El intervencionismo del Gobierno ha hundido la oferta y disparado los precios: la vivienda se ha vuelto inalcanzable para miles de familias.
El Gobierno de Sánchez no resuelve el problema de la vivienda, lo empeora
El intervencionismo ha hecho que los precios del alquiler suban más rápido, la oferta se hunda y la obra residencial no despegue al ritmo que exige la demografía

La vivienda escasa y cara no es una fatalidad, es una política. Los gobiernos más intervencionistas asfixian la oferta y desprotegen a la propiedad con un solo objetivo: crear ciudadanos dependientes y presentarse como solución a los problemas que el propio Gobierno crea. Eso es exactamente lo que hace el Gobierno.
Pedro Sánchez se presentó en las últimas elecciones con la promesa de construir 240.000 viviendas sociales y solucionar un problema que preocupa a todos los españoles. No ha hecho nada y solo ha impuesto una ley contraproducente que ha hundido la oferta y disparado los precios, como todas las medidas que atacan a la propiedad y penalizan la inversión.
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España sufre la amenaza de nuevos apagones, un problema grave de acceso a la vivienda y, a la vez. El 90% de la industria que solicitó instalarse en España en 2024 no pudo hacerlo por falta de acceso a la red eléctrica, según PWC. Todos esos problemas empeoran con una decisión regulatoria equivocada.

La peor política posible para enfrentarse a estos tres graves problemas es penalizar la inversión en redes de distribución con una remuneración regulada insuficiente y contraproducente que penaliza de manera evidente la inversión en nuevos desarrollos residenciales, infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico en autopistas y acceso a la red de nuevas industrias.
La remuneración a la distribución eléctrica en España es significativamente inferior a la media de la eurozona y no refleja el coste de capital real, lo cual lleva a que sea una quimera invertir en redes y además penaliza a las áreas menos pobladas donde no se pueden encontrar economías de escala que mitiguen las pérdidas.
Según los informes más recientes de PWC o EY y asociaciones del sector, España tiene uno de los sistemas retributivos por cliente y kilómetro de red más bajos de toda Europa, muy por debajo de Alemania, Francia o Italia.
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