Uno de los problemas con el que se encuentra España a la hora de mejorar en competitividad es el coste de la energía. Al fin y al cabo, los principales costes con los que se encuentra la industria a la hora de competir son los salarios y el precio de los insumos energéticos. Si se disparan, no hay ayudas ni políticas monetarias que eviten la deslocalización y la desindustrialización.

Entre 2004 y 2011, España pasaba de tener un coste medio de la electricidad antes de impuestos dentro de la media europea, a tener un coste medio un 20,5% superior a la media (fuente CNE). Sin embargo, la media de costes de generación -precio del pool– no se movió de la media europea. ¿Qué ocurrió? Empezamos a cargar la tarifa de costes fijos y subvenciones. Hoy, más del 60% de la tarifa eléctrica son impuestos, costes regulados y subvenciones (vean el vídeo).

Ante un problema de sobrecapacidad y sobrecostes creado desde el gobierno, fue el mismo gobierno el que se presentó como la “solución”. La creación en 2009 del “bono social” para atacar la pobreza energética. Primero se decía que las subidas de la tarifa por primas y subvenciones eran “poco más que el precio de un café” (dic 2010). Luego se le echa la culpa a cualquiera menos a una planificación de burbuja.

El “bono social” es un descuento de más del 25% en la factura y lo pagan entero las eléctricas. Supuso 182 millones de euros en 2014 que sufragaron en un 99% cinco empresas, y hay 560.000 familias beneficiarias.

En 2015 había 2,4 millones de suministros acogidos a ese “bono social”, lo que supondría un 13% en relación al total de hogares que hay en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 9,4% de viviendas que tienen alguna dificultad para pagar las facturas asociadas a la vivienda (hipoteca, luz, agua,…), una cifra muy inferior a la que cubre el bono social.

Esa obligación a las empresas eléctricas para mitigar los problemas de pobreza energética no funciona por varios motivos. Primero, se aplica según criterios de consumo (potencia contratada menor a 3 kW), con lo cual se pueden “apuntar” todo tipo de pequeños consumidores, segundo, es aplicable a hogares con potencia contratada menor a 10kW que cumplan uno de tres requisitos: Pensionistas con cuantías mínimas, familias numerosas y familias con todos los miembros en situación de desempleo.

Para que ese “bono social” tuviera un verdadero impacto se deberían poner criterios más estrictos de renta real (un límite de ingresos ligado al salario mínimo) y además luchar contra el fraude. Solo entre 2008 y 2015 se han “retirado” de dicho descuento hasta 600.000 casos donde no se cumplían las condiciones para ser beneficiario. En este desaguisado, los gobiernos se han comportado como el “pirómano-bombero”.

La regulación ha creado el problema –sobrecostes, primas, subvenciones que hacen que la tarifa se encarezca- y una “solución” al mismo problema ineficiente y que no ayuda a las familias que realmente sufren lo que se llama “pobreza energética”.

La factura caería un 10% si no se cargara el sobrecoste de tecnologías subvencionadas que suponen solo el 5% de la producción de energía española y sin embargo son el 20% del coste. De hecho, la factura caería un 30% si se eliminasen las ayudas por interrumpibilidad, primas y subvenciones de la factura y se pasasen, como la ayuda estatal que son, a los presupuestos.

Las empresas eléctricas han ido más allá de la regulación, que no protege “al pobre”, ya que el 75% de los impagos con corte no tiene bono social, y han firmado convenios con las administraciones regionales y municipales, para verificar la situación social real del suministro ante un caso de impago. Se pregunta a los servicios sociales, y si se constata una situación vulnerable, la administración libera fondos de protección social, y la eléctrica no corta el suministro.

Así, conviene destacar que de los cerca de 506.000 cortes de suministro por no abonar las facturas el pasado ejercicio, en más del 55% se reestablece el suministro en 48 horas y otro 8% en un mes. Esos cortes de suministro se han reducido de manera drástica en los últimos años, menos de la mitad de la cifra de 2011. Es importante a su vez, dejar claro que de los cortes de suministro, solo el 2% son clientes vulnerables. Las principales compañías tienen entre un 90 y un 97% de sus clientes protegidos contra cortes de suministro.

