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Acerca de Daniel Lacalle

Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es Doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Es colaborador frecuente en medios como CNBC, Hedgeye, Wall Street Journal, El Español, A3 Media and 13TV. Tiene un certificado internacional de analista de inversiones CIIA y un máster en Investigación económica y el IESE.

A vueltas con los ingresos, ¿sufrirán los autónomos?

“I feel like slipping away” Dave Edmunds.

Si analizamos algunas de las noticias de la semana, nos sorprenderán al menos dos.

La primera es que algunos titulares vaticinan un desplome de los ingresos fiscales por Impuesto de Sociedades hasta menos de la mitad de los 25.000 millones de euros estimados para 2016. La culpa, “de Hacienda”. ¿O no?

Pues no es culpa de Hacienda. Los  beneficios empresariales han caído con respecto a 2015, como muestra el Banco de España y la cifra de disminución de 5,9% observada en el último dato oficial de resultado ordinario neto, se añade el dato de que las grandes empresas del Ibex han publicado una caída de beneficios del 12,5%. Las cuatro empresas que suponen casi el 40% de los beneficios del selectivo publicaron desplomes de beneficios de entre un 31 y un 40%. Ninguno de esos efectos se hubiera solventado (en términos recaudatorios) subiendo impuestos. Ya comentamos la semana pasada el enorme error de eliminar deducciones.

A pesar de todo ello, el propio Banco de España muestra un cálculo de “impuesto sobre beneficios” que crece con respecto a 2015, ligeramente. ¿Por qué? Estos datos del BdE caen fundamentalmente por un sector, el refino, mostrando expansión en otros sectores industriales.

Desde el punto de vista de ingresos en Impuesto de Sociedades, olvidamos que la mayor parte de la recaudación se produce en el cuarto trimestre, por razones obvias. En dicho trimestre se recauda casi el doble que en el tercer trimestre.

Antes de hablar de fracaso de Hacienda, hablemos de estacionalidad. En 2015 entre agosto y diciembre se liquidaron 17.700 millones de euros, el 84% de la recaudación total del año. El 62% de la recaudación de Impuesto de Sociedades de 2015, por ejemplo, se generó en octubre y diciembre. El resto de impuestos, IVA, IRPF, etc… tienen un comportamiento, lógicamente, menos dispar mes a mes. Es muy probable que se dé la misma evolución en 2016.

Pero podemos llegar a dos conclusiones. Tenemos pocas grandes empresas y muy cíclicas. Y si solo pensamos en términos recaudatorios, y no en atraer capital y aumentar el número y estabilidad de las grandes empresas, nos pasaremos la vida echándole la culpa de todo al ministro de turno.

MÁS GASTO… ¿SOCIAL?

En España seguimos con una mentalidad de Sheriff de Nottingham de Disney, ese que iba por el pueblo derruido paseando buscando rascar la última moneda escondida en la escayola del cojo.

Las exigencias que llegan a los medios sobre pactos de investidura suponen gastos de 6.300 millones de euros. Hablan de Complemento Salarial Garantizado, un mínimo de 2.800 millones -a mí me salen 3.000-. Una medida que, en un país de pymes y con alta economía sumergida, puede suponer trasladar al contribuyente los problemas de competitividad de los sectores de bajo valor añadido. Perpetúa los sectores de baja productividad vía subvención de salarios y el coste lo paga usted en más impuestos. Por no hablar de los más que obvios riesgos de que incite al fraude (empresario y trabajador acuerdan un sueldo inferior, y el resto lo paga usted, sufrido contribuyente). Y, eso seguro, tenemos perpetuados los sectores rentistas y de baja productividad hasta el siglo XXIII.

6.300 millones de euros se pueden sufragar reduciendo duplicidades, cercanas a 30.000 millones anuales, pero el problema en España no es compensar, sino acabar con los conceptos de gasto que perpetúan el clientelismo.

En EEUU, donde funciona un sistema parecido llamado EITC, Earned Income Tax Credit, es un crédito fiscal a la renta del trabajo y no un pago finalista (no es una subvención). Pero en EEUU, igual que lo haría en España, aunque no es un desincentivo al trabajo, sí se convierte en un incentivo para perpetuar sectores de muy bajo valor añadido y, con ello, no se cambia el patrón de crecimiento. Sorprende que, por un lado, se quieran eliminar las deducciones fiscales a las empresas en el Impuesto de Sociedades, que incluye la de creación de empleo fijo, y a la vez se quiera implementar un complemento salarial. O es vía subvención final, y entonces es un desincentivo al trabajo y acumula los riesgos que mencionábamos, o es un crédito fiscal que contrasta con la negativa a bajar el IRPF, por ejemplo.

“El chocolomo”, lo llamaban en un debate de la Comunidad de Madrid. Exigir gastar más, eliminar deducciones, pero dar subvenciones, no bajar impuestos, no subirlos y a la vez cumplir el déficit. Chocolate con lomo. Un lío.

