“I’m fixing a hole where the rain gets in” Paul McCartney
Los datos de la Seguridad Social reflejan una bomba de relojería que va a estallar sin duda. Los distintos gobiernos se pasan esa bomba de mano en mano pensando que le saltará en la cara al siguiente mientras se vanaglorian de “defender a los pensionistas”.
La realidad es que los primeros que saben que la situación de la Seguridad Social es insostenible son los propios pensionistas. El gobierno les dice que defiende el sistema de pensiones público mientras lo hace más deficitario.
Hacer las cuentas públicas insostenibles no es “defender lo público”, es dinamitarlo.
La Seguridad Social no se fortalece vía impuestos.
El gobierno de Sánchez ha disparado los impuestos al trabajo, con una subida superior al 40%, y el déficit de la Seguridad Social sin transferencias del estado ha aumentado un 32% a 51.700 millones de euros (presupuesto 2023).
El déficit contributivo se ha elevado un 23% entre 2022 y el presupuesto de 2023 hasta los 48.348 millones de euros.
La deuda de la Seguridad Social se ha disparado. En la legislatura de Sánchez la deuda de la Seguridad Social se ha triplicado hasta los 103.636 millones de euros.
En un año, la deuda neta de la Seguridad Social ha aumentado un 88% hasta los 99.554 millones de euros.
Un sistema quebrado que necesita transferencias de un estado masivamente deficitario es una garantía de desastre a futuro.
Los pensionistas han perdido poder adquisitivo.
El gobierno se vanagloria de subir las pensiones con el IPC… en año electoral. Lo que no te dice es que, en el conjunto de la legislatura, las pensiones han perdido poder adquisitivo, igual que ocurrió con el gobierno de Zapatero y -ligeramente menos- con el gobierno de Rajoy.
Ningún gobierno puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones con un sistema en ruinas. Lo demás son engaños electoralistas. De hecho, cuando el gobierno engaña a los pensionistas diciendo que ha subido las pensiones con el IPC lo que está garantizando es el recorte de las pensiones en términos reales a medio plazo, tanto para los ya jubilados como para los que hoy trabajan y cotizan.
La solución al sistema de la Seguridad Social es la opuesta a lo que defiende el estatismo servil: Menos gasto político, más ricos y más grandes empresas.
España desplaza y ataca a las rentas más productivas y las grandes empresas con una fiscalidad miope, confiscatoria y extractiva defendida por los palmeros que se benefician del sistema clientelar.
El gasto en pensiones de España ya alcanzará en 2023 la cifra que el gobierno había previsto para 2030, un 13,7% del PIB. El gasto en pensiones, por lo tanto, no es un gran problema si el gobierno se dedicara a administrar las cuentas públicas y priorizara.
Si queremos mejores pensiones para nuestros jubilados hay que reducir el gasto político innecesario, que este gobierno ha disparado. Efectivamente, un gasto de 13,7% del PIB es perfectamente financiable si se elimina la enorme obesidad del gasto político en nuestro país. ¿Queremos mejores pensiones, sanidad y educación? Habrá que reducir los 22 ministerios, 1.830 asesores, un ministerio de Presidencia que cuesta 307 millones de euros, uno de política territorial de 589 millones, 5.399 millones de Agenda 2030, Asuntos Económicos de 4.974 millones, Transición Ecológica de 10.371 millones, Igualdad 573 millones. José Ramón Riera, economista y empresario, recuerda que entre 2021 y 2022 el gasto en Estado de Bienestar se redujo un 1,5% para disparar el gasto político en 36.000 millones de euros, que se han consolidado y anualizado.
El déficit estructural de España se acaba si se elimina la ineficiencia en el gasto público que supera los 60.000 millones de euros anuales según el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Eliminar el déficit estructural, reducir la deuda y el gasto innecesario son claves para que las transferencias a la Seguridad Social sean sostenibles y no agranden el agujero fiscal.
Además de reducir gasto innecesario y clientelar, hay que atraer mucha más inversión y favorecer -no penalizar- el aumento del tamaño empresarial en un país de microempresas. Necesitamos muchos más ricos y muchas más grandes empresas. Un país que solo tiene 12.178 ricos y 5.270 grandes empresas es un país condenado a la mediocridad y el alto desempleo. Eso sí, a lo que no nos gana nadie es a bajar el listón de “rico” y expoliar a los profesionales de clase media.
