El voluntarismo y propaganda con la que el gobierno ha cerrado su balance del año contrasta con la realidad económica. Según el estudio de Bloomberg Economics de diciembre (“Economies That Beat Covid-19 in 2020”), España cierra 2020 con el peor lugar en el ranking de países de la OCDE en cuanto a gestión sanitaria y economía.

Según el ranking de Bloomberg, el gobierno de Sánchez suspende en salud, economía, confianza y calidad de la acción de gobierno.

Otro factor que nos debería preocupar es que las estimaciones del consenso de analistas recopilada por Focus Economics ha rebajado las expectativas de rebote de la economía española en un 0,2% en su edición de diciembre comparado con la predicción de noviembre. Esto significa que España solo rebotaría un 5,8% tras la debacle de 2021 y que el paro aumentaría al 17,7% según dicho consenso. ¿Por qué debería preocuparnos? Porque las estimaciones de la edición de diciembre ya incorporan el efecto positivo de la vacuna y los fondos europeos.

Los analistas internacionales han rebajado en un mes sus perspectivas para España a pesar de incorporar la cifra de fondos europeos y el calendario de vacunaciones.

El año 2021 se presenta con muchos aspectos positivos que deberían ayudar a la economía española a recuperarse. Sin embargo, las expectativas empeoran. Parece un contrasentido cuando las noticias de acuerdo de Brexit, vacunas y fondos europeos deberían beneficiar especialmente a España. El gran problema y la razón por la que nuestro país no captura el efecto apalancamiento de estas buenas noticias es que la batería de contrarreformas implementadas y la inseguridad inversora frenan el potencial de nuestra economía.

La economía española es como un atleta de élite. Ha demostrado en el pasado que, cuando se ponen facilidades, sorprende por su rápida recuperación. Sin embargo, por primera vez en dos décadas, los datos adelantados empeoran. Los indicadores adelantados de la OCDE de noviembre mostraban que España se despega de la recuperación y que sigue por detrás de países con mayores dificultades, como Portugal o Grecia. Lo mismo nos muestran los índices manufactureros y de servicios. Un empeoramiento generalizado.

El ejecutivo de Sánchez se ha autocalificado en empleo y economía con un notable y la realidad que muestran los organismos internacionales es que suspenden en todos los niveles. 

Uno de los factores que más preocupan ante la recuperación es el mal uso de los fondos europeos. Desafortunadamente, el gobierno de Sánchez ha desoído las advertencias de Europa y se reafirma en su intención de utilizar unos fondos que son muy necesarios para la economía española de manera política y burocrática. El gobierno de Sánchez es el único de la Unión Europea que usa a los ministerios como freno y embudo a la hora de gestionar los proyectos. Esta burocracia, que ha llevado a que se cree una innecesaria secretaría general mientras la oficina económica de la Moncloa se presenta como parada única para la concesión de las ayudas, es casi una garantía de ineficacia y de uso político. España ya tiene la experiencia del bajísimo impacto en la economía que tuvieron el Plan de Crecimiento y Empleo de 2009, que se despilfarró en gasto inútil, o el Plan Juncker. La probabilidad de que se malgasten los fondos es enorme, pero la posibilidad de que se orienten de manera política para mantener a las grandes empresas calladas y dóciles es una certeza.

Tampoco debemos ignorar el efecto depresor del PIB potencial por la acumulación de deuda. La Unión Europea y el Banco Central Europeo han dado a los países de la eurozona un espacio fiscal sin precedentes con un objetivo claro: Crecer y crear empleo. El gobierno de Sánchez lo ha utilizado fundamentalmente para aumentar desequilibrios estructurales y disparar el gasto corriente administrativo. El gobierno suele vanagloriarse de las ayudas a empresas que ha concedido, sin embargo, es incorrecto. La inmensa mayoría ha sido dar la posibilidad a las empresas de endeudarse para pagar impuestos. Los préstanos ICO solo están avalados en parte por el estado, pero dicho aval no implica que no se deba el dinero ni soluciona el problema de capital circulante de miles de empresas. Recordemos que los ERTE no son una ayuda del estado a las empresas, sino al revés. Para el estado es mucho más barato que un trabajador esté en ERTE a que esté en paro, que le costaría en subsidios casi el doble.

En 2021, tras una crisis que ha sido parcialmente mitigada por un aumento sin control de la deuda, el mayor de la Unión Europea, el riesgo de España es que se ha disfrazado una crisis de solvencia. Casi el 25% de las empresas españolas están al borde de la quiebra, según el Banco de España, y eso no se soluciona con tipos bajos y alta liquidez. Si recordamos la crisis de 2008, pasó algo parecido. Se concedieron 140.000 millones de euros en préstamos ICO que fueron en su amplia mayoría a impagados y no se evitó la destrucción de empleo.

Si atendemos a las cifras, la economía española ha perdido más de 85.000 empresas en 2020 y a cierre de noviembre había 3.851.312 personas desempleadas. Si comparamos esta cifra con la del año anterior, la tasa de paro ha aumentado en un 20,4% pero además aún quedan 750.000 personas en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo). Si no se pone la alfombra roja a la inversión y la creación de empresas, va a ser muy difícil absorber el paro creado y el desempleo latente en los ERTE.

El año 2021 verá algunos sectores recuperarse muy rápido, pero si no prestamos atención a las pymes y a los autónomos, a los que este gobierno ha subido las cuotas dos veces, la recuperación será pobre, endeudada, con bajo crecimiento de empleo e incompleta.