Con Sánchez, la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado casi por cuatro, las cotizaciones sólo pagan las pensiones hasta el 3 de octubre y el Gobierno ha subido impuestos y cotizaciones 141 veces. La propaganda no paga las pensiones, las hunde.

Durante ocho años nos han repetido que este Gobierno es el que «protege a los pensionistas». Es el gran eslogan del sanchismo y será el eje de su campaña para el 29 de noviembre. Sin embargo, las cifras oficiales reflejan lo contrario. Pedro Sánchez no ha garantizado las pensiones, las ha hipotecado, las ha endeudado y ha convertido a cada trabajador y a cada pensionista en rehén de un sistema que sólo se sostiene con deuda y más impuestos.

Por eso, quien de verdad quiera defender las pensiones de hoy y las de mañana tiene una tarea muy clara en las urnas. Echar a Sánchez es defender las pensiones.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2018, la deuda de la Seguridad Social era de 34.888 millones de euros, según el Banco de España. En julio de 2026 alcanza los 136.176 millones, el 7,8 % del PIB. Son 101.288 millones más, casi cuatro veces la deuda que heredó. Desde que gobierna Sánchez, el sistema ha sumado de media unos 34 millones de euros de deuda cada día.

Sánchez ha hecho el sistema insostenible. Cada año el Estado tiene que rescatar las pensiones y aprueba un nuevo préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social para que pueda pagar las nóminas. En 2026 ha sido de 10.003 millones. Cuando los préstamos vencen, el Gobierno se limita a darles otros diez años de plazo, como hizo en febrero mediante real decreto-ley. Nadie devuelve nada. Simplemente se acumula y se aplaza. Un Estado endeudado.

El resultado es el mayor agujero patrimonial de la historia del sistema. Las cuentas de 2025 elaboradas por el propio Ministerio de Inclusión reconocen un patrimonio neto negativo de 116.100 millones de euros y admiten que «la solución adoptada para la cobertura de estos gastos ordinarios ha consistido en otorgar préstamos y transferencias corrientes por el Estado».

La realidad cotidiana del sistema es todavía más alarmante. Según el Instituto Juan de Mariana, las cotizaciones sociales sólo alcanzan para pagar el gasto en pensiones hasta el 3 de octubre. Las nóminas de octubre, noviembre y diciembre, incluida la paga extra de Navidad, dependen de unos 50.000 millones en transferencias y préstamos del Estado, que se pagan emitiendo más deuda pública.

Fedea cifra el déficit contributivo de 2025 en 63.716 millones de euros y, sin las transferencias del Estado, el desequilibrio del sistema se eleva hasta casi 70.000 millones. Desde 2018, la Seguridad Social ha recibido 309.126 millones en transferencias del Estado, según sus propias liquidaciones presupuestarias.

Mientras tanto, el Gobierno presume de un déficit contable de apenas 7.352 millones, el 0,4 % del PIB. Se trata de un truco de contabilidad. El déficit se reduce en el papel porque el Estado, endeudado y deficitario, tapa el agujero con transferencias y préstamos. Es como presumir de que la cuenta corriente no está en números rojos porque cada mes nos presta dinero el banco.

La propaganda gubernamental tiene aquí una contradicción imposible de resolver. Si de verdad viviéramos un milagro laboral, con 22,4 millones de afiliados, la deuda de la Seguridad Social debería estar bajando. Sin embargo, no deja de crecer.

Las afiliaciones cuentan puestos, no personas, e incluyen pluriempleo, contratos a tiempo parcial, afiliaciones sin apenas remuneración y salarios bajos que aportan poco a la caja. Por eso la afiliación sube y el agujero aumenta, mientras la tasa de actividad sigue estancada. No hay récord de empleo ni sostenibilidad del sistema.

El gasto, en cambio, se dispara. En septiembre, la nómina de pensiones contributivas alcanzó el récord de 14.498 millones de euros, un 6,3 % más que un año antes, mientras el número de pensiones sólo creció un 1,6 %. Con la próxima revalorización, la factura anual podría superar los 240.000 millones en 2027. La deuda de la Seguridad Social, con las políticas actuales, alcanzaría los 160.000 millones de euros. Ninguna propaganda socialista puede tapar esos datos.

El sanchismo nos dice que ha reforzado los ingresos del sistema. Sin embargo, lo que ha hecho es subir los impuestos y las cotizaciones 141 veces desde 2018, según el Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana. Son 63 subidas aprobadas por norma, 46 derivadas de no deflactar el IRPF y 32 por revisiones catastrales.

Los pensionistas no se libran del hachazo fiscal. La negativa de Hacienda a deflactar el IRPF ha quitado a los contribuyentes cerca de 28.000 millones de euros durante la era Sánchez. Cada vez que la pensión sube con el IPC, una parte de esa subida se la queda Hacienda porque el pensionista salta de tramo sin haber ganado un euro de poder adquisitivo.

