Por primera vez en décadas, los bancos centrales están endureciendo su política monetaria mientras los gobiernos continúan gastando y aumentando deuda como si nada hubiera cambiado. Esta dinámica hace que los efectos de estas subidas de tipos sean menos efectivos que en otras ocasiones. Por ello, no debería sorprendernos que continúe subiendo la cifra de inflación subyacente y supersubyacente, que excluyen los precios más volátiles y solo consideran los precios que raramente suben.

La economía global necesita que se suban los tipos, se reduzca la masa monetaria y se modere el gasto público para poner coto a la inflación subyacente y evitar un problema mayor. Uno de esos factores, moderar gasto público, no se va a producir y, por lo tanto, la presión sobre la inflación subyacente permanece durante más tiempo.

Todo el mundo habla sobre el anuncio de “un impuesto a las grandes fortunas” y el gobierno ha conseguido, con ello, que nadie hable de que en esta misma semana el PSOE y sus socios han votado en contra de mantener la bajada del IVA del gas y la electricidad hasta final de invierno y que han aprobado la eliminación de las reglas fiscales, techo de gasto y déficit máximo, por cuarto año consecutivo.

Dijo Sánchez que avanza hacia “la justicia fiscal” el mismo día que anuncia 100 millones de euros para asociaciones “que trabajan por la igualdad en el mundo” y dona, con dinero del contribuyente, 130 millones de euros a la fundación de Bill Gates.

Artículo escrito por David Lagarejos como colaborador invitado. Los artículos de colaborador en esta web no reflejan la opinión de Daniel Lacalle ni constituyen una recomendación de compra o venta de activos.

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Actualmente nos encontramos inmersos en un episodio inflacionario de los que se estudiarán en cualquier facultad de Economía. La reapertura después de la paralización de la actividad económica provocada por el coronavirus hizo que las estructuras de producción, distribución y consumo se vieran gravemente dañadas.

Mantener una fiscalidad confiscatoria y depredadora en la cadena alimentaria es ineficiente y
regresivo. El truco del gobierno de echar la culpa primero a los agricultores y ganaderos y
luego a los supermercados no cuela.

La inflación de costes en la cadena alimentaria no es un problema de 2022, viene de lejos. Ya
en 2020 el gobierno intentó culpar a los agricultores hasta que la realidad mostró que en un
kilo de tomates de Almería el 41% son impuestos y solo el 3% es margen de comercialización, según datos de los propios agricultores.