Los indicadores del Ministerio de Economía reflejan la contracción que el gobierno niega

La AIReF ha alertado sobre el riesgo de recesión de la economía española con caída del PIB en el cuatro trimestre de 2022 y primero de 2023. No están solos. Es una estimación que ya incorpora una parte relevante del consenso de analistas que recopila Focus Economics. La ministra de Economía, Nadia Calviño, rechazaba categóricamente el riesgo en Bloomberg y afirmaba que “España no entrará en recesión” y “los indicadores económicos no apuntan” a ese peligro.

Sin embargo, si atendemos a los indicadores adelantados que publica el Ministerio de Economía (actualizados a 24 de octubre), sí que apuntan a una contracción evidente.

A ningún conductor del mundo se le ocurre ir a 200 km/h por la carretera y decir “aún no nos hemos matado, todo va bien, acelera”. Y si se le ha ocurrido a alguno, sabemos cómo ha terminado.

La idea de que no vamos a tener una crisis de deuda solo porque “aún no ha pasado nada” solo se le ocurre a un burócrata que esté pensando en pasarle el problema al siguiente ejecutivo. Sin embargo, ese argumento irresponsable se repite con peligrosa frecuencia. La deuda se dispara, la inflación se perpetúa y el PIB se estanca, pero no pasa nada porque la prima de riesgo no se dispara. Acelera.

Ese “razonamiento”, si se le puede llamar racional, parte de varios errores.

La Comisión Europea no puede justificar el despilfarro estructural.

El déficit estructural de España –el que se genera crezcas o no- se ha disparado incluso con ingresos récord por el exceso de gasto y falta de responsabilidad fiscal. El agujero estructural ha pasado de un 2,5% del PIB a casi un 5%, 60.000 millones de euros anuales de mayor endeudamiento, según datos del FMI, el segundo más alto de las grandes economías europeas para 2025.

El déficit estructural es una aberración económica de estados que siempre piensan que gastan poco y usted gana demasiado. Pero, sobre todo, es profundamente antisocial. Es pasar el coste del despilfarro actual a los más jóvenes, que lo pagarán con más inflación, peores salarios reales o más impuestos, o las tres.