La Comisión Europea ha vuelto a cercenar las estimaciones de recuperación de España.

Desafortunadamente, se ha convertido en algo habitual.

España será el último país de la Unión Europea en recuperar el PIB de 2019. El dato ya es malo en sí mismo, pero es todavía peor si lo ponemos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia reciente. El gobierno de España es el que más ha acudido al endeudamiento y el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) y, además, el primero que recibió fondos europeos. Tras consumir más de 200.000 millones de euros de apoyo fiscal y monetario, con el BCE comprando el 100% de las emisiones netas del estado español, el resultado no podía ser más pobre.

En marzo, el índice de miseria de Okun (paro sumado a inflación) situaba a España en la parte más alta de las economías del G-20. Con un 22,5% en el índice de miseria, solo países como Turquía, Argentina, Sudáfrica, Grecia, Lituania o Brasil reflejan peores niveles que España.

Con la mayor tasa de paro de Europa el gobierno llama “récord de empleo” a una tasa de empleo de 58,5% dos décimas inferior a 2019 y peor que en toda la serie 2015 a 2019. También España sufre una inflación más elevada que la media de sus comparables, tanto en la inflación total como la subyacente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que España cerrará 2023 con un déficit estructural -el que se genera incluso en periodo de crecimiento- de más de 50.000 millones anuales. El gobierno de Sánchez ha duplicado el déficit estructural, que se dejó en un 2% del PIB en 2018, a más del 4%.

A pesar de que el FMI se ha lanzado a recomendar subidas de impuestos, la realidad empírica que sus propios estudios demuestran es que dichas subidas no reducen los desequilibrios estructurales. Cuando suben los ingresos, el gobierno gasta mucho más y cuando caen, también gasta mucho más “porque hay crisis”.