Esta semana se ha producido una falsa polémica ante las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la solidaridad interterritorial. Explicaba, en una intervención en la que -para no variar- se exigía subir impuestos, que “con nuestra política fiscal hemos recaudado casi 3.000 millones de euros que nos están sirviendo para financiar los servicios básicos en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan (el PSOE), como en Andalucía”.

Hasta ahí, nada malo. Ni se niega el modelo solidario del Estado ni es un “España nos roba”. Es la demostración de que la política fiscal de bajos impuestos y atracción de capital funciona, y nos beneficiamos todos los ciudadanos del Estado. Y que la política de entorpecer y ahogar a impuestos, no.

Sin embargo, la polémica se desata ante la manipulación de las palabras. Típico en política, pero abre un interesante debate económico sobre el patrón de crecimiento.Miremos a los datos. Los recursos sujetos a liquidación, que suponen casi el 73% de los ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid, proporcionan una financiación per cápita 215 euros inferior a la media de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Una infrafinanciación de casi 1.400 millones de euros en la primera parte del ejercicio 2016. En el periodo 2009-2016 la Comunidad de Madrid ha aportado al Fondo de Garantía de Servicios Públicos con el resto de las regiones casi 18.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda, casi un 30% beneficia a Andalucía. Estupendo.

Muchos argumentan que los impuestos no los pagan las Comunidades Autónomas, sino los ciudadanos. Y es correcto. Pero sí dependen de los gobiernos los presupuestos, la política fiscal y económica sobre todo orientada a la creación de empresas y atraer capital. Y es de eso de lo que se hablaba.

Muchos argumentan que Madrid se beneficia “porque es la capital” y “porque tiene menores impuestos”. Ambos argumentos son claramente incorrectos cuando se mira, en términos de aportación y recepción al Fondo mencionado, a otras regiones como Galicia y el País Vasco. Y es que resulta, oh sorpresa, que la gran diferencia -gobierne quien gobierne- es tener una política fiscal atractiva y no confiscatoria. Y una administración facilitadora, no fagocitadora.

Lo que más me alegra es que en la polémica los redistribuidores de la Nada hayan reconocido que se crea más empleo y atraen más empresas con impuestos bajos.La señora Teresa Rodríguez, por ejemplo, acusaba a la Comunidad de Madrid de “atraer capital” -se lo juro- y de » verdadero paraíso fiscal para las grandes fortunas con un dumping durísimo contra otras comunidades y por el cual se facilita que no tengan que pagar impuesto de sucesiones o patrimonio”.

Lo que no se puede hacer es tener un infierno fiscal y culpar a otros por no serlo. Llamar “dumping” a tener una fiscalidad exactamente igual a la de otras Comunidades y la inmensa mayoría de países de la UE es una broma. Pero argumentar que el problema es el impuesto de sucesiones y patrimonio es bien fácil de solucionar. Elimínenlo en Andalucía, como en tantas comunidades y países de Europa.

El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto “para fastidiar”, y, como el de Patrimonio, ideológico e injusto. No recauda casi nada. En Andalucía unos 326 millones en uno y 80 millones en otro, menos de diez veces las transferencias que recibe de Madrid. Injusto porque grava cosas que han tributado varias veces anteriormente, desincentiva el ahorro y la principal fuente de transmisión de riqueza en la clase media, el piso de padres a hijos.

Encima, es fiscalmente desastroso. La Sra. Rodríguez, como es habitual en su partido, no parece saber sumar y darse cuenta de que el supuesto efecto de “lucro cesante” de todo lo que critica es varias veces inferior a lo que reciben de hecho. Se estima en -como mucho- 660 millones en toda España, eso si no se van del país esos patrimonios.

Aunque reconozcamos las diferencias históricas entre regiones -y de ello viene ese modelo solidario- el problema se centra en que ciertos políticos siguen viendo a las empresas y ciudadanos como cajeros. Cuando faltan ingresos, aunque los gastos no estén justificados, se tira del cajero sin límite.

