En las últimas semanas hemos comentado cómo se ha desplomado el sector solar en bolsa en otro annus horribilis al que, tras más de 1.200 quiebras de empresas, se añade que First Solar despedirá al 25% de su plantilla tras profundizar en sus problemas económicos y que Solarcity se ve abocada a una enorme reestructuración. Lo explicamos aquí: La mayor quiebra solar. El gran error del sector ha sido de modelo de negocio, no de tecnología. Un modelo de negocio endeudado, constructor-promotor y no energético, y que ha unido los errores de las carboneras y petroleras burbujeras con la falacia de que un aumento exponencial de instalaciones puede disfrazar errores de sobrecapacidad y pobre gestión del capital circulante.

Porque los problemas del sector no son de falta de apoyos, sino de basar el modelo en que dichos apoyos no pueden caer, y de hecho sólo pueden aumentar.

La noticia en EEUU de que Trump no va a extender los ITCs y PTCs (ayudas fiscales a renovables) ha hecho mucho daño al sector. Y es curioso, porque un sector que se vanagloria de que es cada vez más competitivo debería celebrar el final de esos subsidios. Si, como dicen, son competitivos sin ayudas, ¿por qué se desploman y cercenan sus propias estimaciones de crecimiento y empleo cuando se acaban esas ayudas? Porque -además- no es que se eliminen, es que no se extienden una vez vencidas.

Porque el problema no es de tecnología que, efectivamente, va haciéndose más competitiva a la vez que bajan los costes -precisamente por esa sobrecapacidad creada por un modelo burbujero constructor-promotor- . Es lo mismo que ocurrió con el fracking. Una cosa son las empresas ineficientes y adictas a “correr para estarse quieto” y otra la tecnología. Lo mismo que ocurrió con internet y las puntocom.

El miedo ahora se ha trasladado a Tesla. En un ejercicio de gobierno corporativo cuestionable, se ha fusionado con la empresa solar del principal accionista de Tesla, SolarCity. La preocupación de que se haga una fusión opaca, con una valoración cuestionable, entre modelos de empresas totalmente diferentes, lanza las alarmas de que se trate de un ejercicio de ocultar agujero patrimonial. Y a ello se añade el riesgo de que se eliminen las deducciones fiscales a la compra de coches eléctricos, que llegan a $7.500 por vehículo.

Tesla publicó unas pérdidas de $889 millones en 2015 y $294 millones en 2014. Solarcity registró pérdidas de $769 millones en 2015 y $375 millones en 2014. Para que una, o las dos, pasase a generar beneficios se tendrían que sobrepasar las estimaciones de un consenso de analistas más que generoso en casi un 75%.

Pero el futuro del coche eléctrico, como el del sector solar, no lo dicta el modelo de negocio de una empresa, por muy líder que sea. El error, en mi opinión, del modelo de negocio sobre el que se ha creado Tesla es que replica el de las compañías de automóviles tradicionales. Se centra en la construcción y venta asumiendo que los patrones de consumo de los ciudadanos seguirán siendo los tradicionales de propiedad familiar, uso circunscrito a esa unidad y reposición del vehículo cada tres o cuatro años. En realidad, como decía un amigo mío, Tesla comete el mismo error que Renault, pero en “cool”: pensar que el futuro del automóvil es el pasado -independientemente del funcionamiento del motor-.

El futuro del automóvil eléctrico es muy atractivo, pero no si lo basamos en los patrones de fabricación, consumo y reposición pasados. Si, como hizo erróneamente gran parte del sector solar -y no será porque no fueron advertidos-, el sector de coches eléctricos se lanza a crear su propio infierno vía capital circulante (pérdidas constantes por sobrecapacidad y acumulación de inventario), sufrirá igual mientras la tecnología sigue desarrollándose.

Usted dirá, con razón, que el problema en los vehículos eléctricos no es de sobrecapacidad, sino de falta de la misma para responder al crecimiento de la demanda. Esa es la trampa y lo mismo que pasaba en 2007-2008 cuando se abrían fábricas de paneles como si fueran bares. Pensar que esa demanda es infinitamente creciente, crear capacidad industrial para “atenderla”, creyendo análisis interesados, y caer en la muerte por capital circulante. Eso, en el pasado, era un proceso de diez-doce años. Hoy, con el avance de la tecnología, es mucho más rápido. Mucho más.

Y es ahí donde eventos como el “non-event” de Trump muestran la diferencia entre tecnología y modelo de negocio, igual que lo mostró entre internet y las puntocom. Este tipo de “catalizadores” no suponen un impacto a la innovación, sino a la burbuja.