En España hay 2.929.200 pymes, de las cuales 1.125.814 son microempresas (38,43 %), 164.781 son pequeñas empresas (5,63 %) y 26.763 son medianas empresas (0,91 %) según DGPYME. Esto no es porque los empresarios españoles sean tontos o malos, sino por los enormes desincentivos al crecimiento empresarial.
El problema del sistema de la Seguridad Social es que ignora tres retos: el demográfico, de empleo y de atracción de inversión.
No se va a hacer sostenible la Seguridad Social en un país que se dedica a la sandez de llamar récord de empleo a tener un desempleo efectivo de 3,8 millones de personas, la tasa de paro más alta de todo Occidente y que disfraza precariedad cambiando de nombre los contratos de obra y servicio y estacionales. Necesitamos mucha más inversión y empresas mucho más grandes, muchos más profesionales de alta remuneración y mucha más creación de riqueza. Nada de ello se consigue haciéndole caso a los defensores del expolio que pontifican desde un pilar que nadie les ha concedido.
Necesitamos políticas serias de natalidad y de inmigración que permitan que España revierta el terrible problema demográfico que tenemos. Inmigración que venga, como ocurrió en el pasado, a trabajar y contribuir uniéndose al proyecto de país al que todos contribuimos.
Un gobierno que maquilla el paro, ignora el reto demográfico, ataca a las grandes empresas y contribuyentes más productivos y soluciona todo aumentando la deuda y pasándole los desequilibrios a las generaciones venideras ni es progresista ni defiende lo público. Hace las cuentas públicas insostenibles y detiene el progreso económico. Señores pensionistas, unos desorientados que venden la teoría del decrecimiento solo les van a dar eso, decrecimiento de su pensión en términos reales.
Para que alguna de las «hipótesis» que usted predica, deberían cumplirse modelos socioeconómicos y poblacionales como los de la Airef, que asumen todo lo siguiente:
– El crecimiento de la productividad va a ser muy bajo, lo cual contradice la enorme diferencia entre el nivel de formación de los que se jubilan y los que entran en el mercado laboral.
– Que España no se va a convertir en país receptor de Europeos ricos, según la Airef después de sudamericanos vamos a traer pakistaníes, tal cual. Las compraventas de viviendas a extranjeros muestran a solutamente lo contrario, que España va a ser Florida, lo cual es lo normal, sencillamente. BBVA, gasto en tarjetas de extranjeros el segundo trimestre de + el 60%.
-Andalucia va a seguir siendo una región a la cola de España y no a la cabeza.
-España seguirá siendo perjudica de ser una península, en lugar de lo contrario.
– Las infraestructuras españolas van a dejar de ser una ventaja competitiva, como lo son y todo apunta a que en 2030 lo serán mucho, véase la renovación de la flota de Renfe, la liberalización del sector, las conexiones de todos los puertos a la red ferroviaria.
– La inversión de capital Riesgo va a dejar de comprar como ha hecho en los últimos años 6.000 Pymes por 200.000 millones de Euros y las ha puesto a producir.
-España no va a tener un superávit comercial de al menos el 5% del PIB, ese que ya tiene, desde Marzo.
Si todo lo que se puede dar mala se diera mal, tendrían ustedes razón, pero el escenario central no es ese, ni de broma.
No solo su comentario es errado, sino que NINGUNA de esas premisas son las que asumen Fedea o la AIReF, de hecho son muy optimistas con la economía española.
Por descontado que el gasto político no va a descender, sino a subir. Este gobierno bolivariano que tenemos no lo va a bajar, está claro. El paso siguiente será aquello de «exprópiese», que ya ha empezado con las viviendas. Aquí lo que impera es el «yo voto socialista» hagan lo que hagan. Esa es la realidad: los políticos en su nube lisérgica y los ciudadanos con nuestros problemas, bregando con la realidad provocada por la «sabiduría» de los lisérgicos y sus paridas. Y la UE no se queda atrás en sus paridas: ahora le autorizan al gobierno un «gasto» de cientos de millones de euros en el cine. Esto es como predicar en el desierto, Sr. Lacalle, o peor aún, predicar debajo del agua a las sardinas. El auditorio es el mismo y los efectos iguales.