En los próximos días se aprobarán unos presupuestos cruciales para España.Este debe ser el año en que España cumpla, con holgura, su compromiso de déficit del 3,1%.

El crecimiento económico, que el consenso estima en 2,5%, es muy probable que se revise al alza. Los indicadores adelantados muestran una importante fortaleza de la demanda interna, apoyada por el consumo. Adicionalmente, en términos anualizados, la creación de empleo supera las estimaciones, y puede cerrar el año cerca de 600.000 trabajos. Si atendemos al comportamiento del sector exterior, es muy probable que el déficit comercial se reduzca con la moderación de los precios del petróleo, y que las exportaciones continúen mostrando fortaleza, no solo en términos de crecimiento sino en cuanto a aumento de cuota de mercado.

Son todos elementos que apoyan un cumplimiento de nuestros compromisos y la mejora de la economía. La inflación, que ahora se sitúa en el 3% y es probable que cierre a niveles más cercanos al 2%, tiene un efecto “reductor” del déficit, pero es un elemento que puede reducir crecimiento potencial y mejora de consumo porque, como está ocurriendo, viene fundamentalmente de factores externos.

El déficit público de 2016 estará por debajo del objetivo del 4,6% del PIB pactado con la Comisión Europea, y eso es una buena noticia, pero estos presupuestos para 2017 deben garantizar que se cumpla con creces el objetivo del ejercicio. Que el techo de gasto de 118.337 millones de euros, sea unos 5.493 millones menos de los previsto inicialmente para 2016, apoya. Que las Comunidades Autónomas hayan empezado el año ajustando sus niveles de déficit, también.

SI TODO VA BIEN, ¿CUÁLES SON LOS RETOS?

Debemos aprovechar el periodo de recuperación en el que crecemos casi el doble que Europa, para tener los deberes cumplidos, porque -queramos o no- la barra libre de dinero barato y los tipos de interés ínfimos llega a su fin.

Hemos conseguido reducir el déficit casi un 50% y corregir enormes desequilibrios de la economía. Cuando mis queridos amigos economistas argentinos se enteran de que España llegó a tener, a finales de la anterior legislatura, un déficit fiscal y comercial del 9% y 10% del PIB respectivamente, alucinan, pensando que esas locuras solo pasan en países poco serios. Pero debemos prepararnos para el invierno, y estos presupuestos deben orientarse a ese entorno, desde la flexibilidad y la priorización del gasto, no cayendo en los errores del pasado.

El principal reto de estos presupuestos va a ser crecer reduciendo el déficit estructural -ese que se genera pase lo que pase en la economía-. La deuda pública estimada es del 99% del PIB para el año 2017, para bajar más rápidamente hasta el 97,7% en 2018 y al 95,4% en 2019. Para esa reducción de 5 puntos en la deuda, necesaria, urgente, esencial, no solo tenemos que conseguir crecer como lo estamos haciendo y llegar a 2018 más de 20 millones de ocupados, mientras los salarios van recuperándose y los beneficios empresariales salen de la UVI.
Tenemos que hacerlo con un sector exterior que se enfrenta al fantasma del proteccionismo y las barreras al comercio. Y tenemos que hacerlo porque los tipos subirán y la liquidez se va a reducir.

Podemos ser relativamente optimistas en cuanto a las exportaciones porque nuestro recorrido ha sido admirable. No solo exportamos a nivel récord, sino que hemos ganado cuota de mercado en un entorno en el que las medidas proteccionistas desde EEUU a China se multiplicaban, especialmente desde 2012.

La verdad es que España está consiguiendo salir del infierno poco a poco pero admirablemente.

Hemos salido del desastre creado con las cuatro palabras más peligrosas de la economía: estimular la demanda interna. Esa locura nos llevó a una brutal burbuja, sobrecapacidad en casi todos los sectores, endeudamiento y, como siempre, empeorar después.

Ahora estamos creciendo con una combinación de elementos que, lejos de ser ideal, nos evita entrar en otra espiral negativa. Al menos a corto plazo. Porque los riesgos de volver a aumentar los desequilibrios no son pequeños.

Estos presupuestos, por lo tanto, deben facilitar el crecimiento y, lo que es más importante, contar con suficientes elementos de flexibilidad para que se puedan cumplir con creces nuestros compromisos ante cambios inesperados.

