El Gobierno de Pedro Sánchez quería una exhibición de fuerza a dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y se ha encontrado con un fracaso monumental y un país que quiere trabajar. España está harta de propaganda, despilfarro y postureo, y la «huelga fake» contra la oposición es un ejemplo más de un gobierno propagandista e ineficaz.
La primera huelga general conjunta de CCOO y UGT desde 2012 ha dejado una movilización mínima, un rastro de incidentes impropio de una protesta laboral legítima y una evidencia palmaria para el Ejecutivo. Los sindicatos subvencionados ya no representan a los trabajadores españoles, y los trabajadores lo saben.
El mejor termómetro de una huelga general es el consumo eléctrico, porque no depende de comunicados ni de consignas. Según los datos de Red Eléctrica, la demanda a las 14:00 apenas estaba un 2,4 % por debajo de lo previsto y, a las 18:20, la diferencia era solo del 2,2 %, como reflejó El Español con seguimiento en tiempo real. Es más, a media tarde, el consumo era prácticamente normal. Bustinduy ha dicho que «el país se paró». También se cree que hay récord de empleo. Hilarante.
La comparación histórica es demoledora. En la huelga de junio de 2002, la demanda eléctrica cayó un 20,5 %; en la de septiembre de 2010, en torno al 14 %; en la de marzo de 2012, cerca del 13,5 %; y en la de noviembre de 2012, alrededor del 11 % en el conjunto del día. Incluso si consideramos que la eficiencia energética y el autoconsumo han reducido la demanda desde entonces, el 11-N se queda muy lejos de cualquier paro general digno de ese nombre.
Los datos de seguimiento lo confirman. La CEOE cifra la participación media por debajo del 5 % en territorios y sectores, en mínimos históricos. UGT habló de un seguimiento de entre el 41 % y más del 80 %, según la comunidad, unas cifras que ningún indicador objetivo respalda. El Gobierno, por su parte, se apresuró a calificar la jornada de éxito. Es la misma propaganda de siempre.
La izquierda ha mostrado ser una mafia depredadora entregada al matonismo. El Ministerio del Interior contabilizó casi 1.000 asaltos y casos de vandalismo y unos cien detenidos. La turba hirió a varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Zamora y en Zamudio, y en Barcelona y Madrid rompieron escaparates en el Paseo de Gràcia y lanzaron cócteles molotov contra los Mossos.
Estos piquetes mafiosos que necesitan bloquear accesos, amenazar y asaltar no están informando a nadie. Están imponiendo lo que no logran pacífica y democráticamente.
Pero la huelga general «fake» de los sindicatos del sanchismo y la acampada del sindicato de inquilinos no han fracasado totalmente. Han sido un éxito al demostrar a toda España que la izquierda es violenta, servil, vendida y antidemocrática.
El fracaso de participación tiene una explicación: la nula representatividad de los convocantes. Según el estudio del Instituto Juan de Mariana España, farolillo rojo del empleo en Europa, solo uno de cada diez asalariados está afiliado a un sindicato. Eso sí, lo que no aportan los afiliados lo pone el contribuyente. Las subvenciones suponen el 35 % de los ingresos de la confederación de CCOO y el 43 % de los de UGT. Desde 2022, ambas centrales y sus organizaciones acumulan 511,6 millones de euros en ayudas públicas, el 86 % de todas las subvenciones sindicales, y solo en 2025 recibieron 106,1 millones. Las ayudas del Ministerio de Trabajo han pasado de 8,9 a 32 millones anuales desde 2020, un 260 % más. A ello se suman edificios públicos cedidos gratuitamente por valor de unos 400 millones, con el IBI pagado por todos nosotros, otros 98,2 millones de fondos europeos para rehabilitar 42 inmuebles del patrimonio sindical y unos 1.900 millones anuales en liberados.
Un sindicato que depende del presupuesto público para casi la mitad de sus ingresos difícilmente va a morder la mano que le alimenta.
Por eso, el tacticismo político es tan evidente y escandaloso. En ocho años de Gobierno de Sánchez, CCOO y UGT no convocaron una sola huelga general, mientras los salarios de convenio perdían un 5,4 % de poder adquisitivo entre 2021 y 2025, los salarios reales netos caían un 3,5 % desde 2019 y se disparaban el pluriempleo y la precariedad.
