Se cumple un año de la llegada de los “pactos del cambio” y los resultados no pueden ser más pobres. En las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan se repite el mismo patrón. Subir impuestos a todos, echar empresas y paralizar inversiones. Aumentos masivos de impuestos para aumentar el gasto político y el nepotismo y, encima, incumplir los objetivos de déficit más que otras Comunidades Autónomas.Es importante analizar el empeoramiento sabiendo que, además, contaban con viento de cola al llegar. La economía española creciendo un 3%, creación de empleo, financiación abundante, bajos tipos de interés y precios del petróleo.

Aragón, Baleares, Valencia, Castilla La Mancha, Extremadura y Navarra han llevado a cabo aumentos muy significativos en todas sus figuras impositivas, incluyendo el tramo autonómico del IRPF, por encima de lo que “criticaban” en las subidas de 2012, que se dieron en medio de una crisis de financiación sin precedentes. De hecho, la presión fiscal a rentas medias se ha aumentado hasta medio punto vía impuestos indirectos a pesar de que en este año computaban las bajadas de impuestos del gobierno de España.

Aragón, con una coalición de PSOE, Podemos, IU, es la Comunidad que más ha subido los impuestos a sus ciudadanos, y encima ha registrado un déficit del 2,13% comparado con el objetivo de 0,7% y un 29% más que la media de déficit del 1,66% de las Comunidades Autónomas. Ha subido todos los impuestos (IRPF, Patrimonio, Actos Jurídicos, Sociedades, Transmisiones Patrimoniales) y ha creado además tres nuevas cargas al uso de agua embalsada, a las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y sobre las instalaciones de transporte por cable.

Dentro de esta subida generalizada de impuestos destaca Navarra, donde la coalición de “cambio” ha llevado a cabo el mayor incremento tributario de su historia en todos los conceptos.
En Baleares, donde gobierna la coalición de PSOE, Podemos y los nacionalistas también han subido el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales. ¿Emergencia social? No, emergencia burocrática. Un Gobierno que hoy cuesta a los contribuyentes un millón de euros más al año en cargos. Un déficit -1,5%- que duplica el objetivo a pesar de cifras récord de recaudación gracias a la campaña turística.

En la Comunidad Valenciana, PSOE, Compromis y Podemos, han subido el impuesto de Patrimonio y el déficit fue del 2,5%, casi un 50% más que la media de las Comunidades Autónomas y más del triple del objetivo. ¿Por qué? los gastos se disparan a pesar del crecimiento de la recaudación muy por encima del PIB real. Añadan a ello más de 1.000 millones en inversiones canceladas con un impacto en empleo de 20.000 puestos de trabajo.

Dentro de esta subida generalizada de impuestos destaca Navarra, donde la coalición de “cambio” ha llevado a cabo el mayor incremento tributario de su historia en todos los conceptos. Como anécdota, subiendo los impuestos a las SICAV ha conseguido que… No haya ninguna SICAV en Navarra, y pierdan toda la recaudación. Una subida de impuestos “a las rentas altas” que ha acabado, vía impuestos indirectos incluyendo gasolinas a 2,4 céntimos por litro, siendo para todos, como siempre. Y la recaudación, que estimaban crecería un 1,5% en 2016, ya se considera difícil de alcanzar. Con la bajada de impuestos de la anterior administración, en 2014, los opositores decían que se recaudarían 70 millones menos, y aumentó en 191 millones. Con las subidas generalizadas del nuevo gobierno “del cambio”, se recauda mucho menos de lo estimado.

La reforma fiscal de Navarra sube el IRPF a todos las rentas brutas de más de 19.500 euros. A eso llaman ellos “los ricos”. Según datos de Civismo, independientemente del nivel de renta, los contribuyentes navarros pagan más en concepto de IRPF que los residentes de País Vasco, La Rioja o Madrid. Un mileurista paga en 2016 hasta 436 euros más por el Impuesto sobre la Renta en Navarra que en Madrid. Y, como parte de su “política social”, tener hijos en Navarra supone un recargo fiscal frente a Madrid que va desde el 4,8% hasta el 126%. Con una renta por debajo de 16.000 euros brutos y dos hijos, en Navarra se pagan hasta 500 euros más en concepto de IRPF que en Madrid.

