La inflación no es una casualidad ni una calamidad, es una política. Los estados disparan el gasto público y la deuda, que es emitir moneda, y el banco central disfraza el agujero, erosionando el poder adquisitivo de la moneda que emiten y con la que se pagan los salarios. La inflación es un impuesto escondido y, en el caso de España, el Gobierno se ha aprovechado de ella al máximo.

La inflación disfraza la deuda y las ratios de consumo público. Cómo se mide la deuda “sobre PIB nominal”, cuanta más inflación, mejor. Sube la deuda en más de 450.000 millones y “baja” la ratio por el denominador inflado. Te roban por los dos lados.

El Gobierno de Sánchez, además, ha utilizado la inflación para subir los impuestos a todos negándose a deflactar la carga tributaria al aumento del IPC. Y eso que el IPC ya es, en sí mismo, una manera de medir la inflación más que cuestionable.

El informe del Instituto Juan de Mariana, el impacto de la inflación sobre las familias españolas, ofrece datos muy preocupantes y abre el necesario debate sobre la voracidad del estado en periodos de dificultad para todos.