La Comunidad Valenciana, gobernada por PSOE y Compromís, con apoyo de Podemos, está llevando a cabo un equivocado asalto al modelo de colaboración público-privado en la Sanidad. Bajo el engañoso lema de defender “lo público”, solo consigue disparar el coste, empeorar el servicio para convertir la Sanidad de todos en un instrumento político guiado por la ideología y no la eficiencia en la gestión.
Todo parte de una mentira. La falacia de la “privatización de la Sanidad”. La titularidad de la Sanidad Pública siempre ha sido del sector público. Una concesión para la gestión no elimina ni la titularidad, ni el control por parte de los servicios públicos. Una gestión privada es un servicio a los ciudadanos que se mide por la calidad y la eficacia del mismo para todos, y que además es más barato ofreciendo mejores prestaciones.
La decisión ideológica de eliminar las concesiones no responde, por lo tanto, ni a un factor de calidad, ni de servicio y, desde luego, no es “recuperar lo público” porque siempre lo ha sido. Que se use a una empresa líder para gestionar un servicio estatal no significa que deje de ser público y de todos. Se trata de hacer el mejor uso del dinero de los contribuyentes y maximizar la calidad.
El caso de la concesión que vence en 2018 de Ribera Salud es un ejemplo evidente de ideología enfrentada a servicio y calidad. Se trata de una de las diez principales empresas con sede social en la Comunidad Valenciana, con 5.883 empleados. Un ejemplo de empresa comprometida con Valencia, el empleo y la inversión, que cubre el servicio de salud del 20% de la población de la Comunidad Valenciana.
Según los últimos datos oficiales de la propia Generalitat, las concesiones sanitarias gestionadas por Ribera Salud cerraron 2016 con dos meses menos de demora quirúrgica que la media de hospitales públicos. En el Hospital Universitario de la Ribera, la demora media quirúrgica es de 46 días, cifra que se sitúa en los 67 días en los hospitales públicos de gestión directa.
La propia Sindicatura de Cuentas de la Generalitat pone de manifiesto que la colaboración público-privada, el ‘Modelo Alzira’, genera un ahorro del 25%. Según un estudio de este organismo, el gasto público por habitante en el departamento de La Ribera fue de 841 euros (718€ en Denia y 634€ en Torrevieja), mientras que la media en los departamentos públicos de la región se situó en 894 euros.
Si es más barato, más eficiente y da mejor servicio, y además la titularidad pública no se ha perdido nunca y el control por parte de la Generalitat es anual, ¿por qué se elimina un modelo que funciona? Porque se trata de una decisión ideológica que busca el control total, aunque el servicio empeore, no tenga fundamentos legales, ni se tengan en cuenta todos los indicadores de calidad asistencial, ahorro y satisfacción de los pacientes.
Pero no solo es una decisión ideológica, arbitraria e innecesaria. Es un asalto a la inversión, el empleo y esos ingresos fiscales de los que tanto se quejan en el gobierno autonómico y que volverán a caer al destruir el tejido empresarial que ha apostado por la Comunidad Valenciana invirtiendo y creando empleo y riqueza. Porque la cooperación público – privada de la sanidad valenciana ha sido posible gracias a la confianza inversora de empresas como el Grupo Ribera en las iniciativas sanitarias de desarrollo conjunto planteadas desde la Generalitat; y ha hecho posible la creación de un modelo de gestión sostenible, innovador y eficiente, que no podría haberse llevado a cabo sin esta colaboración mixta, principalmente porque el sector público no podría haberlo financiado por restricciones presupuestarias y de financiación pública.
Se trata de un modelo de gestión que, desde su implantación en el Hospital de La Ribera en 1999, se ha convertido en un referente global, que ha situado a la sanidad valenciana en esferas internacionales. La Organización Mundial de la Salud recomienda los modelos de colaboración pública-privada para garantizar la sostenibilidad, la calidad, la innovación y la inversión en una mejor salud para todos. La Unión Europea aprobó en 2014 una Directiva (2014/23/UE), relativa a la adjudicación de contratos de concesión, de obligada trasposición a sus Estados miembros a partir de 2016, dentro de una dinámica de fomento de la cooperación público privada.
Defender lo público no es defender el control político. Defender lo público es dar el mejor servicio, con más calidad y con un coste más eficiente, asegurando la sostenibilidad, la inversión y el empleo.
Como se hace en toda la OCDE, con modelos de colaboración público-privada eficaces. En Valencia no se está defendiendo la sanidad pública. Se está imponiendo la sanidad política.
Daniel Lacalle
Doctor en Economía