Dopar el crecimiento y la afiliación mediante regularizaciones masivas de inmigrantes, contratos sin apenas remuneración y pluriempleo lleva a un desastre económico a corto y largo plazo. El modelo sanchista certifica la baja productividad y el empobrecimiento para crear una subclase dependiente y sumisa.

El Gobierno de España ha decidido sustituir el crecimiento por el aumento de la población. La economía crece porque hay más gente trabajando muchas horas con baja productividad o recibiendo subsidios que proceden de un mayor gasto público y deuda, no porque cada hora trabajada genere más valor. El PIB agregado sube y la riqueza real neta por habitante se estanca. Por eso, con Sánchez, la tasa de actividad está estancada y los salarios reales netos caen.

El sanchismo consiste en importar pobres para dar sensación de aumento de la riqueza.

En agosto se destruyeron 162.840 empleos. El Gobierno se felicita porque en otros años se han destruido más empleos en agosto y lo celebra porque los inmigrantes regularizados mediante el proceso extraordinario ya suman 337.917 nuevos ocupados y representan el 43,7 % de todos los nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2026. Sin esas 75.443 altas estimadas durante el mes, la destrucción de empleo habría superado holgadamente los 200.000 puestos.

El paro subió en 44.419 personas en agosto. Es el peor agosto de la serie desde 2019. Sin embargo, si añadimos los ERTE —12.214— y los fijos discontinuos inactivos a finales de julio —884.918—, el total de parados reales registrados en el SEPE asciende a 3.834.591. En España apenas se ha reducido el número de parados efectivos desde 2019.

Funcas advierte de que, al desconocerse cuántos de los regularizados ya trabajaban de forma irregular, resulta imposible valorar la tendencia real del mercado laboral. Si más de la mitad ya estaba trabajando, según estimaciones prudentes, el empleo se encontraría en una fase de evidente ralentización.

En términos desestacionalizados, los afiliados extranjeros crecieron en 74.000 personas en agosto y los nacionales cayeron en 4.000.

España no está creando empleo: está reclasificando economía sumergida y llamándolo milagro.

Los extranjeros representan ya el 15,6 % de los afiliados, con 3,51 millones en julio y un crecimiento interanual del 13,6 %, frente al 2,9 % del conjunto del sistema. Entre el 35 % y el 40 % del empleo creado desde la pandemia ha correspondido a población de origen extranjero, concentrado en servicios intensivos en mano de obra y con bajos salarios.

Ese patrón tiene una consecuencia muy clara: España no crece, engorda.

Desde 2019, el PIB real ha aumentado un 10,3 %, pero el PIB por habitante sólo un 5,1 %, menos que el 5,7 % de la media de la UE-27, según la serie de Eurostat en volúmenes encadenados.

Todo el diferencial se explica porque la población ha crecido casi un 5 % y las horas trabajadas, alrededor de un 7 %, pero las horas trabajadas por ocupado no han aumentado. Mientras tanto, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo ha caído un 3,5 % respecto a 2019 y la productividad por hora apenas ha subido un 2,9 %, con el coste laboral unitario disparado un 25,7 %.

Ésta es la definición exacta de un crecimiento extensivo y empobrecedor. Se añaden trabajadores baratos para producir lo mismo por hora, se celebran récords de afiliación y de PIB agregado, y la renta real por habitante sigue en la misma cifra que en 2018 en comparación con la media europea, según Eurostat.

Un país no se enriquece porque haya más gente cotizando en empleos de bajo valor añadido, sino cuando cada hora trabajada vale más.

La productividad por ocupado continúa estancada, incluso por debajo de los niveles previos a la pandemia, y la productividad por hora se encuentra entre un 10 % y un 15 % por debajo de la media de la UE. De hecho, el PIB per cápita ajustado por poder de compra ronda el 92 % de la media europea, más de veinte puntos por debajo de Alemania y sin cambios desde 2018.

