España sufre la amenaza de nuevos apagones, un problema grave de acceso a la vivienda y, a la vez. El 90% de la industria que solicitó instalarse en España en 2024 no pudo hacerlo por falta de acceso a la red eléctrica, según PWC. Todos esos problemas empeoran con una decisión regulatoria equivocada.
La peor política posible para enfrentarse a estos tres graves problemas es penalizar la inversión en redes de distribución con una remuneración regulada insuficiente y contraproducente que penaliza de manera evidente la inversión en nuevos desarrollos residenciales, infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico en autopistas y acceso a la red de nuevas industrias.
La remuneración a la distribución eléctrica en España es significativamente inferior a la media de la eurozona y no refleja el coste de capital real, lo cual lleva a que sea una quimera invertir en redes y además penaliza a las áreas menos pobladas donde no se pueden encontrar economías de escala que mitiguen las pérdidas.
Según los informes más recientes de PWC o EY y asociaciones del sector, España tiene uno de los sistemas retributivos por cliente y kilómetro de red más bajos de toda Europa, muy por debajo de Alemania, Francia o Italia.
España tiene la menor retribución de redes eléctricas entre los grandes países europeos, con 176 euros por cliente
La CNMC ha propuesto una tasa de retribución financiera del 6,46% para el periodo 2026‑2031, ligeramente superior al 5,58% vigente entre 2020‑2025, pero significativamente inferior al coste de capital medio, que se sitúa cerca del 7,5%.
El informe Global Energy Perspective 2025 de McKinsey & Company confirma que el coste real de capital (WACC) del sector eléctrico en Europa se sitúa en torno al 7–8%. ¿Por qué se calcula una cifra muy inferior por parte de los reguladores? Porque parece que olviden el coste de recursos propios y solo consideren el coste de la deuda. Si no, no se entiende.
España tiene la menor retribución de redes eléctricas entre los grandes países europeos, con 176 euros por cliente, mientras que en Alemania y Francia supera los 429 y 409 euros respectivamente, y la media europea ronda los 286 euros, según EY.
Según Goldman Sachs, en línea con los tipos actuales del mercado y con una actualización realista de las condiciones de financiación, la CNMC debería situar el nuevo retorno en torno al 7,3% para preservar el atractivo inversor del sector y garantizar el despliegue de redes que exige la electrificación
El problema para España es que esta propuesta, además de ser insuficiente, no mejora la situación para los consumidores. Con un objetivo de “reducir costes regulados” se termina por hacer más caro, inasequible e intermitente el acceso a energía.
La mejor manera de ayudar al consumidor es eliminar los impuestos que inflan la tarifa, no penalizar la inversión
Si el regulador desea reducir los costes para los consumidores, debería atender a la elevada carga impositiva, que supera el 50% en la factura, o la batería de costes incluidos en la tarifa eléctrica, que no tienen nada que ver con el suministro y que deberían ir en los presupuestos.
Además de una tasa de retribución insuficiente, el modelo que se quiere aprobar introduce lo que se denomina el “parámetro de electrificación K” (coste reconocido por kW conectado en una red eléctrica) que condiciona la viabilidad de gran la parte de las nuevas inversiones.
Según PwC, este parámetro se fija en un valor muy bajo (232 €/kW) para las grandes empresas distribuidoras, una cifra que es un 40% inferior al coste medio de la red existente (375 €/kW) y lleva a que no se puedan llevar a cabo proyectos de nueva conexión para consumidores cuyo coste supere dicho umbral, por inviabilidad económica.
Para resolver este problema, el parámetro debería situarse en el entorno de los 375 €/kW para todo el sector, ya que es el nivel de coste/potencia actual implícito en los peajes. Así se garantiza la electrificación de la economía sin que sea necesario subir los peajes ni excluir a nadie del suministro eléctrico.
¿A quién perjudica más esta regulación? Especialmente a los nuevos desarrollos residenciales, más caros por su nivel de tensión más bajo y porque la demanda se conecta mucho más tarde de invertir en la red.
En un país que quiere apostar por la electrificación del parque automovilístico, se penaliza la inversión en infraestructura de recarga de coches eléctricos en autopistas. Además, supone un grave desincentivo para la extensión de red en zonas rurales o con baja densidad de población.
Es importante entender que estas propuestas no suponen un ahorro para el consumidor y además frenan gran parte del incremento de inversiones que el Ministerio promulga para garantizar el suministro, además de impedir la conexión de una parte significativa de la demanda que lleva solicitando acceso sin conseguirlo. Ya sabemos que estas decisiones incorrectas llevan a que se produzcan recortes en el servicio prestado por las distribuidoras, empeorando la calidad de servicio actual.
España tiene que atender al grave riesgo de nuevos apagones, el problema de acceso a la vivienda, la demanda de industrias que quieren instalarse, la electrificación del parque móvil y la vertebración de todas las regiones para evitar la despoblación. Eso requiere una red potente y una inversión ambiciosa remunerada de manera adecuada.
Al hacerlo así, el coste para el consumidor de los costes regulados se reduce con respecto al consumo y, además, se atiende correctamente a los retos de la economía española. Una regulación insuficiente y penalizadora lleva inevitablemente a mayores problemas de acceso a la red para la industria, las nuevas viviendas y acentúa el riesgo de apagones.
La última revisión de la distribución retrasó importantes proyectos que habrían mejorado de manera significativa los problemas antes mencionados. No debemos caer en otro error.
La mejor manera de ayudar al consumidor es eliminar los impuestos que inflan la tarifa, no penalizar la inversión. No es una cuestión de “pan para hoy y hambre para mañana”, como dice el refrán; es “hambre para hoy y hambruna para mañana”.