LOS AUTÓNOMOS, ¿LOS GRANDES PERDEDORES?

Si es vd autónomo, muchos temen que nos va a tocar la papeleta de pagar la fiesta “social”.

En España, señores, los autónomos son, como negocio, el sector peor tratado en términos fiscales de los colectivos empresariales. Es un colectivo que paga por el privilegio de producir y crear riqueza mucho antes de generar un solo euro de ingresos, que sufre de mayores dificultades para cobrar, menos beneficios y peor jubilación.

Como explica, ATA, en España el autónomo “elige” cotizar entre una base mínima 884,4 euros y una máxima de 3.606 euros al mes. Si se escoge la mínima, un autónomo persona física paga 264 euros y en el caso de autónomos societarios 315 euros.

El 86,3% de los autónomos persona física cotiza por la base mínima. Cuando hablan de “adecuar” la cuota de autónomos a los “ingresos”, de lo que se está hablando, simple y llanamente, es de que se van a subir las cuotas a casi el 70% de los mismos, que son los que declaran un salario superior al mínimo interprofesional. En España, según ATA, hay 450 mil autónomos con unos rendimientos netos inferiores a 8 mil euros anuales y 700 mil con unos rendimientos netos superiores a 30 mil euros al año. Las “medidas” mal llamadas “progresivas” de algunos partidos suponen aumentar las cuotas a esos 700.000, sin contraprestación en facilidades fiscales, deducciones o mejora alguna. Progresivo es crear empleo, no torpedearlo. Un auténtico impuesto por crear riqueza. Los autónomos pagan todos los demás impuestos, igual que todos, pero su negocio es mucho, más frágil y volátil, y sujeto a travesías por el desierto para cobrar.

Uno de cada dos autónomos cobra sus facturas a más de 90 días, sin embargo, la losa de costes fijos es mensual y liquidaciones trimestrales. Adecuar a un pago trimestral de cotizaciones y semestral o anual de impuestos, como ocurre en los países líderes, sería esencial, además de que las altas y bajas sean prorrateadas al día en que se generan (no un canon fijo por mes) y que se pueda cambiar de base de cotización cuatro veces en vez de dos al año. Si no se adecúa la fiscalidad a los riesgos de la actividad, se convierte en un impedimento y un grillete más en el tobillo.

Los autónomos ya se jubilan más tarde, cobran menos pensión y cotizan más, comparado con la prestación, que los del régimen general. Si quieren ser realmente progresivos, que se adecúe al riesgo y volatilidad del negocio, como hace precisamente Reino Unido o Portugal. No un canon por producir. Si quieren, como propone el colectivo, una revisión progresiva a cuatro años a medida que se mejoran las condiciones y más salen de sus dificultades actuales. Eliminar la tarifa plana y subir cuotas sin solucionar las graves carencias del colectivo a la hora de crecer y contratar, es torpedear la creación de empleo y el cambio del patrón de crecimiento en aras de objetivos recaudatorios de hoja de Excel que luego ni se cumplen ni mejoran el mercado laboral.

Recaudar las migajas que queden del expolio, sin solucionar las graves dificultades que tiene este colectivo a la hora de cobrar, de crecer, sin atacar la burocracia y sin poner las bases para que muchos más tengan mayores ingresos y, si lo desean, cotizar más. Se tiene que tener en cuenta si el autónomo genera beneficios, si son recurrentes y si lo puede soportar. Eso no lo decide un comité.

Recordemos que España ha conseguido mejorar de manera muy importante la situación de los autónomos, reducir la losa de costes fijos y mejorar empleo con la tarifa plana y otras bonificaciones. Eliminarla es suicida. Se debería ampliar dicha tarifa plana a un año al menos y extenderla a autónomos societarios.

Una economía que parte de la base de que ellos gastan poco y usted gana mucho siempre fracasa. No caigamos en el error de pensar que eso es “social”.

La mejor política social es crear empleo y atraer empresas, no poner más palos en las ruedas de lo que ya es una actividad muy complicada -crear riqueza y empleo- ni repartir “gasto” de la nada ni, mucho menos, atacar al colectivo más desprotegido de todos los productivos.

Los autónomos son un objetivo “fácil” para los intervencionistas porque ni les gustan, ya que se escapan de su modelo de Gran Hermano, ni generan favores. Pero los partidos serios, que creen en mejorar el país, deben saber que, si no se ponen como prioridad evitar el expolio a empresas y subir impuestos a autónomos, la sangría de votos va a ser de órdago.

Pensemos en aumentar el número de grandes empresas y no nos alarmaremos porque el refino recauda menos.