Los presupuestos deben favorecer la tan necesaria bajada de impuestos que exigen familias, empresas, organismos internacionales y la lógica.

UN 2017 CRUCIAL

Son presupuestos que deben prepararnos para la inevitable alza de los tipos de interés, garantizando no solo el cumplimiento del déficit, sino la reducción de endeudamiento antes mencionada que evite que España vuelva a tener necesidades de financiación netas anuales de 100.000 millones de euros. España llegó a ser, en la época de “hay margen”, hasta un 30% de las emisiones de deuda de la UE. Hemos conseguido que esa cifra caiga a menos de la mitad, y debe cercenarse aún más, porque cuando suban los tipos -que subirán-, y el ciclo económico se ralentice, corremos el riesgo de caer en otro shock de deuda. Tanto a nivel estado, como familias y empresas, estamos muy lejos de sufrir ese shock.
Nos enfrentamos a un 2017 crucial, como explicaba antes. Nuestro crecimiento de los últimos años no se debe “solo a factores externos”. Los precios del petróleo, bajos tipos y liquidez del BCE son los mismos para Italia o Portugal y ninguno está creciendo y creando empleo como nosotros. Pero el efecto placebo de la alta liquidez no dura siempre, y atraer inversión y creación de empleo deben ser los dos pilares de nuestra política.

España, si se prepara para el invierno y evita los errores de la época de “hay margen”, será imparable.

La posición de la Unión Europea (Bruselas) y parte de los comentaristas económicos sobre las empresas tecnológicas no nos debe sorprender, pero es totalmente equivocada. La visión cortoplacista, orientada desde un punto de vista fiscal erróneo, nos esconde un problema mayor. Europa ha perdido la carrera de la tecnología y de la innovación, y no va a recuperar posiciones desde la represión fiscal.

Usando subterfugios, se intenta

– Los impuestos no se pagan al 100% donde se vende, sino donde se genera el valor añadido. La propia Unión Europea dictamina que, cuando se produzca una venta a través de comercio electrónico, el IVA de ese producto estará sujeto al tipo impositivo fijado en el país de residencia de la empresa, no del usuario que hace la compra. Lo mismo ocurre con la declaración del propio IVA. Es curioso, porque la Unión Europea defiende a capa y espada esta política –por otro lado, completamente lógica- para sus multinacionales y conglomerados industriales en sus inversiones en mercados emergentes y, sin embargo, las ataca para las empresas tecnológicas.

A la hora de mirar la contribución fiscal de las multinacionales, usar una visión localista desvirtúa el beneficio mundial. Por ejemplo, Google pagó más del 18% de impuesto de sociedades en 2016, casi 4.000 millones de euros, el 80% en USA, donde tiene la sede la compañía y donde genera la mayoría del valor añadido, tecnología y sistemas. Sin embargo, genera en el exterior casi un 38% de su empleo total, invirtiendo en start-ups y negocios establecidos hasta un 40% del total, lo cual genera un efecto multiplicador en toda la economía.

Pero, sobre todo, muestra el fracaso del modelo europeo que ha subvencionado y perpetuado sus conglomerados industriales poniendo barreras a creación, innovación y crecimiento del sector tecnológico, y ahora se encuentra con que no solo no tiene líderes en la carrera tecnológica, sino que además no “protege” sus puestos de trabajo ni sus ingresos fiscales.

– Se olvida el importantísimo impacto positivo en empleo, calidad del mismo, impuestos indirectos y cambio del patrón de crecimiento que suponen estas empresas, para centrarse en la titularidad. ¿Por qué? Porque son norteamericanas. Si fueran francesas, alemanas o de sectores rentistas, estarían recibiendo decenas de miles de millones en subvenciones.

No es una sorpresa que, según el ranking de Linkedin, las empresas más deseadas para trabajar sean Google, Salesforce, Facebook, Apple y Amazon. Google es un claro ejemplo, cuyos más de 60.000 empleados cuentan precisamente con el empleo de calidad y remunerado (más de un 30% que la media de sus empleos similares en los países donde opera) que algunos esperan, en vano, que se consiga vía subvenciones a sindicatos.

