“Ha ganado el sí”, escribía Yolanda Díaz en sus redes sociales.

Ha ganado el sí a la desigualdad entre españoles, a premiar a los delincuentes y expoliar a los que producen, el sí a mayores privilegios a las comunidades más ricas a cambio de mayores impuestos y deuda a las más pobres, el sí al antisemitismo, al silencio ante la demolición del estado de derecho y a la imposición de la aleatoriedad política por encima de los contrapesos del estado.

La evidencia de lo que nos espera en esta legislatura, el chantaje constante de los separatistas y el asalto a los contribuyentes, quedó en evidencia en la lista de nuevos y mayores impuestos que sufrirá la clase media, desde los seguros al gasóleo, la electricidad y el IVA de la educación o sanidad independiente, y en las amenazas que profirió la representante de Junts en el parlamento, cuando dijo que la “estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances y cumplimientos” de sus exigencias en la negociación.

Conviene recordar que ningún votante del PSOE acordó la amnistía, que todo el aparato del PSOE anunciaba como “anticonstitucional” días antes de las elecciones, y que los atónitos votantes del PSC ven como las concesiones a los independentistas superan con creces las peores pesadillas de los que defienden la unidad de España y la constitución.

Lo más triste de todo es que alguien se crea que esto es progresista.

La investidura acarrea un coste en prebendas a los separatistas sin precedentes que supondrá mayores impuestos a los ciudadanos y mucha mayor deuda además de encumbrar el antisemitismo, el separatismo y las ideas más ridículas del chavismo patrio.

Lo peor de esta investidura es que destruye los contrapesos del poder político y consagra la inseguridad jurídica bajo la falacia de la justicia social, que es la mayor injusticia de todas: la imposición del asalto a los que producen por parte de los que extraen.

Dice Sánchez que los que más ganas tendrán que pagar más, pero lo que no dice es que los que más ganan comparado con lo que producen son ellos, los políticos extractivos y confiscatorios. Y es que el problema de España no son los ricos, sino los que viven de nuestros impuestos por adhesión política y, además de no producir nada, entorpecen.

Esta investidura es la coronación del clientelismo peronista. Un país donde el gobierno premia a los que malversan y ahora les va a devolver el dinero que robaron mientras anuncia una batería de impuestos que harán más difícil la vida a las familias y empresas.

En un país que tiene todavía 50.000 empresas cotizando menos que a final de 2019, y en el que, según el INE, hay 330.786 empresas económicamente activas menos que en 2019, la ministra Calviño dice que las empresas jamás habían estado mejor que con ellos. Ahora se ha lanzado de nuevo a subir el impuesto de sociedades y atacar la libertad empresarial.

Mientras nos cuentan que España va como una moto, el Banco de España refleja que el 29% de las empresas españolas registra pérdidas, lo que implica un aumento de 4,4 puntos por encima de la cifra previa a la pandemia.

Mientras nos cuentan que te dan derechos, España continúa con la tasa de paro más alta de la OCDE, superando a Grecia, Ucrania y Turquía, con 1,088 millones de desempleados demandantes de empleo además de 3,3 millones de desempleados apuntados al SEPE y las horas trabajadas por empleado siguen sin recuperar el nivel de 2019. España pierde puestos como economía a nivel mundial, y en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo estamos a 15 puntos de la media de Europa cuando en 2018 estábamos a solo nueve puntos.

No hay ninguna razón para aplaudir. España vuelve a estar gobernada por burócratas extractivos cuyo odio a los autónomos, las empresas y todo aquel que gana un poco de dinero solo es comparable a su voracidad extractiva y recaudatoria. En la investidura ha ganado el sí a la envidia y el robo.