Recordemos que el PSOE gobierna en Andalucía desde hace tres décadas, y que la Comunidad sufre una de las presiones fiscales más altas de toda la nación, lo cual has supuesto un escollo histórico a la creación de empleo y cambio de patrón de crecimiento. Sus empresarios y contribuyentes son héroes. Porque el nivel de presión es absolutamente brutal (hasta 75 euros por persona por año superior a la media, ojo, de España que ya es de por sí elevada).

Hasta tal punto que Andalucía lidera -desafortunadamente- el ranking de fuga de empresas. Más de 985 empresas andaluzas trasladaron su sede desde 2009. Algunas comunidades, como Murcia, han tomado medidas importantes encaminadas a reducir la presión fiscal y el escollo burocrático, y el efecto ha sido inmediato.
No solo es la presión fiscal a las empresas. Lo explico en “Acabemos con el Paro” (Deusto), según datos de 2015, el Impuesto sobre la Renta -el tramo estatal más el autonómico- va desde el 22% al 49%. De este modo, en Andalucía, el trabajador medio paga 3.395 euros en concepto de IRPF, 120 euros más que la media nacional. Además, en 2015, Andalucía mantuvo el Impuesto sobre la Venta Minorista de Hidrocarburos en el máximo permitido: 4,8 céntimos por litro, mantuvo el Impuesto sobre el Patrimonio con tipos impositivos que van del 0,24% al 3,03%.

Finalmente, el Impuesto de Circulación y el IBI se mantienen sin cambios significativos. Las presiones de Ciudadanos y del PP para reducir la presión fiscal han surtido un fruto muy modesto. Andalucía ha recibido más de 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias en los últimos veinte años a través de los Marcos Comunitarios de Apoyo. Y transferencias netas positivas de otras comunidades durante tres décadas.

Sin embargo, mantiene casi intactos los mismos desequilibrios en récord de paro y presión fiscal. Si en vez de perpetuar el rentismo se hubieran aprovechado esas transferencias para convertir a Andalucía en lo que merece y puede ser, un motor de crecimiento, de empleo, mejora de productividad, atracción de empresas y capital, hoy no habría que entrar en polémicas manipuladas.

EL ASISTENCIALISMO

Seguiría existiendo solidaridad, pero no la perpetuación del asistencialismo. Porque “el asistencialismo hace confortable la pobreza, e impide salir de ella” (Sowell). Y asistencialismo es muy distinto a asistencia igual que solidaridad es muy distinto a donación. Pero a los que se dedican profesionalmente a repartir las migajas del mismo les es más cómodo echarle la culpa al eficiente.

Cuando hablan de armonizar impuestos, es subir. Cuando hablan de solidaridad, es más gasto -el que sea-. La única política social efectiva es crear empleo y facilitar que esos héroes que son los empresarios y autónomos andaluces -y de toda España- salgan adelante y pongan en valor el enorme potencial de su país y su región. A veces esto parece una clase donde los alumnos que suspenden se quejan de los que aprueban.

Esta desafortunada polémica no debe servir para acusaciones de falta de solidaridad, sino para que todos pongamos en marcha aquello que funciona, y dejemos de presionar para que las comunidades que funcionan se conviertan en infiernos burocráticos y fiscales. Porque entonces, si los intervencionistas vencen y consiguen que la política de Madrid u otras comunidades sea igual de confiscatoria y destructora de riqueza, no habrá nada que repartir. Desarrollemos el potencial de crecimiento en vez de potenciar el desarrollo del estancamiento. Andalucía, Madrid y todo el país lo merecen.

La noticia de que la administración de Ada Colau en Barcelona quiere lanzar su propia moneda no es una novedad. A lo largo de muchas ciudades en Francia (Villeneuve sur Lot, Pézenas, por ejemplo) y Reino Unido (Bristol) se han implementado este tipo de subterfugios de moneda que se defienden con la excusa de que “incentivan el consumo local” y “promueven la inversión social”.

La realidad es que no dejan de ser lo que se llama “monedas derretibles”. ¿Qué significa eso? El gobierno local paga hasta una parte de los ingresos de los funcionarios, por ejemplo, y de sus compromisos con empresas, en una moneda “paralela” pero de vida efímera. Por un lado, su valor está 100% ligado a la moneda oficial del país –en nuestro caso el euro- pero su garante es el gobierno local. Por otro lado, su validez se reduce en el tiempo hasta que se emiten más de estas monedas y, por lo tanto, se deben utilizar para consumir en comercios locales adheridos al esquema, y si se olvidan o dejan “bajo el colchón”, pierden su valor.