La Unión Europea gasta más de un 1% de su PIB en “políticas de empleo estatales” que incluyen enormes gastos estatales e ingentes subvenciones a sectores obsoletos, adicionalmente genera miles de páginas de regulación para “proteger” a sus campeones nacionales que, encima, también son acusados de pagar pocos impuestos porque van de adquisición ruinosa en adquisición ruinosa y pérdida porque me toca. Mientras en la OCDE la media de gasto en políticas activas de empleo no alcanzaba el 0,6% del PIB, en EEUU no llegaba al 0,15%, en España era del 0,9% en 2011 y en otros países como Francia superaba el 1,5% del producto interior bruto. ¿Y si gastásemos menos en esas políticas que han demostrado ser ineficientes y facilitásemos la implantación y creación de nuevos líderes tecnológicos?

– Muchos análisis olvidan el impacto de determinados servicios que son gratuitos para los usuarios y se financian con publicidad. Por ejemplo, un buscador. O Google Maps. Un estudio de Hal Varian cuantifica un impacto de 800.000 millones de dólares por parte del buscador sólo en ahorro de tiempos, eficiencias, posibilidad de comparar productos por el consumidor y elegir el más barato, incluso el impacto de servicios publicitarios.

No solo deberíamos plantearnos por qué ponemos barreras a empresas que emplean mejor y con mayores prestaciones, sino analizar de manera muy seria por qué se perpetúa el error de “proteger” a los mal llamados campeones nacionales. Primero, porque no lo necesitan, tienen su nicho bien merecido, pero son negocios maduros y, por definición, cautelosos con respecto al cambio. Segundo, porque estamos viviendo los frutos de “echar” al capital inversor que apoya un mejor patrón de crecimiento. La Unión Europea debería preguntarse por qué Skype se creó en Estonia y no en Bruselas.

Además, olvidamos el efecto multiplicador en la economía no tecnológica. Un estudio de ITSOS muestra que las pymes crecen y crean empleo hasta el triple que las que no usan esos servicios digitales que, además, son gratuitos para el usuario.

Si de verdad nos planteáramos el tema fiscal, de empleo y crecimiento de manera seria, apoyaríamos que las grandes tecnológicas creciesen mucho más en nuestros países porque el efecto impositivo en IRPF y Sociedades es mucho mayor. El efecto multiplicador es muy evidente en Irlanda. El país, con una política fiscal atractiva, ha cercenado su déficit en 12 puntos hasta eliminarlo, y el desempleo se ha reducido a un 6,6% con el paro juvenil en un 15%, el más bajo desde 2008. Todo ello sin perder servicios públicos. Pero, claro, el problema es que “las tecnológicas no pagan impuestos”. ¿No será el problema que sostener dinosaurios no sirve para nada?

La Unión Europea tiene ante sí un reto muy importante, que es el de convertirse en el motor del cambio y de progreso que merece ser. Porque el avance de la democratización de la tecnología y de los nuevos patrones de crecimiento es imparable.

Mirar a las multinacionales desde una perspectiva miope, solo nos lleva a perder. Si tenemos en cuenta el inmenso mercado que es Europa y el enorme potencial de su influencia en el mundo, deberíamos pensar más en parecernos a EEUU y menos en copiar a Japón. ¿Se acuerdan de sus “keiretsu” tecnológicos que iban a arrasar el mundo en los 90? Yo tampoco.

En Europa necesitamos más FANG (Facebook, Amazon, Netflix y Google) y menos fango.

Estados Unidos se acerca de nuevo a un techo de deuda que, como antes, se volverá a aumentar. Pero cuando el responsable del presupuesto de la administración Trump, Mick Mulvaney, habla de que la deuda de 20 billones de dólares del país es una “crisis nacional”, no miente. A razón de más de 500.000 millones de dólares anuales de déficit, el riesgo aumenta mientras las políticas llevadas a cabo han cercenado el crecimiento potencial (lean).

La administración Obama aumentó la deuda del país en nueve billones. Es curioso, pero en 2008, Obama decía que haber aumentado la deuda en cuatro billones en ocho años era “irresponsable” y “antipatriótico” (vean el vídeo aquí). Y ahora toca tomar decisiones complicadas. Ya explicamos aquí los esfuerzos de Rex Tillerson por reducir el “Deep State” (la administración paralela, el gobierno en la sombra creado en los últimos años) y, con esa reducción, se añade el presupuesto de Mulvaney, que está especialmente centrado en atacar el gasto político que se esconde en partidas que todos consideramos positivas, ese que se esconde bajo el subterfugio de “educación”, por ejemplo, sin serlo.

