Mantener una fiscalidad confiscatoria y depredadora en la cadena alimentaria es ineficiente y
regresivo. El truco del gobierno de echar la culpa primero a los agricultores y ganaderos y
luego a los supermercados no cuela.

La inflación de costes en la cadena alimentaria no es un problema de 2022, viene de lejos. Ya
en 2020 el gobierno intentó culpar a los agricultores hasta que la realidad mostró que en un
kilo de tomates de Almería el 41% son impuestos y solo el 3% es margen de comercialización, según datos de los propios agricultores.

La realidad es que la industria alimentaria desde el campo hasta la venta minorista está
sufriendo caídas de márgenes por la enorme subida de costes mientras el estado dispara la
recaudación por la inflación en más de 15.000 millones de euros incluso después de deducir el
“coste” de las ayudas anunciadas, si se cumplen.

La inflación de costes en la industria alimentaria supera el 19% en 2022 y los supermercados y
comercios la han frenado al 13,8%. En alimentos frescos la inflación de precios en origen
(campo) por la elevada inflación e impuestos en el primer semestre de 2022 ha sido del 31,9%,
mientras la subida de precio de venta al público en alimentación-distribución ha sido del
16,9%.

Por ejemplo, el precio de la leche en origen es una media en julio 50 céntimos por litro al
ganadero, un 50% mayor que en mayo 2021 (31 céntimos) por la inflación de costes e
impuestos que sufren. La distribución en ese periodo ha subido el precio de venta al público 20
puntos menos. De 60 céntimos a 75 céntimos de media.

Los costes energéticos explican el incremento del 40% del precio de los alimentos, pero no
podemos olvidar el gran problema de los costes de contratación, que se han disparado
subiendo los impuestos al trabajo, y los impuestos encadenados.

El ministro Planas, que es con mucha diferencia el más sensato del ejecutivo, comentaba
recientemente en televisión que hay poco margen para reducir los impuestos en la
alimentación ya que muchos alimentos tienen ya un IVA reducido. El problema es que el
ministro solo habla del IVA en el eslabón final de la cadena, no de los impuestos encadenados
en todo el proceso productivo que, además, al ser un porcentaje de cada elemento, elevan el
precio más a medida que suben los costes. Un producto de 60 euros que pague 12 euros de
impuestos y cuyo coste ha subido a 70 euros en el mercado internacional paga 14 euros de
impuestos. Es decir, el coste se eleva aún más con esa cadena de impuestos sobre el valor
bruto.

Y la cadena no es pequeña. La cadena de valor de frutas y hortalizas frescas es el sueño de
un recaudador de impuestos. «El Estado es uno de los grandes beneficiados con la subida del precio de los alimentos gracias a una docena de impuestos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Son gravámenes que contribuyen a que los alimentos se encarezcan de media un 283% entre el campo y el supermercado, según los datos de agosto del barómetro mensual que elabora la organización agraria Coag» explica María García Juarez para El Economista.

Producción, transporte a central, almacenaje en origen, manipulación y envasado, transporte a destino, almacenaje en destino, transporte a punto de venta y finalmente venta minorista sufren todos su carga impositiva y además el elevado aumento de costes energéticos (que incluyen más del 50% de impuestos a la vez).

El margen bruto en las empresas de cada eslabón de esa cadena es bajísimo, mientras el
estado recauda por todas partes, desde los costes energéticos, el CO2, los costes de
contratación y la enorme cantidad de impuestos directos e indirectos.

Si los supermercados difícilmente pueden soportarlo porque solo disponen de un margen muy
bajo y elevados costes, ¿cómo van a soportarlo ganaderos y transportistas que están ya
trabajando a pérdidas? Ya se han perdido 120 ganaderías en España con respecto al año
pasado. Pero no es un problema de hoy. España tiene 2,2 millones de hectáreas agrícolas
menos y ha perdido 374.580 explotaciones en lo que va de siglo, según el INE. Entre trabas
burocráticas, costes e impuestos estamos destruyendo nuestro tejido productivo. Y ahora
viene otra legislación restrictiva bajo una excusa medioambiental falsa que volverá a limitar la
oferta y perpetuar los elevados precios.

La ministra Yolanda Díaz ha cargado de insensatez y demagogia el debate. Por un lado acusa a
los supermercados de pactar subir precios como si fueran un monopolio ya la vez les acusa de
bajar los precios demasiado. Hicieron lo mismo con agricultores, ganaderos y transportistas
antes. Y mientras dice que va a “topar” los precios de las grandes distribuidoras, pide que
compremos en comercio de proximidad, que son los que no pueden soportar bajar precios, y
exige que se suban los salarios y los precios de los productos agrícolas.

Yolanda Díaz exige al sector que sople y sorba a la vez. En un sector donde las empresas funcionan con márgenes netos inferiores al 6% y donde el estado recauda hasta el 41% del precio final, resulta que el problema son las empresas. En fin…

Para Yolanda Díaz los supermercados son a la vez culpables de bajar los precios demasiado y
de subirlos. Fascinante.

Si los supermercados venden caro por maldad o avaricia ¿por qué es más caro en tienda el
mismo producto? ¿Por qué bajaban los precios durante años? Si estuvieran disparando
artificialmente los precios se lanzarían otros comercios y miles de cooperativas y tiendas a
vender «barato» y forrarse.

El gobierno no baja los precios. Los sube. La cadena de costes crecientes e impuestos
superpuestos además de las trabas regulatorias y burocráticas están ahogando la oferta y
empeorando la capacidad de crecer, competir y ofrecer mejores productos a mejores precios.

El sector de la alimentación es un ejemplo de cómo el estado se cuela en toda la cadena y la
encarece y empeora. El gobierno culpa a agricultores, ganaderos, transportistas y
distribuidores mientras les expolia… Y luego se presenta como la solución.