España es un infierno fiscal y el aumento de presión fiscal del sanchismo ha recaído en las clases medias. Esta es la realidad del “gobierno de la gente”. El socialismo ha mentido a sus propios votantes, cargando la mayoría de la subida fiscal en las clases medias y expoliando la renta de los trabajadores.

El ministro Carlos Cuerpo estrenó su nuevo cargo como vicepresidente mintiendo sobre los salarios reales netos. El salario medio neto ha disminuido un 3,5%.

Cada español paga 3.600 euros de más en media que en 2019, y además la carga fiscal a las clases medias ha subido más en proporción por la decisión del gobierno de negarse a deflactar los impuestos a la inflación. La inflación es el impuesto de los pobres, y el Gobierno la aprovecha para recaudar más y empobrecer a los ciudadanos.

Usted dirá que gracias a esos impuestos hay unos servicios públicos maravillosos. Sin embargo, la realidad es otra. Los servicios públicos son peores, la inversión en infraestructuras es insuficiente y además el gobierno endeuda cada año a los españoles en más de 70.000 millones adicionales.

Los españoles están más expoliados a impuestos comparado con su renta

Pagas mucho más y debes muchísimo más. Lo que ha aumentado de manera exponencial es el gasto político e innecesario, en un país que despilfarra casi 5.000 millones anuales en Agenda 2030, por ejemplo, y miles de millones en subvenciones ideológicas.

El gasto social está en máximos en términos nominales, pero la ratio de población en riesgo de pobreza o exclusión supera el 25,7%, el 19,5% de la población está en riesgo de pobreza de renta, el 8,1% sufre carencia material y social severa, con el 33,9% de los menores de 16 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social, niveles propios de un país mucho más pobre de lo que refleja el PIB per cápita.

El Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana documenta 141 subidas de impuestos y cotizaciones entre 2018 y 2026: 63 explícitas, 46 encubiertas por no deflactar IRPF y 32 vía revisiones catastrales, más 15 nuevas en 2026.

El 55% de lo que generan los españoles se lo apropia el estado en el conjunto de impuestos y cotizaciones, mostrando un esfuerzo fiscal muy superior al que refleja la mera “presión fiscal” sobre PIB.

La presión fiscal es una ratio recaudatoria. Mide ingresos fiscales sobre PIB nominal, y nunca ha sido un indicador que refleje si los impuestos son bajos o altos con respecto a la renta.

Una vez que ajustamos esa presión fiscal a la realidad de la renta española y teniendo en cuenta que España tiene más paro, más economía sumergida y empresas más pequeñas, se demuestra que el esfuerzo fiscal de los españoles contribuyentes es significativamente mayor a la media de una Unión Europea que ya de por sí es un infierno fiscal comparado con la OCDE.

Es decir, los españoles están más expoliados a impuestos comparado con su renta y la realidad de la economía que la inmensa mayoría de los contribuyentes de la OCDE.

El sanchismo ha cargado el hachazo fiscal sobre la espalda de las clases medias mientras sus salarios reales retroceden.

El gran hachazo fiscal: mucho más Estado, mismo bolsillo

Entre 2018 y 2024 la recaudación por IRPF ha pasado de unos 82.000 millones de euros a más de 130.000 millones: 48.000 millones más, un incremento cercano al 58%.

En el mismo periodo, la renta bruta de los hogares apenas ha crecido ligeramente por encima del 35%, y la renta neta real ha bajado, ya que el aumento de carga fiscal se une a una inflación acumulada de más de 24,8%. Es decir, el Estado se queda una porción cada vez mayor del mismo salario.

Si la renta bruta de los hogares sube algo más del 35%, la inflación acumulada es del 24,8% y la recaudación de IRPF se dispara casi un 58%, la renta neta real cae mientras la parte que se queda el Estado crece.

En términos de “parte del salario” que se queda Hacienda, las estimaciones para una familia media muestran un esfuerzo fiscal total cercano al 55% del salario completo (IRPF, cotizaciones e impuestos indirectos), con un incremento de unos 5 puntos de tipo efectivo desde 2018.

Sí, las cotizaciones son impuestos. En todos los informes de Taxing Wages así se consideran y, además de ser obligatorias, impuestas y, en la práctica, no finalistas, solo generan derechos contingentes que significa que no garantizan nada en el futuro.

La inflación acumulada durante los años de gobierno socialista ha superado el 24,8%

La inflación acumulada durante los años de gobierno socialista ha superado el 24,8%, pero los parámetros clave del IRPF –tramos y mínimos personales– se han mantenido congelados. Eso significa que un trabajador cuya nómina apenas se mueve en términos reales salta de tramo, paga más y financia una recaudación récord sin haber mejorado de verdad su capacidad de compra.

Esa “progresividad en frío” ha operado como un impuesto silencioso sobre las rentas del trabajo, especialmente sobre los salarios situados en la franja de 18.000 a 40.000 euros brutos, el corazón de la clase media trabajadora.

Los estudios sobre el impacto de la inflación en las familias apuntan que un empleado con alrededor de 20.000-22.000 euros de renta soportan un aumento de esfuerzo fiscal que no se corresponde con ninguna mejora real de su salario neto.