Un modelo que añade población y horas de trabajo mal remuneradas no cierra las brechas de renta, sino que las empeora. Todo ello ocurre mientras el factor más escaso, la vivienda, se encarece hasta alcanzar máximos históricos, con el alquiler subiendo un 4,2 % interanual en junio y un 46 % en cinco años.

Añadir demanda sobre una oferta bloqueada por la regulación y el intervencionismo no crea prosperidad: la destruye.

El argumento oficial es que la inmigración financia el Estado del bienestar y las pensiones. Sin embargo, los propios datos de la Comisión Europea, recogidos en Migration and Public Finances in the EU, del Joint Research Centre, muestran que la contribución fiscal neta de los inmigrantes en España es negativa, del orden de 2.000 euros respecto a los nativos.

Ahí está el error metodológico del relato oficial. Lo relevante no es el saldo de un año, sino el saldo del ciclo vital completo.

El estudio de largo plazo más detallado que existe, elaborado con microdatos de toda la población de los Países Bajos, calcula que sólo el 20 % de los inmigrantes genera una contribución neta positiva a lo largo de su vida. La primera generación arroja una cifra media de −76.000 euros por persona y de −167.000 euros en el caso de la inmigración no occidental.

Por motivo de entrada, sólo la inmigración laboral es positiva —más de 100.000 euros por persona—, mientras que el asilo cuesta unos 400.000 euros y la reagrupación familiar, unos 200.000 euros —Van de Beek et al., IZA y Universidad de Ámsterdam—.

El signo fiscal no depende de la inmigración en abstracto, sino de su cualificación, su motivo y su renta. Un modelo como el sanchista, que atrae trabajo de baja remuneración y regulariza en masa sin filtros de empleabilidad, importa la parte negativa de la ecuación.

En España, los datos son claros. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social —AROPE— de la población de origen extracomunitario era del 54,1 % en 2024: más de la mitad se encontraba en situación de pobreza o exclusión, según la EAPN.

Además, uno de cada cinco hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital cuenta con al menos un adulto extranjero, según datos de la AIReF.

Quien cobra poco más de 14.000 euros al año no financia pensiones de 1.500 euros al mes. Recibe más servicios públicos de los que aporta en impuestos, exactamente igual que un nativo con ese salario.

El uso de la inmigración como solución al problema demográfico es, además, matemáticamente inviable. La AIReF calculó que haría falta un millón de inmigrantes adicionales al año sólo para evitar que empeorase la ratio de afiliados por pensionista, cuando en 2024 llegaron 350.706 personas.

Además, cada persona que llega genera su propio derecho futuro a pensión, sanidad y dependencia. Es un esquema que exige un crecimiento poblacional perpetuo para pagar los pasivos que él mismo crea.

Por eso, la deuda de la Seguridad Social se ha triplicado con Sánchez. Por eso, el sistema de pensiones necesita un rescate anual de decenas de miles de millones procedentes de un Estado deficitario.

El fracaso no es de las personas migrantes que vienen a trabajar y aportar, sino de la política que las utiliza como estadística. Quienes más sufren las consecuencias de la permisividad con la inmigración ilegal son, precisamente, los migrantes legales y contribuyentes. Ellos sufren la carestía de la vivienda, la caída de los salarios reales netos y el impacto sobre la seguridad de la inmigración ilegal descontrolada.

El sanchismo importa pobres sumisos y dependientes para alterar el censo a medio plazo, comprar votos y mantener asfixiada a la población contribuyente.

La permisividad con la inmigración ilegal y su regularización no son una muestra de solidaridad, sino una forma de utilizar la demografía para ejercer el control político.

La alternativa es clara: inmigración legal, ordenada y vinculada a la demanda real de trabajo y a la cualificación; una fiscalidad que premie la inversión en capital por trabajador, en lugar de sustituir capital por horas baratas; liberalización del suelo y de la vivienda para que el aumento de población no se traduzca en pobreza inmobiliaria, y abandono de la ilusión de que la demografía puede resolver un desequilibrio del gasto público que sólo se soluciona reformando el sistema y recortando el gasto superfluo.

España no es más rica por tener más gente cotizando en empleos de bajo valor añadido. Es mucho más pobre.