Los datos de paro de julio muestran más desempleo oculto, más pluriempleo y una afiliación inflada por contratos precarios e inmigración en sectores de baja remuneración.

El Gobierno celebra un récord de afiliación que, en realidad, no existe. Disfraza una tasa de actividad estancada mientras el paro sube, el desempleo real supera en más de un millón de personas la cifra oficial y la supuesta estabilidad laboral esconde precariedad y maquillaje estadístico.

El Gobierno ha intentado presentar los datos laborales de julio de 2026 como una prueba de fortaleza económica, apoyándose en el titular del récord de afiliación media a la Seguridad Social. Sin embargo, cuando se examinan los datos completos, el relato oficial se hunde.

Julio deja el peor dato de paro registrado para este mes desde 2015, una subida del desempleo desestacionalizado y una afiliación inflada por el pluriempleo, la regularización migratoria y fórmulas de ocupación de nula o ínfima remuneración.

La cifra oficial de paro registrado aumentó en 19.517 personas en julio, hasta alcanzar los 2.311.495 desempleados. Es un mal dato si se compara con el descenso de 1.357 personas registrado en julio de 2025, pero, además, supone el peor mes de julio de la serie reciente. El argumento de la estacionalidad no sirve como excusa. El paro desestacionalizado subió en 18.249 personas, casi lo mismo que la serie original, lo que refleja un deterioro estructural del mercado laboral y no un efecto del calendario.

La cifra oficial de paro se queda muy lejos de mostrar el drama real del desempleo en España. El total de personas registradas en el sistema público de empleo que no están ocupadas asciende a 2.904.761. Si, además, se incorporan los afectados por ERTE y los fijos discontinuos inactivos, que superan los 792.300, el paro efectivo rebasa los 3,7 millones de personas. Ésa es la realidad del desempleo escondido que el Gobierno evita mencionar cuando presume de sus políticas laborales.

Si al Gobierno le preocupasen de verdad la precariedad y la mejora del bienestar de los trabajadores, no celebraría con propaganda y euforia una cifra atroz de más de 792.300 fijos discontinuos inactivos. Si le preocupase la realidad de la Seguridad Social, no celebraría una afiliación dopada por más de 600.000 pluriempleos, perceptores del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, parados con prestación contributiva por desempleo y personas en prácticas no remuneradas.

Si en España gobernase el centroderecha, los sindicatos estarían denunciando la cifra escandalosa de fijos discontinuos inactivos, el pluriempleo y la afiliación sin remuneración. Lo hacían cuando los fijos discontinuos eran menos de 30.000. Ahora, cuando han llegado a ser casi 30 veces más, se callan.

El Gobierno, por lo tanto, no se preocupa por el paro, sino por maquillarlo. La distorsión estadística es clara cuando más de 1,3 millones de demandantes de empleo ocupados siguen inscritos en el SEPE y buscan otro trabajo. Son casi 100.000 más que en junio. Es una evidencia del deterioro de la calidad del empleo que generaría ríos de tinta si gobernase el centroderecha.

Las personas que ya tienen un trabajo y siguen buscando otro no lo hacen por capricho, sino porque su empleo actual es parcial, precario y está mal remunerado. De ahí el auge del pluriempleo.

En julio se firmaron 1.587.141 contratos, pero el paro subió. ¿Cuánto duran esos contratos cuando se necesitan 25 contratos por cada afiliación?

De los 617.211 contratos indefinidos firmados, sólo 250.540 fueron a tiempo completo. Sólo el 15,7 % del total de contratos realizados en lo que va de año son indefinidos a tiempo completo.

El sanchismo ha disfrazado la precariedad cambiando el nombre de los contratos de obra y servicio. Nada más. La reforma laboral de Díaz ha cambiado la etiqueta, pero no la calidad del empleo. Muchos contratos aparecen como indefinidos, pero en realidad son contrataciones intermitentes, parciales y de duración muy corta. La propia estadística muestra que 27.960 personas firmaron más de un contrato indefinido durante el mes, lo que evidencia que la rotación ha llegado también a la contratación que el Gobierno llama «estable y de calidad».

