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España

Desahucios, regateo y cultura financiera

16/3/2013 El Confidencial actualizado 07/4/2014

«This old house of ours was built on dreams, and the businessman doesn´t know what that means, there´s a garden outside she works in everyday, and tomorrow morning a man from the bank is going to come and take it all away” Neil Young (CSNY, American Dream)

Nada cambia. No aprendemos. La frase que acompaña a este artículo es de una canción de 1989, pero los dramas de desahucios, hipotecas ejecutadas y bancos inhumanos pueblan la cultura popular… ¿recuerdan “Las uvas de la ira” de Steinbeck, de 1939?

No vamos a obviar el drama humano que suponen los desahucios, pero tampoco me parece que debamos concentrar toda nuestra solidaridad en el que se endeudó y compró con una hipoteca, sin incluir en nuestro pensamiento a los que ahorraron y no se entregaron a la fiesta inmobiliaria de “a largo plazo todo sube”, o los que alquilaron y también perdieron sus casas. Dramas personales de una crisis que, sin embargo, no se soluciona con subvenciones, impagos, cambiar reglas retroactivamente y dar la patada hacia delante. Se debe buscar una solución de mercado y prevenir. Con cultura financiera y conocimiento del riesgo.

Los actores de esta década de borrachera donde nos entregamos a la quimera de pensar que todos éramos ricos tienen todos una parte de culpa. Y todos deben asumir su parte. Pero no debemos olvidar que hemos rescatado a las cajas -todas públicas- con dinero del Estado y que la banca es un negocio de imagen. Por lo tanto, la asimetría de condiciones percibida entre culpables de la burbuja puede generar enormes repercusiones futuras por la justificada indignación de la opinión pública.

Empecemos por aclarar algo. La responsabilidad crediticia no es compartida a 50%-50% entre el prestatario y el prestamista. Nunca lo ha sido. El que pide prestado debe saber dónde se mete y siempre asumir que puede perder todo su dinero. Por algo es el que pide. Nadie obliga a pedir prestado.

Las cifras tampoco muestran un enorme drama a escala nacional, aunque lo sea, incuestionablemente, para las familias afectadas. En España hay mas de 5.000.000 de hipotecas vivas. Desde 2008 el número de desahucios de primera vivienda en España ha alcanzado las 15.000 viviendas, lo que supone el 0,3% de las 5 millones de hipotecas vivas, mientras que en reino unido los desahucios suponen un 0,8% del total de hipotecas y en EEUU, un 0,7%, según datos del banco Lloyds. El subsecretario de Economía y Competitividad y coordinador del grupo de trabajo sobre desahucios, Miguel Temboury, ha cifrado entre 4.000 y 15.000 el número desahucios de primera vivienda, cuyo acreedor es el banco, en los últimos cuatro años (Cinco Dias). Los 400.000 procesos de desahucios desde que estallara la crisis de los que hablaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluyen primera y segunda vivienda, locales, establecimientos industriales o comerciales, trasteros y garajes. El CGPJ calcula que solo el 10% del total de desahucios son sobre primera vivienda. Las entregas de primera vivienda se han dado fundamentalmente en daciones en pago. Según el Banco de España sumando las cifras de entidades que cubren el 85% del mercado hipotecario del país, en todo 2012 hubo 39.167 entregas de vivienda, con 32.490 siendo vivienda habitual. Casi la mitad de las ejecuciones en viviendas habituales fueron mediante dación en pago. La mayoría de ejecuciones fueron entregas voluntarias; de las viviendas perdidas con entrega judicial, menos de 3.000 estaban ocupadas. La fuerza pública tuvo que intervenir solo en 355 desahucios en vivienda habitual.

Recordemos también que las hipotecas en España eran baratas, accesibles y generosas en sus condiciones porque se avalaban con la totalidad de los bienes de la persona que las contrataba. La dación en pago ha existido siempre, lo que pasa es que hacía las hipotecas más caras y por menos años. Y, por lo tanto, el público no las quería. Muchos contrataron una y escucharon en casa o el trabajo que estaba tirando el dinero. “A largo plazo todo sube”, “te dan el 120% del precio del piso durante 35 años y vas y lo rechazas”.

 

Cuando yo firmé mi primera hipoteca, el notario me leyó una lista de riesgos que casi me desmayo. La información es esencial y valorar todos los riesgos que nos comentan es prudencia. Luego nos convencemos… “pero hombre, si pasa cualquier cosa vendes la casa y te sacas un beneficio”. Burbuja.

El banco no es tu amigo, no es tu familia y no es una ONG. Creer con los ojos cerrados lo que nos cuenta el que nos vende un producto es igual que ir a un supermercado y comprar sin leer los ingredientes y el precio.

El derecho a una vivienda digna no es el derecho a “comprar” una vivienda digna.

El cuento de que alquilar no es una opción es parte de la cultura burbujera. “Quiero algo mío”, cuando la propiedad no existe hasta que la deuda se cancela.

Precisamente, porque hemos tenido un sistema como el nuestro, se ha disfrutado de unas condiciones para el inquilino, tanto en precio como en derechos, francamente inigualables comparado con países de nuestro entorno.