Hasta ahí usted dirá que es una medida estupenda. Se promueve el consumo, además en comercios locales, y está garantizado. El primer problema está, como siempre, en que los gobiernos locales que las promueven pretenden solventar sus problemas internos desde la manía monetarista. Piensan que sus dificultades vienen por una causa monetaria, y –como estamos viendo- en la inmensa mayoría de los casos, no lo es. Carlos de Freitas, experto en estas veleidades de algunas ciudades europeas, alerta de que “es lo mismo que crear un banco que presta sin tener activos que lo soporten”.

El riesgo de estos instrumentos está precisamente en que lo garantiza una corporación local que no tiene legitimidad ni estatal ni europea, ni reconocida por el BCE, ni tampoco –ojo- de sus propios ciudadanos para emitir moneda y menos garantizarla con un valor 1 a 1 equivalente a la moneda de curso legal. Como ocurrió en tantos países, esa paridad artificial está “garantizada” por nada más que la promesa del gobierno local, que no tiene soberanía ni presupuestaria ni recaudatoria, ni mucho menos capacidad de respaldarla con activos reales.

Por lo tanto, no es una moneda sino un IOU, una promesa de pago diferida. Y su valor se desploma en el momento en el que caiga el velo de la paridad inventada –sea a través de un mecanismo de regularización de cuentas o simplemente porque los ciudadanos no aceptan esa paridad como real-.

El segundo problema es ideológico. Incluso si el consistorio solo emite monedas respaldadas por los euros, dólares u oro del que disponga en sus cofres –si los tiene-, obliga a los ciudadanos y comercios a utilizarla asignando unilateralmente los negocios o comercios en los que se puede utilizar. Por un lado esas monedas te queman en el bolsillo porque se “funden” si no consumes, y por otro lado el consistorio decide unilateralmente dónde te las debes gastar.

¿A qué lleva esto? A una asignación artificial e ineficiente de una demanda orientada políticamente. ¿En qué sectores suele recaer? No es para el lector una sorpresa dónde suele recaer el “favor” de dirigir políticamente el consumo de la renta disponible de los funcionarios públicos. En sectores políticamente afines, rentistas y que ya estaban cerca de desaparecer por obsolescencia y competencia.
Es decir, se usa una moneda sin respaldo real para subvencionar políticamente a sectores predefinidos y con ello se retrasa el cambio de patrón de crecimiento y se perpetúan desequilibrios. En el caso de Tauschkreis en Austria, los negocios reconocen que no pueden aceptar ese experimento por el nivel de endeudamiento que conlleva.Y es que ahí está el mayor problema.

La emisión de moneda local –cuyo control es exclusivamente político y su respaldo difícilmente auditable – se usa para disfrazar aumentos de gasto y de deuda. En el caso de Barcelona, por ejemplo, no ocultan algunos economistas que es “una forma de superar el límite de gasto e invertir en proyectos sociales”. Es decir, emitir moneda que en realidad es una deuda contraída y no respaldada para gastarla en proyectos sin rentabilidad económica real que reducen la capacidad de repago de los compromisos crediticios adquiridos. Esconder deuda llamándolo moneda.

Por supuesto, todo esto estaría genial si, como nos intentan vender, con ello se redujera el riesgo de crisis y se promoviera el crecimiento. Pero no existe una sola evidencia empírica de estos experimentos que haya mostrado que el desempeño económico de la ciudad es mejor que el que se daba cuando solo se utilizaba la moneda oficial y tampoco existe un solo ejemplo que muestre que la inversión productiva real mejore.