Aunque les parezca que vaya contra el pensamiento intuitivo, el fin de las subvenciones es el principio del cambio. Ocurrió lo mismo en el sector petrolero cuando se acabaron los incentivos estatales. Se disparó el ingenio y se multiplicaron las alternativas. No se acabaron con la caída del precio, se diversificaron y bajaron costes. En el camino, cayeron unos cuantos cientos de eficientes. Perfecto. Destrucción creativa. Y fueron absorbidos por los más eficientes.

Ni Trump va a acabar con la tecnología solar ni con los vehículos eléctricos ni Obama los hacía rentables. Su evolución seguirá siendo independiente de las estimaciones excesivas de unas empresas u otras.

Lo bueno es que cuantas más empresas nieguen la evidencia y perpetúen su modelo de “futuro copiando el pasado”, más se beneficiará el consumidor a medio plazo. Perpetuando la sobrecapacidad y pensando que el año que viene todo cambia, se seguirán reduciendo los costes y el ingenio seguirá avanzando. Eso sí, prepárense para el dominó de quiebras.

Las subvenciones nunca han hecho que una tecnología no competitiva dejase de serlo, y la falta de ellas no hará que los eficientes dejen de serlo.

No le echen la culpa a Trump, o a cualquier otro gobierno. Debemos darles las gracias a los ingenieros que multiplicarán la oferta a mejores precios, aunque no le guste a los lobbies, sean estatales, verdes o carboneros.

Esta semana se ha producido una falsa polémica ante las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la solidaridad interterritorial. Explicaba, en una intervención en la que -para no variar- se exigía subir impuestos, que “con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan (el PSOE), como en Andalucía”.

Hasta ahí, nada malo. Ni se niega el modelo solidario del Estado ni es un “España nos roba”. Es la demostración de que la política fiscal de bajos impuestos y atracción de capital funciona, y nos beneficiamos todos los ciudadanos del Estado. Y que la política de entorpecer y ahogar a impuestos, no.

Sin embargo, la polémica se desata ante la manipulación de las palabras. Típico en política, pero abre un interesante debate económico sobre el patrón de crecimiento.Miremos a los datos. Los recursos sujetos a liquidación, que suponen casi el 73% de los ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid, proporcionan una financiación per cápita 215 euros inferior a la media de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Una infrafinanciación de casi 1.400 millones de euros en la primera parte del ejercicio 2016. En el periodo 2009-2016 la Comunidad de Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos con el resto de las regiones casi 18.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda, casi un 30% beneficia a Andalucía. Estupendo.

Muchos argumentan que los impuestos no los pagan las Comunidades Autónomas, sino los ciudadanos. Y es correcto. Pero sí dependen de los gobiernos los presupuestos, la política fiscal y económica sobre todo orientada a la creación de empresas y atraer capital. Y es de eso de lo que se hablaba.

Muchos argumentan que Madrid se beneficia “porque es la capital” y “porque tiene menores impuestos”. Ambos argumentos son claramente incorrectos cuando se mira, en términos de aportación y recepción al Fondo mencionado, a otras regiones como Galicia y el País Vasco. Y es que resulta, oh sorpresa, que la gran diferencia -gobierne quien gobierne- es tener una política fiscal atractiva y no confiscatoria. Y una administración facilitadora, no fagocitadora.

Lo que más me alegra es que en la polémica los redistribuidores de la Nada hayan reconocido que se crea más empleo y atraen más empresas con impuestos bajos.La señora Teresa Rodríguez, por ejemplo, acusaba a la Comunidad de Madrid de “atraer capital” -se lo juro- y de » verdadero paraíso fiscal para las grandes fortunas con un dumping durísimo contra otras comunidades y por el cual se facilita que no tengan que pagar impuesto de sucesiones o patrimonio”.

Lo que no se puede hacer es tener un infierno fiscal y culpar a otros por no serlo. Llamar “dumping” a tener una fiscalidad exactamente igual a la de otras Comunidades y la inmensa mayoría de países de la UE es una broma. Pero argumentar que el problema es el impuesto de sucesiones y patrimonio es bien fácil de solucionar. Elimínenlo en Andalucía, como en tantas comunidades y países de Europa.

El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto “para fastidiar”, y, como el de Patrimonio, ideológico e injusto. No recauda casi nada. En Andalucía unos 326 millones en uno y 80 millones en otro, menos de diez veces las transferencias que recibe de Madrid. Injusto porque grava cosas que han tributado varias veces anteriormente, desincentiva el ahorro y la principal fuente de transmisión de riqueza en la clase media, el piso de padres a hijos.

Encima, es fiscalmente desastroso. La Sra. Rodríguez, como es habitual en su partido, no parece saber sumar y darse cuenta de que el supuesto efecto de “lucro cesante” de todo lo que critica es varias veces inferior a lo que reciben de hecho. Se estima en -como mucho- 660 millones en toda España, eso si no se van del país esos patrimonios.