Leer el presupuesto de Mulvaney sin prestar atención a los detalles es como un regalo de Navidad para un ataque a la administración. “Sube gasto militar, baja educación y lucha por el medioambiente”. La realidad es muy distinta.

El principio que informa el presupuesto es el de “el Estado debe ocuparse de la seguridad, y poco más” que siempre han defendido los miembros de la administración actual.
El aumento del 10% en defensa es incuestionable, y muchos lo podríamos criticar. Pero no deja de ser exactamente lo que prometió en campaña. 54.000 millones de dólares, o un aumento del 10%, para combatir a ISIS y recuperar la posición militar de EEUU en el mundo. Puede ser debatible, pero es exactamente lo que pedía su electorado, su partido y sus defensores. De hecho, incluso republicanos críticos consideran que el incremento es pequeño. Aumentar las ayudas a veteranos un 10% (5.300 millones de dólares) y la seguridad nacional un 6,8% es simplemente una cuestión de justicia y lógica ante la amenaza del terrorismo.

Pero vamos a los recortes. Porque el presupuesto de Trump busca cumplir esos objetivos sin aumentar la deuda.

Los mayores de la historia de EEUU desde Ronald Reagan.

Sanidad. El mayor hachazo, 15.100 millones de dólares, se centra en dos partidas, el National Institute of Health y la Office of Community Services, que no son organismos de servicio finalista, sino criticados -incluso por los demócratas- de ser centros de gasto político. El gasto que se elimina es el discrecional, no el obligatorio -la prestación de servicios-.

Departamento de Estado. Los recortes de Tillerson que comentamos hace una semana. 10.900 millones de dólares menos para financiar conferencias y gastos discrecionales sobre “Cambio Climático” que se habían disparado en los últimos ocho años, y recortar agresivamente la financiación al Banco Mundial (algo que me parece absolutamente normal, lean por qué). Nadie puede negar que el chorreo de dinero enviado a las iniciativas más peregrinas sobre el cambio climático y el gasto en el Banco Mundial son fondos que no sólo pueden revisarse, sino que deben. Y que las administraciones paralelas escondidas, también.

Educación. Reducir un 13,5% sin afectar al programa Pell Grant que da becas a personas con dificultades económicas, se eliminan 20 programas y subvenciones que se considera que pueden y deben ser financiados desde el sector privado.

En Vivienda y Desarrollo Urbano, un recorte del 13% en subvenciones de baja prioridad, que hasta los demócratas como Sanders han criticado como ayudas que inflan los precios de las casas (Home Investment Partnerships Program y el Community Development Block Grant). De nuevo, la idea es que estos programas se pueden financiar desde la colaboración público-privada, sin acudir al dinero del contribuyente, gracias a deducciones fiscales.

Agricultura, Empleo. Transporte y Energía tienen un recorte de subvenciones de 20,7%, 21%, 12,7% y 5,7% respectivamente. Se eliminan todas las subvenciones que interfieren en asuntos de cada Estado y se cercenan las que generan un exceso de burocracia, ineficiencia o duplicidades. Incluye eliminar inversiones en transporte o energía que deben ser financiadas por el sector privado vía reducciones de impuestos, no con más gasto público.

Sigamos. Comercio reduce un 15,7% consolidando agencias estadísticas en otras federales y eliminando subvenciones. Interior, un 11,7% menos, incluyendo subvenciones a minas abandonadas, compra de tierra para fines públicos. Justicia, un 3,8% menos en subvenciones, pero un aumento en personal y recursos para la Justicia. Tesoro, un recorte del 4,1% en recortes de personal, y mayores recursos para el secretario del Tesoro para eliminar rescates públicos. Finalmente, reducir un 20% el presupuesto de la EPA es esencial a la hora de atacar subvenciones inútiles y programas de contenido eminentemente político.
Ya pueden ver que el objetivo de Mulvaney es eliminar subvenciones políticas y gastos discrecionales que pueden financiarse desde el sector privado con las deducciones fiscales y bajadas de impuestos que se anunciarán en mayo. Eliminar subvenciones limita el poder del político, que debe buscar con el sector privado financiar esos programas cuando tenga sentido.