Los ciudadanos griegos que aceptaron el sistema local llamado TEM (en Volos, Grecia) en 2010 no han generado ni mejora económica ni se han beneficiado. Y esos papelitos no han evitado el destrozo económico del país ni mejorado la situación de sus comercios. Al final, el mayor riesgo de estas “monedas” es que es lo mismo que cualquier desequilibrio monetario, pero con el agravante de que no lo respalda ni siquiera estados con décadas de historial de intercambio monetario. No es más que un instrumento político que es aún peor que el ya desastroso gas de la risa monetario y que no tiene ningún tipo de efecto positivo.

Pero esta izquierda de soluciones mágicas, que se abraza al monetarismo inflacionista como si fuera una fan a la cintura de Justin Bieber, que adora la hiperinflación de Allende, el destrozo monetario de Kicillof en Argentina y el asalto devastador al ciudadano de Maduro, intentará decirle que es un sistema que funciona fenomenal y que no hay ningún riesgo, porque “esta vez es diferente”. Les ruego que hagan la prueba de ir un día con un “Colau” a un operador financiero de cualquier lugar y exija que le den un euro. No, mejor aún. Intenten pagar el IBI o los impuestos locales en Colaus, a ver qué le dicen. Y me entenderá.

Uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos ante un entorno global de ralentización es la batería de asaltos a la creación de empleo y riqueza que nos encontramos por parte de quienes ven a las empresas y ciudadanos como cajeros, y los impuestos como cifras eternamente crecientes.

Se repiten mantras que demonizan a las empresas.

A) ¿Las empresas tienen “beneficios récord” pero cada vez pagan menos?

Mentira. Según datos de la propia agencia tributaria, el Resultado Contable Positivo en 2007 era de 218.019 millones de euros. En 2015, tras años de recuperación, se situaba en 209.361 millones de euros.

Mientras tanto, la base imponible consolidada (la parte sujeta a gravamen) se desplomaba de 177.514 millones de euros, por acumulación de pérdidas en la crisis, a 80.591 millones. Menos de la mitad.

Según el Banco de España, el resultado ordinario neto en 2016 ha caído un 5,9% con respecto al primer semestre de 2015. Pero es que, además, las empresas más grandes, las del Ibex muestran una caída de beneficios en el último dato reportado del 12,5% y, lo que es más preocupante, más de la mitad generan rentabilidades inferiores a su coste de capital en España.

Cuatro empresas suponen casi el 40% de los beneficios del Ibex y llevan una caída de beneficios de entre un 31 y un 40%. ¿Forrarse? ¿Beneficios récord?

B) ¿Paraíso fiscal para las empresas? ¿Pagan poco?

La media de rentabilidad sobre el capital empleado de las empresas españolas está por debajo de su coste de capital, un elemento sobre el que incide Moody´s y el propio BCE, y -a pesar de la recuperación- no solo no se han recuperado los beneficios, sino que el número de empresas en pérdidas sigue siendo muy alto y muy relevante.

El número de sociedades con beneficios en 2007 era del 51,9%, pero es que antes de la crisis era del 53%. Muy bajo. El último dato oficial de la Agencia Tributaria lo sitúa en el 44%. Es decir, la mayoría de empresas en España están en pérdidas.

En el sector público, por ejemplo, las empresas estatales dispararon un 80% sus pérdidas en 2015 frente al beneficio de 341 millones que se preveía. Mucho más difícil será que publiquen un beneficio de 171 millones como se estima para 2016, lo cual supondría más que duplicar su desempeño de 2015. Esas ya están perdidas en cuanto a “contribuir al Impuesto de Sociedades”.

¿Y las malvadas grandes empresas que no pagan lo que dicen los politólogos, que sí que saben? En comparación con su base imponible, las grandes empresas pagan un tipo efectivo del 18,7% mientras que las de menor tamaño pagan un 18,6% (lean) . Si se ajusta por las deducciones por doble imposición -en beneficios que ya han tributado en origen- el tipo efectivo es del 22% comparado con el 23% de las pymes.

Incluso si aceptáramos el mantra de los intervencionistas sobre el tipo efectivo, veríamos que, según la Agencia Tributaria el tipo efectivo pagado en el Impuesto de Sociedades en 2015 es de 24,1% casi cuatro puntos por encima del tipo efectivo pagado en 2007, que era del 19,9% . Ese tipo efectivo está hoy, a pesar de la caída de beneficios y de la actividad económica en el periodo 2007-2015, por encima del récord de 2006 (23,3%).

