Ayer en un debate, Luis Garicano le dijo a Nacho Álvarez, de Unidos Podemos, que “el modelo productivo se cambia invirtiendo en educación, no poniendo molinos”. Y no le falta razón. El programa de Unidos Quebremos promete una arcadia feliz de empleo y transición “verde” que “bajará la luz en 700 euros”. Bueno, no muy verde, porque mantiene las subvenciones al carbón, que es que les gusta más una subvención que un lápiz, siempre que vaya a sindicatos filocomunistas.

¿Cuál es el problema? Unidos Podemos propone hacer “lo que se ha hecho en Alemania”, que ha generado los siguientes resultados:

El consumidor alemán, con una política de cierre progresivo de nucleares y despliegue subvencionado de solares, paga ahora un 25% más que en España. Su sistema se ha encarecido hasta duplicar la tarifa al consumidor. Además, no han desmantelado en carbón, que pesa el 42% (incluido lignito) en el mix del país. De hecho, en Alemania se ha duplicado la tarifa al consumidor subvencionando plantas solares que suponen el 6% del mix de generación. En Alemania, la eólica ha conseguido ser competitiva, pero la solar fotovoltaica, sin embargo, supone menos del 4% de la energía producida y, sin embargo, los subsidios suponen el 90% de la subida de tarifa.

El impacto en el empleo ha sido…. Negativo. La quiebra de empresas solares como Q-Cells, Solar Millenium o Pairan, a pesar de las subvenciones multimillonarias, adicional a la pérdida de empleo en las grandes eléctricas, ha hecho que la creación neta de empleo en el sector haya sido negativa desde 2011.

EL CUENTO DE LO GRATUITO ES MUY CARO

Lo explicábamos hace poco y lo detallamos en “La Madre de Todas las Batallas” (Deusto). Con una planificación de burbuja y subvenciones disparadas, entre 2004 y 2011, España pasaba de tener un coste medio de la electricidad antes de impuestos dentro de la media europea, a tener un coste medio un 20,5% superior a la media (fuente CNE). Sin embargo, la media de costes de generación -precio del pool– no se movió de la media europea.

¿Qué ocurrió? Empezamos a cargar la tarifa de costes fijos y subvenciones. Hoy, más del 60% de la tarifa eléctrica son impuestos, costes regulados y subvenciones. Podemos anuncia un idílico escenario verde, donde toda la electricidad sería producida por energías renovables -menos el carbón subvencionado, ese lo mantienen “a medio plazo”- y se habrían cerrado las centrales nucleares y las térmicas.

Se trata de un sueño irreal que esconde otro Plan E a lo bestia que paga usted. Las renovables no son baratas; y a pesar de la caída de costes, siguen siendo más caras que las llamadas tecnologías convencionales (gas, que ha bajado más, o nucleares). Para poder financiar las renovables es necesario liberar primas como complemento por encima del mercado mayorista. Actualmente las energías renovables reciben unas primas que suponen unos 6.700 millones de euros anuales, que supone del orden del 20% de la factura de un consumidor residencial. El esfuerzo verde cuesta dinero y lo paga el consumidor eléctrico.

A futuro está previsto que este coste de las renovables se vaya reduciendo, lo que permitirá avanzar en un mix más limpio. Sin embargo, hay que ser realista, no nos podemos creer que la generación eólica produzca electricidad suficiente para abastecer todo el país, ya que habría que multiplicar por cinco el número de parques existentes en la actualidad. Lo mismo sucedería con la solar que actualmente solo produce el 4% de la energía que necesita el país, y que tendría que multiplicarse por 25 veces.