Aunque reconozcamos las diferencias históricas entre regiones -y de ello viene ese modelo solidario- el problema se centra en que ciertos políticos siguen viendo a las empresas y ciudadanos como cajeros. Cuando faltan ingresos, aunque los gastos no estén justificados, se tira del cajero sin límite.

Recordemos que el PSOE gobierna en Andalucía desde hace tres décadas, y que la Comunidad sufre una de las presiones fiscales más altas de toda la nación, lo cual has supuesto un escollo histórico a la creación de empleo y cambio de patrón de crecimiento. Sus empresarios y contribuyentes son héroes. Porque el nivel de presión es absolutamente brutal (hasta 75 euros por persona por año superior a la media, ojo, de España que ya es de por sí elevada).

Hasta tal punto que Andalucía lidera -desafortunadamente- el ranking de fuga de empresas. Más de 985 empresas andaluzas trasladaron su sede desde 2009. Algunas comunidades, como Murcia, han tomado medidas importantes encaminadas a reducir la presión fiscal y el escollo burocrático, y el efecto ha sido inmediato.
No solo es la presión fiscal a las empresas. Lo explico en “Acabemos con el Paro” (Deusto), según datos de 2015, el Impuesto sobre la Renta -el tramo estatal más el autonómico- va desde el 22% al 49%. De este modo, en Andalucía, el trabajador medio paga 3.395 euros en concepto de IRPF, 120 euros más que la media nacional. Además, en 2015, Andalucía mantuvo el Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos en el máximo permitido: 4,8 céntimos por litro, mantuvo el Impuesto sobre el Patrimonio con tipos impositivos que van del 0,24% al 3,03%.

Finalmente, el Impuesto de Circulación y el IBI se mantienen sin cambios significativos. Las presiones de Ciudadanos y del PP para reducir la presión fiscal han surtido un fruto muy modesto. Andalucía ha recibido más de 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias en los últimos veinte años a través de los Marcos Comunitarios de Apoyo. Y transferencias netas positivas de otras comunidades durante tres décadas.

Sin embargo, mantiene casi intactos los mismos desequilibrios en récord de paro y presión fiscal. Si en vez de perpetuar el rentismo se hubieran aprovechado esas transferencias para convertir a Andalucía en lo que merece y puede ser, un motor de crecimiento, de empleo, mejora de productividad, atracción de empresas y capital, hoy no habría que entrar en polémicas manipuladas.

EL ASISTENCIALISMO

Seguiría existiendo solidaridad, pero no la perpetuación del asistencialismo. Porque “el asistencialismo hace confortable la pobreza, e impide salir de ella” (Sowell). Y asistencialismo es muy distinto a asistencia igual que solidaridad es muy distinto a donación. Pero a los que se dedican profesionalmente a repartir las migajas del mismo les es más cómodo echarle la culpa al eficiente.

Cuando hablan de armonizar impuestos, es subir. Cuando hablan de solidaridad, es más gasto -el que sea-. La única política social efectiva es crear empleo y facilitar que esos héroes que son los empresarios y autónomos andaluces -y de toda España- salgan adelante y pongan en valor el enorme potencial de su país y su región. A veces esto parece una clase donde los alumnos que suspenden se quejan de los que aprueban.

Esta desafortunada polémica no debe servir para acusaciones de falta de solidaridad, sino para que todos pongamos en marcha aquello que funciona, y dejemos de presionar para que las comunidades que funcionan se conviertan en infiernos burocráticos y fiscales. Porque entonces, si los intervencionistas vencen y consiguen que la política de Madrid u otras comunidades sea igual de confiscatoria y destructora de riqueza, no habrá nada que repartir. Desarrollemos el potencial de crecimiento en vez de potenciar el desarrollo del estancamiento. Andalucía, Madrid y todo el país lo merecen.

La noticia de que la administración de Ada Colau en Barcelona quiere lanzar su propia moneda no es una novedad. A lo largo de muchas ciudades en Francia (Villeneuve sur Lot, Pézenas, por ejemplo) y Reino Unido (Bristol) se han implementado este tipo de subterfugios de moneda que se defienden con la excusa de que “incentivan el consumo local” y “promueven la inversión social”.

La realidad es que no dejan de ser lo que se llama “monedas derretibles”. ¿Qué significa eso? El gobierno local paga hasta una parte de los ingresos de los funcionarios, por ejemplo, y de sus compromisos con empresas, en una moneda “paralela” pero de vida efímera. Por un lado, su valor está 100% ligado a la moneda oficial del país –en nuestro caso el euro- pero su garante es el gobierno local. Por otro lado, su validez se reduce en el tiempo hasta que se emiten más de estas monedas y, por lo tanto, se deben utilizar para consumir en comercios locales adheridos al esquema, y si se olvidan o dejan “bajo el colchón”, pierden su valor.