La idea de Mulvaney es que los programas que puedan financiarse desde la iniciativa privada, lo hagan, sin acudir a eternos aumentos de presupuesto. Se busca que el servicio se mantenga con reducciones de gastos discrecionales, no los obligatorios, de un 10%, que tampoco es una locura. Pero, sobre todo, se busca eliminar la “administración paralela” que genera miles de millones de dólares de gasto simplemente por existir y perpetuarse.

Usted podrá decir que eso se podría hacer también con defensa, y no le falta razón. La idea es precisamente entrar en un proceso de ahorros en ese campo -entre otros en la contratación y mayor competencia entre proveedores-, pero primero recuperar el terreno perdido en los ocho años pasados. En cualquier caso, si usted mira el presupuesto, se recupera el nivel eliminando gastos discrecionales que se dispararon en la época del Yes, We Can, y con ello se reduce burocracia y regulación innecesaria, limitando el poder político en las decisiones y acabando con bolas de nieve de gasto irrelevante en temas ideológicos.
Hay muchas cosas positivas en este presupuesto, y el objetivo de este artículo es centrarse en ellas. No aumentar la deuda, buscar ahorros en duplicidades y subvenciones inútiles, eliminar programas sin contenido efectivo y acabar con las redes clientelares de algunos elementos internacionales. Todo ello se hace sin atacar el gasto esencial y manteniendo el servicio público.

Tomemos lo bueno, que es mucho, y critiquemos los detalles que queramos, pero eliminar imposición ideológica, gasto discrecional y subvenciones innecesarias del presupuesto para poder poner más dinero en el bolsillo del ciudadano nunca debe ser una mala noticia. Yo, personalmente, aplaudo el esfuerzo titánico de Mick Mulvaney en intentar conseguirlo. Veremos si le dejan llevarlo a cabo.

Hay muchos elementos espeluznantes del populismo más rancio, pero si tengo que elegir uno favorito es ese que habla del Ibex 35 como si fuera el coro de Nabucco. Los populistas inventan soluciones mágicas para problemas complejos desde el convencimiento de que lo que nunca ha funcionado ha sido así porque no estaban ellos para llevarlo a cabo. Pero no me digan que no es hilarante que se llegue al nivel de simplificación más aberrante posible, que es identificar como grupo de objetivos coincidentes a una serie de empresas cuyo único elemento en común es que capitalizan en bolsa más que otras.

Para el especialista en buscar enemigos externos, es fantástico. Si usted, mañana, consigue que su negocio vaya muy bien y entre en bolsa, como ha ocurrido a algunas SOCIMI o empresas renovables que no existían hace diez años, cuando entra en el selectivo se convierte en “malo”.

El odio a la gran empresa no es la defensa del pequeño empresario. Es la constatación de la envidia al éxito. Porque la definición de gran empresa se va rebajando –como la de “los ricos”- hasta que el kiosco de enfrente de casa nos parece Exxon. Porque España no tiene un problema con sus grandes empresas. Con todas sus ventajas y desaciertos, han llevado a cabo una diversificación, crecimiento y transformación espectacular. El problema de España es que tiene muy pocas grandes empresas y que, las que llegan a esa calificación, son muy pequeñas.

Dado que los populistas no tienen problema en inventarse las cifras de los ingresos de las eléctricas (multiplicándolos por diez en algunos casos) o que confunden empresas multinacionales con ingresos y actividad en España, hagamos como ellos, agregar a todas las grandes empresas aunque sean competidoras, rivales o directamente sin conexión alguna de ningún tipo, para recordarles que:

– Según el INE, las grandes corporaciones –ojo, que eso incluye 250 o más asalariados, tampoco ninguna Apple- registraban una productividad media de 77.077 euros, casi el triple que las microempresas y un 38% por encima de la media de la empresa española.

– Según informe de la Agencia Tributaria, las grandes corporaciones no solo han resistido mejor a la crisis, sino que muestran en empleo un desempeño superior (lean), mejores salarios medios que el sector público y que la media de las pymes.

– Solo un 34% de las firmas que cotizan en el principal índice bursátil español ha reducido su plantilla desde la crisis y en ningún caso el porcentaje de recorte de empleo ha llegado a un 10%.