C) Si eliminamos las deducciones ¿subirá la recaudación?

Lo explicamos aquí, pero hay que recordarlo.

Eliminar deducciones no sube la recaudación. Limita la inversión. Sobre todo, eliminar deducciones tiene un objetivo recaudatorio casi inexistente a corto plazo que cercena los ingresos a largo porque ataca a la inversión. Vean por qué:

¿Qué se va a conseguir eliminando deducciones del Impuesto de Sociedades?

Argumentan que se recaudarían 4.500 millones más, un cálculo extra-optimista que asume que nada cambiaría en la inversión y la entrada y creación de empresas. En España, la media de error en el cálculo de ingresos por cambios tributarios es de un 1% del PIB hasta un 1,7%. Casi nada. Para creérselo. Eso sí, de las subvenciones, ni palabra.

¿Por qué se demonizan las deducciones y se calla sobre las subvenciones? Porque las primeras no dan poder al político y las segundas son fuente de favores y prebendas.

Empecemos por las deducciones y subvenciones que no se van a tocar. No van a tocar al sector del automóvil, agrícola, constructor, minero, renovable o industriales subvencionados, cuya tasa efectiva es hasta 10 puntos más baja que la media y en muchos casos, inexistente. Y, por supuesto, no van a tocar a los bancos, ya que eliminar los DTAs (deducciones fiscales por pérdidas anteriores) supondría su quiebra en cadena, ya que cercenaría su capital (los DTAs computan como tal). Con ello el espejismo de los 4.500 millones de supuestos ingresos, desaparece. Pero la evidencia de los casi 10.000 millones de subvenciones permanece.

¿Qué deducciones hay que pretendan eliminar?

Deducción por I+D+i, que permite desgravar el 17% de los gastos del personal investigador y un 8% de las inversiones realizadas menos la compra de inmuebles.Deducción por inversión de beneficios en nuevo equipamiento e inmovilizado, que permite deducir entre el 5% y el 10% de la cuota íntegra.

Deducción por gastos de formación profesional, o por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, que son mínimas.

Deducciones por creación de empleo indefinido.

Es decir, cargarse la inversión en investigación y la mejora de la calidad del empleo.Incluso si asumiéramos que las grandes empresas pasasen a una tasa efectiva igual a la de las pymes, el efecto recaudatorio no llegaría, en el mejor de los casos, a una cuarta parte de lo que prometen.

D) ¿No hay riesgo de fuga de empresas?

Que las grandes empresas en España tengan casi el 56% de sus beneficios fuera del país es una bendición. Si eso no llega a ocurrir, hoy estarían en quiebra la mayoría, tras la crisis. El que piense que se soluciona creando otra megaburbuja interna no sabe sumar. El mercado interno, con un 25% de sobrecapacidad, no suple al resto del mundo. Es de Perogrullo.

El cortoplacismo fiscal tiene un impacto inmediato en menor inversión y menos empresas, menos empleo y limitar el cambio del patrón de crecimiento. Se sostiene a los sectores rentistas y subvencionados y se penaliza a los de alta productividad.Si EEUU baja el Impuesto de Sociedades al 15%, los países líderes tienen una tasa efectiva del 10% al 20%… Lo único que vamos a conseguir es destruir las bases imponibles de nuevo. En Corea del Sur, país que muchos intervencionistas utilizan -para lo que les da la gana- como ejemplo, la tasa efectiva para inversión extranjera llega a un mínimo del 2%.

Si encima se plantean medidas como elevar al tipo local la tributación de inversiones en el extranjero, sería devastador. Cobrarle en España a una empresa multinacional la diferencia entre lo que tributa en el país donde invierte y la tasa de nuestro país es garantía de que dichas inversiones y empresas huyan.

Imagínese que usted invierte en Reino Unido, paga impuestos efectivos del 15-16% y el fisco español se apropia de la diferencia hasta el 25% porque usted es una empresa española con sede en España. Vamos, porque sí. ¿Qué hace usted? Las maletas.