Hasta ahí usted dirá que es una medida estupenda. Se promueve el consumo, además en comercios locales, y está garantizado. El primer problema está, como siempre, en que los gobiernos locales que las promueven pretenden solventar sus problemas internos desde la manía monetarista. Piensan que sus dificultades vienen por una causa monetaria, y –como estamos viendo- en la inmensa mayoría de los casos, no lo es. Carlos de Freitas, experto en estas veleidades de algunas ciudades europeas, alerta de que “es lo mismo que crear un banco que presta sin tener activos que lo soporten”.

El riesgo de estos instrumentos está precisamente en que lo garantiza una corporación local que no tiene legitimidad ni estatal ni europea, ni reconocida por el BCE, ni tampoco –ojo- de sus propios ciudadanos para emitir moneda y menos garantizarla con un valor 1 a 1 equivalente a la moneda de curso legal. Como ocurrió en tantos países, esa paridad artificial está “garantizada” por nada más que la promesa del gobierno local, que no tiene soberanía ni presupuestaria ni recaudatoria, ni mucho menos capacidad de respaldarla con activos reales.

Por lo tanto, no es una moneda sino un IOU, una promesa de pago diferida. Y su valor se desploma en el momento en el que caiga el velo de la paridad inventada –sea a través de un mecanismo de regularización de cuentas o simplemente porque los ciudadanos no aceptan esa paridad como real-.

El segundo problema es ideológico. Incluso si el consistorio solo emite monedas respaldadas por los euros, dólares u oro del que disponga en sus cofres –si los tiene-, obliga a los ciudadanos y comercios a utilizarla asignando unilateralmente los negocios o comercios en los que se puede utilizar. Por un lado esas monedas te queman en el bolsillo porque se “funden” si no consumes, y por otro lado el consistorio decide unilateralmente dónde te las debes gastar.

¿A qué lleva esto? A una asignación artificial e ineficiente de una demanda orientada políticamente. ¿En qué sectores suele recaer? No es para el lector una sorpresa dónde suele recaer el “favor” de dirigir políticamente el consumo de la renta disponible de los funcionarios públicos. En sectores políticamente afines, rentistas y que ya estaban cerca de desaparecer por obsolescencia y competencia.
Es decir, se usa una moneda sin respaldo real para subvencionar políticamente a sectores predefinidos y con ello se retrasa el cambio de patrón de crecimiento y se perpetúan desequilibrios. En el caso de Tauschkreis en Austria, los negocios reconocen que no pueden aceptar ese experimento por el nivel de endeudamiento que conlleva.Y es que ahí está el mayor problema.

La emisión de moneda local –cuyo control es exclusivamente político y su respaldo difícilmente auditable – se usa para disfrazar aumentos de gasto y de deuda. En el caso de Barcelona, por ejemplo, no ocultan algunos economistas que es “una forma de superar el límite de gasto e invertir en proyectos sociales”. Es decir, emitir moneda que en realidad es una deuda contraída y no respaldada para gastarla en proyectos sin rentabilidad económica real que reducen la capacidad de repago de los compromisos crediticios adquiridos. Esconder deuda llamándolo moneda.

Por supuesto, todo esto estaría genial si, como nos intentan vender, con ello se redujera el riesgo de crisis y se promoviera el crecimiento. Pero no existe una sola evidencia empírica de estos experimentos que haya mostrado que el desempeño económico de la ciudad es mejor que el que se daba cuando solo se utilizaba la moneda oficial y tampoco existe un solo ejemplo que muestre que la inversión productiva real mejore.

Los ciudadanos griegos que aceptaron el sistema local llamado TEM (en Volos, Grecia) en 2010 no han generado ni mejora económica ni se han beneficiado. Y esos papelitos no han evitado el destrozo económico del país ni mejorado la situación de sus comercios. Al final, el mayor riesgo de estas “monedas” es que es lo mismo que cualquier desequilibrio monetario, pero con el agravante de que no lo respalda ni siquiera estados con décadas de historial de intercambio monetario. No es más que un instrumento político que es aún peor que el ya desastroso gas de la risa monetario y que no tiene ningún tipo de efecto positivo.

Pero esta izquierda de soluciones mágicas, que se abraza al monetarismo inflacionista como si fuera una fan a la cintura de Justin Bieber, que adora la hiperinflación de Allende, el destrozo monetario de Kicillof en Argentina y el asalto devastador al ciudadano de Maduro, intentará decirle que es un sistema que funciona fenomenal y que no hay ningún riesgo, porque “esta vez es diferente”. Les ruego que hagan la prueba de ir un día con un “Colau” a un operador financiero de cualquier lugar y exija que le den un euro. No, mejor aún. Intenten pagar el IBI o los impuestos locales en Colaus, a ver qué le dicen. Y me entenderá.