Pensemos en tener muchos más autónomos que ganen más y mejor, y no nos preocuparemos por la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Pensemos en una economía que avance en valor añadido desde la iniciativa empresarial, no que perpetúe los desequilibrios.

Estoy seguro de que tanto Ciudadanos como el Partido Popular y el PSOE lo entenderán. No existe estado de bienestar ni sector público sin ingresos de un sector privado potente. No empecemos la casa por el tejado.

Mentiras y medias verdades sobre el sistema de pensiones chileno

Si vd lee la prensa hoy en día parecería que hay un colapso del «sistema de pensiones privado»… Y es una falacia.

El modelo chileno tiene problemas porque las aportaciones son muy bajas (10% vs 37,4% de España), no porque sea privado o público. Lean el excelente artículo de John Muller aquí.

El principal y más repetido cuestionamiento de la Fundación Sol es que las pensiones chilenas son muy bajas. Afirman que más de un 90% de las pensiones pagadas por los fondos de pensiones no alcanzan los 147.000 pesos chilenos (202 euros al cambio) apenas dos tercios del ingreso mensual mínimo en Chile que es de 225.000 pesos (310 euros). Lo que no revelan los autores del estudio es cuántos años de cotización acreditan los que reciben esas cantidades y sobre qué base salarial se calculan, elementos esenciales para juzgar lo que tenemos delante.

Todo el mundo tiende a pensar que el césped del vecino es más verde, pero en este caso las comparaciones entre distintos sistemas (capitalización y reparto) no terminan de aclarar las cosas. La pensión media en Chile representa un porcentaje mayor en términos de PIB que la pensión media española. En Chile, según el órgano regulador de los fondos de pensiones, la jubilación media es de 207.382 pesos (285,7 euros). En España, con un sistema de reparto ya muy consolidado, es de 1.043,48 euros, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero la economía de Chile es casi la quinta parte (19,8%) de la de España (un PIB de 214.560 millones de euros frente a 1.081.191 millones). Para que la pensión chilena representara lo mismo que la española en términos de riqueza nacional debería ser de 208,6 euros o unos 151.235 pesos.

Las pensiones chilenas son bajas porque los chilenos están obligados a ahorrar poco: un 10% de su sueldo frente al 37,38% de un trabajador español
Pero esta es una comparación muy gruesa porque la naturaleza de las economías como la de los sistemas de pensiones son radicalmente distintas. La verdad es que las pensiones chilenas son bajas porque los más de 10 millones de chilenos afiliados al sistema -de los que 5 millones actualmente cotizan-, ahorran mucho menos que los españoles para su jubilación.

El sistema de capitalización puede ser más eficiente, pero magia no hace. La cotización que marca la ley chilena y que el empresario debe ingresar en una cuenta a nombre del trabajador ha sido del 10% de su salario desde que se creó el sistema. Por su parte, la Seguridad Social española detrae un 37,38% de la renta generada por cada trabajador en forma de cotizaciones (un 23,6% en términos reales debido a exenciones y ayudas a los empleadores). E incluso así, el modelo español presenta un déficit importante después de liquidar sus compromisos.

La única área donde un sistema de pensiones de reparto frente a uno de capitalización presenta ventajas es en la política: con el primero es más fácil aplazar los problemas y centrifugar el riesgo moral obligando a unos a que paguen por las malas decisiones de otros. Pero, incluso así, si se cotiza poco, se cobra poco. ¿Imaginan cuál sería la pensión media en España si la cotización a la Seguridad Social bajara al 10%? Bajísima.

Los partidarios de imponer un sistema de reparto en Chile ni siquiera han evaluado el impacto sobre la actividad y el empleo
Lo que sí es seguro es que en España habría mucho más empleo porque las cotizaciones sociales constituyen el primer coste laboral no salarial de España y es un elemento de fuerte disuasión para crear empleo. Ese obstáculo no existe hoy en la economía chilena, porque la cotización no es un impuesto al empleo sino parte de la renta del trabajador. Pero a los partidarios de crear un sistema de reparto no parece importarles.

La llamada ‘cuña fiscal’, el efecto de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre la renta, que es una medida de la presión fiscal sobre el trabajo, es bajísima en Chile mientras que en España es la decimotercera más alta de la OCDE. Los políticos chilenos, en vez de considerar esto una favorable singularidad, quieren acercarse al promedio de la OCDE para poder financiar sus propios planes.

Es además falso que la rentabilidad o el papel del estado sean malos. Lean (aquí):

Se dice en Chile que el promedio de las pensiones que proveen las AFP es de alrededor de 340 dólares, lo cual no es mejor que el sistema de reparto. Pero como ha mostrado el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), eso es comparar peras con manzanas. Para calcular la cifra de las AFP se toma en cuenta a todos los afiliados, incluso si solo han cotizado una sola vez en sus vidas. El cálculo correspondiente al sistema público, sin embargo, solo toma en cuenta las pensiones de quienes han cotizado un mínimo de 10 a 15 años, cosa que deja de lado a la mitad de los cotizantes. Además, la pensión bajo el sistema privado se obtiene con un 10% de cotización, mientras que en el público es del 20%. Al corregir estas distorsiones, se encuentra que las AFP otorgan pensiones con un valor tres veces superior a las del sistema de reparto.

