El Gobierno de Sánchez describió la entrada masiva en Ceuta como un «ataque a la integridad territorial» de España. Algo imprevisto que nadie podía imaginar. Sin embargo, la Policía había advertido hasta en nueve ocasiones al Ministerio del Interior de posibles intentos de entrada masiva en Ceuta, Cádiz y Canarias, y el presidente ceutí, Juan Vivas, alertó en tres ocasiones de la gravedad de la situación.

El Ejecutivo no actuó y ahora se esconde entre mentiras, balones fuera y propaganda.

Pedro Sánchez admite que la Gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera. Al mismo tiempo, exculpa a Rabat y elogia su cooperación. Esa contradicción no es sólo política o diplomática: tiene un coste devastador para Ceuta.

Más de un mes de inseguridad, robos, miedo, tensión cotidiana y pérdidas empresariales superiores a 33 millones de euros. Comercios con la caja desplomada, reservas canceladas y una ciudad abandonada por un Gobierno mucho más preocupado por controlar el relato que por defender a sus ciudadanos.

Ceuta lleva más de un mes pagando el coste de una crisis que el Gobierno fue advertido de que podía producirse.

Pedro Sánchez intentó presentar la crisis como una anomalía provocada por una conspiración de Rusia e Israel, hasta que los datos y las instituciones europeas desmontaron esa coartada. Aun así, la maquinaria propagandística del sanchismo continúa.

Acusa de desinformación a todo aquel que exige explicaciones, mientras sus ministros y aliados difunden excusas, señalan a jueces y policías y evitan la cuestión esencial: ¿por qué la frontera española quedó expuesta pese a las advertencias?

El Gobierno ha concentrado su relato en la dimensión humanitaria de la irrupción masiva. Naturalmente, toda vida merece protección y toda actuación policial debe ajustarse a la legalidad. Pero una cosa es la humanidad y otra, convertirla en coartada para abandonar a los ceutíes.

Solidaridad, ante todo, con los ciudadanos de Ceuta que padecen la invasión. Solidaridad con quienes ven alterada su vida cotidiana, con los comerciantes que pierden su negocio, con las familias que temen por su seguridad y con los agentes que han sido enviados a contener una crisis sin recursos suficientes.

El objetivo del sanchismo es el de siempre. Se dedica a acusar de ultras o xenófobos a quienes denuncian el colapso de la frontera. Sin embargo, exigir control migratorio, seguridad y respeto a la soberanía nacional no es xenofobia. Es la obligación elemental de cualquier Estado serio.

El propio Sánchez afirmó que los policías tuvieron que elegir entre defender la frontera y salvar vidas. No es verdad. No eligieron nada. No tenían alternativa. Se les dejó con medios insuficientes ante una entrada masiva sobre la que ya se había advertido y que podía haberse prevenido.

Una frontera como la de Ceuta no se abre, no se desborda y no queda sin vigilancia por generación espontánea.

El presidente empleó palabras de extrema gravedad. Habló de «violación» y «ataque» contra la integridad territorial de España. Pero, a la vez, agradeció la «voluntad de cooperación» de Marruecos para las repatriaciones. Después insistió en que no existían indicios contra Rabat, mientras reconocía que los informes policiales reflejaban lo contrario.

No se puede sostener a la vez que España ha sufrido un ataque fronterizo y que el Estado que controla el otro lado de la verja ha sido un socio ejemplar. No se puede reivindicar soberanía mientras se acepta que su garantía depende de la voluntad de una potencia extranjera.

No se puede hablar de Estado cuando el Gobierno abandona su principal función: la defensa de la nación y de sus fronteras. Y no se puede pedir tranquilidad a los empresarios mientras se modifica la explicación política según convenga al relato oficial.

La política exterior no puede construirse sobre la negación de la evidencia. España debe mantener una relación constructiva con Marruecos porque existen intereses mutuos evidentes en materia comercial, migratoria y de seguridad. Pero cooperación no significa subordinación ni exige renunciar a la verdad.

Si la Gendarmería marroquí permitió el cruce, como admite el propio Sánchez, España debe exigir responsabilidades.

Una factura de más de 33 millones de euros

La Cámara de Comercio de Ceuta cifra las pérdidas económicas directas de la crisis en 33,04 millones de euros, a partir de una muestra de 302 empresas. Son semanas de actividad hundida, nóminas en riesgo, proveedores impagados y familias que ven cómo desaparece el trabajo de años.

La demanda turística se ha desplomado un 90 %, la ocupación hotelera ha caído un 50 %, la hostelería ha perdido el 50,7 % de su facturación y las agencias de viajes, el 37,5 %.

En pleno verano, cuando el comercio, los hoteles, los restaurantes, el transporte y los servicios concentran una parte decisiva de sus ingresos anuales, la ciudad ha sufrido una parálisis económica de enorme alcance.

Para una gran compañía, un mes de ventas débiles puede representar un problema de resultados. Para un comercio familiar de Ceuta, perder más de la mitad de su facturación equivale a consumir la caja disponible, retrasar pagos, endeudarse o cerrar.

La diferencia entre una caída temporal y una ruina definitiva puede depender de pocas semanas.

Ceuta no tiene amplios márgenes de seguridad. Su PIB per cápita se sitúa un 26,5 % por debajo de la media nacional y la ciudad ya acumulaba 10.600 desempleados al cierre del segundo trimestre.

Cada crisis fronteriza castiga una estructura económica particularmente vulnerable y agrava una desigualdad territorial que el Gobierno dice combatir mientras abandona a quienes la padecen.

Propaganda en lugar de soluciones

El Ejecutivo ha anunciado ayudas a bombo y platillo, siguiendo su estrategia de siempre: grandes titulares, cifras aparentemente espectaculares y burocracia suficiente para que una parte relevante de los afectados quede fuera.

Ocurrió con la pandemia, con La Palma, con la DANA y con los incendios. La propaganda se activa de inmediato. Sin embargo, el dinero, cuando llega, suele hacerlo tarde y con condiciones inasumibles.

Hablar de movilizar fondos equivalentes al 16 % del PIB de Ceuta no resuelve el problema de un autónomo cuya caja se ha evaporado. Las empresas ceutíes siguen soportando impuestos, costes laborales y una incertidumbre que les impide planificar.

Unas ayudas que no sean inmediatas, accesibles y proporcionales al daño acreditado no son una solución, sino una operación de imagen.

Las medidas que Ceuta necesita

Ceuta necesita la expulsión inmediata de los invasores, de acuerdo con la legislación europea, y un plan de rescate automático que incluya exoneraciones fiscales temporales, bonificaciones de las cotizaciones, liquidez directa para autónomos y pymes y un programa específico para el comercio, el turismo, la hostelería y el transporte.

No promesas para dentro de seis meses, cuando muchos negocios ya habrán consumido el poco colchón financiero que les quedaba.

La obligación de un Gobierno no es explicar después del asalto que hizo lo que pudo. Es prevenirlo, proteger la frontera y garantizar seguridad jurídica y económica a sus ciudadanos.

Ceuta no puede ser moneda de cambio de una diplomacia sectaria ni laboratorio de la propaganda gubernamental. No tiene por qué aceptar como inevitable que se destruya la convivencia, se altere la seguridad cotidiana y se arruinen empresas mientras desde la Moncloa se elogian las supuestas virtudes de quien controla el otro lado de la frontera.

Ceuta necesita fronteras seguras, responsabilidades políticas claras, la expulsión efectiva de quienes han entrado ilegalmente y compensaciones inmediatas para quienes ya están pagando la factura.