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Acerca de Daniel Lacalle

Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Es colaborador frecuente en medios como CNBC, Hedgeye, Wall Street Journal, El Español, A3 Media and 13TV. Tiene un certificado internacional de analista de inversiones CIIA y un máster en Investigación económica y el IESE.

Los errores de la expropiación: el caso de Colombia

Si usted escucha a populistas de uno y otro lado, pondrán como solución a todos los problemas la nacionalización. El ejemplo de lo que ha ocurrido a Gas Natural en Colombia es una muestra adicional de que las ineficiencias no se solucionan expropiando.

Ante las inexactitudes vertidas en algunos medios, pongamos todo en contexto.La empresa distribuidora eléctrica Electricaribe (ECA) fue privatizada en el año 1998, ante las enormes pérdidas que generaba y el agujero patrimonial acumulado, a favor de la empresa norteamericana Houston Industries y la venezolana Electricidad de Caracas. En el año 2000, Unión Fenosa compró ECA, y en el año 2009 vino la fusión con Gas Natural (GNF) que, con ello, adquirió el 85% de ECA.

-La empresa distribuye electricidad, pero no la genera. La compra a precio de mercado. Por lo tanto, sufre las subidas de precios, pero no las puede repercutir por el alto fraude e impago, y no puede tomar medidas contra dicho impago porque el suministro es, en muchos casos, obligatorio -organismos oficiales, etc-.

-ECA nunca ha pagado dividendos. A pesar de ello, entre 2011-2015 ha invertido 255 millones de euros, pero la cifra acumulada de impagos y fraude superaba los 822 millones de euros en ese periodo.

-Si alguien piensa que nacionalizando sería mejor, ese coste en inversiones no lo habría llevado a cabo el Estado, y el impacto de la insostenibilidad de las cuentas sería 100% sobre el contribuyente.

Ocurre en muchos países que existe una amplia cultura de “no pago” que no viene solo de la pobreza, afecta incluso a organismos oficiales, hasta tal punto que existe una “industria” dedicada a ofrecer abiertamente manipulaciones de la red y los medidores. En Brasil, empresas semiestatales llevan años sufriendo pérdidas por fraude e impago que redundan en peor calidad, menores inversiones e ineficiencia. El “gratis, cueste lo que cueste” sale muy caro.

Ya en el año 2003, el Estado tuvo que absorber hasta el 50% de la deuda acumulada por impago en ciertos barrios.

Es curioso, pero la empresa no puede cobrar por entero lo que suministra, pero sí está obligada a pagar por entero toda la electricidad a los generadores, y además ha cumplido con todos sus compromisos de pensiones, salarios, impuestos, etc.
El hecho es que la solución no es hundir a las empresas concesionarias, expropiar y luego, -viendo que el coste es inasumible- pasar a intentar volver a dar la concesión a otro bajo la promesa de que “ahora es diferente”, como ocurría antes en Argentina.La solución es que la política social se haga desde el Estado, que es lo normal. Que el coste de suministrar a entidades oficiales insolventes y barrios pobres se cubra para que no se haga inviable la inversión y la empresa. Porque esas inversiones serían imposibles si la empresa se nacionaliza. En Venezuela han expropiado miles de empresas y, con ello, las han enviado a la quiebra. Exigir multiplicar las inversiones cuando se pierde -por fraude- en la actividad, solo lleva a hundir la seguridad jurídica y afecta a muchos otros sectores del país, la inversión financiera directa y el progreso. Es mucho más sencillo identificar el problema de impago por causas sociales, poner en marcha medidas que mitiguen y respondan a las necesidades de las capas sociales más desfavorecidas, desde la política estatal, y permitir que las empresas inviertan más y mejor con una lógica económica mínima.

El gobierno colombiano argumenta que no hay expropiación y que no pretende quedarse con la empresa, en la que participa en un 15%, reconoce que la deuda de la empresa es cercana a 1.300 millones de euros incluyendo una deuda de las autoridades públicas por impago de unos 50 milones de euros. El regulador, la Superintendencia de Servicios argumenta que la propiedad se puede recuperar con un compromiso de 479 millones de euros de inversión. La inversión no se puede dar sin unas condiciones de seguridad jurídica y de lógica económica mínimas. Porque entonces no es una inversión, es una donación.

