse en España en 2024 no pudo hacerlo por falta de acceso a la red eléctrica, según PWC. Todos esos problemas empeoran con una decisión regulatoria equivocada.

La peor política posible para enfrentarse a estos tres graves problemas es penalizar la inversión en redes de distribución con una remuneración regulada insuficiente y contraproducente que penaliza de manera evidente la inversión en nuevos desarrollos residenciales, infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico en autopistas y acceso a la red de nuevas industrias.

La remuneración a la distribución eléctrica en España es significativamente inferior a la media de la eurozona y no refleja el coste de capital real, lo cual lleva a que sea una quimera invertir en redes y además penaliza a las áreas menos pobladas donde no se pueden encontrar economías de escala que mitiguen las pérdidas.

Según los informes más recientes de PWC o EY y asociaciones del sector, España tiene uno de los sistemas retributivos por cliente y kilómetro de red más bajos de toda Europa, muy por debajo de Alemania, Francia o Italia.