El Gobierno de Sánchez ha abandonado a Ceuta, renegando de sus funciones de protección y defensa de la frontera para entregarse a la propaganda, la inacción y el postureo. Un Estado tiene dos funciones principales: proteger a sus habitantes y defender su propiedad y sus derechos.

El Gobierno de España no sólo ha dejado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin capacidad de acción. Esconde el problema sanitario, económico y social, como siempre, acusando a los demás. Echa balones fuera y desvela que su estrategia nunca fue devolver a su país a quienes han invadido Ceuta.

La debilidad que muestra el Gobierno de España ante la invasión migratoria y sus constantes medidas de efecto llamada, que han hecho de la inmigración ilegal un negocio muy lucrativo para muchos, no es incompetencia: es estrategia. Todos saben que entrar ilegalmente en España merece la pena. Sólo exige esperar: serán repartidos por las comunidades autónomas para luego regularizarlos.

¿El objetivo? Importar pobres sumisos, amedrentar y amordazar a los ciudadanos, crear una subclase de votantes dependientes, disparar el gasto político y crujirnos aún más a impuestos, hacerse la víctima de una conspiración inventada y, en último caso, no convocar elecciones por «emergencia nacional».

La debilidad del Gobierno ante la invasión migratoria no es incompetencia: es estrategia.

Ceuta tiene 83.595 habitantes que han sido totalmente abandonados. Entre el 30 y el 31 de julio entraron ilegalmente en la ciudad 80.000 personas. De ellas, quedan miles. El Gobierno afirma que quedan «sólo» 6.000. No tiene sentido que la misma ministra de Sanidad que niega que haya un problema sanitario anuncie el envío de 45.000 vacunas si sólo son 6.000.

Incluso usando la cifra oficial, equivale a aumentar en más de un 7 % la población de un territorio de veinte kilómetros cuadrados. Ningún país de la Unión Europea ha sufrido un asalto equivalente a duplicar la población en unas horas, y ninguna economía puede absorber un shock como el que supone disparar su población un 7 % con inmigrantes ilegales sin quebrarse.

La Cámara de Comercio de Ceuta cifra las pérdidas en 27,76 millones de euros: 7,07 millones por el cierre y la paralización de negocios, 10,25 millones por la cancelación de las Fiestas Patronales y 10,43 millones por el desplome turístico y del consumo en agosto.

Hablamos de casi el 2 % del PIB de la ciudad destruido en tres semanas, y la propia Cámara advierte de que la estimación no incluye septiembre, ni el coste asumido por las administraciones, ni la destrucción de empleo, ni el daño reputacional que Ceuta arrastrará durante meses. Es más, los hosteleros de Ceuta afirman que la situación es mucho peor que durante el cierre de la pandemia. La ruina absoluta.

Casi el 2 % del PIB de Ceuta ha sido destruido en tres semanas.

La Confederación de Empresarios de Ceuta calcula caídas de entre el 40 % y el 70 % en el comercio y la hostelería respecto al año anterior. Las agencias de viajes hablan de un 90 % de los viajes cancelados para el resto del verano, en una ciudad que el agosto anterior alcanzó una ocupación del 92 %.

La playa está tomada, los chiringuitos han cerrado, hay propietarios que han dado la temporada por perdida y empresas que ya han despedido a un tercio de su plantilla. Muchos comerciantes han pagado seguridad privada de su bolsillo, un gasto que el Gobierno no les ha compensado ni les compensará.

El Gobierno de Sánchez ha ido a Ceuta a hacerse fotos mientras continúa expoliando con impuestos a las empresas, los comercios, los autónomos y las familias ceutíes.

Todo esto ocurre en un territorio extremadamente debilitado. Ceuta cerró el segundo trimestre con una tasa de paro del 22,4 % y un desempleo juvenil del 47,6 %. Su PIB por habitante, de 23.228 euros, es el segundo más bajo del país y un 28,8 % inferior a la media española, según la Contabilidad Regional del INE.

Es una economía sin apenas industria ni agricultura, donde prácticamente todo el PIB depende de los servicios: comercio, hostelería, turismo y Administración. Cuando los comercios bajan la persiana o están abandonados, no hay nada que mitigue el desastre.