El problema de la decisión injusta y apresurada de expropiar es que el impacto para Colombia y todo su sector productivo puede ser muy alto en pérdida de inversión directa, y no redunda en un beneficio para nadie. La empresa, una multinacional diversificada, puede asumir una pérdida de un 2% de sus activos totales, eso sin contar con la más que probable indemnización. Pero el país no puede asumir ni la nacionalización, porque nunca podría asumir las inversiones necesarias y además subvencionar el suministro, ni el impacto en la imagen internacional de una nación que tiene como objetivo seguir siendo -como merece- un centro mundial de atracción de inversiones.

La solución nunca es expropiar. Lleva a hundir la inversión y atacar el progreso en el país. Colombia es hoy un país moderno que ha dejado atrás rémoras del pasado y que ha aprendido de los errores de los intervencionistas vecinos. No solo debe continuar por la senda actual, sino que debe reforzar su imagen como centro de atractivo inversor. El que piense que expropiando va a conseguir más inversión y mejor calidad de suministro no solo se equivoca, sino que tiene en su contra los ejemplos de la historia y la estadística.

Unos presupuestos para el invierno

En los próximos días se aprobarán unos presupuestos cruciales para España.Este debe ser el año en que España cumpla, con holgura, su compromiso de déficit del 3,1%.

El crecimiento económico, que el consenso estima en 2,5%, es muy probable que se revise al alza. Los indicadores adelantados muestran una importante fortaleza de la demanda interna, apoyada por el consumo. Adicionalmente, en términos anualizados, la creación de empleo supera las estimaciones, y puede cerrar el año cerca de 600.000 trabajos. Si atendemos al comportamiento del sector exterior, es muy probable que el déficit comercial se reduzca con la moderación de los precios del petróleo, y que las exportaciones continúen mostrando fortaleza, no solo en términos de crecimiento sino en cuanto a aumento de cuota de mercado.

Son todos elementos que apoyan un cumplimiento de nuestros compromisos y la mejora de la economía. La inflación, que ahora se sitúa en el 3% y es probable que cierre a niveles más cercanos al 2%, tiene un efecto “reductor” del déficit, pero es un elemento que puede reducir crecimiento potencial y mejora de consumo porque, como está ocurriendo, viene fundamentalmente de factores externos.

El déficit público de 2016 estará por debajo del objetivo del 4,6% del PIB pactado con la Comisión Europea, y eso es una buena noticia, pero estos presupuestos para 2017 deben garantizar que se cumpla con creces el objetivo del ejercicio. Que el techo de gasto de 118.337 millones de euros, sea unos 5.493 millones menos de los previsto inicialmente para 2016, apoya. Que las Comunidades Autónomas hayan empezado el año ajustando sus niveles de déficit, también.

SI TODO VA BIEN, ¿CUÁLES SON LOS RETOS?

Debemos aprovechar el periodo de recuperación en el que crecemos casi el doble que Europa, para tener los deberes cumplidos, porque -queramos o no- la barra libre de dinero barato y los tipos de interés ínfimos llega a su fin.

Hemos conseguido reducir el déficit casi un 50% y corregir enormes desequilibrios de la economía. Cuando mis queridos amigos economistas argentinos se enteran de que España llegó a tener, a finales de la anterior legislatura, un déficit fiscal y comercial del 9% y 10% del PIB respectivamente, alucinan, pensando que esas locuras solo pasan en países poco serios. Pero debemos prepararnos para el invierno, y estos presupuestos deben orientarse a ese entorno, desde la flexibilidad y la priorización del gasto, no cayendo en los errores del pasado.

El principal reto de estos presupuestos va a ser crecer reduciendo el déficit estructural -ese que se genera pase lo que pase en la economía-. La deuda pública estimada es del 99% del PIB para el año 2017, para bajar más rápidamente hasta el 97,7% en 2018 y al 95,4% en 2019. Para esa reducción de 5 puntos en la deuda, necesaria, urgente, esencial, no solo tenemos que conseguir crecer como lo estamos haciendo y llegar a 2018 más de 20 millones de ocupados, mientras los salarios van recuperándose y los beneficios empresariales salen de la UVI.
Tenemos que hacerlo con un sector exterior que se enfrenta al fantasma del proteccionismo y las barreras al comercio. Y tenemos que hacerlo porque los tipos subirán y la liquidez se va a reducir.

