La propaganda de Sánchez ha alcanzado niveles de paroxismo. Nos recuerda a cuando Maduro se vanagloriaba de que los salarios en Venezuela habían subido un 500 % cuando la inflación era del 1.500 %.

El balance del Gobierno de Sánchez lo juzga cada familia en el supermercado, en el acceso a una vivienda y en lo que le queda después de pagar impuestos, no en las presentaciones de PowerPoint de sus ministros.

La evidencia es demoledora. Entre enero de 2019 y junio de 2026, los salarios aumentaron un 25,9 %, pero la cesta de la compra se encareció un 42,3 %, según datos del INE. La inflación acumulada medida por el IPC subió un 27 %.

Pero el IPC no refleja la carestía de la vida, sino una cesta. Si la cesta de la compra sube un 42,3 % y el IPC un 27 %, es porque la cesta del IPC incluye muchas cosas que no utilizamos cada día, incluidos el turismo o la tecnología.

Eso no significa que el IPC esté mal calculado, sino que es una medida que no refleja perfectamente la carestía de la vida. Por eso, el INE ofrece otras mediciones y detalles. Esa distinción importa, porque las familias no comen una cesta promedio estadística.

Lo que compramos cada día ha subido mucho más y los impuestos se comen los salarios. La fotografía es aún peor: los salarios reales netos han caído un 3,4 %, incluso usando el IPC.

Sánchez tiene la desvergüenza de decir en sede parlamentaria que los empresarios tienen que subir más los salarios. ¡Pero si lo han hecho! Lo que ocurre es que el Estado se ha quedado con toda la subida al aumentar la presión fiscal sobre el trabajo, subir las cotizaciones sociales y negarse a deflactar el IRPF.

Por supuesto, habrá miles de lectores que pensarán: «A mí no me han subido el salario un 25,9 %». Por eso, la percepción general es correcta.

Somos más pobres con Sánchez y un porcentaje muy elevado de la población es mucho más pobre.

Por supuesto, el intervencionismo culpa a los supermercados. Es típico echarle la culpa a quien fija el precio final, aunque tenga un margen del 3 %, en lugar de a quien se lucra a lo largo de toda la cadena: el Estado, con impuestos encadenados que llegan hasta el 30 % del precio final, incluyendo todos los tributos.

Cuando suben la gasolina más de un 50 %, los huevos un 92 %, las frutas un 65 %, la leche un 53 % y la carne un 47 %, recuerda siempre que quien se lucra con la subida es el Estado y quien hunde el poder adquisitivo de los ciudadanos es el Gobierno, con regulaciones e impedimentos absurdos.

Hablamos de la compra cotidiana, donde recortar significa sustituir productos, renunciar a la calidad o quitar dinero de otras necesidades.

El Monitor Adecco de Salarios sitúa el poder adquisitivo del salario medio ordinario de 2024 un 1 % por debajo del de 2019.

Esto es lo que el ministro Cuerpo llama estar «significativamente mejor».

La Comisión Europea afirma que la renta disponible bruta real por habitante aumentó en 2025, pero la renta real neta, después de impuestos, no.

La inflación reduce el poder de compra y, si te suben el sueldo, Hacienda se queda con la subida. Si el empresario aumenta el sueldo para compensar los precios y los parámetros del IRPF permanecen congelados, el contribuyente soporta un tipo efectivo mayor sin haberse enriquecido.

Es la progresividad en frío, que en realidad es el robo en caliente. Cobras más sobre el papel y entregas a Hacienda una parte mayor.

Bruselas identifica precisamente las mayores cotizaciones y la falta de indexación de los tramos del IRPF como factores del aumento de la tributación implícita sobre el trabajo.

Sánchez culpa de todo a las empresas y a las crisis internacionales, pero la realidad es que la respuesta tributaria es una decisión política y constituye el factor determinante del empobrecimiento relativo y absoluto.

El Instituto Juan de Mariana estima que, para un soltero sin hijos con 30.000 euros brutos anuales, la falta de actualización por la inflación supone 809 euros adicionales de IRPF. Para un matrimonio con dos hijos, un único perceptor de 30.000 euros y declaración conjunta, el perjuicio asciende a 1.179 euros.

Y eso sin contar el hachazo en otros impuestos que suben y no se deflactan.

Ningún Gobierno controla por sí solo todos los precios, pero sí puede mitigar su impacto. Debemos exigirle que no convierta la inflación en una oportunidad fiscal y que después presente como generosidad la devolución parcial —si llega a producirse— de lo que ha absorbido.

El informe europeo recoge otra advertencia clave. Los sectores de baja productividad concentran más del 82 % de los nuevos puestos de trabajo analizados.

En 2025, el riesgo de pobreza afectaba al 11,2 % de las personas ocupadas en España, frente al 8,3 % de la Unión Europea. El porcentaje de hogares en situación de carencia material severa ha aumentado con Sánchez del 7,7 % al 8,1 %, y la tasa AROPE —riesgo de pobreza o exclusión social— apenas ha mejorado, del 26,2 % al 25,7 %.

Tener trabajo debe ser la puerta de salida de la pobreza, no una razón para que el Gobierno se lleve tu salario y deje a la población atrapada en ella.

La vivienda añade otra barrera. El informe europeo recoge una subida nominal del precio de compra del 12,7 % en 2025 y señala el desajuste persistente entre la oferta y la demanda.

El balance del supuesto escudo social no justifica el triunfalismo. En 2025, el 25,7 % de la población y el 33,8 % de los menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Además, la posición de España ha empeorado dentro de la Unión Europea: ha pasado de ser el sexto país en 2018 al tercero en pobreza en 2025.

Las transferencias sociales reducían el riesgo de pobreza infantil un 18,7 %, frente al 40,1 % de la UE, según la Comisión Europea.

Todo esto, con un aumento de la deuda de 570.000 millones de euros.

Los pasivos totales de las administraciones públicas se han disparado hasta los 2,24 billones de euros, un 132 % del PIB.

Sánchez no ha reducido la deuda, a pesar de la enorme inyección de fondos europeos, ni como porcentaje del PIB ni en términos absolutos. Heredó una deuda según el protocolo de déficit excesivo equivalente al 98,8 % del PIB y hoy, tras el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, alcanza el 101,5 %.

La alternativa debe consistir en devolver capacidad de decisión a las familias, actualizar el IRPF, aliviar la carga sobre el trabajo, el capital y la inversión, eliminar gasto político, regulaciones absurdas y obstáculos a la inversión, facilitar que las empresas crezcan y ampliar la oferta de vivienda.

La protección social debe concentrarse allí donde realmente permita salir de la pobreza.

La prosperidad no la proclama la Moncloa. La evidencia demuestra que los españoles somos más pobres y estamos más endeudados.