Podemos ha anunciado la reversión al Estado de las centrales hidráulicas, que supondrá miles de millones de indemnizaciones que paga usted en impuestos.
Además, en caso de que consiguiéramos esa proeza ladrillera -que al fin y al cabo eso es, repetir los errores de 2007 y los planes E lo bestia promoviendo sectores rentistas-, hay que tener en cuenta que son los consumidores los que eligen el momento de consumir la electricidad y este momento no va a coincidir con el momento cuando hay viento o sol. Por eso, es necesario que haya centrales de respaldo (ciclos combinados de gas natural) siempre disponibles. Estas centrales de respaldo funcionan pocas horas, y también reciben un complemento económico fijo de apoyo para su funcionamiento. Más costes fijos.

Resulta curioso que en el mismo momento en que Unidos Quebremos, los “nórdicos” de boquilla, quieren cerrar las centrales nucleares, en Suecia -los nórdicos de verdad- se haya aprobado la construcción de diez nuevos reactores y en su Parlamento una Ley de apoyo a la energía nuclear como no emisora de gases a la atmósfera, eliminando la tasa nuclear.

Podemos ha anunciado la reversión al Estado de las centrales hidráulicas -que supondrá miles de millones de indemnizaciones que paga usted en impuestos-, trocear las empresas eléctricas y que los sistemas de producción queden en manos de ayuntamientos, y entidades públicas. Curiosamente, en Italia, donde las municipalidades y entidades públicas gestionan la mayoría del sector eléctrico, los precios de la energía son de los más altos de Europa, y, casualmente en Grecia, la empresa estatal de electricidad es la más ineficiente y de las más caras de Europa. Pero seguro que los politólogos nacionales, asesorados por señores que viven de subvenciones, van a hacerlo mejor.

Otro de los lemas que se incluyen en la campaña es de la “democratización de la energía”, término que parece asociarse al del autoconsumo, dando así una falsa idea de que cada ciudadano va a poder instalarse un panel fotovoltaico en su casa y así, la sociedad va a ser más democrática. Sin embargo, la realidad es que la fotovoltaica no es barata. Para una familia media, puede suponer del orden de 8.000-10.000 Euros, instalación incluida, y la necesidad de disponer de un tejado con superficie libre.

Además, el autoconsumo sigue teniendo un coste más caro (sobre 120 €/MWh) que la generación tradicional (sobre 40 €/MWh). Así lo están percibiendo ya los países con más desarrollo de esta opción, como algunos estados concretos de Estados Unidos, como California. Porque se daba un encarecimiento para el resto de los consumidores (los más pobres), que deben hacer frente a los costes que no pagan los autoconsumidores (los más ricos), por no soportar el coste de las redes eléctricas y costes del sistema eléctrico.

El autoconsumo ha de ser un derecho del consumidor, sin duda, pero si permanece conectado a las redes eléctricas ha de pagar una cuota de conexión, o estaría trasladando costes a su vecino sin panel.

En cuanto al llamado balance neto, que consiste en usar verter energía que sobra del panel por la mañana, cuando hay sol, y recibir esa misma energía por la noche, cuando no hay sol, es sencillamente un subsidio -de nuevo-, ya que la energía no cuesta lo mismo en esos dos momentos; es más cara en las horas de más consumo, de noche. De nuevo la historia de todos pagando subsidios a unos pocos, lo cual es muy poco democrático. La verdadera democracia la otorgan las redes eléctricas, que nos hacen a todos los consumidores iguales, y cuyo coste se soporta entre todos.

Podemos propone un mínimo vital de electricidad y gas para los hogares. Es decir que cada familia reciba una cantidad de energía gratuita. La medida parece atractiva. Nadie es este país renunciaría a nada gratis. Pero no es gratis y supone que el coste se añade al euro por kwh por consumidor del resto utilizado, o peor todavía, en mayores impuestos si lo ponen como gasto público.

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¿CUÁNTO SUBIRÍA LA LUZ EN ESPAÑA?