Podemos ser relativamente optimistas en cuanto a las exportaciones porque nuestro recorrido ha sido admirable. No solo exportamos a nivel récord, sino que hemos ganado cuota de mercado en un entorno en el que las medidas proteccionistas desde EEUU a China se multiplicaban, especialmente desde 2012.

La verdad es que España está consiguiendo salir del infierno poco a poco pero admirablemente.

Hemos salido del desastre creado con las cuatro palabras más peligrosas de la economía: estimular la demanda interna. Esa locura nos llevó a una brutal burbuja, sobrecapacidad en casi todos los sectores, endeudamiento y, como siempre, empeorar después.

Ahora estamos creciendo con una combinación de elementos que, lejos de ser ideal, nos evita entrar en otra espiral negativa. Al menos a corto plazo. Porque los riesgos de volver a aumentar los desequilibrios no son pequeños.

Estos presupuestos, por lo tanto, deben facilitar el crecimiento y, lo que es más importante, contar con suficientes elementos de flexibilidad para que se puedan cumplir con creces nuestros compromisos ante cambios inesperados.

Los presupuestos deben favorecer la tan necesaria bajada de impuestos que exigen familias, empresas, organismos internacionales y la lógica.

UN 2017 CRUCIAL

Son presupuestos que deben prepararnos para la inevitable alza de los tipos de interés, garantizando no solo el cumplimiento del déficit, sino la reducción de endeudamiento antes mencionada que evite que España vuelva a tener necesidades de financiación netas anuales de 100.000 millones de euros. España llegó a ser, en la época de “hay margen”, hasta un 30% de las emisiones de deuda de la UE. Hemos conseguido que esa cifra caiga a menos de la mitad, y debe cercenarse aún más, porque cuando suban los tipos -que subirán-, y el ciclo económico se ralentice, corremos el riesgo de caer en otro shock de deuda. Tanto a nivel estado, como familias y empresas, estamos muy lejos de sufrir ese shock.
Nos enfrentamos a un 2017 crucial, como explicaba antes. Nuestro crecimiento de los últimos años no se debe “solo a factores externos”. Los precios del petróleo, bajos tipos y liquidez del BCE son los mismos para Italia o Portugal y ninguno está creciendo y creando empleo como nosotros. Pero el efecto placebo de la alta liquidez no dura siempre, y atraer inversión y creación de empleo deben ser los dos pilares de nuestra política.

España, si se prepara para el invierno y evita los errores de la época de “hay margen”, será imparable.

Ponga tecnológicas en su vida

La posición de la Unión Europea (Bruselas) y parte de los comentaristas económicos sobre las empresas tecnológicas no nos debe sorprender, pero es totalmente equivocada. La visión cortoplacista, orientada desde un punto de vista fiscal erróneo, nos esconde un problema mayor. Europa ha perdido la carrera de la tecnología y de la innovación, y no va a recuperar posiciones desde la represión fiscal.

Usando subterfugios, se intenta

– Los impuestos no se pagan al 100% donde se vende, sino donde se genera el valor añadido. La propia Unión Europea dictamina que, cuando se produzca una venta a través de comercio electrónico, el IVA de ese producto estará sujeto al tipo impositivo fijado en el país de residencia de la empresa, no del usuario que hace la compra. Lo mismo ocurre con la declaración del propio IVA. Es curioso, porque la Unión Europea defiende a capa y espada esta política –por otro lado, completamente lógica- para sus multinacionales y conglomerados industriales en sus inversiones en mercados emergentes y, sin embargo, las ataca para las empresas tecnológicas.

A la hora de mirar la contribución fiscal de las multinacionales, usar una visión localista desvirtúa el beneficio mundial. Por ejemplo, Google pagó más del 18% de impuesto de sociedades en 2016, casi 4.000 millones de euros, el 80% en USA, donde tiene la sede la compañía y donde genera la mayoría del valor añadido, tecnología y sistemas. Sin embargo, genera en el exterior casi un 38% de su empleo total, invirtiendo en start-ups y negocios establecidos hasta un 40% del total, lo cual genera un efecto multiplicador en toda la economía.

Pero, sobre todo, muestra el fracaso del modelo europeo que ha subvencionado y perpetuado sus conglomerados industriales poniendo barreras a creación, innovación y crecimiento del sector tecnológico, y ahora se encuentra con que no solo no tiene líderes en la carrera tecnológica, sino que además no “protege” sus puestos de trabajo ni sus ingresos fiscales.

