Con Sánchez todo funciona peor a pesar de la recaudación récord, más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones y una entrada extraordinaria de fondos europeos. El problema no es cuánto se anuncia, sino qué recibe el ciudadano.

Adif fue el segundo mayor receptor de fondos europeos, con más de 5.800 millones de euros. ¿Para qué se ha utilizado ese dinero? Los accidentes ferroviarios han aumentado un 142 % con Sánchez. Según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pasan de 40 en 2018 a 97 en 2024, mientras que los descarrilamientos se triplican, de 7 a 22. El porcentaje de trenes de larga distancia que llega con una hora o más de retraso pasa del 1,1 % en 2018 al 8,1 % en enero de 2026. Adamuz y Urda suman ya al menos 115 fallecidos, 46 en enero y 69 en octubre, con este último balance aún provisional. La dimensión de la tragedia exige situar las cifras en contexto. Eurostat contabilizó 54 pasajeros muertos en accidentes ferroviarios en toda la Unión Europea en 2023 y 16 en 2024. Las cifras bastan para mostrar la magnitud extraordinaria de lo ocurrido en España.

El sanchismo no tiene derecho a exigir a los españoles que paguen más y se callen. Con estas cifras, es intolerable que Puente no haya dimitido y que las investigaciones no generen una amplia lista de ceses.

Urda y Adamuz obligan a detenerse. Primero, por respeto a las víctimas y a sus familias. Después, porque un país serio no puede permitir que el duelo sustituya a las explicaciones. Las investigaciones deben ser independientes y transparentes y determinar las causas de ambos accidentes, con las responsabilidades que correspondan. No seré yo quien anticipe sus conclusiones, pero tampoco puede utilizarse la investigación pendiente como una mordaza contra la fiscalización de la gestión pública. Investigar un siniestro y exigir cuentas al Gobierno son obligaciones compatibles.

La pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿cómo es posible que, con una recaudación récord, más de 140 incrementos de impuestos y cotizaciones desde 2018 y una entrada extraordinaria de recursos europeos, los españoles encuentren tantos servicios esenciales deteriorados? La información sobre mantenimiento ferroviario publicada en el nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, Todo funciona peor: más impuestos, más gasto y peores servicios públicos, sitúa esa contradicción en el centro del debate.

No hablamos de una cantidad marginal de dinero. La Comisión Europea comunicó en agosto que, con el sexto pago del mecanismo de recuperación, España habría recibido unos 78.000 millones de euros. Recibir fondos no equivale a ejecutarlos, ejecutarlos no garantiza hacerlo bien y ninguna de esas dos cosas demuestra por sí sola que haya mejorado la vida de los ciudadanos. Precisamente por eso, la evaluación debe empezar donde suele terminar la propaganda: en los resultados.

El Estado no puede exigir al contribuyente que mida su solidaridad por lo que paga y, al mismo tiempo, negarse a medir su propia eficacia por lo que entrega.

El Instituto Juan de Mariana presenta Todo funciona peor, elaborado por Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz. El estudio reúne indicadores sobre infraestructuras, sanidad, educación, justicia, seguridad y control fronterizo. La evidencia es abrumadora. Aumentar los recursos públicos no mejora los servicios.

Esta es una distinción que el debate político español ha intentado borrar. Se anuncia un incremento presupuestario y se presenta como una mejora consumada. Se aprueba una partida y se exige el aplauso antes de comprobar su ejecución. Se confunde el dinero comprometido con la obra terminada; la obra terminada con su conservación; y el gasto con la calidad.

Pero un viajero no llega a su destino en notas de prensa.

El ciudadano necesita resultados y tiene derecho a exigirlos sin que lo acusen de atacar los servicios públicos. Fiscalizar su funcionamiento no es debilitarlos. Lo que debilita lo público es convertir su defensa en una excusa para que nadie responda de su deterioro.

El ferrocarril resume con alarmante crudeza la diferencia entre discurso y gestión.

Según los datos del informe del Instituto Juan de Mariana y del Instituto de Estudios Económicos, España destina al mantenimiento ferroviario 45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de red, frente a los 80,6 millones de la referencia europea utilizada. Además, el gasto de conservación de la alta velocidad por viajero-kilómetro, medido en euros constantes, cayó un 22 % entre 2018 y 2024. No se trata simplemente de gasto por pasajero, sino del esfuerzo de conservación en relación con la utilización del servicio.