La falta de actualización de los tramos ha hecho que una gran parte de los contribuyentes tributen a tipos efectivos más elevados sin haber mejorado su capacidad económica real. Es decir, se ha subido la recaudación sin tocar los tipos nominales, pero exprimiendo a quienes fingen defender.

Los datos que ha divulgado Jon González muestran que las familias pagan hoy aproximadamente un 14% más de IRPF que en 2008 con una renta que sigue siendo inferior en términos reales. Es difícil encontrar un resumen más claro de lo que supone un infierno fiscal: pagar más, ganar menos y vivir peor.

¿Qué soluciones plantea la oposición? Son diferentes pero coincidentes en elementos clave.

El giro que propone el PP: aliviar a las clases medias con hijos

La propuesta del PP es una corrección explícita de los excesos recaudatorios sobre las clases medias. Plantea dos grandes ejes.

El primero es deflactar el IRPF y elevar el mínimo personal: un 10% de subida del mínimo exento, de 5.550 a 6.105 euros, de forma que todos los declarantes con cuota positiva vean reducida su base. A ello se suma la deflactación de los tres primeros tramos: 10% en el primero, 5% en el segundo y 3% en el tercero, moviendo los límites hasta 13.695, 21.210 y 36.256 euros respectivamente.

El resultado es que la mayor reducción del tipo efectivo –unos 0,7 puntos– se concentra en las rentas entre 18.000 y 40.000 euros, es decir, justo en la franja donde se ha cebado la progresividad en frío. Por edades, el mayor alivio se da entre 35 y 55 años, con máximo en el tramo 40-44: los años en los que las familias suelen tener más hijos a cargo y costes más elevados.

El segundo eje es un giro hacia las familias con hijos, duplicando los mínimos por descendientes en todos los casos: de 2.400 a 4.800 euros para el primer hijo, de 2.700 a 5.400 para el segundo, de 4.000 a 8.000 para el tercero y de 4.500 a 9.000 para el cuarto y siguientes.

En un país que dedica apenas alrededor del 1% del PIB a políticas de familia e infancia frente al 1,9% de la media europea, la medida intenta corregir una de las grandes anomalías del modelo español.

En cifras, la reforma implicaría una rebaja de unos 3.200 millones de euros en IRPF, beneficiando a 16,2 millones de contribuyentes, con un ahorro medio cercano a 200 euros por persona. El 85% del beneficio se concentraría en rentas inferiores a 60.000 euros y el 70% en la clase media. Dos tercios del total del ahorro irían a hogares con hijos, y casi 300.000 contribuyentes dejarían directamente de pagar IRPF.

La propuesta se complementa con una revisión detallada del gasto público innecesario, priorizar en partidas esenciales y acumular espacio fiscal para bajadas de impuestos posteriores.

Vox: ruptura frontal con el modelo actual

Vox plantea en su programa económico reducir el IRPF a solo dos tipos –un 15% para rentas inferiores a 70.000 euros y un 25% para las superiores–, con un tramo exento amplio para salarios bajos y fuertes rebajas ligadas al número de hijos, de modo que cada descendiente reduzca varios puntos el tipo efectivo hasta dejar prácticamente sin IRPF a las familias numerosas.

A ello suma la bajada del IVA en productos básicos –mantener el 0% y extenderlo a más alimentos de primera necesidad–, la eliminación del IVA en la compra de primera vivienda habitual y tipos superreducidos para suministros esenciales como luz, gas o agua. El paquete se completa con un recorte drástico de gasto innecesario y subvenciones (partidos, sindicatos, estructuras paralelas).

Ambas propuestas muestran que se pueden llegar a acuerdos buenos para España y merecen ser valoradas ya que comparten el diagnóstico de que el modelo actual no es sostenible ni social ni políticamente para la clase media que mantiene en pie el país, y, algo muy importante, que se puede y debe recortar en un país donde el gasto innecesario se ha disparado durante el sanchismo.

La evidencia de Madrid o Andalucía demuestra que reducir impuestos y eliminar gasto innecesario no solo dinamiza la economía, genera más riqueza y, por lo tanto, el “coste” fiscal estimado se compensa con la mayor recaudación por fortaleza de consumo e inversión, sino que hace los servicios públicos necesarios más sostenibles.

Es una evidencia que se comprueba en países vecinos también.

Lo que hace las cuentas públicas insostenibles y pone en peligro los servicios públicos no es bajar impuestos, sino el despilfarro estatal.

España es hoy un infierno fiscal y urge derogar el sanchismo. Acabar con el infierno fiscal exige medidas inmediatas y contundentes, y derogar el sanchismo requiere que se acabe con sus tres pilares: expolio fiscal, despilfarro estatal y corrupción institucionalizada.

Sin eliminar esos tres factores no se podrá salvar a España.

Llamar a España un “infierno fiscal” no es una exageración, es definir una realidad que empobrece a los ciudadanos y condena al país a un crecimiento extensivo y sin productividad.

España necesita derogar el sanchismo, que es corrupción, expolio y despilfarro. Para ello hay que tomar medidas valientes y claras a la hora de defender a los que crean prosperidad.