España no es la que más crece en Europa, y el supuesto milagro del PIB se deshace en cuanto se mira el paro, la productividad y los salarios reales. El resultado se parece mucho más a un espejismo estadístico que a una historia de convergencia y prosperidad compartida.

El Gobierno presenta a España como locomotora de Europa gracias a un crecimiento del 2,8% del PIB en 2025, el doble de la zona euro, cuyo avance rondó el 1,4%. Sobre esa divergencia relativa se ha levantado un relato de “España liderando el crecimiento en Europa” que se repite desde La Moncloa como si fuera una verdad incontestable.

Sin embargo, esa épica macroeconómica descansa sobre un truco de perspectiva: se recorta el mapa para mirar solo a las grandes economías de la eurozona, muchas de ellas atrapadas en el estancamiento desde hace décadas, y se sustituye el contraste con los datos cerrados por comparaciones oportunistas con previsiones.

En 2025, España no fue la primera economía en crecimiento de la Unión Europea, sino la novena. Es decir, es cierto que ha encadenado dos años con un buen dato de PIB frente a economías grandes y anémicas, pero está muy lejos de liderar el conjunto de socios comunitarios.

El cuadro es aún más incómodo para el triunfalismo cuando se amplía el horizonte temporal. Si se analiza el periodo 2019-2025, España deja de ser “la que más crece” y pasa al vagón de cola de la recuperación del PIB. La explicación es sencilla: fuimos de los países que más se hundieron en 2020, y el rebote posterior no basta para recuperar el terreno perdido.

A cierre de 2025, las series oficiales muestran que muchas economías europeas no solo han recuperado con holgura el nivel de PIB previo a la pandemia, sino que lo superan, mientras España apenas alcanza el listón de 2019. El presunto milagro patrio no resiste el contraste con el crecimiento acumulado de la última década.

Los datos del FMI y la OCDE son mucho menos complacientes que los discursos de Moncloa. España no converge en renta per cápita (PPA) con la media de la OCDE; al contrario, se aleja. En 2018, la economía española se situaba en el 90,8% del promedio; en 2025 cae al 88,4%. Tras el desplome de 2020, la recuperación ha sido insuficiente para evitar la pérdida de peso relativo.

Lo mismo ocurre si se mira a la Unión Europea. En PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, España estaba en 91 sobre 100 (media UE) en 2018 y en 92 en 2025. Siete años, decenas de miles de millones en estímulos y fondos, y el resultado es un avance marginal que no justifica la retórica del liderazgo.

Según las proyecciones del FMI, el PIB per cápita de España entre 2018 y 2027 solo crecerá un 0,9%, por debajo del 1,0% de la eurozona. Eso no es un milagro, sino estancamiento: un PIB impulsado por más población vía inmigración y por más gasto público financiado con deuda, sin un salto en productividad que sustente una mejora duradera del bienestar.

La productividad por ocupado sigue, tras la pandemia, en niveles muy similares a los de antes del choque de 2020. El rebote del PIB no ha venido acompañado de un salto en el valor añadido por trabajador, sino de un uso más intensivo de mano de obra en sectores de bajo salario y escaso contenido tecnológico.

Los salarios reales netos, lejos de consolidar una supuesta bonanza, han empeorado. Desde 2019, caen alrededor de un 3%. La pérdida de poder adquisitivo de las familias se hace visible en indicadores sociales que rara vez aparecen en los mensajes oficiales: la carencia material severa sube del 7,7% al 8,1% en 2025, y el riesgo de pobreza y exclusión ronda el 19,5% de la población.

En 2019, España era el sexto país de la UE en riesgo de pobreza y exclusión; en 2024 asciende al tercer puesto. Una década de estímulos, fondos europeos y deuda récord ha dejado un país con más gasto, pero sin mejoras consistentes ni en productividad ni en renta per cápita.

El relato del “cohete” económico se desmorona al pisar la realidad del empleo. Los datos de mayo muestran más de 3,8 millones de parados reales, sumando a los desempleados oficiales los fijos discontinuos inactivos y otros segmentos que no aparecen en las listas, pero tampoco están integrados en un empleo pleno. No hay mejora sustancial del paro efectivo respecto a 2019.

La tasa de actividad permanece prácticamente estancada en torno al 58,9%, una cifra baja para un país que dice estar viviendo un auge de oportunidades. La afiliación bate récords, sí, pero dopada por el auge del pluriempleo y la proliferación de contratos con muy pocas horas y baja remuneración.