La solución no pasa por el subsidio. Porque el problema es de exceso de costes. Pasa por sacar los errores de la planificación fuera de la tarifa, que podría bajar hasta un 30% si se eliminasen subvenciones de todo tipo y se pasasen a los presupuestos generales del Estado. Obligaría a los gobiernos a ser más prudentes, a ajustar gastos ante la necesidad de reducir déficit, en vez de pasar uno tras otro los costes –los necesarios y los innecesarios- al consumidor.

La solución pasa por cruzar los procesos eléctricos y de protección social, para que se destinen los recursos públicos a los desfavorecidos, sin nichos de fraude. El Tribunal Supremo ya alerta del riesgo de imponer que las empresas hagan políticas sociales, ya que se usa el balance de las compañías para fines políticos. Sin embargo, sí tiene sentido que las eléctricas eviten los cortes analizando cada caso con los servicios sociales, evitando el fraude y permitiendo que el bono social o las ayudas sean para quien realmente lo necesita.

La mejor política social en materia energética es no financiar burbujas ni subvencionar la sobrecapacidad, ni llenar la tarifa de conceptos exógenos a la producción de energía. Y entonces no hay problema ni de pobreza energética ni de incentivos perversos o abusos.

Publicado en El Español, 8 de junio de 2016.

Cualquier empresario sabe que si tienes un negocio cíclico no puedes cargarlo de costes fijos y endeudarlo porque lo hundes. Una familia, la entidad económica más social que existe, sabe que la supervivencia y el bienestar vienen del ahorro, y que gastar más de lo que se gana es una locura. Nadie le dice a su pareja “cariño, no podemos bajar gastos, tendrán que subirme el sueldo”, porque recibe un sopapo.

Cuando llegamos al Estado, se cuenta con una flexibilidad muy relevante, que es el acceso a financiación mientras exista confianza en que se gestionará con responsabilidad crediticia y se potenciará el crecimiento. Sin esas dos condiciones, el milagro de gastar como si diese igual todo, desaparece en muy poco tiempo. Incluso si el Estado ignora todos los desequilibrios económicos y se dedica a monetizar todo su gasto, hace a su moneda inservible y pierde valor porque nadie la quiere.

Recordemos Argentina o la propia Grecia antes de la entrada en el euro. La prima de riesgo de Argentina superaba los 1.000 puntos a pesar de “imprimir todo lo que el Estado necesita”, mientras creaba inflación de más del 40% anual y su moneda se depreciaba brutalmente. En los ocho años de Kirchner, la moneda nacional se devaluó un 66,2% respecto del dólar, que en la cotización oficial saltó un 200% desde los 3,15 dólares de diciembre de 2005. Medido por dólar libre, el salto cambiario era del 400 por ciento. “Crear dinero para el pueblo”. El destrozo ahora lo tiene que solucionar otro.

Esto es lo que nos venden los nuevos alquimistas del comunismo inflacionista. No, el Estado no tiene recursos ilimitados. Los recursos del Estado están sujetos a la economía a la que pertenece.

Esto les sonará a todos los que leen las propuestas económicas del populismo inflacionista:

Un ejemplo aterrador, que en España encima se “glorifica”, es el de Allende en Chile. Intervenir la economía, expropiar y nacionalizar y luego imprimir moneda como locos. El plan populista de Allende fue subir salarios nominales enormemente mientras se aplicaban controles de precios, se daban subvenciones “para sectores estratégicos” de hasta el 10% del PIB y se nacionalizaban empresas. Primero, déficits brutales, que pasaron de 6,69% del PIB en 1970, a 15,28 % en 1971, 24,53 % en 1972 y 30,48 % en 1973.

¿Cómo se financió ese agujero fiscal? Imprimiendo billetes. Un aumento de la masa monetaria de 6,60 % del PIB en 1970, 13,61 % en 1971, 22,71 % en 1972 y 30,40 % en 1973. La inflación, por supuesto, se disparó a más del 400%. Ya te pueden “subir” el sueldo lo que quieras que la inflación fagocita ese “aumento”.

El Estado “creando todo el dinero que necesita” llevó al desabastecimiento, la pobreza, y la implosión de ingresos fiscales. ¿A quien le echaron la culpa? Igual que Venezuela hoy, que Kirchner, que todos los inflacionistas, al “enemigo exterior”. Primero a los comercios “que quieren ganar más dinero”, luego a EEUU. Como explica el economista Guillermo Sánchez, “el desastre era evidente y en absoluto hacía falta una “intervención externa” para causarlo. La CIA ni controlaba el aumento de salarios, ni agrandaba el déficit, ni imprimía los billetes”. Y terminó en una dictadura terrible.

