El artículo de Sánchez en Bloomberg sobre los centros de datos —«How to Stop Data Centers From Grabbing Too Much Power»— demuestra que su posición es mucho más que intervencionista. Es miope y dañina.

Sánchez se presenta, como siempre, como benefactor y solución protectora, con un lenguaje buenista y condescendiente. Sin embargo, sólo pone la alfombra roja a China mientras propone asfixiar las oportunidades en España.

España necesita transformar sus oportunidades energéticas en inversión, productividad y liderazgo tecnológico. Presentar los centros de datos como un mal y convertirlos en sospechosos preventivos, sometiendo su desarrollo a un laberinto normativo de condiciones absurdas, no protege nuestro futuro: sólo amenaza con dejarlo en manos de otros.

Querer los bytes sin permitir los vatios

Pedro Sánchez ha defendido una regulación «proactiva» de los centros de datos y ha resumido su ambición con una frase: «Comerciar con bytes, no con vatios».

Esa frase es tan pretenciosa como vacía y ridícula. Un eslogan de marketing político que seguramente le han cocinado sus centenares de asesores y que no significa nada, aunque parezca muy profundo y humanista. Es similar a la idiotez de «salud o economía» durante la COVID.

Sánchez reconoce que estas infraestructuras son necesarias. El problema es que pretende separar el valor de la economía digital de las condiciones que permiten producirlo.

Sánchez vuelve a su política de marketing y PowerPoint. Vende buenismo, consenso y regulación protectora, pero el infierno está lleno de aparentes buenas intenciones.

Querer los bytes mientras se dificulta el suministro de los vatios es como querer una industria del automóvil sin fábricas.

La soberanía tecnológica no consiste en pronunciar discursos melifluos sobre inteligencia artificial, sino en permitir que existan las infraestructuras sobre las que puedan desarrollarse las empresas y la innovación.

A Sánchez no le importan los centros de datos, la inteligencia artificial, el consumo energético ni el país. Le importa que todo dependa de su autorización y no le importa que China se frote las manos ante la evidencia de que le regalan, de nuevo, el futuro.

Ante una oportunidad estratégica, la respuesta de Sánchez es decidir desde el poder qué inversión merece existir y en qué condiciones debe pedir permiso.

Una propuesta impracticable

Conviene precisar qué plantea el Gobierno. Estamos ante un proyecto de real decreto cuyo trámite de audiencia pública terminó el 10 de septiembre, no ante una obligación que deba presentarse como definitivamente aprobada.

La propuesta exige respaldar con generación renovable al menos el 80 % del consumo eléctrico en cada hora de funcionamiento, incorporando además un requisito de nueva generación vinculada a los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro.

A nadie se le escapa que la propuesta es simplemente impracticable y requiere un nivel de complejidad burocrática inasumible.

No se trata, por tanto, de contratar una cantidad equivalente de electricidad renovable a lo largo del año. El Gobierno exige acreditarla hora a hora y prevé penalizaciones crecientes sobre cargos y peajes, con la pérdida del derecho de acceso en última instancia.

Esta precisión es importante. No son simplemente multas diarias —algo que ya sería intolerable—, sino una condición permanente acompañada de un mecanismo de recargos.

Cualquier persona entiende que esto hace inviable una gran cantidad de inversiones y dispara el riesgo asociado a la inseguridad jurídica.

Imponer el uso de una energía que ha demostrado ser volátil e intermitente, en un país en el que se ha convertido en norma interrumpir el suministro a la industria, es mucho más que una regulación.

Es un disparo en el pie contra nuestra oportunidad más relevante.

La propuesta del Gobierno de Sánchez no es un factor irrelevante. El recargo por determinados incumplimientos de adicionalidad puede alcanzar el 500 %, y los relativos a la correlación horaria oscilan entre el 10 % y el 50 %, según las horas incumplidas durante el mes.

Estamos hablando de porcentajes sobre cargos y peajes, no sobre toda la factura eléctrica. No hace falta exagerarlos para advertir del enorme riesgo.

El disparate no es utilizar energías renovables, sino convertir una combinación tan rígida de porcentaje, simultaneidad y antigüedad de las instalaciones en un filtro de entrada para una actividad estratégica.

Un plan recaudatorio, intervencionista y contraproducente disfrazado de objetivo energético razonable.

Como siempre, el Gobierno impone esta arquitectura intervencionista como condición previa, en lugar de facilitar una combinación competitiva de generación, redes, almacenamiento y contratos.