España lidera la tasa de paro de la Unión Europea, superando incluso a Grecia, y lo hace, además, con unos 900.000 inactivos que no figuran en las estadísticas de desempleo, pero tampoco participan de un mercado laboral sano. Es un liderazgo que ningún Gobierno incluye en sus campañas.

Si se amplía el foco a indicadores de bienestar, el contraste es aún más evidente. España figura como líder en el índice de miseria de la UE —una combinación de inflación y paro popularizada por Okun y que diversos medios y analistas actualizan periódicamente—, mientras los salarios reales netos se erosionan y la desigualdad persiste.

La subida de la carencia material severa y del riesgo de pobreza refleja que el crecimiento no se traduce en una mejora significativa de las condiciones de vida de amplias capas de la población. La economía avanza en el papel, pero demasiados ciudadanos retroceden en su día a día.

En este contexto, presumir de liderazgo europeo en crecimiento sin mencionar el deterioro social es, como mínimo, una omisión grave; en el peor de los casos, es marketing político deliberado.

Nunca antes España había contado con un impulso externo tan favorable. Tras la pandemia, se ha desplegado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente, acompañado de más de 140.000 millones en fondos europeos destinados, sobre el papel, a “transformar” la economía.

La deuda pública emitida ha aumentado en unos 500.000 millones, hasta superar los 1,7 billones, y el gasto en intereses supera ya los 40.000 millones anuales. Pese a este esfuerzo de recursos sin precedentes, los resultados en términos de convergencia real son decepcionantes: ni la productividad despega, ni la renta per cápita converge con la media de las economías avanzadas.

Mucho gasto y mucha inmigración, pero cero avances claros en los indicadores que importan para medir el progreso sostenible: productividad, renta per cápita y calidad del empleo.

La propia OCDE reconoce que el tirón reciente del PIB español se apoya sobre todo en inmigración, demanda interna, turismo y servicios, sectores intensivos en mano de obra pero de baja remuneración. Al mismo tiempo, alerta de debilidades persistentes en empleo, deuda y gasto público, y recuerda la necesidad de reformas profundas en mercado laboral, fiscalidad y productividad.

En sus proyecciones, el paro en España se mantiene en dobles dígitos durante los próximos años: alrededor del 11,5% en 2024, del 10,9% en 2025 y del 10,5% en 2026. Incluso en el escenario más benevolente de crecimiento del 3% en 2024 y algo más del 2% en 2025, España seguiría liderando la UE en tasa oficial de paro.

Eurostat, por su parte, certifica que España cerró abril de 2026 con la tasa de paro armonizada más alta de toda la Unión Europea y con unos 2,74 millones de desempleados, por encima incluso de Francia y Alemania en número absoluto. La tasa de paro juvenil se sitúa en torno al 25%, aproximadamente el doble de la media de la UE y de la eurozona.

Las previsiones más recientes de la Comisión Europea tampoco avalan el relato del liderazgo incontestable. Para 2026, sitúan a España como el sexto país en crecimiento previsto dentro de la UE; para 2027, cae al decimocuarto puesto. Incluso en el terreno preferido del Gobierno —las tasas de crecimiento puntuales—, el supuesto podio se diluye en cuanto se incluyen todos los socios y se mira más allá de Alemania y Francia.

El propio informe de la OCDE sobre España subraya el uso intensivo de contratos de corta duración y de formas de trabajo con pocas horas, así como el deterioro de la productividad por ocupado. Señala, además, los problemas estructurales derivados de un tejido productivo dominado por microempresas y servicios de bajo valor añadido, en un entorno de alta incertidumbre regulatoria y elevada carga fiscal.

Si España fuera realmente la economía estrella de Europa, cabría esperar un mercado laboral sólido, una tasa de paro en niveles europeos, salarios reales creciendo y una productividad claramente al alza. Nada de eso ocurre.

Lo que sí existe es una brecha creciente entre discurso oficial y realidad comparada: se seleccionan los indicadores favorables, se acota el mapa de referencia a las grandes economías estancadas y se proyectan previsiones optimistas mientras se minimiza el paro, el subempleo y el deterioro del poder adquisitivo.

Crecer un 2,8% cuando se cayó mucho más que el resto no es equiparable a crecer lo mismo tras una recesión menos intensa. Esa diferencia se percibe en el atraso persistente del PIB per cápita y en la evolución de la renta de los hogares frente a las principales economías europeas.

España no es un milagro económico. Es una economía que corre para quedarse quieta en los indicadores que de verdad importan: paro, salarios reales, productividad y convergencia en renta per cápita. Más que un milagro, lo que estamos viendo es un milagro de propaganda política.