El sanchismo ha creado una narrativa falsa de crecimiento que se desmonta ante la evidencia del empobrecimiento de los españoles, el paro oculto, la bajísima productividad, la elevada deuda y el expolio fiscal.

Los partidos de la oposición no deben caer en la trampa de comprar la propaganda del Gobierno de Sánchez. España no es el país que más crece ni tiene récord de empleo. Un país donde los salarios reales netos caen desde 2019, la tasa de actividad está estancada, el PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo no converge con la media de la Unión Europea, el paro efectivo apenas ha bajado y supera los 3,6 millones de parados reales y donde, tras el mayor aumento de impuestos de la historia democrática, la deuda emitida ha crecido en 500.000 millones, la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por cuatro y el coste por intereses de la deuda casi se ha duplicado no es un ejemplo de éxito.

Eso no es un cohete, es una desgracia.

El nuevo programa económico de Atenea, firmado por el profesor Rubén Manso, es probablemente uno de los intentos más serios de los últimos años por analizar el potencial económico de España desde la oferta, la disciplina y las instituciones, y no desde el mito confortable de tirar de más gasto, más regulación y más deuda que ha presidido buena parte de las políticas públicas. Es un texto muy importante porque es realista y perfectamente adecuado para ser aplicado, aunque resulte incómodo para el consenso expoliador keynesiano de la política dominante.

El programa de Manso no busca acaparar bajo unas siglas las medidas que España necesita ni presentarse como una propiedad intocable.

Es un excelente manual que sirve para todos los partidos que quieran el verdadero progreso y que España crezca de verdad, no maquillando y dopando cifras agregadas. Precisamente por eso es muy necesario.

Manso constata la realidad económica recordando que España llega a 2025 con un crecimiento «corriente aceptable», pero sobre unos fundamentos que se han erosionado de forma silenciosa. La deuda pública, según el protocolo de déficit excesivo, se sitúa por encima del 100,7 % del PIB, frente al 35,8 % de 2007. Sin embargo, la deuda total emitida supera el 140 % del PIB y alcanza los 2,2 billones de euros. Por eso, el aumento de más de 500.000 millones con Sánchez ha llevado a que los intereses de la deuda se hayan disparado por encima de los 55.000 millones de euros.

Todo el relato del Gobierno sobre la reducción de la deuda se desmonta ante la evidencia de que el coste de los intereses casi se ha duplicado con Sánchez. Si reduces la deuda, no se dispara el pago de intereses; es obvio.

La presión fiscal ronda el 38 % del PIB y el esfuerzo fiscal se sitúa entre los más altos de una Unión Europea donde ya es muy elevado, con una cuña fiscal sobre el trabajo muy superior a la media de la OCDE. La productividad por hora trabajada permanece por debajo de la de Alemania, Francia y la media de la UE-27, y el mercado laboral sigue produciendo un elevado paro estructural.

Un país habla de reducción del paro cuando el desempleo efectivo sigue por encima de los 3,6 millones de personas y se esconden 700.000 parados reales entre los fijos discontinuos inactivos.

Manso recuerda, además, que la tasa de dependencia de mayores es del 30,4 % y que las proyecciones apuntan al 53 % en 2050, con una pirámide de población invertida y el baby boom entrando masivamente en la jubilación. Frente a la tentación de seguir anestesiando el problema con más deuda, inmigración con contribución neta negativa y más propaganda, el programa de Atenea y del profesor Manso tiene la virtud de mostrar que el modelo está agotado.

Una de las aportaciones intelectuales más sólidas del trabajo de Manso es que no presenta solo una lista de medidas, sino un sistema articulado en torno a cuatro pilares estratégicos.

El primero es la disciplina fiscal real desde el control del gasto y no desde el expolio fiscal. Es decir, la verdadera consolidación fiscal. El programa exige reglas fiscales que obliguen a mantener superávits primarios mínimos en las fases de expansión y, lo que es más relevante, el reconocimiento contable de la deuda implícita de las pensiones que hoy se mantiene fuera del balance del Estado. Ese esfuerzo de transparencia supone una ruptura radical con la cultura política que prefiere ocultar los pasivos bajo la alfombra de la propaganda.

El segundo pilar es la importancia de las reformas de oferta. España no necesita más estímulos de demanda ni más campañas de reparto discrecional de fondos, sino mejorar la productividad agregada, reducir la cuña fiscal sobre el trabajo y la inversión, eliminar la fragmentación normativa entre comunidades, estabilizar la regulación energética, simplificar las obligaciones de las empresas y reforzar la seguridad jurídica.

El tercer pilar es un Estado limitado, pero fuerte. El programa no es anarcocapitalista ni plantea la eliminación del Estado. Reivindica un Estado serio en justicia, seguridad, defensa, marco macroeconómico, igualdad ante la ley y regulación facilitadora, y reducido fuera de esos ámbitos, devolviendo el protagonismo a las familias, las empresas y la sociedad civil. Que esto se formule desde Atenea no debería impedir reconocer que, técnicamente, es la única forma de evitar que un Estado hipertrofiado sea, como ocurre ahora, un Estado débil en el que nada funciona bien.

El cuarto elemento conductor es la subsidiariedad. Cada decisión debe adoptarse en el nivel más próximo a quien soporta sus consecuencias: personas, familias, empresas, municipios, comunidades, Estado y, por último, Unión Europea. El principio se aplica tanto a la relación entre sociedad civil y Estado como a la arquitectura territorial, y se traduce en eliminar duplicidades entre administraciones, establecer techos de deuda regional y permitir una competencia fiscal real entre comunidades.

En el terreno institucional, el diagnóstico de Manso sobre el Estado autonómico es especialmente certero.

España no tiene un problema de pluralismo territorial, sino de «pluralismo legislativo» sobre la actividad económica.