Para evaluar el sistema privado se tiene que tomar en cuenta su desempeño respecto a quienes han cotizado de manera regular. Según datos de la AFP Habitat, la pensión promedio de quienes han cotizado más de 30 años es de casi 1.000 dólares para los hombres y más de 500 para las mujeres. Y si bien existe demasiada informalidad y precariedad en la obtención del trabajo —por lo que muchos chilenos no llegan a cotizar con mayor frecuencia— es un problema que afecta a cualquier sistema de pensiones, sea público o privado, y que solo se resuelve con reformas laborales.

Tampoco es verdad que el Estado no tenga ningún papel en las jubilaciones, o que las AFP roben a sus clientes. Como nos recuerda LyD, desde el principio el Estado ha aportado una pensión a quienes no hayan podido ahorrar un monto mínimo. Y las comisiones que cobran las AFP equivalen al 0,6% de los fondos administrados, por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Siempre se puede mejorar el sistema de las AFP, pero la realidad es que ha sido extremadamente exitoso. Las cuentas privadas han producido durante 35 años una rentabilidad promedio del 8% anual, y la jubilación ya no representa un fardo para el fisco. Los ahorros previsionales han alcanzado los 168.000 millones de dólares, alrededor del 70% del PBI, lo cual ha impulsado el alto crecimiento económico y la inversión doméstica, convirtiendo a Chile en un país casi desarrollado.

En Suecia, y muchos países nórdicos, el sistema de capitalización funciona perfectamente, como explicaba aquí.

En Suecia el Estado da una pensión mínima garantizada. A ese mínimo, equivalente a las pensiones no contributivas -y que solo se percibe si no se tienen otros ingresos-, se suma un sistema de capitalización personal en el que la empresa pone un 10% y el trabajador un 7% de su salario bruto en un plan individual de gestión estatal, y dicho plan se complementa con un 2,5% que se invierte en fondos, privados o públicos. Los que tildan el sistema de capitalización de “privatización” de las pensiones, mienten.

Para implementar este sistema se estableció en 2001 un periodo de transición por el cual los trabajadores nacidos antes de una fecha permanecían en el sistema antiguo y el resto pasaban al nuevo sistema. Dadas las diferencias demográficas y de desempleo, en España se podría utilizar parte del Fondo de Reserva y reducir los impuestos al trabajo para aumentar el empleo y reducir los desequilibrios. Un sistema sostenible, justo y a la vez que garantiza una pensión a todos.

 

El modelo de Irlanda para salir de la crisis: Bajos impuestos y atraer capital

Cuando les digan que «la Troika exige» subir impuestos, recuerden una palabra, Irlanda.

El país fue rescatado con una ayuda de 85.000 millones de euros tras el pinchazo de su burbuja inmobiliaria (los precios de la vivienda se multiplicaron por cuatro entre 1990 y 2000). Aunque fue rescatado, el gobierno, junto con la oposición, puso como pilares centrales de su política ajustar el gasto, no subir impuestos y mantener como centro de su labor de gobierno atraer capital y empresas.

NADA de lo que se dice en los medios que «exige» la Troika a Portugal o Grecia se llevó a cabo en Irlanda, porque es mentira que la Troika «exija», solo recomienda, y es una decisión de los gobiernos si quieren ajustar vía liberalización o vía represión fiscal. Los que han tomado la segunda opción siguen en estancamiento, mientras Irlanda crece y crea empleo.

El déficit público ha pasado desde el 32% del PIB de 2010 a cerca de superávit actual.

La deuda pública ha caído del 105% del PIB al 79%

La competitividad laboral ha mejorado un 20%.

Las exportaciones se han disparado (un 40% en 2015)

La economía (ajustando por exportaciones) crece al 5%.

El paro ha caído del 15% a menos del 7%

Se encuentra en el séptimo puesto del Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation.

¿Recortes? Muy limitados. El recorte del gasto público entre 2008 (el anterior a la intervención) y 2013 fue de unos de 3.100 millones de euros, alrededor de un 2% del PIB. El número de funcionarios públicos en Irlanda no ha bajado.

Lo que han hecho es poner como prioridad atraer más empresas y crear riqueza, no unicornios.

La política de bajos impuestos y atraer capital funciona.

La de sostener el gasto improductivo, aumentar el déficit y perpetuar desequilibrios, no.

Ireland deficit Ireland unemployment

 

gráficos cortesía @_perpe_, Natixis, FT, Reuters