Y, de nuevo, en Navarra han tenido una desviación por exceso de gasto de 25,8 millones sobre el objetivo de déficit. Un 0,84% incluso con el régimen foral. Suben los ingresos, más gasto político. Todo ello ha generado que las empresas se vayan. Más de un centenar de empresas han cambiado sede fiscal fuera de las comunidades “del cambio” en un año. Veinte de ellas en Navarra, que subió el Impuesto de Sociedades al 28% mientras en el resto de España se reducía al 25%.

Todo ello con la inversión financiera directa estancada desde hace meses. Imagínense estos resultados… Pero con la economía sin crecer. Nos lanzan a un shock de deuda.El expolio al comercio es otra característica. El ayuntamiento de Madrid subió el IBI a unos 20.000 comercios, subió el Impuesto de Actividades Económicas –que es cobrar a las empresas solo por establecerse- y aumentó más cargas eliminando las bonificaciones al ICIO. Unos 130 millones más de impuestos. En un año, Madrid ha pasado a situarse peor que la media de España (reducción de paro de 1,37%) y la Comunidad de Madrid (0,85%). En Madrid, un aumento del paro del 0,02%… Y “apuntarse” una reducción de deuda de 871 millones, contando como “suyas” las preamortizaciones hechas en 2013.

En el publirreportaje que envían a los ciudadanos madrileños, se lee “aumento del 27% del gasto social” cuando en las 21 juntas municipales el presupuesto 2016 tiene 1,1 millones menos para ayudas a mayores a domicilio y ayudas sociales que en 2015.

Para lo que sí hay emergencia es para la subvención de un millón de euros libre de impuestos –es decir, que la carga impositiva la sufragan los madrileños- para el festival de Bollywood a una empresa de Singapur –oh, los paraísos fiscales-. “Emergencia social”. Mientras, la agencia “para el empleo”, con un presupuesto de 30 millones de euros, ha “conseguido” trabajo a… 1.500 personas. En Madrid, la ciudad “libre de desahucios” según su propaganda, la policía municipal ha participado en 1.016 desahucios en el primer trimestre de 2016.

“Urbanismo para la gente” es cancelar más de 6.000 millones de euros de inversiones que supone 120.000 empleos menos y un coste de 700 millones, que reclama Fomento por la inversión perdida. “Urbanismo para la gente” es dejar a 443 familias dela cooperativa Cuatro Caminos en la calle sin sus casas. Hacer el entorno imposible escudándose en una supuesta interpretación a rajatabla de la legislación para paralizar, entorpecer y crear clientelismo.

Todo ello envuelto en postureo de radicalismo orientado a crear titulares, en temas como fiestas, tradiciones y educación para que el verdadero objetivo, el expolio del ciudadano y el parón económico desaparezca del debate….Ya le echarán la culpa a Rajoy o a Merkel. O a los dos.

Lo mejor que se puede decir de un año de “pactos de retroceso” es que podría haber sido peor. Si en vez de una recuperación, se llega a dar un entorno de máxima fragilidad, estábamos como Grecia
Estos datos no parecen preocupantes porque llegan con el viento de cola de una economía que ha dejado atrás la recesión y llevaba en recuperación desde 2013. Pero la erosión en la inversión, el empleo, y el aumento de impuestos para sufragar gasto político –que de social no tiene nada-, no es “cambio”. Es la política que piensa que los ciudadanos y empresas son un cajero y que ellos le hacen un favor al mundo por permitir invertir en nuestro país.