Muy lejos de la “promesa” de bajada de 700 euros -que viene fundamentalmente por la mayor intervención en el sector energético, cercenando los ingresos de las empresas en una cifra que es equivalente al 30% de sus beneficios en España-, enormes subidas. Con el cierre de nucleares y de todo el carbón en España, sustituyendo la potencia desmantelada por renovables (sol y viento) y con el consiguiente aumento de gasto en redes, la factura actual del consumidor residencial español subiría un 40%. La propia CNE ha alertado de ello, y el ejemplo alemán nos muestra que la promesa de bajadas (allí también lo prometieron) se convierte en enormes subidas. Eso sin asumir la caída de consumo que ya trae la eficiencia y que generaría la brutal subida de tarifas. Porque el euro por kwh por consumidor aumenta.

Unidos Podemos colocaría, así, la factura de la luz un 80% por encima de Francia. El consumidor residencial paga en Francia un 30% menos que en España gracias a que el 83% del mix energético proviene de los más de 50 reactores nucleares. Y en Francia y Alemania, con dos empresas cada uno controlando la mayoría del mercado, hay mucha menor competencia que en España. Este efecto además crea nichos de clientes vulnerables, y deslocaliza empresas, que dejan de crear empleo. Además, un país tan volcado en el turismo vería como sus PYMES (hoteles, restaurantes, etc) pasan a soportar una presión en energía aún más insoportable.

En España la luz tiene que bajar, no subir, y cambiar el modelo productivo desde la innovación y la competitividad, no desde la subvención y el rentismo.

Pocas veces en la vida he visto un debate económico más pobre. Al principio, La Sexta nos enseñó imágenes de otros eventos similares en Francia o Reino Unido. Yo he tenido la suerte de ver muchos de los que se mostraron y lo primero que pensé fue “en ninguno de ellos los programas económicos se basaban en estimaciones mágicas de ingresos y subidas masivas de impuestos”.

Una pena no haber podido escuchar a Luis Garicano en un entorno donde se encontrase más a gusto. Perdió mucho por encontrarse nervioso y centrar sus mensajes en temas no explícitamente económicos. A Ciudadanos les pierde su obsesión con eliminar las deducciones fiscales y diputaciones, sin adentrarse en qué se haría con los trabajadores de las mismas y, sobre todo, la vertebración territorial y apoyo a los pequeños pueblos. Pensar que eliminar las deducciones fiscales no tiene un efecto importante en la inversión es complicado. Faltó convicción y aplomo a la hora de explicar el contrato único para romper la dualidad temporal, pero sí estuvo claro a la hora de dejar claro que el mal llamado impuesto de solidaridad del PSOE no soluciona el problema de las pensiones. Confiar en un sistema sostenible a largo plazo con mayor crecimiento económico es lo lógico.

Alberto Garzón fue simplemente impresentable. Se inventó datos (crecimiento de España en 2013 y 14, por ejemplo) y puso como ejemplo a países y regiones que han hecho lo contrario a lo que él exige. “Queremos ser como Alemania donde trabajan menos y ganan más”. Se olvidó de la década de austeridad, de los minijobs, del modelo exportador en contra del cuento de estimular la demanda interna, de la flexibilidad laboral y del apoyo a la iniciativa privada, pero aún más de la rigidez presupuestaria, déficit cero a nivel estatal y regional. En eso no, no quiere ser “Alemania”.

Curiosamente, otro modelo que mencionó, el País Vasco, no puede estar más alejado de su arcadia feliz comunista de Unidos Quebremos y sus entelequias de ingresos fiscales de ciencia ficción por impuestos a “los ricos”.

El País Vasco es lo contrario a lo que él promueve. Una región que llevó a cabo una enorme reconversión industrial, cerrando centenares de empresas subvencionadas obsoletas, y ha cambiado su patrón de crecimiento desde una fiscalidad baja y apoyo a la iniciativa privada. Pero Garzón promete las mismas políticas que Syriza ofrecía en Grecia, y tendría el mismo resultado. En el año que llevan gobernando Unidos Quebremos, su modelo es más impuestos, menos crecimiento, más déficit y fuga de empresas.

