El nivel de intervencionismo del Gobierno de Sánchez es simplemente intolerable, y alcanza niveles de paroxismo con el circo de la “consulta popular” sobre la opa de BBVA sobre Sabadell.

La decisión de Sánchez de lanzar una falaz consulta popular sobre la opa solo tiene un objetivo: garantizar su permanencia en la Moncloa y escorar la decisión que le convenga personalmente para que sus socios de coalición le mantengan en el poder.

Sánchez usa el viejo truco de una consulta popular para que se decida lo que a él le interesa.En Cuba o Venezuela se hacen consultas vecinales donde “el pueblo habla” vigilado por los comisarios políticos y, tras recopilar esas peticiones del “pueblo”, el dictador hace lo que le viene en gana. 

¿Qué es lo que ocurre? Sánchez está acorralado porque parte de sus socios de coalición Frankenstein, los independentistas catalanes, le exigen que impida la opa de BBVA y, a su vez, otros socios, indispensables para seguir en la Moncloa, le exigen que deje que decidan los accionistas. Las cámaras de comercio catalanas, Cecot, la Fira de Barcelona o el Racc firmaron una petición para que Sánchez paralizara la opa, algo francamente alucinante viniendo de empresarios.

Sánchez se asegura, además, la pleitesía de los grupos empresariales y financieros que desean que se impida la opa y la de los que quieren que salga adelante

Sánchez no es tonto. Usa su poder para obligar a que las empresas involucradas difundan mensajes triunfalistas sobre la dopada economía española y su gestión del inexistente cohete español y a la vez se lavará las manos sobre la decisión que se tome porque puede priorizar lo que digan los reguladores o simplemente inventarse que lo ha dicho una consulta popular que estará más amañada que las primarias del chavismo. El que se salga del guion perderá el favor del ejecutivo que se ha rodeado de todo tipo de excusas legales para poder intervenir en las decisiones de accionistas de empresas privadas con leyes anti-opa, excepciones de todo tipo y exigencias que puedan descarrilar los intereses de uno u otro banco en este caso.

Sánchez se asegura, además, la pleitesía de los grupos empresariales y financieros que desean que se impida la opa y la de los que quieren que salga adelante, garantizándose la difusión de su propaganda sobre la arcadia feliz del cohete español que maravilla al mundo… en sus sueños.

Lo aterrador de todo esto es que haya empresarios, economistas y políticos que consideren que el poder extraordinario del gobierno en las decisiones empresariales es algo positivo y que debe ejercerse de manera feudal. 

A Sánchez no le importa dejar a los pies de los caballos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio su visto bueno a la operación el 30 de abril, con condiciones para garantizar la competencia y proteger a los consumidores.

La decisión final está en el Gobierno de España, que debe analizar las condiciones impuestas por la CNMC y decidir si las ratifica, modifica o añade otras adicionales. No puede bloquear la operación directamente, pero puede poner condiciones inasumibles hasta hacerla inviable para BBVA. 

El Ibex es uno de los índices del mundo más impactados en su valoración y múltiplos por el riesgo político y la injerencia gubernamental

No sorprende que, en medio de la batalla legítima entre dos empresas en un proceso de fusión, se haya dado un paso adicional desde la política anunciando un hilarante plan de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de “sobrepasar a Madrid”. ¡Qué obsesión! En vez de levantar la bota del cuello de las empresas catalanas, prometen más gasto inútil. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con la opa? Es una manera de garantizarse el silencio, la aquiescencia o aplauso entusiasta de todos los operadores y sectores políticos y económicos situados en algún bando de la opa. Todos a pasar a arrodillarse ante el señor feudal, como a James Earl Jones en Coming To America y a competir a ver quién le regala más los oídos y lanza pétalos de rosa sobre los que posar sus regios pies.

¿Qué pasa con los accionistas?

Sánchez recuerda a los ejecutivos de Sabadell y BBVA que los accionistas son los que menos pintan en todo esto. No es sorpresa que haya gente en el mundo de los Hedge Funds que vea esta operación con un solo final: se está creando el mayor “short” de la historia.

Es triste leer en los medios afines al gobierno, y mira que los hay, que el Ibex ha alcanzado los 14.000 puntos después de 17 años. Diecisiete años. Y después de decenas de enormes ampliaciones de capital. Es para llorar. Y más triste aún que a los accionistas y ciudadanos españoles les alivie saber que el Ibex con y sin dividendos ha tenido un comportamiento atroz con respecto a las bolsas mundiales. Pero a 14.000 puntos es un índice barato e infravalorado, y no por casualidad.

El Ibex es uno de los índices del mundo más impactados en su valoración y múltiplos por el riesgo político y la injerencia gubernamental. Las empresas cotizan con un descuento intolerable que no viene por mala gestión, sino por el intervencionismo constante de unos gobiernos que, cada vez más, ven a estas empresas como ministerios o seguridad social encubierta. Eso sí, tiene la desvergüenza de “protegerlas” con una aberrante ley anti-opa que sería innecesaria si el poder político no hundiese los múltiplos a los que cotizan las empresas. Inseguridad jurídica que aumenta ahora todavía más. 

Tampoco ayuda que algún líder empresarial acepte esta injerencia y hasta la aplauda, aunque son pocos. Todavía resuenan en mis oídos las palabras de un antiguo jefe mío que decía “cuidado con los empleados VIP, que no son lo mismo que empresarios. Un empresario defiende su empresa, un empleado VIP defiende su empleo”. 

Los accionistas de cualquier empresa española saben que su inversión está erosionada por un poder político intervencionista y anti-empresa. Sin embargo, se asiste al asalto a empresas privadas como si no pasase nada. Luego se preguntan por qué en España no nace un gigante tecnológico o por qué la inversión privada real no ha recuperado los tristes niveles de 2019.

La opa de BBVA sobre Sabadell la deben decidir los accionistas, no los políticos que chupan la sangre del que crea riqueza. Ambas empresas son perfectamente capaces de presentar un proyecto atractivo y defenderse, pero debe ser el accionista, y no un señor que busca permanecer en la Moncloa, los que lo decidan.

Esta aberrante consulta popular no será la primera y, además, es un aviso a navegantes: Si te atreves a tomar una decisión empresarial sin pasar por el señor feudal Sánchez, te hundirán… Y dentro de diez años, la propaganda te dirá que España va como un cohete con la productividad estancada y el paro más alto del mundo y, como gran noticia, que el Ibex alcanza los niveles de cuando se separó Mecano. Así nos va.