La inseguridad jurídica importa. Corrupción, cambios legislativos impredecibles o por tacticismo político, leyes ambiguas y contradictorias, arbitrariedad y abuso de poder son factores que lastran a la economía.
España se desploma en el índice de seguridad jurídica desde que gobierna Sánchez.
La corrupción del Gobierno asola España y lleva penalizando a la economía desde hace mucho tiempo. Pero ¿no estamos en un cohete?
Lo que salva los datos económicos es la excepcional entrada de fondos europeos, algo que es externo y encima despilfarrado y el admirable récord de turismo. Nuestro país está en una situación muy pobre. PIB per cápita, tasa de actividad, inversión privada y tasa de paro efectivo estancados desde 2019.
La inversión extranjera se desploma, el paro efectivo sigue por encima de 3,5 millones de personas y España se hunde en seguridad jurídica, el peor dato en más de 20 años.
El dato de afiliación está dopado por pluriempleo y contratos sin remuneración, por eso la tasa de actividad está estancada desde 2019
Un dato que debería llenar los titulares es que la inversión extranjera bruta en el primer trimestre de 2025 ha sido de solo 4.067 millones, un desplome del 45% con respecto al dato del primer trimestre de 2024, 7.439 millones.
Decía Pedro Sánchez que España es un paraíso para las empresas innovadoras. El mundo no lo ve así.
Una fiscalidad confiscatoria, una regulación asfixiante e inseguridad jurídica llevan a que la inversión extranjera en un primer trimestre se desplome a menos de la mitad de la media del 2017 a 2024 si quitamos el año de la Covid.
Los datos de paro de junio son atroces. El total de personas apuntadas al SEPE y que no trabaja supera los 3,5 millones.
El número total de demandantes de empleo se sitúa en 4,2 millones. El paro efectivo no ha bajado desde 2019.
El número de personas desocupadas ocultas de las cifras oficiales del paro supera los 1,2 millones. El dato de afiliación está dopado por pluriempleo y contratos sin remuneración, por eso la tasa de actividad está estancada desde 2019.
El Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe sobre el índice de seguridad jurídica que refleja datos aterradores.
En España, los casos de corrupción son constantes
España recibe una nota de solo 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la UE, lo que refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las democracias europeas con mayor solidez.
El índice de seguridad jurídica tiene en cuenta los siguientes factores: ausencia de corrupción, efectividad del Gobierno, Estado de derecho, calidad regulatoria, funcionamiento de la justicia, limitación del poder del Gobierno, calidad democrática, derechos de propiedad, previsibilidad de la fiscalidad y cumplimiento de laudos de arbitraje internacional.
El informe explica que en 2025 España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, cayendo diez puestos en un solo año y situándose en la posición 46 a nivel global. La peor nota desde los tiempos de Felipe González.
El Banco de España estima que si España igualara la calidad institucional de Dinamarca, su productividad crecería un 19 por ciento más en cinco años.
Desafortunadamente, España figura entre los cinco países con mayor deterioro institucional desde 2000 hasta 2025.
En España, los casos de corrupción son constantes.
El ciudadano termina acostumbrándose a leer cada día un nuevo asalto a las instituciones por parte del Gobierno, hasta llegar a una situación de saturación tal que debemos elegir con qué nos indignamos cada día.
La corrupción es una lacra que viene por el exceso de poder del Gobierno en la economía
Se ha normalizado que el Gobierno eliminase el delito de sedición y redujese el de malversación, o que el fiscal general del Estado esté imputado y que sea una figura politizada al servicio del Gobierno. Parece que no pasa nada cuando se amordaza a la prensa independiente y se señala a los jueces.
El Gobierno va a pasar una ley que elimina la acusación popular retroactivamente, que politiza el acceso a la judicatura y que pone al fiscal general del Estado como embudo y freno de la acción de control al abuso de poder.
La demolición del Estado de derecho por parte del Gobierno de Sánchez es parte de un plan que se está llevando a cabo en todos los países en los que el Grupo de Puebla busca perpetuar a gobiernos socialistas en el poder. Es lo mismo que está ocurriendo en México, Chile o Colombia.
La corrupción es una lacra que viene por el exceso de poder del Gobierno en la economía. Sánchez y su Consejo de Ministros aprobaron por unanimidad todas las operaciones de contratos irregulares millonarios que promovían Ábalos, Koldo y Cerdán. Sin ellos, nunca se habrían acelerado y aprobado. Esa responsabilidad es ineludible.
Los jueces independientes son los que han conseguido que nos enteremos de todos estos casos. Por eso, el Gobierno quiere silenciar y amordazar a la prensa y la justicia. Para que no te enteres.
El socialismo siempre es contundente con la corrupción. Contundente contra los jueces, la prensa y las instituciones independientes que desvelan los casos de abuso de poder.