El caso de doña Maricarmen se ha utilizado como una pieza perfecta de propaganda política. Una señora mayor, una vivienda en Madrid, un supuesto «fondo buitre», una subida «abusiva» del alquiler y un Gobierno dispuesto a presentarse como defensor de los vulnerables. Es pura mentira y propaganda. Con los datos conocidos, el relato de la izquierda caviar no se sostiene.

La realidad desmiente punto por punto varios de los mensajes que se han difundido alrededor del caso.

En primer lugar, no estamos ante un desahucio arbitrario ni ante la expulsión de una inquilina con contrato vigente. El contrato original se firmó en 1956 bajo el régimen de renta antigua de Franco y quedó extinguido conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. La segunda subrogación de la hija se produjo en 2005, fuera del supuesto legal que habría permitido mantener el contrato y sin una situación que pudiera justificar una excepción.

La extinción contractual fue declarada por la Audiencia Provincial de Madrid y posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. La sentencia es firme desde hace tres años. Se puede lamentar la situación personal de la inquilina, pero una democracia no puede sustituir las resoluciones judiciales firmes por campañas políticas basadas en consignas.