Diecisiete parlamentos autonómicos, miles de ordenanzas locales y una creciente densidad de normas europeas legislan simultáneamente sobre el mismo mercado interior, generando una selva regulatoria que ningún operador de tamaño medio puede navegar.

Los estudios citados en el informe cifran el coste de esta fragmentación entre el 1,5 % y el 2,5 % del PIB anual. Pocas veces un atajo legislativo bienintencionado, con cada administración queriendo controlarlo todo, ha resultado tan caro en términos de inversión perdida, proyectos que no se hacen y productividad estancada.

La respuesta es reordenar competencias y reconstruir la unidad de mercado.

El bloque fiscal del programa busca reordenar el sistema tributario para que financie al Estado con la menor distorsión posible sobre el crecimiento.

En el IRPF se propone avanzar hacia una estructura de tipo único (flat tax) con un mínimo exento familiar amplio, técnicamente progresiva en el tipo medio, pero constante en el tipo marginal, cumpliendo el mandato constitucional de progresividad sin penalizar el esfuerzo adicional. Se recortan deducciones, se ajusta automáticamente la tarifa a la inflación y se simplifican los tramos.

Un IRPF que castiga el ahorro es una máquina de empobrecimiento silencioso.

En materia de cotizaciones sociales, el programa recuerda que España se encuentra entre los países con mayores cargas, especialmente en la parte empresarial. La propuesta combina transparencia, haciendo explícita en la nómina la totalidad de las cotizaciones como parte del salario bruto del trabajador, con una reducción gradual de las cotizaciones empresariales hacia niveles europeos.

Es una reforma laboral vía fiscalidad que abarata el coste del trabajo reduciendo el sobrecoste fiscal que hoy pagan las empresas por cada euro de salario.

En el Impuesto sobre Sociedades, se plantea una senda de reducción del tipo general hacia niveles competitivos europeos, con un mejor tratamiento de la reinversión productiva y la corrección de la doble imposición de los dividendos.

No se trata de una carrera a la baja, sino de dejar de desperdiciar las ventajas estructurales de España con un sistema fiscal no competitivo que expulsa inversión que podría ayudar a pagar precisamente esas políticas sociales que algunos fingen defender.

El capítulo de pensiones del programa recuerda que la deuda implícita por compromisos de pensiones alcanzaba, según la metodología armonizada del INE y Eurostat, los 6,1 billones de euros, alrededor del 496,3 % del PIB, lo que sitúa el pasivo total del Estado español cerca del 600 % del PIB al sumar la deuda explícita.

Mantener ese volumen fuera del balance es inaceptable y, en el Estado, solo ha sido posible porque la política socialista se ha acostumbrado a vivir en una contabilidad paralela.

España necesita un rediseño institucional. Se debe informar anualmente a cada cotizante sobre sus derechos pasivos y su pensión esperable, siguiendo el modelo sueco, con libertad efectiva para elegir el momento de la jubilación dentro de un rango razonable, un cálculo actuarial neutral, compatibilidad plena entre pensión y trabajo sin penalizaciones y una transición progresiva desde el sistema de reparto hacia esquemas de capitalización.

La clave está en la combinación de transparencia y elección. Sin transparencia, los jóvenes seguirán financiando a ciegas un sistema insostenible. El programa ofrece información y libertad.

En sanidad y educación, el informe distingue entre Estado garante y Estado proveedor. La Constitución obliga a garantizar la sanidad y la educación, pero no a que el Estado sea el proveedor único y mucho menos el gestor. Sobre esa base, se propone preservar la cobertura universal financiada vía impuestos, mientras se abre la provisión a modelos competitivos regulados, tomando como referencia el mutualismo administrativo y reforzando la libertad de elección.

No es desmontar el Estado del bienestar, sino hacerlo sostenible y eficiente.

Una de las áreas menos debatidas en España es la importancia de la patrimonialización de las familias. Manso plantea que un Estado del bienestar viable exige familias con mayor capacidad de ahorro, patrimonio y autonomía, de modo que la protección pública se concentre en los verdaderamente vulnerables. Esto se traduce en propuestas específicas sobre la fiscalidad de las transmisiones, el Estatuto del Patrimonio Familiar y la simplificación de la regulación que afecta a la pequeña empresa familiar.

La lógica es ofrecer instrumentos para que la sociedad civil recupere protagonismo, en lugar de seguir resolviendo cualquier problema mediante más intervención estatal y más deuda.

Defender el Estado del bienestar no es proclamar soflamas mientras se hace insostenible el modelo socialista, sino defender la disciplina fiscal, la libertad económica, la propiedad privada, la productividad y la calidad institucional.

El crecimiento no viene del consumo, sino del ahorro y la inversión. El consumo es una consecuencia, no una causa.

España necesita menos propaganda sobre la defensa de lo público que se traduce en hacer insostenible todo lo estatal.

El Estado del bienestar no se salva prometiendo más de todo, sino construyendo una economía sólida con un sector privado pujante, capaz de financiar de verdad aquello que merece la pena defender.

Este programa no busca protagonismos ni siglas, ni habla de fórmulas mágicas o de entelequias ideológicas.

Se centra en lo que importa en vez de en lo que nos engaña.

Lo más importante es que todas las ideas son aplicables, realistas y sostenibles. Todos los partidos deberían aprovechar esta contribución intelectual.

El sanchismo ha intentado imponer un modelo de crecimiento extensivo, dopado y maquillado, en el que se empobrece a todo el mundo bajo la falsa excusa del Estado del bienestar.

Lo único que ha hecho el sanchismo es debilitar lo que finge proteger.

Hay que volver a recuperar una economía que crezca desde un sector privado potente, no maquillando datos agregados.