Pero como se hizo por el pueblo, el perpetrador del desastre no puede tener la culpa. Lo hizo por “nuestro bien”. Así que tiene que ser culpa de otro. El enemigo externo. El mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, como dice mi admirado profesor Carlos Rodríguez Braun.

Esto es lo que nos venden los nuevos alquimistas del comunismo inflacionista.No, el Estado no tiene recursos ilimitados. Los recursos del Estado están sujetos a la economía a la que pertenece. Para que exista un sector público se tienen que dar ingresos de un sector privado sólido y próspero. Para que el gasto público sea sostenible la economía debe crecer, ser competitiva y productiva.

En este entorno de locura colectiva que nos parece haber invadido, han saltado los defensores del expolio y se presentan como “expertos”, que traen soluciones mágicas que a nadie se le habían ocurrido. Y es que todo esto se ha hecho mucho antes y muchas veces con resultados desastrosos. Los países líderes saben que la política monetaria no funciona si no se da confianza generalizada en la moneda y si no se garantiza un mercado secundario solido con un sistema financiero donde se esterilice la deuda y se garantice el repago porque se percibe una economía rica y dinámica. Esterilizar es vender aquellos bonos que el banco central compra.

Los países ricos no lo son porque tengan mucha deuda. Son muy ricos y por ello pueden endeudarse, porque existe seguridad de repago. El balance de un banco central no crece exponencialmente porque lo decida un comité, sino porque la confianza en la economía y el sistema permite ese desequilibrio puntual para posteriormente normalizar la política monetaria, e incluso con esa premisa se crean enormes distorsiones, como hemos vivido desde 2008. Una moneda no es reserva global porque lo decida un círculo de Podemos, sino porque la acepta el resto del mundo. El dólar se utiliza en el 80% de las transacciones globales, el euro no.

Como estamos viendo claramente en Europa, o en Japón, no es una casualidad que la política monetaria no funcione en economías intervenidas y dirigidas, y funcione -aunque con enormes desequilibrios- en EEUU. Como decía Bill Clinton, “es la economía, estúpido”. Si no tienes una economía potente, dinámica, competitiva, innovadora y abierta, con empresas privadas líderes, la política monetaria no sirve de nada. Aumentar la masa monetaria por encima del crecimiento del PIB real siempre genera enormes desequilibrios. Que esos desequilibrios sean burbujas financieras, o exceso de inflación y miseria, termina siempre de la misma manera: Lo paga usted. El ciudadano sufre el destrozo de los alquimistas.

El que vive dentro del poder populista vive muy bien con esas políticas… Es usted el que sufre las colas, el desabastecimiento y la miseria. Ellos tienen privilegios de partido.
Crear dinero artificialmente siempre crea alta inflación y crisis. Que les digan que no ocurre porque ahora no hay inflación es porque ignoran -a sabiendas- el efecto depresor en la velocidad de dinero de la impresión masiva y la brutal inflación en activos de riesgo. La inflación no es el IPC. Lean la falacia de la “nueva teoría monetaria” que no deja de ser la misma de siempre, sumar dos y dos, y creer que pueden dar veintidós. Cualquier niño sabe que no hay más riqueza por imprimir más billetes. Solo se divide y empeora la capacidad de compra. Pero en Europa se está extendiendo de manera peligrosa el inflacionismo comunista desde la percepción de que el problema no es de competitividad y productividad, sino de imprimir moneda.

Los que dicen que quieren “la política monetaria de EEUU”, pero rechazan su competitividad, apertura, seguridad jurídica y libertad, no quieren emular a EEUU. Quieren copiar a la Argentina de Kirchner. El que vive dentro del poder populista vive muy bien con esas políticas… Es usted el que sufre las colas, el desabastecimiento y la miseria. Ellos tienen privilegios de partido. Y luego, como Allende, Maduro, Kirchner y tantos otros, le echarán la culpa al enemigo exterior, con sus ahorros bien guardados en… dólares y fuera del corralito interno. Ellos son el pueblo… Estas cosas que dice Daniel Lacalle son tonterías porque “esta vez es distinto ”. Cuando no lo sea, como siempre, será culpa del enemigo externo.

Publicado en El Español, 6 junio de 2016.