El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que España cerrará 2023 con un déficit estructural -el que se genera incluso en periodo de crecimiento- de más de 50.000 millones anuales. El gobierno de Sánchez ha duplicado el déficit estructural, que se dejó en un 2% del PIB en 2018, a más del 4%.

A pesar de que el FMI se ha lanzado a recomendar subidas de impuestos, la realidad empírica que sus propios estudios demuestran es que dichas subidas no reducen los desequilibrios estructurales. Cuando suben los ingresos, el gobierno gasta mucho más y cuando caen, también gasta mucho más “porque hay crisis”.

La consolidación fiscal vía ingresos, además, no funciona porque los gastos se consolidan y aumentan anualmente y los ingresos fiscales son volátiles, cíclicos y cuanto más suben los impuestos, sufre el crecimiento potencial y el empleo. No es una casualidad que España sea el único país de la Unión Europea que ha perdido un 14% de PIB per cápita desde 2008. Siempre se ha acudido a subir impuestos para intentar cuadrar unas cuentas que llevan más de una década en desequilibrio. Las subidas de impuestos de 2011-12 fueron un error y un fracaso recaudatorio, pero al menos se aprendió de esa terrible equivocación revirtiéndolas en 2016-18.

España ya es el país que más ha aumentado la presión fiscal -recaudación sobre PIB- a los contribuyentes desde 2019. Pero es que en esfuerzo fiscal -impuestos con respecto a renta-, que es lo que nos importa a los ciudadanos, España ya estaba entre los cinco países con impuestos más altos de la OCDE, además de ser uno de los peores en competitividad fiscal, el puesto 30 de 37 analizados en el índice de la Tax Foundation. España tiene impuestos muy altos para los que contribuyen y un problema de altísimo paro, la segunda tasa más alta de la UE, mayor economía sumergida y menor tamaño empresarial que sus comparables. Subiendo impuestos empeoran esos tres factores.

La Comunidad de Madrid tiene mucha menos economía sumergida que la media de España, un 16,2% de actividad informal, casi siete puntos por debajo de la media nacional (23,1%) gracias a los menores impuestos, el control de la burocracia y los incentivos a la inversión empresarial, según CEIM. Solo con reducir la economía sumergida a la media europea, permitiéndola emerger, España podría recaudar 40.000 millones más anuales sin subir impuestos, de hecho, bajándolos, según la CEOE.

España tiene el triste récord de liderar la subida de presión fiscal en la Unión Europea desde la pandemia con 46.577 millones más y, con ingresos récord, el déficit estructural se duplica. Es claramente un problema de gastos.

Y hay mucho gasto que recortar. Cuando hablamos de eficiencia en el gasto nos dicen que queremos recortar en Sanidad y Educación. Debemos entender que gastar más no es tener mejores servicios, hay que administrar y gestionar bien, pero la realidad es que el problema de exceso de gasto se encuentra en muchas otras áreas. Hay miles de partidas en las que los gastos se pierden en un mar burocrático. Mucho “chocolate del loro” que nadie parece querer tocar y que suma mucho. Entre esos gastos está la capitalización de empresas deficitarias públicas por más de 10.000 millones de euros, entidades con más de 63.400 millones de deuda según los presupuestos de 2021. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 cuenta con un presupuesto de 3.836 millones de euros. Aliviar el drama del paro con políticas serias de liberalización liberaría hasta 20.000 millones. Otros tantos se reducirían de gasto en “otras prestaciones” económicas.

El Instituto de Estudios Económicos ha identificado un nivel de ineficiencia en gasto público que supera los 60.000 millones de euros y la AIReF mostraba un total de más de 14.000 millones de subvenciones “fantasma”. Es posible ahorrar 60.000 millones de euros de gasto público prestando el mismo volumen de servicios públicos. Priorizando.

El gasto público español ha alcanzado el 51,5% del PIB en 2020 y 2021 algo insostenible en una economía cíclica y dinámica, muy exportadora. El gasto en salarios de los empleados públicos marca un récord y es casi de 148.000 millones, aproximadamente dos tercios de los ingresos tributarios. El empleo público ha crecido cuatro veces más que el privado en los últimos tres años, una locura que además pone en peligro al resto de salarios públicos al hacer el gasto insostenible.

España podría reducir impuestos y dinamizar la economía, recaudando más, fortaleciendo el tamaño empresarial y creando mayor empleo e inversión sin perjudicar los servicios públicos. Gestionando.

El gasto público debe reducirse y adaptarse a la realidad de la economía española, un país que debe salir del problema de alta concentración de microempresas y alto desempleo, no a los sueños presupuestarios de un burócrata. El mejor servicio público es dejar crecer y crear empleo.