Bolaños ha tenido la desvergüenza de vanagloriarse de que, según Frontex, entre 2021 y 2026 entraron ilegalmente en España 234.760 personas, menos que en otros países. Lo que no dice es que, desde 2019 y hasta mayo de 2026, han entrado en España de forma ilegal 1.027.000 inmigrantes, según las estadísticas del Ministerio del Interior y la Oficina de Asilo y Refugio. Tampoco dice que España es el único país que ha anunciado regularizaciones masivas que han generado este efecto llamada.

El balance quincenal del Ministerio del Interior recoge 5.013 entradas irregulares por vía terrestre en Ceuta entre el 1 de enero y el 15 de agosto, un 191,1 % más que un año antes, y esa cifra ni siquiera incluye los días 30 y 31 de julio.

La crisis no ha sido una sorpresa. La regularización masiva y el goteo de entradas han mostrado el efecto llamada en los datos oficiales durante meses.

En la ciudad quedan unos 2.700 menores no acompañados contabilizados, cuando la capacidad ordinaria de tutela de Ceuta es de 29 plazas. Un menor por cada treinta habitantes. Llamar a esto «gestión» es menospreciar la inteligencia de los españoles.

La respuesta del Gobierno ha sido el postureo y la mentira, con una actuación tardía, insuficiente y corta. Seis millones «movilizados» para la emergencia humanitaria, 25 millones para menores, unos 15 millones tanteados para el comercio, un mando único y la declaración de situación de interés para la seguridad nacional casi un mes después.

Ya sabemos que esos anuncios, como en La Palma, la DANA o la COVID, apenas llegan. «Movilizar» se convierte en una cifra de propaganda, no en una ayuda real.

Ceuta no necesita tantas visitas de postureo. Necesita medidas.

Primero, fiscalidad y cuotas

Los seguros sociales están bonificados al 50 % en Ceuta y vencían el 30 de agosto para empresas que llevan un mes sin ingresar. Lo urgente es la exoneración, no el aplazamiento, de las cuotas empresariales y de autónomos durante seis meses, con condonación de recargos, y la elevación de la bonificación al 100 % para las nuevas altas durante dos años.

En paralelo, exención del IPSI y de las tasas locales para el comercio, la hostelería y el transporte durante el ejercicio, y ampliación de la bonificación del 60 % en el IRPF y del 50 % en Sociedades hasta el 90 % para las rentas y los beneficios generados en la ciudad.

Ceuta no necesita subvenciones: necesita que dejen de quitarle el poco capital que genera.

Segundo, ayudas directas y liquidez

Compensación por lucro cesante, calculada sobre la facturación declarada del año anterior y pagada en semanas, no en trimestres, con ventanilla única y silencio administrativo positivo.

Línea ICO con aval del 100 % y un período de dos años sin pagos para reestructurar deudas, además del reembolso total de lo que los empresarios han gastado en seguridad privada debido a la falta de apoyo del Estado.

Tercero, seguridad y frontera

El refuerzo policial debe ser estructural y permanente, no un despliegue de verano. Más efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con condiciones dignas y complemento de residencia.

Control efectivo del espigón del Tarajal por tierra, mar y aire, y vigilancia con medios técnicos, no una barrera flotante de setenta centímetros, para poder frenar un salto masivo antes de que se produzca.

Cuarto, devoluciones

El nuevo Sistema Europeo Común de Retornos, acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 1 de junio, obliga al retorno forzoso de quien no coopere, permite el reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión y habilita centros de retorno en terceros países.

Con una tasa de retorno efectivo del 28 % en la UE en 2025, España no puede seguir siendo la excepción garantista. Aplicar la norma europea es cumplir la ley.

Quinto, oferta e infraestructuras

Un plan plurianual con calendario y auditoría pública. Se necesita una solución al cuello de botella aduanero de Algeciras, que inmoviliza los camiones durante dos días; la ampliación de las conexiones portuarias y aéreas; la digitalización del comercio minorista, y suelo industrial y logístico a coste reducido.

Ceuta no pide compasión. Pide que el Estado cumpla su función.

Ceuta pide que los ministros sirvan para algo, control real de la frontera, seguridad jurídica y menos impuestos. Es decir, pide un Estado facilitador en vez de uno depredador.

Lo único que Sánchez ha dado a Ceuta es propaganda y abandono.