El atraco al ahorrador, el goteo de impuestos adicionales al comercio y la creación de empleo y el expolio a la principal forma de ahorro que tienen las familias españolas vía impuesto de sucesiones, muestra que su objetivo no tiene nada de social, sino confiscatorio. Lo mejor que se puede decir de un año de “pactos de retroceso” es que podría haber sido peor. Si en vez de una recuperación, se llega a dar un entorno de máxima fragilidad, estábamos como Grecia. Y es que, a nivel económico local y regional, se comportan como Syriza. 90% son sido subidas de impuestos y muchos de los cambios sólo han consistido en crear mucha burocracia y papeleo para hacer imposible la inversión. A uno le entristece escuchar que no merece la pena invertir en zonas de mi país.

Los ciudadanos pedían un cambio tras el desastre de la crisis 2007-2011. La frustración que ha generado el difícil proceso de salida de la misma es comprensible, y la autocrítica se ha hecho palpable devolviendo gran parte del esfuerzo fiscal a los españoles y atacando radicalmente la corrupción. Pero en el proceso se ha permitido que entre una forma de ver la política peligrosa. La deificación del intervencionismo que ve la burocracia depredadora como un fin en sí mismo para el poder político. La que asume el estancamiento como un éxito para su objetivo de crear clientes dependientes de las migajas que ellos repartan.

No les hagamos olvidar que son minoría aunque, por pactos, gobiernen. El único cambio es atraer empresas, crear empleo y crecer.

El debate de las pensiones siempre se intensifica cerca de las elecciones. Muchos autores han reflejado en los últimos días distintos problemas, fundamentalmente el envejecimiento de la población, desde ópticas razonables. Pero, es curioso, en la solución es donde en muchas ocasiones los políticos se entregan al partidismo, a acusarse unos a otros, y, en algunos casos, a defender soluciones mágicas que solo llevan a empeorar.

Conviene recordar los dos retos esenciales, el demográfico y el económico.

DEMOGRÁFICO:

España es uno de los países donde la población envejece más rápidamente. Lo han explicado autores de distintas escuelas como Javier Díaz Giménez, Juan Manuel López-Zafra o Ignacio Conde-Ruiz. Hay elementos muy positivos. Vivimos mucho más. Pero también tenemos cada vez menos hijos. Y el riesgo de una pérdida de población “japonesa” es relevante. El país nipón sufre caída de la población total con menos ciudadanos en edad de trabajar y más jubilados.

En España, el crecimiento vegetativo de la población, es decir, nacimientos menos muertes por cada mil habitantes, ha pasado de 10,5 a 0,7 entre 1975 y 2014, y se estima que será negativo en 2016-2017. Según el INE, si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería un millón de habitantes en los próximos 15 años. El porcentaje de población mayor de 65 años ya es del 18,2%. Adicionalmente, la unidad familiar ha perdido un 44% de miembros de media desde los años 70. El número de nacimientos anuales ha caído desde 669.000 en 1975 a cerca de 426.600 en 2015.

ECONÓMICO:

Hay 9,3 millones de pensiones con un poco más de 17 millones de afiliados a la seguridad social. España jamás ha tenido más de 20 millones de cotizantes y se considera que un sistema de reparto de pensiones es difícil de sostener si ese ratio es menor de dos contribuyentes por pensionista. Las pensiones ya suponen más del 11% del PIB.

Los jubilados cobran ahora de media cerca de 1.040 euros al mes, un crecimiento en términos reales de más de un 45% comparado con el periodo 2003-2004.

El Fondo de Reserva, que se creó en 2000 durante el mandato de Aznar para acometer los retos demográficos y garantizar las pensiones en periodos de crisis aprovechando los ingresos extraordinarios en épocas de bonanza, ha sido un éxito que ha permitido que se incrementasen dichas pensiones en los años difíciles. Lejos de ver la reducción de su cuantía como un problema, debemos analizarlo como lo que es, un éxito que ha evitado que se hagan brutales recortes de las pensiones como en Grecia y otros países. No es que se haya reducido a la mitad, es que ha cumplido su función. Y, con la economía ya lejos de la recesión, mantiene 32.500 millones de euros de colchón.

