El año pasado algunos recibimos todo tipo de críticas por mencionar el riesgo de estanflación. Esta semana el Banco Mundial alertaba del importante riesgo de estancamiento con elevada inflación mientras asestaba un hachazo a las expectativas de crecimiento global y disparaba las estimaciones de inflación.

Según el Banco Mundial, la zona euro registrará un crecimiento del PIB del 2,5% en 2022 y del 1,9% los dos siguientes años, recortando agresivamente en 1,7 y 0,2 puntos porcentuales sus estimaciones de enero. Adicionalmente, hemos visto una fuerte bajada de previsión de crecimiento y una enorme subida de las de inflación por parte de la OCDE tras el hachazo del Banco Mundial.

Usted habrá escuchado las excelentes cifras del paro de mayo de 2002.

Sin embargo, conviene poner en contexto:

«A los 2.922.991 parados registrados que se han anunciado en mayo, hay que sumar 227.782 que son no ocupados porque son parados en formación. Por lógica, si alguien está formándose y le ofrecen un puesto de trabajo, lo coge. Además, hay otro colectivo que el gobierno excluye. Los que tienen una disposición limitada para trabajar, trabajos con especiales características, que son otros 274.657. Esto hace un total de gente parada que se ha registrado en el SEPE para buscar trabajo de 3.425.430 parados» explica José Luis Fernández, de USO.

El gobierno de España ha disparado la contratación pública para disfrazar las malas cifras de empleo. Entre marzo de 2019 y marzo de 2022 se ha inflado la contratación del sector público en 306.134 personas. Entre febrero de 2020 y abril de 2022, uno de cada tres afiliados pertenece al área pública. Ningún país de nuestro entorno ha llevado a cabo un proceso semejante de maquillaje. Ahora anuncian la mayor contratación pública en años, otros 40.000 puestos, y Montero pretende hacer fijos a todos los temporales de las empresas públicas.

Adicionalmente, según las cifras oficiales de Contabilidad Nacional del INE, en 2021 la suma de los sueldos de funcionarios y resto de plantilla del sector público ascendió a 147.363 millones anuales, con un crecimiento del 10% anual. Esto significa que España ya gasta en salarios públicos y pensiones más de 300.000 millones de euros.

La Comisión Europea ha avisado a España por su elevada deuda y alto paro y exige un plan de consolidación fiscal creíble. En su informe, critica la subida de pensiones y sueldos públicos con el IPC y el aumento de gasto, pidiendo una política fiscal “prudente”, limitando el gasto a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo. Bruselas pide responsabilidad fiscal y una senda creíble de reducción de deuda.

La respuesta del gobierno ha sido anunciar ese mismo día un aumento de la contratación pública de 30.000 puestos adicionales, la mayor de la historia reciente, que serán financiados con más deuda. A eso se añade que el gobierno ya ha disparado la contratación pública desde marzo de 2019 en más de 306.000 personas.