El Gobierno de España oculta la fragilidad de las cifras económicas y la inexistente convergencia con la Unión Europea usando cifras que esconden una situación mucho más difícil de lo que quieren admitir.

A pesar de un aumento récord de ingresos fiscales de más del 10% al negarse a deflactar la inflación y subir cargas fiscales a la clase media, el Gobierno no ha hecho consolidación fiscal, ha utilizado la inflación, subidas de impuestos y revisiones estadísticas para maquillar un déficit y una deuda que siguen entre los más vulnerables de la zona euro, sin converger con la UE.

El Gobierno presume de que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2025 en el 2,18% del PIB, 36.780 millones de euros, «la mejor cifra en 18 años», según los datos enviados a Eurostat y difundidos por Hacienda.

Sin embargo, si se incluyen los gastos destinados a paliar los daños de la DANA, el agujero real asciende a 40.330 millones y el déficit se sitúa en el 2,39% del PIB, todavía muy por encima del equilibrio, del objetivo y lejos de un superávit que reduzca de verdad la deuda.

El gasto público no baja, sino que aumenta en 21.811 millones de euros

El Ejecutivo vende esta cifra como prueba de una supuesta disciplina presupuestaria, pero los propios datos oficiales muestran que la mejora no proviene del lado del gasto, sino de la recaudación disparada por la inflación y el ensanchamiento de bases imponibles.

El déficit, en realidad, solo se modera porque la ratio mejora inflando el denominador con una inflación que es superior a la media de la zona euro. Como el déficit se publica calculado con respecto al PIB nominal, la inapreciable mejora del numerador (36.780 millones) aparece ópticamente mejorada por un dato de PIB nominal dopado con inflación.

En 2025, los ingresos tributarios en términos de caja alcanzaron los 325.356 millones de euros, máximo histórico, con un aumento del 10,4% respecto a 2024. Hacienda reconoce que 1,3 puntos de ese crecimiento se explican directamente por el efecto de la inflación sobre las bases imponibles y los tipos no deflactados.

Mientras tanto, el gasto público no baja, sino que aumenta en 21.811 millones de euros, reforzando una estructura de desequilibrios permanentes que se sostiene sobre unos ingresos cíclicos inflados por la subida de los precios.

Si se hace un análisis realista, depurando el efecto de la inflación sobre la recaudación, el déficit habría sido del 3,43% del PIB, y si se incorporan plenamente los gastos de la DANA y otras partidas extraordinarias, la cifra efectiva se eleva hasta el 3,64% del PIB. Estamos, por tanto, ante un ajuste esencialmente contable, no estructural ni real.

Con Sánchez se dispara la deuda emitida en 523.434 millones, y los costes por intereses de deuda suben más de un 40%

Adicionalmente, la deuda pública marca un récord nominal. Según el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas aumentó un 4,8% en 2025, en 78.108 millones de euros, hasta alcanzar 1.698.681 millones. Se trata del mayor nivel de deuda de la historia reciente en términos absolutos, claramente por encima del volumen previo a la pandemia.

Es mucho peor, ya que la deuda total de las administraciones públicas, pasivos acumulados, supera los 2.227.135 millones. Es cierto que la ratio deuda/PIB se reduce levemente hasta el 100,8% a finales de 2025, 0,9 puntos menos que en 2024, pero los pasivos totales de las administraciones públicas sobre PIB superan el 135%, y el propio Banco de España y los datos de 2025 muestran que esta mejora viene, de nuevo, por un denominador dopado por el PIB nominal, no a una corrección del endeudamiento.

El Gobierno español se vanagloria de «reducir la deuda». Sin embargo, la evidencia es clara. Con Sánchez se dispara la deuda emitida en 523.434 millones, los costes por intereses de deuda suben más de un 40%, superando los 42.000 millones, y el Tesoro tendrá que emitir al menos 75.000 millones nuevos más en 2026.

AIReF recuerda que, en el primer trimestre de 2025, la deuda se situaba aún en el 103,5% del PIB, con 1,66 billones de euros, apenas 2,8 puntos menos que un año antes, y proyecta que el conjunto del año cierre en el entorno del 101,6%.

Es decir, incluso en un contexto extremadamente favorable, tipos reales bajos, reglas fiscales europeas relajadas y crecimiento nominal, España apenas rasca unos puntos de ratio deuda/PIB. La «reducción de deuda» que difunde el Gobierno es, en realidad, una licuación por inflación, que aumenta el coste para los consumidores y contribuyentes futuros. Nos empobrecen por el numerador y por el denominador.

El coste de sostener este volumen de deuda se está disparando. Las estimaciones independientes sitúan el pago de intereses por encima de los 42.000 millones de euros en 2025, más de un 40% por encima de los niveles de 2018. Esa cifra equivale, prácticamente, a toda la recaudación del Impuesto de Sociedades, lo que evidencia hasta qué punto la política fiscal ha quedado encadenada al servicio de la deuda.

El Tesoro, por su parte, mantiene su programa de emisión bruta superior a 250.000 millones de euros en 2026 y necesitará colocar en al menos 75.000 millones de euros adicionales netos en 2026 para sostener un déficit que, según AIReF, sigue con un componente estructural muy elevado.

