Hay pocas cosas más hilarantes que ver a toda la izquierda española defendiendo las leyes franquistas de control de alquileres que hicieron que miles de inmuebles quedasen en la ruina y dejaron barrios enteros envejecidos y abandonados.

Ocho años después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez ha acumulado anuncios de cientos de miles de viviendas, pero el problema real de acceso se agrava.
La solidaridad con la propiedad de los demás no es empatía, es postureo.
Sánchez lleva ocho años gobernando y mintiendo. Prometió un acumulado de 400.000 viviendas públicas en diferentes ocasiones y ha movilizado menos de un 12 %, con cero construidas. 250.000 desahucios. Toda la política de vivienda de Sánchez es ahogar la oferta, atacar a los propietarios y penalizar la inversión.
La vivienda cara y escasa no es una fatalidad. Es una política. El objetivo es crear una sociedad dependiente que culpe a los propietarios del fracaso gubernamental.
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