Las tragedias de Adamuz y Urda exigen más que excusas por parte del Gobierno. Suman ya al menos 115 fallecidos, más del doble que todos los fallecimientos en la red ferroviaria en toda Europa en 2024.

La responsabilidad política no puede limitarse a comparecer ante la Diputación Permanente o una comisión para luego no decir nada. La responsabilidad política está en explicar qué ha pasado para que se produzcan accidentes y retrasos constantes tras recibir la mayor inyección de dinero de Europa de la historia democrática.
La modernización ferroviaria no puede darse por cumplida en un expediente o un titular de prensa. Las responsabilidades políticas no deben esperar a una sentencia.
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