Los contratos indefinidos han dejado de ser un ejemplo de permanencia y seguridad para convertirse, en la mayoría de los casos, en un truco estadístico y un subterfugio administrativo.

Los datos de afiliación prueban el fracaso de la reforma laboral y de las políticas del Gobierno. El Ejecutivo presume de una cifra media récord de 22.508.065 afiliados y de un incremento interanual de 642.562 personas. Pero ese titular es falso, ya que no se contabilizan afiliados ni individuos, sino afiliaciones, entre las que se incluyen varias altas correspondientes a una misma persona.

Para conseguir ese aumento anual se han realizado más de 16 millones de contratos en doce meses, lo que equivale a 25 contratos por cada afiliación añadida. No se trata de una expansión sana y sólida del empleo, sino de una brutal rotación, con altas y bajas continuas, típica de un mercado laboral que no está mejorando de manera estructural, sino empeorando.

No podemos olvidar que ese dato de afiliación incluye situaciones que no corresponden a empleo productivo. En la cifra agregada que el Gobierno vende a bombo y platillo se incluyen perceptores del subsidio para mayores de 52 años, desempleados con prestación contributiva y becarios en prácticas sin apenas remuneración. Es decir, el número de afiliaciones no refleja cuántas personas están trabajando en empleos reales, estables y productivos.

De hecho, la situación es mucho peor, porque el dato de afiliación simplemente no sirve como prueba de la sostenibilidad de la Seguridad Social al incorporar un porcentaje creciente de afiliaciones sin remuneración. Por eso, el sanchismo ha multiplicado la deuda de la Seguridad Social hasta los 136.000 millones de euros, con un agujero anual insostenible que requiere gigantescas transferencias de un Estado deficitario y muy endeudado.

A estos datos negativos se suma el papel excepcional de la inmigración en el crecimiento de la afiliación. En julio, el número de extranjeros afiliados aumentó en 66.046 personas, mientras que se perdieron 24.319 afiliados nacionales. El 65,5 % del incremento anual de la afiliación procede de trabajadores extranjeros.

No se trata de cuestionar la aportación de la inmigración, sino de mostrar que el Gobierno utiliza ese flujo para maquillar una debilidad estructural del empleo nacional. Además, la mayoría de estos puestos se concentran en sectores de baja cualificación y salarios mínimos. Por eso, la tasa de actividad está estancada y el paro efectivo apenas ha bajado desde 2019.

La afiliación diaria también desmonta el triunfalismo oficial. Aunque la media mensual arroja un máximo histórico, el último día de julio se destruyeron 246.945 afiliaciones en términos netos diarios y el mes cerró con 26.710 afiliaciones menos que al principio. La cifra récord no resiste un análisis medianamente detallado.

El desglose sectorial tampoco respalda la narrativa de un mercado laboral en el que la tecnología adquiere un papel significativo, como afirma Carlos Cuerpo. Los mayores aumentos de afiliación se concentran en la sanidad y los servicios sociales, el comercio y la hostelería. La educación destruye más de 124.000 afiliaciones durante el mes. El empleo que se crea sigue concentrándose en sectores de bajos salarios y elevada estacionalidad.

Los datos de julio de 2026 no muestran un mercado laboral fuerte, sino un modelo cada vez más dependiente del maquillaje estadístico. Hay más paro del que reconoce el Gobierno, más ocupados que siguen buscando trabajo, más contratos indefinidos que encubren precariedad y paro real, y una afiliación inflada por el pluriempleo, los parados perceptores de prestaciones y la inmigración en sectores de baja remuneración.

Bajo la propaganda del récord de afiliación se esconde un mercado laboral mucho más débil y dependiente de la hostelería y el turismo. Esto no es una recuperación sólida, sino estadística al servicio del relato gubernamental.