Es indudable que la crisis de Ceuta, el deterioro de las infraestructuras, el caos ferroviario y la deficiente calidad de los servicios públicos son evidencias de un Gobierno ausente en lo que respecta a una gestión eficaz. Un Estado que consume cada día más y gestiona peor, dejando de lado sus obligaciones con respecto a la seguridad y la integridad del territorio.

Lo que pone en peligro el Estado del bienestar no es bajar los impuestos, sino despilfarrar lo que se recauda. Y en eso el sanchismo es muy eficaz.

El despilfarro de miles de millones semanales en gasto político y «ayudas» al exterior contrasta con la asfixia al contribuyente y el abandono en el interior.

Sánchez ha conseguido algo tan eficaz para imponer una sociedad dependiente y pobre como devastador para la prosperidad. El sanchismo ha convertido el trabajo en una estación de paso hacia Hacienda.

El sanchismo te dice que todo lo recaudado mediante impuestos revierte en la sociedad… Eso sí, después de contratar a miles de asesores, regar de fondos a sus socios, disparar el gasto y la deuda y, además, ofrecerte peores servicios. El que parte y reparte se lleva la mejor parte.

En 2026, el llamado Día de la Liberación Fiscal no llega hasta el 20 de agosto, lo que significa que el contribuyente medio dedica 231 días del año a pagar impuestos y cotizaciones antes de empezar a trabajar para sí mismo. El informe del think tank Civismo es demoledor.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, trabajamos 53 días más sólo para pagar impuestos. Es un salto brutal que resume el avance de un Estado depredador, caro y cada vez más dependiente de exprimir las rentas del trabajo, el ahorro y el consumo.

En ese mismo periodo, los servicios han empeorado, la seguridad se ha deteriorado y el Estado ha dejado de lado muchas de sus funciones principales para dedicarse a la propaganda y al maquillaje estadístico.

La presión fiscal no se ha congelado pese a la prórroga presupuestaria. Al contrario: en 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4 % más que en 2024, mientras el PIB nominal creció un 5,8 %.

Cada vez pagas más y recibes menos. Es más, cada vez pagamos más y recibiremos menos, ya que la acumulación de deuda emitida —que ha aumentado en casi 600.000 millones de euros con Sánchez— implica más impuestos y menos pensiones en términos reales en el futuro.

La aparente paradoja española es que la presión fiscal recaudatoria agregada sigue por debajo de la media de la UE, pero la carga normativa y el esfuerzo relativo que soportan los ciudadanos y las empresas son superiores. Según el IEE, España combina una menor renta per cápita con una fiscalidad legal más gravosa y compleja que la de los países comparables de Europa y de la OCDE.

Es normal. España tiene más paro, empresas más pequeñas y más economía sumergida que sus comparables. El IEE estima que la presión fiscal normativa en España es un 17 % superior a la media de la UE y un 18 % superior a la de la OCDE.

El esfuerzo fiscal —la presión efectiva ajustada por la capacidad económica o el nivel de renta— es un 14,1 % superior a la media de la UE. En la imposición directa, la brecha alcanza el 16,5 %.

Es completamente normal que cada día pagues más impuestos en relación con lo que ganas mientras te dicen que la presión fiscal medida sobre el PIB nominal es «baja».

Te expolian por el numerador, con más impuestos, y por el denominador, con más inflación y gasto público financiado mediante deuda.

La conclusión hunde el relato oficial y resulta evidente para cualquiera que no confunda recaudación con prosperidad. El Estado está capturando una porción creciente de la renta nacional incluso sin aprobar unos nuevos Presupuestos. Para ello, se apoya en la inflación, en el crecimiento nominal de las bases imponibles, en la insuficiente deflactación del IRPF y en el aumento de los impuestos sobre el trabajo.

El IRPF sigue siendo el gran mecanismo de subida encubierta. Según el informe de Civismo, en 2025 la recaudación por este impuesto aumentó un 10,1 %, por encima del crecimiento de las rentas brutas de los hogares, que fue del 7,2 %, mientras el tipo efectivo sobre esas rentas subió un 3,5 %.

El contribuyente no vive mejor, pero sí paga más.

El caso del trabajador medio es demoledor. Para un salario bruto anual de 32.446 euros, el coste laboral total asciende a 42.390,70 euros una vez sumadas las cotizaciones empresariales. Sin embargo, el asalariado sólo recibe 24.724,91 euros netos. El resto —17.665,79 euros— se destina al IRPF y a las cotizaciones sociales, es decir, el 41,7 % del coste laboral.

De cada 100 euros que cuesta contratar a un trabajador, sólo 58,3 euros terminan realmente en su bolsillo. El resto desaparece en una cuña fiscal que penaliza el empleo, encarece la contratación y debilita la renta disponible de las clases medias.

Ni siquiera cuando el ciudadano ya ha cobrado consigue librarse del hachazo fiscal. Civismo estima que el IVA soportado por el trabajador medio asciende a 2.212,77 euros anuales, el equivalente a 32,7 días de renta neta. Se trata de una carga especialmente dañina para los hogares con menor capacidad de ahorro.

El resultado es un sistema que castiga todas las fases de la vida económica. Te cobran cuando se trabaja, cuando se contrata, cuando se ahorra, cuando se compra, cuando se vende y cuando se transmite patrimonio.

Eso no es un modelo de crecimiento, sino un modelo de extracción.

La mayor perversión del sanchismo fiscal no reside sólo en cuánto recauda, sino en cómo normaliza esa asfixia. Presenta como justicia social lo que, en realidad, es una transferencia silenciosa y constante desde las clases medias, los autónomos y las empresas hacia una maquinaria pública cada vez más costosa, menos eficiente y más necesitada de ingresos crecientes para sostenerse.

España no necesita más ingeniería recaudatoria ni más golpes encubiertos mediante la inflación fiscal. Necesita una reforma tributaria que alivie el trabajo, deflacte el IRPF, reduzca la cuña laboral y devuelva al contribuyente una parte de lo que el sanchismo le ha ido confiscando año tras año.

El sanchismo ha convertido a los trabajadores y las empresas en cajeros automáticos de un gigante político que no se conforma con extraer más rentas que nunca, sino que exige más y, además, los endeuda.

La oposición no puede presentar un modelo de mero alivio o mitigación del daño, sino una alternativa real y opuesta al expolio.