La seguridad jurídica y la independencia de las instituciones son como la honra, se tarda años en construirlas y segundos en destruirlas.

Lo que ha puesto en duda la confianza en la justicia en España no es la sentencia del Tribunal Supremo, sino el hecho de que el fiscal general del Estado filtrara correos electrónicos secretos de un ciudadano con el objetivo de dañar a un oponente político del gobierno.

El único “lawfare” que hemos vivido en España es el de la intromisión del presidente del gobierno y su gabinete en la Justicia. 

No vivimos un momento en el que tengamos el lujo de poner en duda la excelente reputación de nuestras instituciones independientes.

Sin embargo, eso es lo que ha hecho el gobierno. Ha lanzado a su batería mediática y política a mentir y calumniar a los jueces del Tribunal Supremo.

Es curioso, cuando el Supremo confirma las condenas por el caso Gürtel, significa que la justicia funciona. Sin embargo, cuando se condena al fiscal general por filtrar datos secretos, es una trama de jueces de ultraderecha.

La izquierda no quiere justicia, quiere comisarios políticos. Los liberales queremos instituciones independientes que sean un contrapeso al abuso de poder del gobierno, sea de un partido que apoyemos o no.

Los que dicen que la justicia va contra la democracia están, en realidad, pidiendo adhesiones incondicionales al poder político. Es decir, totalitarismo.

Cuando el Supremo confirma las condenas por el caso Gürtel, significa que la justicia funciona, si condena al fiscal general por filtrar datos secretos es una trama de jueces de la ultraderecha

Pues bien, la noticia de la condena del fiscal general del Estado es positiva porque demuestra que la Justicia es independiente y rigurosa.

A España le hace mucha falta que se sepa en todo el mundo que nuestras instituciones siguen siendo independientes a pesar del asalto constante por parte del poder político.

Es esencial recordar ese asalto porque la democracia y la libertad están en peligro, y sus enemigos están en coalición gubernamental.

Esta noticia, que revela la independencia del Tribunal Supremo, viene en un momento esencial, ya que España se ha desplomado en el índice de libertad económica, situándose en el puesto 55 a nivel mundial y en la posición 31 de 38 dentro de la OCDE.

Una caída que viene motivada por la inseguridad jurídica, el aumento del gasto público, el déficit y la elevada presión fiscal. La inseguridad jurídica nos cuesta decenas de miles de millones de euros, y España ha retrocedido hasta el puesto 20 de 38 en facilidad inversora, entre otros factores por esa falta de seguridad en el ámbito jurídico.

Usted pensará que esto del fiscal general es irrelevante, que lo que frena inversiones en España es la regulación, las trabas burocráticas y la fiscalidad. Piense de nuevo.

Imagine por un momento que el fiscal general del Estado sale victorioso ante un caso de revelación de secretos personales y filtración de información tributaria de un ciudadano.

Se habría abierto la veda del uso político de información tributaria y personal de cualquier familiar de algún político incómodo para el poder.

Se habría dado el visto bueno a la utilización de información personal secreta para llevar estrategias de asesinato de carácter que ya son desafortunadamente comunes en este experimento de totalitarismo disfrazado que es el sanchismo.

Los varapalos que se lleva este gobierno aspirante a autocracia, que ataca constantemente a jueces, periodistas y empresarios, son victorias del maltrecho estado de derecho.

Los varapalos que se lleva este gobierno aspirante a autocracia, que ataca constantemente a jueces, periodistas y empresarios, son victorias del maltrecho estado de derecho

Usted me dirá que la justicia se la reparten entre los dos partidos mayoritarios y, sin embargo, la historia del Tribunal Supremo refleja condenas importantes a miembros de ambos partidos.

¿Son las instituciones españolas perfectas? No, tampoco lo son las estadounidenses, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno.

La realidad es que están debilitadas, pero son las valientes instituciones independientes las que impiden el avance de un líder autocrático que considera que todo el que no le rinde pleitesía es un enemigo.

Con la sentencia del Supremo hemos aprendido varias cosas que ya eran evidentes.

Primero, que la verdadera amenaza para la convivencia y la democracia está en los socios de la actual coalición de gobierno, no en la derecha.

Segundo, que los líderes del centro-derecha que hablan constantemente de un PSOE bueno se encuentran cada día con menos ejemplos, vistos los mensajes guerracivilistas y antidemocráticos expresados esta semana.

¿Se imaginan por un momento si los mensajes difundidos por los líderes del PSOE, Sumar, Podemos, ERC e IU esta semana se hubieran hecho públicos por Vox? Las llamadas a la ilegalización habrían sido inmediatas.

Sin embargo, a la ultraizquierda se le permite todo, desde llamar nazis a los jueces del Tribunal Supremo hasta alentar a la violencia y el desmantelamiento de las instituciones.

¿Dónde está Europa? El silencio de la Comisión Europea, el BCE y los organismos internacionales ante el asalto constante a las instituciones españolas es ensordecedor.

Debemos ser conscientes de lo que realmente está ocurriendo. A Sánchez se le permiten estos asaltos a la seguridad jurídica, a empresas, jueces y prensa porque en el exterior se presenta como un líder moderado.

A Sánchez se le permiten estos asaltos a la seguridad jurídica, a empresas, jueces y prensaporque en el exterior se presenta como un líder moderado.

Fuera de España repite todas las naderías que le exige el mainstream económico y político mientras se une a la ultraizquierda que defiende a todas las dictaduras y grupos terroristas más abyectos, usándolos como caballo de Troya para perpetuarse en el poder.

España se encuentra en un momento muy peligroso. Perdemos puestos en libertad económica y seguridad jurídica. España cae al puesto 20 de los 27 países de la Unión Europea en seguridad jurídica por la erosión de la calidad institucional y democrática desde 2019, según datos del Banco Mundial.

En un estudio elaborado por el IEE, España ocupa la posición 25 en «calidad normativa» y el 23 en «seguridad jurídica» sobre 30 países. Un desastre absoluto.

Nuestra obligación es defender a las imperfectas pero muy necesarias instituciones independientes del asalto de los totalitarios. La mayor amenaza a la democracia y la calidad institucional se autodenomina “progresista” pero es profundamente reaccionaria, totalitaria y regresiva.