Un modelo basado en la inversión pública que es en realidad otro Plan E a lo bestia pero llamándolo “verde”, volver a los elefantes blancos y la manida banca pública. Total, rescatar a las cajas públicas solo nos ha costado 63.000 millones… Repetir (lean los mitos de la banca pública).

Que Garzón hable de miles de millones de gasto y relajación en la consolidación presupuestaria cuando han votado (IU, Podemos, Bildu, el Frente Nacional y otros) en Estrasburgo en enero de 2016 a favor de salir del euro es una broma de mal gusto. Présteme más, verá qué risa cuando no le pague.

Primera medida a tomar: plan de emergencia social, paralizar todos los desahucios. Divertido, en Madrid, su coalición lleva ya 1.060 desahucios en 2016 y tiene a 443 familias sin casa por una decisión ideológica… Y la emergencia social en Barcelona es pagarle conferencias a Varoufakis.

Pero ya es para morirse de risa oírle decir que las pensiones deben indexarse al IPC,… no sabía el dato del IPC, que es negativo y hubiera hecho que las pensiones se rebajaran un 1% este año.

Por supuesto, la falacia de la caída del gasto social -que se ha mantenido intacto- la desigualdad y el rescate a “los bancos”, cuando lo que se ayudó fue a las cajas, volvieron.

Jordi Sevilla es una de las personas mejor preparadas de nuestro país y en el debate y trabaja en una de las empresas que mejor ha demostrado el impacto depresor y negativo de la fiscalidad conficatoria. Se le notaba que no se cree mucho su propio programa (la podemización del PSOE). Le tocaría exigir derogar la reforma laboral que ellos implementaron en 2010 y hablar de datos de temporalidad y precariedad que se daban en igual medida, o superiores, en 2007 con su gobierno. Decir que el déficit en su gobierno era por la crisis y ahora por mala gestión es cuando menos un mal subterfugio para un gran profesional. Recordemos que dejaron un déficit oculto de 30.000 millones y facturas impagadas por más de 45.000 millones y un rescate a cajas (63.000) y comunidades autónomas (40.000) que se podrían haber evitado.

Subir impuestos a mansalva es la fórmula del desastre. Pero esa famosa imposición “ecológica” y subida de indirectos la pagará todo el mundo, de ricos nada. Subir los tipos mínimos de impuesto de sociedades al 15% es irrelevante en ingresos. Las grandes empresas pagan un 26%. La “media” que hace que parezca menos viene por los bancos, y si va a forzar a los bancos a perder los DTAs (deferred tax assets) prepárense ustedes a un dominó de quiebras. Los impuestos al capital, como los anteriores, siempre suponen una recaudación mucho menor a los esperado. En un país donde la media de error en estimaciones es del 1-1,3% del PIB según el BCE, significa más déficit, más paro, menos empresas y menor crecimiento.

De Guindos tuvo el papel más difícil. Todos contra el PP, incluido un momento en que el propio programa ponía datos de precariedad curiosos (porcentaje de contratos temporales de un año en vez de total). España ha salido de la recesión creciendo y creando empleo, y ese es su principal argumento. Su política es continuista y defendió las bajadas de impuestos como necesarias para mantener el crecimiento, y no le falta razón pero es claramente complicado defenderlo sin explicar por qué se subieron antes y sin reconocer que hay que devolver esfuerzo a los españoles porque, entre otras cosas, esas subidas del pasado tuvieron un efecto recaudatorio limitado. Generar confianza y estabilidad como pilares de su política. Es curioso, pero fue el único en pronunciar estas dos palabras.

