Sánchez se ha entregado a la propaganda y la euforia sobre la economía española, pero, aparte de exagerar todo lo positivo y negar lo negativo, se olvida de dar las gracias por la recuperación a uno de los sectores que más ha atacado, la banca. El sector financiero. Sin el sistema financiero al que insulta con tanta facilidad como ignorancia, España habría sufrido un grave revés económico durante su mandato.

Entre 2019 y 2026, el sector financiero sostuvo a familias y empresas en la peor crisis para familias y pymes en décadas, reforzó su solvencia e hizo el crédito más asequible mientras soportaba un impuesto discriminatorio, una legislación y una regulación cada vez más penalizadoras para los creadores de empleo y una inseguridad jurídica creciente.

En España es casi un deporte nacional culpar a la banca de todos los males. Si sube el euríbor, la culpa es de los bancos; si invierten mucho y los márgenes se recuperan, también. Sin embargo, cuando se repasa con datos lo ocurrido entre 2019 y 2026, la conclusión es exactamente la contraria de la que repite el discurso político.

El sector financiero ha sido el dique que impidió que el mayor desplome económico de nuestra democracia se transformara en una crisis financiera y de solvencia mucho más grave que la de 2008.

Conviene recordar el punto de partida. El PIB español cayó un 10,9 % en 2020, el peor registro de la serie histórica en democracia y el mayor de todas las economías comparables, por culpa del encierro y de las medidas gubernamentales más irresponsables de la OCDE, sólo comparable al desastre de la Argentina de Kirchner.

Con decenas de miles de negocios cerrados por decreto, ingresos que desaparecieron de un día para otro, impuestos confiscatorios que no se redujeron y un sector público que ya llegaba con déficit y deuda elevados, la única red capaz de llevar liquidez a cada autónomo, pyme y familia en cuestión de semanas fue la red bancaria.

Un desplome de actividad, solvencia y empleo como el que sufrió España, que es un país de microempresas y pymes, habría sido un colapso económico incluso tras la reapertura con un sistema financiero intervenido, rígido, estatizado y politizado como el que querían imponer desde la izquierda tras la crisis de 2008. Y funcionó.

La banca española llegó a la pandemia con una ratio de capital de máxima calidad, el CET1, del 12,6 % a finales de 2019. Seis años después, tras absorber los problemas de la pandemia, el shock inflacionario, la subida de tipos más rápida de la historia del euro y varios impuestos extraordinarios confiscatorios, esa ratio se situaba en el 13,94 % al cierre de 2025, con una solvencia total del 18,1 %, máximos de la etapa poscovid.

Las entidades significativas españolas alcanzaron un CET1 del 13,9 %, el nivel más alto desde la creación del Mecanismo Único de Supervisión, y en las pruebas de resistencia de la EBA y el BCE de 2025 perdieron 1,8 puntos de capital en el escenario adverso, frente a 3,3 puntos de la media europea.

Lo relevante es que ese refuerzo no se logró cerrando el grifo y se consiguió gracias a una gestión admirable muy alejada de las exigencias intervencionistas del Gobierno y, especialmente, de sus socios. La inversión crediticia consolidada pasó de 2,244 billones de euros en 2020 a 2,821 billones en 2025.

La banca fortaleció su capital, invirtió mucho más en una economía con graves debilidades e inseguridad jurídica, apostando por las empresas y las personas más allá de la política. A la vez, prestó más, algo que quienes reclaman su castigo fiscal suelen presentar como incompatible.

Cuando estalló la crisis, las líneas de avales del ICO se convirtieron en el principal instrumento de liquidez del país, pero ese dinero no llegaba solo ni era un favor del Estado. Fueron las entidades financieras las que analizaron y desembolsaron las operaciones. Sólo en 2020 se movilizaron 116.571 millones de euros con aval público, aproximadamente el 40 % de toda la financiación concedida a empresas entre abril y diciembre.