Al Gobierno le gusta anunciar la revalorización de las pensiones, pero calla la parte que recupera por la puerta de atrás con el IRPF, el IBI y la inflación que alimenta su gasto público.

Y todo ese esfuerzo fiscal no ha servido para sanear nada. Todo el efecto recaudatorio del infierno fiscal, del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de la nueva cuota de solidaridad se ha consumido mientras la deuda de la Seguridad Social sigue disparándose.

Pagamos más que nunca y el sistema debe más que nunca.

El Gobierno presume de que el Fondo de Reserva ha alcanzado los 15.267 millones de euros, su máximo en diez años. Es un engaño. La Seguridad Social pide más préstamos y dice que aumenta la hucha. Es como decir que aumentas la hucha pidiendo prestado al banco. Y toda la hucha apenas cubre algo más de un mes de nómina de pensiones y poco más del 11 % de la deuda del sistema. Es un decorado.

Recordemos que el Fondo de Reserva creado en el año 2000 fue un éxito. Se llenó con los excedentes de los años de crecimiento y permitió sostener las pensiones durante la crisis sin recortes brutales como los de Grecia. Aquel fondo funcionó porque había crecimiento y empleo. El de ahora se llena con deuda e impuestos y se invierte en la deuda del mismo Estado que no puede pagar las pensiones.

El problema de fondo es muy grave. España es el país de la Unión Europea con mayores compromisos de pensiones devengados, el 507 % del PIB según Eurostat. Son promesas de pago que no están respaldadas por ahorro alguno y que se sumarán a una deuda pública que ya ronda el 100 % del PIB. Esta es la gran deuda oculta de España.

A esa factura se suma una demografía implacable. En 2025 nacieron en España 321.164 niños y murieron 122.167 personas más de las que nacieron. La fecundidad está en 1,11 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. La población mayor de 65 años ya supone el 21,1 % del total y llegará al 30,9 % en 2076, según el INE.

La inmigración no soluciona el problema de las pensiones porque su contribución neta al sistema es negativa. Un sistema de reparto con menos cotizantes por cada pensionista y con salarios reales netos estancados sólo puede sostenerse con más crecimiento, más empresas y más productividad. Exactamente lo contrario de lo que ha hecho este Gobierno.

Las víctimas de esta política son los jóvenes. El sueldo medio de los menores de 35 años es ya inferior a la pensión media de los nuevos jubilados. Los pensionistas no tienen la culpa. La responsabilidad es de un modelo socialista de rascar de donde pueda, que asfixia a los jóvenes con cotizaciones e impuestos, les impide ahorrar y formar una familia, y al mismo tiempo les promete una pensión que el sistema no podrá pagar en los mismos términos. Pagarán más, se jubilarán más tarde y recibirán menos.

Los mismos que se rasgan las vestiduras con el poder adquisitivo de las pensiones son los que lo hunden con inflación, con impuestos ocultos y con una deuda insostenible. Ningún sistema intervencionista que prometió garantizarlo todo ha evitado al final el desastre de las pensiones.

Ocurre siempre igual. Primero se niega el problema, después se tapa con deuda y, cuando la deuda ya no da más de sí, se recortan las prestaciones y se suben aún más los impuestos. Francia lleva años demostrándolo, con déficit desbocado, impuestos altísimos y crisis política permanente.

Al pensionista le han engañado con el relato de que su pensión está garantizada porque lo dice un decreto. Al contribuyente le han expoliado con 141 subidas de impuestos y cotizaciones. Y a los jóvenes les han cargado una deuda que no han votado.

Las pensiones públicas no se salvan con propaganda ni con impuestazos.

Las pensiones no se salvan con inmigración ilegal y empobreciendo a la clase media, como ha hecho Sánchez. Se salvan con crecimiento productivo no dopado, con empresas más grandes, más empleo y un mayor número de rentas altas, y con productividad. Más empresas, más inversión y asalariados de alto valor añadido significan más bases imponibles y más ingresos para el sistema. Socialismo significa expolio, deuda y ruina. Siempre.

Hace falta, además, una reforma valiente que haga compatible el sistema de reparto con uno de capitalización, como en Suecia y todos los países líderes. Quienes llaman a esto privatizar las pensiones mienten. Es despolitizar las pensiones.

Además, se deben separar las pensiones no contributivas del sistema contributivo, reconocer el agujero real en lugar de esconderlo detrás de préstamos y dejar de financiar gasto político con el dinero de los pensionistas futuros.

Nada de eso lo hará el socialismo que ha cuadruplicado la deuda de la Seguridad Social, que ha subido 141 veces los impuestos y las cotizaciones y que cada año necesita un préstamo del Estado para pagar las pensiones. Lejos de ser el escudo de las pensiones, Sánchez es su mayor amenaza.

Por eso, el 29 de noviembre, echar a Sánchez es defender las pensiones.