Se crea empleo bajando los impuestos, y tiene razón. Es esencial explicar una y otra vez por qué ahora es diferente y que es falso que nos vayan a poner una multa “por bajar impuestos” (vean) . Un plan integral y basado en la credibilidad internacional, que favorezca fiscalmente la contratación indefinida y recupere los objetivos de atracción de capital y bajos impuestos que han hecho que Irlanda haya salido mejor que ningún país rescatado de la crisis. Seguir con reformas estructurales es de una importancia capital, y no se debe dar la impresión de que el partido del gobierno ha perdido ese impulso. Reducir el déficit y seguir con la responsabilidad presupuestaria fueron sus dos grandes compromisos, y lo que diferencia del resto de partidos.

De Guindos fue el único en hablar de la demografía en temas pensiones, y eso muestra lo demagógico que se vuelve el debate a veces. Tener, además, la realidad de los organismos internacionales y sus palabras, frente a las elucubraciones de otros, ayuda. Y nadie le puede negar que el cambio en la confianza de nuestro país ha sido drástico.

Si algo quedó claro en el debate es que se presentaron dos modelos, la magia y el unicornio del gasto brutal, y la cordura. Unidos Podemos eligió a un comunista para defender su programa y lo hizo como tal, palabra por palabra, defendiendo la intervención y el desastre económico para gloria del gasto burocrático, usando ejemplos de países y regiones que han hecho lo contrario al modelo Syriza que defendía.

Si algo me quedó claro del debate es que, a pesar de reproches y ataques partidistas, si Sevilla, De Guindos y Garicano se metieran en un despacho con los presupuestos del Estado y un lápiz rojo, saldrían con las cuentas cuadradas, sin atacar el crecimiento y apoyando a empresas, atacando el gasto superfluo -que solo Garicano comentó-. Porque los tres están de acuerdo en algo que casi no se mencionó ayer: competitividad, valor añadido y apertura.

La diferencia real entre lo que comentaron De Guindos, Garicano y Sevilla son matices, aunque se magnifiquen por sus equipos de campaña. Están de acuerdo, aunque lo nieguen sus partidos, en el 75% de lo que necesita este país. Si el debate hubiera sido, como el de “The Chancellor Speaks” que ilustró el comienzo del programa, sobre lo que les une y lo que necesita el país, en vez de un “todos contra el PP” y cifras mágicas e inverosímiles de impuestos, ayer habríamos salido los ciudadanos ilusionados, al saber que tenemos un futuro próspero si no nos entregamos a los unicornios que nunca han funcionado. El debate fue una oportunidad perdida. Por atacar al gobierno, se perdió el proyecto de país.

Uno de los problemas con el que se encuentra España a la hora de mejorar en competitividad es el coste de la energía. Al fin y al cabo, los principales costes con los que se encuentra la industria a la hora de competir son los salarios y el precio de los insumos energéticos. Si se disparan, no hay ayudas ni políticas monetarias que eviten la deslocalización y la desindustrialización.

Entre 2004 y 2011, España pasaba de tener un coste medio de la electricidad antes de impuestos dentro de la media europea, a tener un coste medio un 20,5% superior a la media (fuente CNE). Sin embargo, la media de costes de generación -precio del pool– no se movió de la media europea. ¿Qué ocurrió? Empezamos a cargar la tarifa de costes fijos y subvenciones. Hoy, más del 60% de la tarifa eléctrica son impuestos, costes regulados y subvenciones (vean el vídeo).

Ante un problema de sobrecapacidad y sobrecostes creado desde el gobierno, fue el mismo gobierno el que se presentó como la “solución”. La creación en 2009 del “bono social” para atacar la pobreza energética. Primero se decía que las subidas de la tarifa por primas y subvenciones eran “poco más que el precio de un café” (dic 2010). Luego se le echa la culpa a cualquiera menos a una planificación de burbuja.

El “bono social” es un descuento de más del 25% en la factura y lo pagan entero las eléctricas. Supuso 182 millones de euros en 2014 que sufragaron en un 99% cinco empresas, y hay 560.000 familias beneficiarias.

