El intervencionismo ha hecho que los precios del alquiler suban más rápido, la oferta se hunda y la obra residencial no despegue al ritmo que exige la demografía

La vivienda escasa y cara no es una fatalidad, es una política. Los gobiernos más intervencionistas asfixian la oferta y desprotegen a la propiedad con un solo objetivo: crear ciudadanos dependientes y presentarse como solución a los problemas que el propio Gobierno crea. Eso es exactamente lo que hace el Gobierno.

Pedro Sánchez se presentó en las últimas elecciones con la promesa de construir 240.000 viviendas sociales y solucionar un problema que preocupa a todos los españoles. No ha hecho nada y solo ha impuesto una ley contraproducente que ha hundido la oferta y disparado los precios, como todas las medidas que atacan a la propiedad y penalizan la inversión.

La ley de vivienda es, en realidad, la ley anti-vivienda. Desde su implementación se ha producido un aumento del 24 % en los precios y una caída del 17 % en la oferta. Es difícil conseguir un resultado peor en tan poco tiempo. Entre mayo de 2023 y octubre de 2025, la vivienda ha subido mucho más que el IPC y la oferta de alquiler se ha desplomado allí donde se ha aplicado la ley.

El precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó los 2.738 €/m² en agosto de 2025, un 45 % más que cinco años antes, más del doble que la inflación acumulada, según el INE. Solo en 2025, la vivienda se encareció un 12,7 % en el segundo trimestre, la mayor subida en más de 18 años. Las estimaciones para todo el año 2025 apuntan a un alza de entre el 10 % y el 12 %, lo que supone un máximo histórico de dificultad de acceso a la vivienda.

El precio medio del alquiler a nivel estatal ha pasado de 906 € a alrededor de 1.146 € mensuales desde la ley de vivienda, más de un 26 % de subida, especialmente severa en las zonas donde se ha aplicado la ley, porque la oferta, además, se ha desplomado un 17 %.

En materia de vivienda, España no tiene un problema de “malos” y “buenos”, sino un problema de escasez. No hay casas suficientes donde la gente quiere vivir, construir es un vía crucis y la inseguridad jurídica expulsa la oferta.

La población de España ha crecido hasta los 49,3 millones, un incremento superior a 2 millones de personas desde los 47,1 millones de 2020. El aumento medio anual entre 2020 y 2025 ha sido de unas 430.000 personas. El número de viviendas iniciadas en España fue solo de 127.721 en 2024 y la tendencia anual ronda las 130.000 viviendas. Es decir, ni siquiera se construye suficiente vivienda para la población nueva, y mucho menos si tenemos en cuenta el aumento anual del número de hogares.

Desde 2021 hasta 2024, el número de hogares ha crecido a un ritmo medio de entre 200.000 y 259.000 cada año, según el INE, mientras solo se construyen unas 130.000 viviendas. El déficit entre demanda y oferta real de vivienda en España es uno de los más altos entre los países comparables.

La ultraizquierda argumenta que hay millones de pisos vacíos en España. Lo que no dice es que la inmensa mayoría están en pequeños pueblos alejados de los centros urbanos y muchos ni siquiera son habitables.

España tiene escasez crónica de oferta y un Estado que llega tarde y mal. Los propios datos oficiales lo confirman: 3,8 millones de viviendas vacías (14,4 % del parque), concentradas sobre todo en municipios pequeños y, en muchos casos, inhabitables. Mientras tanto, faltan viviendas en las áreas más demandadas. No es que “sobren” casas, es que están donde no hacen falta y, las que sí están bien ubicadas, no se ofrecen por falta de seguridad jurídica para sacarlas al alquiler o rehabilitarlas.

Cuando existe la evidencia de que faltan viviendas, culpar a los agentes económicos que sí generan disponibilidad es pura propaganda y mala política pública. El ritmo de nueva producción es insuficiente y la inversión resulta inasumible en muchos casos. Sin licencias ágiles, suelo disponible y seguridad regulatoria, no hay solución eficaz.

El Gobierno ha encontrado su excusa perfecta, su chivo expiatorio: la vivienda de uso turístico. Según el INE, estas viviendas suponen solo el 1,5 % del parque total (26,6 millones de viviendas). Pensar que un 1,5 % de la oferta explica una subida del 26 % en los precios es no entender la realidad ni las matemáticas.