Sin embargo, el aval cubría sólo el 80 % del préstamo y el banco conservaba el 20 % restante del riesgo en su propio balance. Adicionalmente, ese aval estatal no eliminaba el riesgo en los bancos, especialmente cuando la calidad crediticia de España se resentía a velocidad de vértigo con las cuentas públicas en situación calamitosa. El Estado no rescató a empresas y familias; fue la banca la que asumió el riesgo en su balance a pesar del deterioro de las cuentas públicas y, con ello, del riesgo estatal.

Lo entiende cualquier persona. Si una pareja pide una hipoteca y sus padres avalan el crédito, eso no hace desaparecer el riesgo para el banco que asume ese préstamo en el balance. Si, encima, los padres empeoran su solvencia, es el banco el que está asumiendo mayor riesgo. Un aval estatal no es un regalo y menos cuando el Estado está al borde del colapso financiero. Algún día entenderemos que esas medidas gubernamentales no rescatan a bancos, empresas o familias, sino que rescatan a Hacienda.

A la vez, las entidades aplicaron moratorias legales y sectoriales a gran escala. A finales de septiembre de 2020 se habían recibido más de 1,5 millones de solicitudes, con una tasa de concesión superior al 89 %, y se había suspendido el pago de más de 52.000 millones de euros de saldo vivo.

El propio Banco de España estimó que, en el caso extremo de que todos esos préstamos hubieran acabado en impago, la morosidad del negocio en España se habría duplicado hasta cerca del 9 % y los activos dudosos habrían superado los 100.000 millones de euros. Casi un millón de empresas, según el Banco de España, se encontraban con graves dificultades financieras y habrían caído en suspensión de pagos. Eso es lo que se evitó.

Pero el momento más delicado llegó después, cuando vencieron las carencias de los préstamos avalados. La banca amplió plazos hasta un máximo de diez años, extendió carencias y abrió la puerta a reestructuraciones. En julio de 2022, el 55,7 % de las exposiciones de préstamos ICO vivas en enero de 2021 había ampliado su plazo al menos una vez. Todos esos préstamos habrían ido a fallido y creado un dominó de quiebras peor que el de 2010.

No fue un ejercicio contable. Entre diciembre de 2021 y julio de 2022, la proporción de préstamos ICO con carencia vencida en vigilancia especial subió del 21,9 % al 26,4 % y la de dudosos, del 3,6 % al 5,7 %. Las dificultades eran reales y crecientes, y las entidades salvaron el tejido económico en vez de ejecutar.

Los datos de insolvencia muestran la magnitud del problema que se contuvo. En 2019 hubo 6.599 deudores concursados, de los que 4.464 eran empresas. En 2023, los procedimientos concursales empresariales alcanzaron los 7.373, la cifra más alta desde 2013. En 2025, los deudores concursados llegaron a 57.674, un 40,3 % más que el año anterior, de los que en torno a 5.900 eran empresas, mientras los concursos sin masa casi se triplicaban entre 2023 y 2025.

Las empresas, además, sufrían para cobrar, con un periodo medio de pago que marcó en el primer trimestre de 2021 uno de sus máximos, y encima se les subieron los impuestos y las cotizaciones varias veces. Al cierre de 2025, del saldo vivo de préstamos ICO, alrededor de 7.500 millones presentaban graves problemas de pago, según la AIReF.

Con concursos multiplicados y un tercio de la cartera avalada con graves dificultades, el sector financiero fue la tabla de salvación de la economía española, evitando un tsunami de quiebras.

Cuando el euríbor se disparó en 2022, el sistema ofreció a los hogares vulnerables carencias de hasta cinco años, tipos reducidos a euríbor menos 0,10 % y ampliaciones de plazo de hasta siete años, además de la posibilidad de convertir préstamos variables en fijos.

El Estado hundió la economía, dejó a las empresas ahogadas y solas y, tras alentar la política fiscal y monetaria más imprudente de la historia desde Bretton Woods, se sorprendió de que la inflación se disparara. La combinación para empresas y familias era letal: más impuestos, más inflación y créditos impagables. A ello se unió la subida de tipos más rápida de la historia reciente. Sin el sistema financiero, España en 2022 habría sido peor que en 2010.

El Gobierno de España no salvó la economía. Lo que hizo fue poner más palos fiscales y regulatorios a las empresas y familias, y salvar su obsesión recaudatoria. Lo que evitó una crisis sin precedentes fue la misma banca que insultaban constantemente. De hecho, la ultraizquierda exigía que se congelasen las hipotecas, algo que habría hundido el acceso al crédito a todos los demás y creado una crisis de solvencia para millones de españoles.

Y, con todo ello, el crédito en España es de los más asequibles de la eurozona. El tipo medio de las nuevas hipotecas se sitúa en el 2,89 %, frente al 3,48 % de la media del euro, el tercero más bajo de la unión monetaria.

En diciembre de 2025, los préstamos a empresas de menos de 250.000 euros, los propios de las pymes, tenían en España un tipo del 3,22 %, el más bajo de la eurozona, frente a una media del 3,65 %. Las pymes españolas percibían además una mayor disponibilidad de crédito que sus pares europeas, un 3 % neto frente al 0,8 %.

Todo ello, a pesar del Gobierno.

Todo esto se hizo mientras el sector soportaba un castigo fiscal sin comparación en las grandes economías europeas. El gravamen «temporal» de la Ley 38/2022 aplicó un 4,8 % sobre el margen de intereses y comisiones, es decir, sobre ingresos y no sobre beneficios, de las entidades que superaban 800 millones de euros en 2019.

Lejos de desaparecer, fue sustituido por un impuesto progresivo de entre el 1 % y el 7 %, no deducible en el impuesto sobre sociedades. Un impuesto que grava el negocio en España penaliza a las entidades que más prestan aquí y resta competitividad internacional a nuestros bancos frente a rivales que no sufren esa carga.

A la presión fiscal se suma la inseguridad jurídica con cambios normativos, amenazas y 141 subidas de impuestos. En España, las reglas pueden cambiar a mitad de partido, y eso se paga con un mayor coste de capital que, al final, soportan los clientes.

Se critica que la banca gane dinero, pero siempre se olvidan de lo que invierte. Mientras tanto, se glorifica a un Estado que recauda 12.500 millones de euros del sector sin invertir nada, pero a la vez exige crédito barato y abundante… y, cuando se concede, sigue insultando.

Un banco rentable es un banco que apoya el crecimiento, presta y crea riqueza. Un banco débil y politizado es el que acaba pagando el contribuyente, como bien sabe España por la experiencia de las antiguas cajas públicas. Las cajas que tenían una gestión profesional y orientada a la rentabilidad y la prudencia son hoy más fuertes que nunca. En el momento en el que la política y el Gobierno entran en la gestión financiera, salen la rentabilidad y la solvencia.

Entre 2019 y 2026, la banca española hizo más por España que el Gobierno. De hecho, todo lo que Sánchez vende como éxito de su gestión es simplemente apuntarse lo que ha conseguido el tejido empresarial y financiero sin la menor ayuda gubernamental, sólo palos en las ruedas.

Sánchez debería reconocer que, cuando España estuvo en el abismo, el sistema financiero fue gran parte de la solución y no del problema. La reforma financiera que atacaron en 2012 y una gestión prudente, rentable y profesional han sido las claves para entender por qué en 2022 no caímos en la mayor crisis de la historia.

Un país con bancos débiles y politizados es un país débil que acaba en un erial. Entre 2019 y 2026 fue el Gobierno el que se comportó como un buitre y un parásito.

Sin el sistema financiero, España estaría en la unidad de cuidados intensivos.