Cómo subir la recaudación del Impuesto de Sociedades sin hundir el país

España necesita una revolución fiscal, pero es la contraria a la que nos intentan hacer digerir algunos. Para aumentar la recaudación del impuesto de Sociedades lo que hay que hacer es:

a) Restaurar las bases imponibles atrayendo más empresas e inversiones de alto valor añadido. Bajando impuestos, un tipo único y bajo, que permita que la transición a gran empresa de las pymes se acelere y que se atraiga capital, financiándolo parcialmente recortando subvenciones a sectores improductivos y obsoletos. Sosteniendo sectores rentistas ni aumentan las bases imponibles ni se cambia el patrón de crecimiento, ni se recauda. Es decir, aumentar las bases imponibles con impuestos bajos pensando en la recaudación de futuro, no subiéndolos para rascar de lo poco que queda.

b) Muchas más grandes empresas. El 50% de la recaudación del Impuesto de Sociedades viene del 1% de las empresas. Demonizar a las grandes empresas es ideológico, no lógico. Se necesitan muchas más grandes empresas y debemos atraerlas con una fiscalidad competitiva. Porque tenemos muy pocas grandes empresas (España tiene más microempresas sobre el total que la media de la UE y la OCDE y menos grandes empresas).

Parte del problema del Impuesto de Sociedades es esa concentración de recaudación en un número muy bajo de multinacionales, y estas pertenecen a sectores maduros, de bajo crecimiento y baja rentabilidad sobre el capital empleado. Hay muchas cosas positivas en los conglomerados de telecomunicaciones, constructores y energéticos, pero no son sectores de crecimiento de beneficios orgánicos. Orgánico, no nominal. Por Dios, no me metan como “crecimiento de beneficios” adquisiciones endeudadas y deficitarias que cercenan las bases imponibles. Ni de alta rentabilidad. Por lo tanto, los ciclos afectan de manera muy importante a su capacidad de pago de impuestos.

c) Pensar en la capacidad recaudatoria comparada con el perjuicio. Proponer cambios normativos que tienen un impacto recaudatorio inexistente -o cosmético, como adelantar pagos adelantados- y sin embargo tienen un efecto negativo en empleo y consumo, es contraproducente. Decir que la bajada de impuestos “ha costado 8.000 millones” es no tener ni idea de incidencia económica de primero de carrera. Gracias a esas bajadas de impuestos de 2015, el consumo, la creación de empleo y la actividad económica llevaron a aumentar la recaudación fiscal total más que el crecimiento del PIB nominal por primera vez en años. Las pymes son el motor del crecimiento, empleo y valor añadido y sufren un “tsunami fiscal y burocrático” en cuanto facturan más de unos 3 millones de euros.

d) Luchar contra el fraude es muy necesario. Contar con cifras estimadas claramente infladas sobre ingresos futuros para financiar gastos ciertos y evidentes de hoy es, como mínimo, imprudente. Las estimaciones de fraude fiscal suelen utilizarse más como excusa para gastar más que como incentivo para aflorar bases imponibles. Además, es un engaño, ya que no se recaudaría ni de lejos la cifra necesaria para atajar el desequilibrio de las cuentas, sólo se conseguiría un efecto mínimo de una sola vez, y no soluciona el déficit estructural. Y no olvidemos que la inmensa mayoría de esas estimaciones no calculan fraude ilegal, sino ingresos “deseados” por mayores impuestos.

En definitiva, el problema de España no es subir el Impuesto de Sociedades ni mucho menos eliminar deducciones, sino los beneficios y el tejido empresarial. Un país de empresas muy pequeñas, muy cíclicas y con debilidades estructurales ya evidentes en la época de bonanza. Hay que atraer muchas más empresas, mucho más grandes y crear mayor empleo. Que el porcentaje de pymes y microempresas no sea tan elevado y que puedan crecer y aumentar las bases imponibles, además de alojar en nuestro país a otras grandes multinacionales. Cualquier otra medida fracasará y estaremos hablando de lo mismo en seis años.

Por supuesto, todos aquellos que afirman que las empresas en España se forran, contratan mal y pagan pocos impuestos, están invitados cordialmente a emprender y disfrutar de la experiencia.