En 2015 había 2,4 millones de suministros acogidos a ese “bono social”, lo que supondría un 13% en relación al total de hogares que hay en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, hay un 9,4% de viviendas que tienen alguna dificultad para pagar las facturas asociadas a la vivienda (hipoteca, luz, agua,…), una cifra muy inferior a la que cubre el bono social.

Esa obligación a las empresas eléctricas para mitigar los problemas de pobreza energética no funciona por varios motivos. Primero, se aplica según criterios de consumo (potencia contratada menor a 3 kW), con lo cual se pueden “apuntar” todo tipo de pequeños consumidores, segundo, es aplicable a hogares con potencia contratada menor a 10kW que cumplan uno de tres requisitos: Pensionistas con cuantías mínimas, familias numerosas y familias con todos los miembros en situación de desempleo.

Para que ese “bono social” tuviera un verdadero impacto se deberían poner criterios más estrictos de renta real (un límite de ingresos ligado al salario mínimo) y además luchar contra el fraude. Solo entre 2008 y 2015 se han “retirado” de dicho descuento hasta 600.000 casos donde no se cumplían las condiciones para ser beneficiario. En este desaguisado, los gobiernos se han comportado como el “pirómano-bombero”.

La regulación ha creado el problema –sobrecostes, primas, subvenciones que hacen que la tarifa se encarezca- y una “solución” al mismo problema ineficiente y que no ayuda a las familias que realmente sufren lo que se llama “pobreza energética”.

La factura caería un 10% si no se cargara el sobrecoste de tecnologías subvencionadas que suponen solo el 5% de la producción de energía española y sin embargo son el 20% del coste. De hecho, la factura caería un 30% si se eliminasen las ayudas por interrumpibilidad, primas y subvenciones de la factura y se pasasen, como la ayuda estatal que son, a los presupuestos.

Las empresas eléctricas han ido más allá de la regulación, que no protege “al pobre”, ya que el 75% de los impagos con corte no tiene bono social, y han firmado convenios con las administraciones regionales y municipales, para verificar la situación social real del suministro ante un caso de impago. Se pregunta a los servicios sociales, y si se constata una situación vulnerable, la administración libera fondos de protección social, y la eléctrica no corta el suministro.

Así, conviene destacar que de los cerca de 506.000 cortes de suministro por no abonar las facturas el pasado ejercicio, en más del 55% se reestablece el suministro en 48 horas y otro 8% en un mes. Esos cortes de suministro se han reducido de manera drástica en los últimos años, menos de la mitad de la cifra de 2011. Es importante a su vez, dejar claro que de los cortes de suministro, solo el 2% son clientes vulnerables. Las principales compañías tienen entre un 90 y un 97% de sus clientes protegidos contra cortes de suministro.

La solución no pasa por el subsidio. Porque el problema es de exceso de costes. Pasa por sacar los errores de la planificación fuera de la tarifa, que podría bajar hasta un 30% si se eliminasen subvenciones de todo tipo y se pasasen a los presupuestos generales del Estado. Obligaría a los gobiernos a ser más prudentes, a ajustar gastos ante la necesidad de reducir déficit, en vez de pasar uno tras otro los costes –los necesarios y los innecesarios- al consumidor.

La solución pasa por cruzar los procesos eléctricos y de protección social, para que se destinen los recursos públicos a los desfavorecidos, sin nichos de fraude. El Tribunal Supremo ya alerta del riesgo de imponer que las empresas hagan políticas sociales, ya que se usa el balance de las compañías para fines políticos. Sin embargo, sí tiene sentido que las eléctricas eviten los cortes analizando cada caso con los servicios sociales, evitando el fraude y permitiendo que el bono social o las ayudas sean para quien realmente lo necesita.

La mejor política social en materia energética es no financiar burbujas ni subvencionar la sobrecapacidad, ni llenar la tarifa de conceptos exógenos a la producción de energía. Y entonces no hay problema ni de pobreza energética ni de incentivos perversos o abusos.

Publicado en El Español, 8 de junio de 2016.