Problemas creados por la propia política energética

El Gobierno se escuda en problemas reales que no se solucionan con más intervencionismo. Habla de capacidad de red limitada, consumo de agua y riesgo de trasladar costes a otros usuarios, pero calla que todos esos problemas los ha creado una política energética miope que penaliza la inversión en distribución, limita la inversión en transmisión, retrasa de manera insostenible las solicitudes de nueva capacidad y, además, ha encarecido la factura de los consumidores.

El Gobierno también señala que los permisos concedidos superan ampliamente las previsiones de despliegue. En lugar de permitir que la inversión y las condiciones sean adecuadas para ajustar la oferta, la demanda y el capital, se dedica a una planificación casi soviética que empeora la situación en todos los frentes.

Nadie defiende conexiones ficticias, despilfarro hídrico o infraestructuras pagadas injustificadamente por los hogares. El Gobierno alimenta una conspiración ficticia para justificar una regulación obstruccionista.

La respuesta adecuada debería ser proporcional, con garantías de ejecución, plazos para liberar la capacidad bloqueada, exigencias ambientales verificables a medio plazo y el pago de los costes atribuibles a cada proyecto.

El Gobierno intenta hacerte confundir la eliminación de solicitudes especulativas con el levantamiento de una barrera adicional para inversiones viables. Igual que cuando equipara a inmigrantes legales e ilegales, el sanchismo equipara la inversión viable y productiva con una amenaza minoritaria para imponer el intervencionismo a toda la actividad.

El propio Ministerio reconoce las ventajas de España por su ubicación, conectividad y liderazgo renovable. Sin embargo, impone una regulación absurda que hace inviables los proyectos.

Una política lógica debería acompañar el desarrollo de los centros de datos con competencia, seguridad jurídica y oportunidades para que nuestras empresas aprovechen esa capacidad.

Una regulación más restrictiva que la china

China también regula y exige al menos un 80 % de energía renovable a los nuevos proyectos situados dentro de sus ocho grandes nodos nacionales de computación. La gran diferencia es que China no utiliza ese objetivo como un límite penalizador, flexibiliza los mecanismos de cumplimiento y facilita la capacidad efectiva para desplegar infraestructuras.

La compra de certificados de electricidad verde es el mecanismo más utilizado en China y ofrece flexibilidad sin exigir acceso físico a instalaciones renovables. Los operadores combinan esos certificados con la contratación de electricidad verde, conexiones directas y generación propia.

No es lo mismo esa flexibilidad que la correlación horaria exigida por la propuesta española.

Es fascinante: la regulación china sobre centros de datos es más liberal, capitalista y orientada al mercado que la propuesta sanchista.

China cerró 2025 con 32 GW de capacidad instalada en centros de datos y proyecta alcanzar 40 GW al terminar 2026 y más de 60 GW en 2030, según Rystad Energy.

Por supuesto, China no es un paraíso liberal. Pero China no frena: acelera. Sus mecanismos regulatorios están más orientados al mercado y a la inversión, mientras que el proyecto de real decreto de Sánchez es punitivo, restrictivo y hace inviables la mayoría de los proyectos.

España no puede competir encareciendo innecesariamente su propia capacidad tecnológica. El proyecto de real decreto de Sánchez aumenta el riesgo de dependencia exterior, incrementa la inseguridad jurídica y mejora la posición relativa de los países que sí están ampliando su escala.

Ésa es la alfombra roja que Sánchez pone a China: dispararnos en el pie con una desventaja que nos imponemos nosotros mismos.

El precedente industrial

El precedente industrial debería bastar para abandonar el endiosamiento de la regulación intervencionista que propone Sánchez.

La Agencia Internacional de la Energía sitúa en China casi el 75 % de la producción mundial de automóviles eléctricos y más del 80 % de la producción de baterías en 2025. En el ámbito fotovoltaico, la misma agencia prevé que China mantenga su posición dominante en la cadena de suministro hasta 2030.

Europa debería preguntarse por qué le resulta tan fácil anunciar ambiciones y tan difícil ofrecer condiciones competitivas para materializarlas.

El normativismo, la regulación absurda y las barreras legales y fiscales internas han regalado a China el futuro de la industria, el automóvil y los paneles solares. Enhorabuena.

España necesita facilitar, no frenar. Necesitamos invertir en redes, agilizar los permisos, eliminar el dogmatismo tecnológico y ofrecer estabilidad regulatoria.

En China se frotarán las manos si convertimos nuestra oportunidad en otra carrera de obstáculos. No necesitan que Sánchez favorezca expresamente a sus empresas. Les basta con que nosotros dificultemos el desarrollo de las nuestras.

La propuesta regulatoria de Sánchez no protege el futuro. Es estulticia intervencionista. El riesgo es acabar comprando fuera la capacidad tecnológica que hoy hacemos más difícil construir aquí.