Pero el sistema de pensiones español es de reparto, no de capitalización. ¿Qué significa eso? Que usted no cotiza para asegurar su pensión, sino que contribuye a las que se pagan hoy con la esperanza de que en el futuro otros continúen haciendo lo mismo, aumentado por la inflación. Capitalización es lo que contribuye usted para su propia pensión, personal e intransferible.

Por ello debemos analizar el reto demográfico y el económico de una manera integral.

Si en esa ecuación (envejecimiento de población, aumento de afiliados, ingresos y gastos) no ponemos como pilar fundamental el crecimiento y el empleo, el resultado será el recorte de las pensiones, como ha ocurrido en todos los sistemas intervencionistas que prometían garantizarlas.

SOLUCIONES:

Primero, conviene resaltar que la solución en nuestro país no es acabar con el sistema de reparto, sino hacerlo sostenible y compatible con uno de capitalización. Es decir, la solución a las pensiones es recuperar el crecimiento económico y número de afiliados -20 millones- y mejorar la productividad y, con ella, los salarios y los ingresos de la Seguridad Social. No solo nos permitiría recuperar las cantidades del Fondo de Reserva, sino mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Si creamos muchas más empresas y atraemos más capital, con ello más empleo y más productividad, conseguimos mitigar el efecto demográfico y, a medio plazo, aumenta la población. Al fin y al cabo, eso nos diferencia de Japón, la capacidad de atraer inmigración por afinidad cultural, idioma y localización.

Nada de eso se consigue con el método “Podemos”: entorpeciendo inversiones, aumentando la burocracia y subiendo impuestos.

Porque la tendencia demográfica no se revierte desde una fiscalidad confiscatoria. En Francia se han recortado las pensiones desde 1996 con el famoso impuesto “solidario”. ¿Por qué?, porque se reduce la capacidad de consumir, ahorrar y tener descendencia si acometemos las reformas aumentando la fiscalidad y nos lanzamos al estancamiento.

SOMOS MUY POCO NÓRDICOS

En Suecia el Estado da una pensión mínima garantizada. A ese mínimo, equivalente a las pensiones no contributivas -y que solo se percibe si no se tienen otros ingresos-, se suma un sistema de capitalización personal en el que la empresa pone un 10% y el trabajador un 7% de su salario bruto en un plan individual de gestión estatal, y dicho plan se complementa con un 2,5% que se invierte en fondos, privados o públicos. Los que tildan el sistema de capitalización de “privatización” de las pensiones, mienten.

Para implementar este sistema se estableció en 2001 un periodo de transición por el cual los trabajadores nacidos antes de una fecha permanecían en el sistema antiguo y el resto pasaban al nuevo sistema. Dadas las diferencias demográficas y de desempleo, en España se podría utilizar parte del Fondo de Reserva y reducir los impuestos al trabajo para aumentar el empleo y reducir los desequilibrios. Un sistema sostenible, justo y a la vez que garantiza una pensión a todos.

Nuestro sistema de pensiones lleva criticándose desde que yo estaba en la universidad, diciendo que es insostenible. Sin embargo, se ha mantenido siempre que se ha fortalecido la creación de empleo y el crecimiento económico. Incluso si los jubilados pasaran a ser el 24% de la fuerza laboral y las pensiones el 15% del presupuesto como estima la OCDE a largo plazo, se puede mantener un sistema de reparto.

Lo que pone en peligro las pensiones públicas son las llamadas a cubrirlas desde las políticas que solo han creado salida de empresas y destrucción de empleo.

Merece la pena proponer un sistema en el que, como en Suecia, el ciudadano sepa exactamente cuánto tiene para su jubilación, sin depender de lo que diga un comité.

Porque los mismos que se rasgan las vestiduras con el poder adquisitivo de las pensiones son luego los que las hunden, sea recortándolas, devaluando constantemente la moneda y creando inflación excesiva.