La triste realidad es que el Gobierno de Sánchez se ha beneficiado de unas reglas fiscales muy laxas, los fondos Next Generation y la inflación. Tras crujir a impuestos a los ciudadanos, no ha llevado a cabo ninguna consolidación fiscal real. La propia Comisión Europea refleja que España es uno de los países que menos ha reducido sus desequilibrios fiscales desde 2019.

La prensa de propaganda sanchista titula que España tendrá menos déficit que Alemania y Francia en 2026 como un gran éxito. Es como decir que España mejora porque los demás empeoran.

La inflación es el pilar que permite esconder la realidad de una economía muy debilitada. El Gobierno se felicita de que el PIB real haya crecido al 2,8% en 2025, el doble que la zona euro, según sus propias notas de prensa, pero el PIB per cápita sigue estancado desde 2019, como refleja la OCDE, y dopar el PIB con gasto público, deuda e inmigración es la receta de la ruina.

La clave está en el PIB nominal. La combinación de inflación elevada y revisiones estadísticas impulsa el denominador con el que se calculan déficit y deuda. La OCDE, en su Economic Outlook, ya advertía de que la inflación en España se mantendría por encima de la media de la zona euro durante el periodo 2024-2026, con riesgos al alza por la tensión geopolítica y energética. Proyecciones recientes del INE sitúan el IPC español en torno al 3%, frente a una media cercana al 2,6% en la eurozona, consolidando a España como campeona de inflación entre las grandes economías europeas.

La elevada inflación y el alto nivel de desempleo, a pesar del maquillaje estadístico, llevan a España a liderar el índice de miseria de Bloomberg.

Este efecto inflacionista es un impuesto encubierto: aumenta artificialmente bases imponibles, aumenta la recaudación por IRPF y tributos indirectos sin deflactar, reduce nominalmente la ratio deuda/PIB y deteriora al mismo tiempo el poder adquisitivo de hogares y empresas.

Somos más pobres y ellos aplauden. Esta progresividad en frío se vende como un éxito fiscal cuando lo que es, en realidad, es una transferencia silenciosa de renta desde el sector privado hacia un Estado cada vez más hipertrofiado.

La narrativa oficial habla de «convergencia» con Europa, pero ni la Comisión Europea ni la OCDE suscriben ese optimismo. Bruselas recuerda en sus previsiones que, aunque el crecimiento de España será ligeramente superior al de la media de la eurozona en 2025-2026, nuestro país mantiene un nivel de renta per cápita, productividad y empleo significativamente por debajo de la media comunitaria.

La OCDE coincide en señalar un patrón de crecimiento basado en servicios de bajo valor añadido y alta estacionalidad, con un mercado laboral de paro estructural elevado y una presión fiscal creciente centrada en rentas del trabajo y consumo. Los datos son claros.

Según Eurostat, España estaba a ocho puntos de convergencia con la media de la UE en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo y, en 2025, sigue a ocho puntos de la media de una Unión Europea que, además, no va bien. No hay cohete alguno.

Mientras el Gobierno presume de «liderar el crecimiento», la economía española no converge hacia la media de la UE, que además está lejos de ser un referente brillante. Las últimas previsiones de la Comisión Europea y la OCDE apuntan a un crecimiento del PIB per cápita inferior a la media de la eurozona en términos de poder adquisitivo.

España no converge por arriba en renta, empleo y productividad, sino que disfraza los desequilibrios por abajo con inflación y deuda.

En el plano fiscal, España sigue situada entre los Estados miembros con mayor déficit estructural y deuda pública de la zona euro, pese al efecto estadístico de la ratio sobre PIB nominal. AIReF advierte de que la senda acordada con Bruselas no corrige el componente estructural del déficit y que, sin un ajuste creíble de gasto, la deuda permanecerá por encima del 100% del PIB durante muchos años.

La Comisión Europea, en sus informes de vigilancia, insiste en que España afronta «riesgos de sostenibilidad» a medio plazo.

El resultado es un cohete de humo estadístico. España no está consolidando sus cuentas de manera real ni sostenible, ni convergiendo con la UE en riqueza por habitante; está disfrazando su desequilibrio mediante inflación, deuda creciente y presión fiscal récord. Cuando el ciclo cambie, baje la inflación y las revisiones estadísticas se agoten, la realidad fiscal aparece. 

Lejos de ser neutral, este espejismo estadístico tiene tres efectos perversos: Erosiona la capacidad adquisitiva de familias y empresas, reduciendo el crecimiento real, engorda artificialmente el PIB nominal, maquillando las ratios de déficit y deuda, y perjudica especialmente a los ahorradores domésticos y contribuyentes futuros, en un país en el que los salarios reales han caído desde 2018.

Ser una campeona en inflación de la zona euro no es una ventaja, sino una subida silenciosa de impuestos y empobrecimiento generalizado.

En lugar de aprovechar un entorno de crecimiento nominal para hacer una verdadera consolidación fiscal, el Gobierno de España ha preferido exprimir el margen que daban los tipos bajos y las reglas fiscales suspendidas.

La economía española es hoy más vulnerable a cualquier subida de tipos o shock de confianza, con una inexistente convergencia clara con la UE que refleja que el Gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia.