Sánchez afirmaba que no iban a subir los impuestos a la clase media y trabajadora y, como siempre, lo que han hecho ha sido esquilmarla. España ya ha entrado en el décimo puesto de los países de la OCDE que más impuestos cobra a los trabajadores, mientras los salarios reales están estancados.

La carga fiscal para un trabajador soltero sube hasta el 41,4% en 2025.

La negativa del Gobierno a deflactar el IRPF ha costado de media a cada ciudadano entre 46,22 y 232,56 euros más al año, según el Registro de Economistas de Asesores Fiscales.

La cuña fiscal es tan elevada que, si añadimos todos los impuestos,supera con creces el 50%. La OCDE señala como factor clave del empobrecimiento de los trabajadores la no deflactación del IRPF, que eleva la carga fiscal incluso cuando los salarios suben menos que el coste de la vida.

Entre 2018 y 2024, los ingresos tributarios han aumentado en unos 168.000 millones de euros (+39,7%)

Estos datos, además, usan la cifra de inflación oficial del INE. Esto no significa que esté mal calculada, pero para muchos trabajadores de menor renta se infraestima el coste de vida cuando en sus pagos diarios la vivienda y la alimentación pesan más que otros conceptos.

España se ha convertido en uno de los países donde más ha crecido la presión fiscal a los ciudadanos y la voracidad recaudatoria en toda la UE desde 2018.

En apenas ocho años, España ha pasado de una presión fiscal del entorno del 34% del PIB a máximos históricos por encima del 37%, estimado en un 38,3% del PIB en 2026, lo que supone más de 671.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones.

Entre 2018 y 2024, los ingresos tributarios han aumentado en unos 168.000 millones de euros (+39,7%) y, si se cumplen las estimaciones, el incremento alcanzará los 248.000 millones en 2026, un 58,5% más que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Los servicios y la calidad de las infraestructuras no han mejorado. Todo lo contrario.

Este exceso recaudatorio no se ha producido por una reforma fiscal orientada a aumentar las bases imponibles, sino por una sucesión de subidas directas e indirectas que han expoliado a trabajadores y empresas mientras una parte importante de los países de Europa apostaban por aliviar la carga tributaria para ganar competitividad.

En el ranking global de competitividad del IRPF, España apenas alcanza 45 puntos de 100. En fiscalidad sobre el patrimonio, ocupa el penúltimo puesto de la OCDE, con 36,5 puntos.

El mecanismo más perverso para crujir a los ciudadanos en este infierno fiscal es la negativa sistemática a deflactar por completo la tarifa del IRPF frente a la inflación. Así, con una inflación acumulada del 24,8% con Sánchez, los salarios nominales suben ligeramente, pero los contribuyentes saltan de tramo y terminan pagando más tipos efectivos sin ganar poder adquisitivo real, lo que supone una subida encubierta de impuestos. La progresividad en frío es, en realidad, robo en caliente.

En 2026, las personas con ingresos bajos y medios pagarán entre 250 y 2.160 euros más en IRPF en comparación con una situación en la que se hubieran ajustado adecuadamente los tramos a la inflación, solo por el efecto de “progresividad fría”.

Además, la propia AIReF y otros estudios reflejan que no deflactar el IRPF ha generado más de 35.000 millones de recaudación extraordinaria acumulada, concentrada en asalariados y clases medias, mientras que el discurso oficial insiste en que solo “pagan más los ricos”.

Los datos del “Impuestómetro” de 2026 reflejan que prácticamente todo el incremento de recaudación en estos años se explica por lo que pagan trabajadores y empresas en nóminas. Mientras tanto, el peso del capital apenas aumenta y el de los impuestos al consumo incluso se reduce temporalmente por rebajas de IVA ya revertidas.

La tasa de riesgo de pobreza solo ha bajado de 20,7 a un imperceptible 19,5% en 2025

A esta losa se añaden medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sube del 0,8 al 0,9% y recae íntegramente sobre los autónomos y parcialmente sobre trabajadores y empresas. También está el aumento de la base máxima de cotización, que pasa de unos 4.909 a más de 5.100 euros mensuales, encareciendo el coste laboral de los salarios medios-altos y reduciendo su renta neta disponible.

El salto recaudatorio tiene traducción directa en la vida de las familias españolas. El Impuestómetro 2026 estima que cada español paga ya unos 682 euros más al año en impuestos directos que al inicio del gobierno de Sánchez, mientras que cada hogar soporta un aumento medio de 1.657 euros anuales.

Mientras otros socios anuncian rebajas selectivas para atraer inversión, España se mantiene en una deriva claramente recaudatoria. Informes recientes del IEE subrayan que el país ocupa el puesto 29 de 38 en el ranking de competitividad fiscal de la OCDE y que se está quedando solo en su estrategia de subir tipos y endurecer bases.

Algunos informes oficiales y análisis periodísticos cercanos al gobierno dicen que España aún no supera del todo la media fiscal de la Unión Europea. Es un engaño.

España tiene más paro, empresas más pequeñas y más economía sumergida que las economías comparables. Por eso, decir que la presión fiscal es menor a la media de la UE sin ajustar por renta y empleo es engañar. España “recauda” menos, pero carga muchos más impuestos a los que pagan.

No es una sorpresa que los datos del “cohete” de Sánchez muestren una realidad muy diferente. España empeora en la reducción de la pobreza con respecto a la UE, según los últimos datos. El porcentaje de personas en carencia material severa era del 7,7% en 2019 y es del 8,1% en 2025.

La tasa de riesgo de pobreza solo ha bajado de 20,7 a un imperceptible 19,5% en 2025. El 36,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, comparado con el 35,4% en 2019. En 2019, España era el sexto país de la UE en tasa de riesgo de pobreza y, en 2024, el tercero con Grecia.

España sigue estancada en datos reales. Ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo. Seguimos sin converger con una UE que, encima, no va bien, con datos de Eurostat.

Según datos del FMI, el crecimiento del PIB per cápita en el periodo 2018-2027 esperado será de +0,9% para España y +1,0% en la eurozona. El crecimiento de la productividad será -0,3% en España y +0,2% en la eurozona, y la tasa de paro oficial en 2027, 9,8% en España y 6,1% en la eurozona. Grecia, que tenía cuatro puntos más de tasa de paro que España en 2018, ha reducido muchísimo más el paro y sin esconder casi 1 millón de fijos discontinuos inactivos.

O España baja impuestos, simplifica su sistema y refuerza la seguridad jurídica para volver a ser un país atractivo para trabajar, invertir y emprender, o continuará atrapada en un modelo recaudatorio que expulsa talento, ahoga a la clase media y lastra el crecimiento a largo plazo.