– Las grandes empresas generan 1,21 millones de empleos. Es decir, crean 1,21 millones de puestos de trabajo más que los populistas que las atacan.

De esos puestos de trabajo, de los que más de 472.400 están en España, a pesar de que generan muchos más beneficios en el extranjero que en España. De hecho, grandes grupos eléctricos, renovables y constructores mantuvieron su empleo en España –incluso lo aumentaron- a pesar de generar pérdidas en nuestro país entre 2008 y 2012, gracias a su diversificación e internacionalización.

– La mentira sobre la tributación de las grandes empresas ya la hemos desmontado en varias ocasiones, utilizando los datos de la Agencia Tributaria, las grandes empresas pagan una tasa del 19,8%.

– Nuestras grandes empresas, analizadas por sector, son –en media, y con excepciones muy honrosas-, entre un 20% y un 50% más pequeñas que sus comparables de países anglosajones y, sin embargo, emplean hasta un 30% más en el país donde tienen la sede (es decir, en España comparado con EEUU o Reino Unido) comparado con sus ingresos en dicho país, usando datos de sus informes anuales.

Se llegan a decir tales sandeces para demonizar a las empresas, que uno lee cosas como que el Ibex tiene un valor equivalente al 50% del PIB pero “solo” emplea al 7,3% de la población activa. Con semejante desfachatez se compara capitalización bursátil (valor total, no anual, y encima sin contar la deuda) con PIB (riqueza total, anual), olvidando sus ingresos y empleo en el resto del mundo, donde generan más del 56% de sus ingresos y ya, para rematar, equipara su creación de empleo… ¡“con la población activa”! sin tener en cuenta ni su actividad en el país, ni sus ingresos ni sus inversiones. Es tal colección de despropósitos que solo un político puede decirlos sin morirse de vergüenza.

Un país necesita muchas más grandes empresas porque crean más empleo, lo mantienen mejor durante las crisis y además son más productivas. Demonizar a las grandes empresas solo lleva a que las pymes tengan un desincentivo a crecer –muy evidente en España- ante el ‘tsunami’ impositivo, burocrático y de ataques que reciben, y a que los ingresos fiscales y los salarios del país se estanquen y vayan de crisis en crisis empeorando el patrón de crecimiento.

Tenemos que atraer mucho más capital y empresas mucho más grandes. Porque, lo veamos desde el punto de vista que usted quiera, la debilidad de nuestro sector productivo no se solventa teniendo una estructura empresarial dominada por pymes y microempresas o grupos estatales. Si esa fuera la estructura ideal, Grecia sería el ejemplo mundial de crecimiento. Para los que hablan de crear empleo público y atacar a las grandes empresas nacionalizándolas. Grecia, entre 1976 y 2012 triplicó su número de empleados públicos mientras el sector privado solo lo aumentaba un 25%, y las empresas estatales están entre las más ineficientes de Europa.

Toda esta campaña contra el Ibex no deja de ser una campaña contra el crecimiento. Una cosa es criticar estrategias y otra demonizar cualquier empresa de éxito, sea textil o de consumo. Porque el objetivo no es mejorar el patrón de crecimiento. Esas “puertas giratorias” que tanto critican son las mismas que ellos crean, pero en tamaño portal, en cuanto toman el poder.

Yo soy el primero que he criticado estrategias equivocadas de algunas grandes empresas, cualquiera que me lea o escuche lo sabe. Pero entrar en la demonización de todo lo que huela a multinacional o éxito es solo una estrategia de destrucción. Para luego repartirse la gestión de las migajas.

España tiene que plantearse que la única manera en la que vamos a conseguir mejorar el empleo y la calidad del mismo es con muchas más grandes empresas, y facilitando el crecimiento de pymes y autónomos para que sigan siendo el motor de crecimiento, sin escollos. Y eso debe hacerse pensando en aumentar las bases imponibles con una fiscalidad atractiva. Plantearlo desde un punto de vista cortoplacista y recaudatorio solo lleva a que se repitan las mismas mentiras año tras año, y no se solucione nada.

Al final estaré de acuerdo en algo con los populistas. Es muy malo el Ibex 35. Debería ser un Ibex 335.