El mantenimiento no genera selfis ni titulares y no corta cintas. No permite inaugurar dos veces la misma promesa. Sus éxitos suelen consistir en que no ocurre nada; por eso necesita instituciones que lo protejan de la tentación del titular inmediato.

Los datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios recogidos en esa información muestran que los accidentes registrados pasaron de 40 en 2018 a 97 en 2024, mientras que los descarrilamientos aumentaron de siete a veintidós. Son cifras que exigen explicaciones. La obligación del Gobierno es explicar qué está fallando, qué se ha corregido, qué sigue pendiente y quién verifica que las medidas funcionan.

No basta con decir que el sistema es seguro y que el tren vive su mejor momento. Hay que demostrar que sus mecanismos de prevención, conservación y supervisión están a la altura.

Existe otra decisión que retrata la relación entre el operador público y sus usuarios.

Hasta el 30 de junio de 2024, el compromiso de puntualidad de Renfe contemplaba devolver el 50 % del billete por retrasos superiores a quince minutos y el 100 % por encima de treinta. Desde el 1 de julio, esos umbrales pasaron a sesenta y noventa minutos, respectivamente. La respuesta al deterioro no puede consistir en hacer menos exigente la compensación, porque entonces se instala un incentivo perverso. El ciudadano soporta el retraso, paga cada vez más y pierde protección frente a ese retraso. La organización reduce el coste de incumplir sin que haya corregido la causa del incumplimiento.

El sanchismo es siempre lo mismo. Para el contribuyente, obligaciones crecientes. Para quien presta el servicio, compromisos decrecientes.

Esta es la verdadera discusión sobre la responsabilidad: quién paga las consecuencias cuando el sistema falla.

El deterioro no se limita al ferrocarril. La auditoría de la Asociación Española de la Carretera, citada en el mismo informe, sitúa el déficit acumulado de conservación cerca de los 15.000 millones de euros en 2025 y señala que unos 34.000 kilómetros necesitan reconstrucción a corto plazo.

Mientras tanto, la comparación entre la fiscalidad asociada al automóvil y los recursos destinados a conservar las carreteras muestra una relación de quince euros recaudados por cada euro dedicado al mantenimiento. ¿Qué prioridad recibe la conservación de una infraestructura esencial frente a la capacidad recaudatoria que rodea su utilización?

Mantener no es un lujo que pueda retrasarse o disfrazarse con propaganda.

El ciudadano español acaba pagando dos veces. Primero, mediante los impuestos y, después, mediante el coste del deterioro.

La ultraizquierda ha acudido a los comodines de siempre: culpar al fallo humano, a Rajoy y a la liberalización. Nada de ello es remotamente creíble cuando uno se pregunta: ¿qué han hecho con los miles de millones recibidos de Europa?

Después de ocho años en el Gobierno, culpar a Rajoy o a la liberalización, sin dar una sola explicación sobre qué ha ocurrido con los más de 5.800 millones de euros recibidos por Adif, es hipocresía. Hay que responder qué se ha hecho para resolver los problemas, con qué recursos, bajo qué prioridades y con qué resultados. La parte de los resultados nunca la publican.

Un gobierno serio debe publicar objetivos verificables, costes comparables y plazos de ejecución. Separar lo anunciado de lo contratado, lo contratado de lo pagado y lo pagado de lo realmente útil. Someter los programas a evaluación independiente. Proteger el mantenimiento. Corregir los incentivos que premian el anuncio y diluyen la responsabilidad por el incumplimiento. Y dimisiones inmediatas.

Es muy importante recordar al ciudadano que no debe caer en la narrativa falaz de que cualquier fracaso demuestra, por definición, que hace falta recaudar más. La evidencia de estos ocho años es que, recaudando mucho más, han empeorado todos los servicios.

Ninguna petición de recursos debería servir para eludir la explicación de qué se ha hecho con los anteriores.

Tras Urda y Adamuz, las víctimas merecen verdad, asistencia y justicia. Los ciudadanos merecen, además, una gestión que no confunda el marketing político con la rendición de cuentas. Un gobierno que exige cada vez más esfuerzo fiscal a los españoles no tiene derecho a pedir silencio y resignación cuando incumple.