– Se olvida el importantísimo impacto positivo en empleo, calidad del mismo, impuestos indirectos y cambio del patrón de crecimiento que suponen estas empresas, para centrarse en la titularidad. ¿Por qué? Porque son norteamericanas. Si fueran francesas, alemanas o de sectores rentistas, estarían recibiendo decenas de miles de millones en subvenciones.

No es una sorpresa que, según el ranking de Linkedin, las empresas más deseadas para trabajar sean Google, Salesforce, Facebook, Apple y Amazon. Google es un claro ejemplo, cuyos más de 60.000 empleados cuentan precisamente con el empleo de calidad y remunerado (más de un 30% que la media de sus empleos similares en los países donde opera) que algunos esperan, en vano, que se consiga vía subvenciones a sindicatos.

La Unión Europea gasta más de un 1% de su PIB en “políticas de empleo estatales” que incluyen enormes gastos estatales e ingentes subvenciones a sectores obsoletos, adicionalmente genera miles de páginas de regulación para “proteger” a sus campeones nacionales que, encima, también son acusados de pagar pocos impuestos porque van de adquisición ruinosa en adquisición ruinosa y pérdida porque me toca. Mientras en la OCDE la media de gasto en políticas activas de empleo no alcanzaba el 0,6% del PIB, en EEUU no llegaba al 0,15%, en España era del 0,9% en 2011 y en otros países como Francia superaba el 1,5% del producto interior bruto. ¿Y si gastásemos menos en esas políticas que han demostrado ser ineficientes y facilitásemos la implantación y creación de nuevos líderes tecnológicos?

– Muchos análisis olvidan el impacto de determinados servicios que son gratuitos para los usuarios y se financian con publicidad. Por ejemplo, un buscador. O Google Maps. Un estudio de Hal Varian cuantifica un impacto de 800.000 millones de dólares por parte del buscador sólo en ahorro de tiempos, eficiencias, posibilidad de comparar productos por el consumidor y elegir el más barato, incluso el impacto de servicios publicitarios.

No solo deberíamos plantearnos por qué ponemos barreras a empresas que emplean mejor y con mayores prestaciones, sino analizar de manera muy seria por qué se perpetúa el error de “proteger” a los mal llamados campeones nacionales. Primero, porque no lo necesitan, tienen su nicho bien merecido, pero son negocios maduros y, por definición, cautelosos con respecto al cambio. Segundo, porque estamos viviendo los frutos de “echar” al capital inversor que apoya un mejor patrón de crecimiento. La Unión Europea debería preguntarse por qué Skype se creó en Estonia y no en Bruselas.

Además, olvidamos el efecto multiplicador en la economía no tecnológica. Un estudio de ITSOS muestra que las pymes crecen y crean empleo hasta el triple que las que no usan esos servicios digitales que, además, son gratuitos para el usuario.

Si de verdad nos planteáramos el tema fiscal, de empleo y crecimiento de manera seria, apoyaríamos que las grandes tecnológicas creciesen mucho más en nuestros países porque el efecto impositivo en IRPF y Sociedades es mucho mayor. El efecto multiplicador es muy evidente en Irlanda. El país, con una política fiscal atractiva, ha cercenado su déficit en 12 puntos hasta eliminarlo, y el desempleo se ha reducido a un 6,6% con el paro juvenil en un 15%, el más bajo desde 2008. Todo ello sin perder servicios públicos. Pero, claro, el problema es que “las tecnológicas no pagan impuestos”. ¿No será el problema que sostener dinosaurios no sirve para nada?

La Unión Europea tiene ante sí un reto muy importante, que es el de convertirse en el motor del cambio y de progreso que merece ser. Porque el avance de la democratización de la tecnología y de los nuevos patrones de crecimiento es imparable.

Mirar a las multinacionales desde una perspectiva miope, solo nos lleva a perder. Si tenemos en cuenta el inmenso mercado que es Europa y el enorme potencial de su influencia en el mundo, deberíamos pensar más en parecernos a EEUU y menos en copiar a Japón. ¿Se acuerdan de sus “keiretsu” tecnológicos que iban a arrasar el mundo en los 90? Yo tampoco.

En Europa necesitamos más FANG (Facebook, Amazon, Netflix y Google) y menos fango.