El intervencionismo sigue multiplicando medidas “anti-pisos turísticos” que no han puesto ni una vivienda más en alquiler residencial. Además, esta mala política provoca un “cambio de carril” de la inversión: el ataque a los pisos turísticos y los falsos topes al alquiler desplazan la inversión a otros sectores más flexibles.

El intervencionismo ha hecho que los precios del alquiler suban más rápido, la oferta se hunda y la obra residencial no despegue.

La evidencia de los controles estatales es tozuda. El profesor de economía sueco Assar Lindbeck afirmaba que “aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes para destruir una ciudad”, y tenía razón.

San Francisco y Berlín son dos ejemplos: cuando se interviene el precio y se penaliza la oferta, el mercado se hunde y el problema empeora. En San Francisco, al ampliar el mal llamado control de alquileres, muchos propietarios sacaron sus pisos del mercado y la oferta en los edificios afectados cayó en torno a un 15 %. En Berlín, al congelarse los alquileres, se partió el mercado: bajaron los precios de manera artificial en lo regulado, pero se desplomaron los anuncios disponibles y se encareció lo no regulado; además, el Tribunal Constitucional anuló la medida. En Viena ocurre lo mismo: es imposible encontrar un piso disponible al precio “regulado”. En todos los casos, el resultado fue un desastre y menor acceso a la vivienda.

No hay duda de que alquilar a largo plazo hoy es más arriesgado para el pequeño propietario. Las demoras e imposibilidad de desahucios por impago y los episodios de ocupación expulsan viviendas del alquiler. Sin plazos rápidos, ejecución efectiva y protección frente al impago, no habrá suficiente parque asequible.

El Ministerio de Vivienda ha convertido la política de vivienda en una fábrica de anuncios: índices de referencia, ley sin sentido y ahora un Observatorio de Vivienda Turística que hará “un atlas de intensidad turística por barrio”. Es difícil imaginar una herramienta menos conectada con el cuello de botella real, que son las licencias, el suelo, la fiscalidad y la seguridad. Peor aún, ya existe un Observatorio de Vivienda y Suelo; lo que falta no es otro observatorio, sino más viviendas y menos postureo.

La estrategia estrella del Ministerio combina subsidios a la demanda (Bono Alquiler Joven) y avales públicos (línea ICO para la entrada), mientras el grifo de la oferta sigue cerrado. El resultado: menor oferta y precios más caros.

El Bono Alquiler Joven nació supuestamente para ayudar a pagar el alquiler, pero no deja de ser una medida cosmética con impacto inexistente. Solo disfraza un problema creciente y, además, apenas llega a una parte mínima de los jóvenes, que tienen que pagar más impuestos para financiarlo.

Los avales del ICO (hasta el 20 % de la entrada) están oficialmente vigentes y supuestamente facilitan firmar hipotecas a jóvenes y familias, pero si no aumenta el número de viviendas, estos avales solo empujan la demanda sobre el mismo stock y no solucionan nada.

El relato oficial insiste en que “no hay recetas mágicas” y en exhibir nuevos planes intervencionistas. Sin embargo, el propio Ministerio no ha acreditado con evaluaciones independientes que sus medidas hayan aumentado la oferta real. Sin indicadores de licencias, viviendas iniciadas o altas de alquiler de larga duración, la política es retórica, no gestión.

La salida no es más propaganda, sino hacer crecer la oferta y eliminar los frenos. España debe construir más y mejor, reformar la Ley del Suelo, acotar las licencias a menos de 60 días (o aplicar silencio positivo) y crear una ventanilla única que elimine duplicidades autonómicas y municipales.

En paralelo, se debe aplicar una fiscalidad pro-oferta que bonifique el IBI a quienes rehabiliten o incorporen viviendas al alquiler asequible con contratos estables. Nada atraerá inversión si no hay seguridad jurídica: hacen falta plazos procesales breves, juzgados reforzados y seguros de impago con incentivos para el pequeño propietario.

El Gobierno confunde gestionar con hacer propaganda. No es falta de información ni de educación: el Ministerio no se equivoca, sigue un plan. El objetivo no es la vivienda asequible, sino el control y la erosión del derecho a la propiedad privada.

Todas las medidas que podrían solucionar el problema de la vivienda pueden aplicarse en España, pero eso nunca ocurrirá mientras los responsables busquen la eliminación de la propiedad privada y la libertad empresarial.

La solución no es modificar la ley, sino derogarla y recuperar la seguridad jurídica, la libertad y el derecho a la propiedad privada.