En 2016, los sindicatos calificaban a los fijos discontinuos de «precariedad institucionalizada» y «paro escondido». En aquella época, no llegaban a los 300.000. Hoy, cuando la cifra supera los 802.000 —último dato de septiembre—, los sindicatos callan y hacen una huelga contra ¡la oposición!
La anunciaron a toda prisa, con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas y la campaña a punto de arrancar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió a los comités de empresa secundar el paro y convertirlo en una «marea de esperanza» en las urnas, y lo dejó claro con una pregunta: «¿Qué es una huelga si no es política?». El propio Sánchez la respaldó y casi todo el Consejo de Ministros vació su agenda institucional, algo absolutamente inaudito.
Hay pocas cosas más ridículas y, a la vez, reveladoras que ver a un Gobierno que apoya una huelga contra la situación de la vivienda y los salarios que él mismo ha gestionado durante ocho años. Ha quedado claro que está haciendo campaña electoral con el dinero y la paciencia de los trabajadores.
La huelga general «fake» ha demostrado que los sindicatos no tienen como objetivo el bienestar de los trabajadores, sino la permanencia en el poder del que riega de fondos sus arcas con el dinero de los demás.
Mientras tanto, la realidad del empleo en España sigue siendo la peor de Europa. España cerró 2025 con una tasa de paro oficial del 10,5 %, frente al 6 % europeo. Sin embargo, el paro real, incluyendo fijos discontinuos inactivos y ERTE, supera el 14 %. La realidad incómoda de la antirreforma laboral, como ya explicamos cuando se anunció, es que solo ha servido para maquillar el desempleo, y el paro efectivo apenas ha bajado desde 2019. No hay récord de empleo cuando la cifra de 22,8 millones de afiliaciones está inflada por el pluriempleo y el aumento de la población por inmigración. Por eso, la tasa de actividad está estancada.
El estudio del Instituto Juan de Mariana muestra que en septiembre de 2026 había 802.600 demandantes con relación laboral, la mayoría fijos discontinuos inactivos, excluidos del paro registrado. Entre 2019 y 2025, el paro oficial bajó en 755.000 personas, pero, si se incorpora a este colectivo, la reducción se limita a solo 163.000, casi un 80 % menos. Ocho años para reducir el paro real en menos de 20.400 personas anuales. El dato de octubre lo confirma, con 43.128 parados más y aumentos del paro en las 17 comunidades autónomas.
Los salarios cuentan la misma historia. El salario mínimo ha pasado de 736 a 1.221 euros mensuales desde 2018, pero, en términos reales, el salario modal, el más frecuente, ha perdido un 18,5 %. El salario mínimo, la gran herramienta de propaganda socialista, ha servido para aumentar los impuestos a casi todos los trabajadores al disparar las bases mínimas de cotización. Además, al negarse a deflactar los impuestos, el sanchismo se ha «comido» literalmente toda la subida del salario bruto entre inflación e impuestos. Hoy, un ciudadano español paga 4.000 euros más de impuestos que en 2019. Los salarios reales netos han caído un 3,5 %. Los sindicatos siguen cobrando.
A todo ello se suma un absentismo disparado. Cada día faltan al trabajo 1,6 millones de asalariados, 1,2 millones de ellos de baja médica, con un coste económico estimado de hasta 129.000 millones de euros.
Nada de esto preocupó a los sindicatos durante ocho años. No hubo huelga por los parados invisibles, ni por la caída del salario real, ni por la productividad estancada, ni por la carga fiscal récord. Hubo silencio, subvenciones y fotos en la Moncloa. El 11-N no fue una huelga contra el Gobierno, sino una huelga a favor del Gobierno disfrazada de protesta social, y los españoles lo entendieron perfectamente al quedarse en su puesto de trabajo.
La propaganda puede llenar una manifestación por la tarde, pero no puede apagar las fábricas, cerrar las oficinas ni vaciar los comercios cuando los trabajadores no se lo creen.
España no necesita sindicatos que funcionen como jaleadores y correa de transmisión del poder político, sino reformas que reduzcan el paro real, aumenten los salarios reales netos y devuelvan a los trabajadores el resultado de su esfuerzo. El 29 de noviembre los ciudadanos tienen la oportunidad de decir en las urnas lo que ya han dicho el 11 de noviembre en su puesto de trabajo.