Los cuatro pilares de la política energética deben ser: seguridad de suministro, competitividad, sostenibilidad y respeto al medioambiente.

Ninguno de esos pilares se cumple con la propuesta del gobierno de España de intervenir masivamente el mercado eléctrico. Cuando los ciudadanos muestran su descontento con el sistema eléctrico, el poder político siempre lleva a cabo el truco de hacer mirar a otro lado.

El sistema eléctrico está masivamente regulado e intervenido. Más del 70% de la tarifa en la última década se compone de impuestos y costes regulados. Es el gobierno el que determina el mix energético vía planificación obligatoria, el que fija los cargos y peajes, el que fija la remuneración de las actividades reguladas y el que impone cargas fiscales en toda la cadena. Hasta la parte llamada “liberalizada” está intervenida, con impuestos en la energía hidráulica, la nuclear y un impuesto encubierto como es el precio del CO₂.

“A tongue that tastes like tin, steely-eyed outside to hide the enemy within” Neil Peart.

La ley de vivienda impulsada por PSOE, Podemos, Bildu y ERC entre otros es un ejercicio de intervencionismo que pone en peligro el acceso a vivienda de la mayoría. Al aumentar la inseguridad jurídica, amparar la ocupación, invadir competencias y perjudicar a la inversión, destroza lo que finge defender.

Lo más peligroso de la ley se encuentra en las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El gobierno y sus socios amparan la ocupación y desprotegen a los propietarios impidiendo los desalojos de inmuebles en determinadas circunstancias no objetivas. Al dejar las circunstancias abiertas, de manera vaga, y dependiente de lo que dictamine un organismo burocrático, se genera un blanqueamiento dañino a la “okupación”, permitiendo la suspensión de desahucios por impagos del alquiler durante dos meses en el caso de personas físicas y de cuatro meses en el supuesto de personas jurídicas.

Esta semana, la ministra Montero ha dicho en campaña electoral que hay que resaltar «el crecimiento de nuestro país, con una riqueza y un PIB que está por encima de países de nuestro entorno como Francia o Alemania» frente al “catastrofismo indocumentado” de la oposición.

Es curioso, porque la que demuestra un nivel de indocumentación preocupante es la ministra de Hacienda.

Los datos de paro de marzo harían indignarse a cualquier persona a la que realmente le importen los derechos de los trabajadores. Sin embargo, como el objetivo de la izquierda no es el progreso, sino el control, tenemos que tragar la rueda de molino de su euforia con los datos de empleo.

Mi padre escribió hace años un ensayo llamado “Trabajadores precarios, trabajadores sin derechos”. Como intelectual de izquierda, jamás se imaginó que la institucionalización de la precariedad la iba a imponer, con el beneplácito sindical, un gobierno de coalición socialista y comunista. En tantas charlas que compartimos, yo siempre le decía que “cuanto más lejos del libre mercado, más cerca de la precariedad total, porque dependes de políticos extractivos y confiscatorios”.