Todo ello no exime de responsabilidad al que prestó mal y debería haber quebrado para limpiar el sistema. Pero decidimos rescatarlos. No le quita responsabilidad al incluir condiciones muy agresivas de intereses de demora –a todas luces exorbitantes- para “dar facilidades”. No olvidemos que esas cláusulas abusivas, que con razón hoy debatimos tras la sentencia de un tribunal europeo, son consecuencia de unas condiciones extremadamente agresivas también en la facilidad de concesión de hipotecas. Es decir, ofrecían una hipoteca a 35 años con un 120% del precio del piso y cómodas facilidades y, para cubrir el riesgo, imponían una penalización excesiva. Pan con tortas para el comprador y su riesgo… y para el banco y su balance hoy.

Tampoco exime de responsabilidad a un gobierno que permite que el mercado inmobiliario sea opaco (no se pueden contrastar precios de venta de inmuebles, sobre oferta y demanda real en una base de datos independiente) o que los tasadores valoren los inmuebles no en base a indicadores claros y contrastables, sino subidos a una noria.

De nuevo, la falta de libre mercado nos ayudó a perpetuar la burbuja con opacidad, cuentos de estadísticas inventadas, ministros que parecían portavoces de promotoras e informes de supuestos expertos diciendo que la “burbuja inmobiliaria es un mito”.

Cultura financiera y apertura. Libre mercado.

Si los ciudadanos analizasen elementos tan simples como la rentabilidad por alquiler –si nos merece comprar o no-, la capacidad de pago si un cónyuge pierde el trabajo, el diferencial de renta disponible después de hipoteca y el riesgo-beneficio de la inversión más grande que hacemos normalmente, mucho cambiaría. Pero no sería suficiente si además no dispone de bases de datos independientes con precios de transacción y oferta de stock disponible de casas, con asesores, mortage brokers independientes, que le ayuden a buscar la hipoteca que mejor se ajuste a sus riesgos y posibilidades y le alerte de sus pros y contras, en vez de depender de lo que diga el director del banco. Y, sobre todo, tasadoras independientes no involucradas en el negocio inmobiliario como parte beneficiada.

Si el banco ha aceptado una tasación incorrecta, la negociación con el cliente del préstamo de difícil pago debe tener en cuenta ese error de tasación. Igual que una empresa zombi que ha comprado acciones en otra compañia y hoy cuenta con pérdidas latentes, se busca una solución intermedia. Un acuerdo entre lo debido y lo que se puede pagar para evitar un efecto desplome del balance del propio banco, que es lo que va a terminar ocurriendo si no solucionan este problema de los desahucios por su propia cuenta y se introducen daciones en pago que hagan que lo que hoy es un sistema de hipotecas de bajo riesgo se convierta en una sangría de devoluciones de llaves.

Pero incluso si existieran todos esos –muy necesarios- requisitos, no se previenen burbujas si el comprador no entiende qué es el riesgo y que lo puede perder todo dependiendo de las condiciones.

El mercado inmobiliario ha mostrado una falta de profesionalidad por parte de todos los agentes espectacular. No olvidemos que una de las razones por la que todos esos mecanismos de transparencia no existen es porque tenemos una cultura de “zoco árabe”, de “regateo” a ver si “así nos beneficiamos”. Y así nos va a todos hoy.

Las burbujas siempre se alimentan ante la percepción falsa de que el riesgo no existe.

La banca, como negocio de imagen, debe tener también la inteligencia de comprender que el coste-beneficio de buscar una solución de mercado a los desahucios es claramente atractivo para su negocio, de la misma manera que toma decisiones de refinanciar y mantener a las empresas zombi de comunidades autónomas y sectores –oigo la palabra y me pongo a temblar- “estratégicos”, de la misma manera que invierte cientos de millones en publicidad y publica enormes e infumables informes de gobierno corporativo.

El sistema bancario acumula 640.000 millones de euros en hipotecas residenciales, con una tasa de préstamos de difícil cobro que se estima en un 3,5%, una cifra muy baja en un país donde el paro alcanza el 26% de la población y la renta disponible se desploma entre impuestos crecientes e inflación.

Y son los bancos los que tienen que tomar las riendas antes de que salten las medidas “populistas” que implican más intervencionismo y hundirán las posibilidades de generaciones jóvenes para poder comprar una vivienda.Puede llevar a consecuencias de enorme calado para todos.

La banca a día de hoy se financia fundamentalmente con cédulas hipotecarias, precisamente por la percepción de un mercado con muy bajo riesgo. Si se implementan las medidas que piden los justificadamente indignados –dación en pago retroactiva, alquiler social garantizado a un máximo de la renta media- el sistema bancario se vería envuelto en un efecto dominó al aumentar sus tasas de mora (que ya se estiman, según AFI o BNP, en cerca del 13% incluyendo el banco malo) y perder posibilidad de financiación, porque las cédulas hipotecarias se verían como excesivamente arriesgadas. Y, desafortunadamente, detrás de ello, en nuestro país vendría otro rescate. Doble pérdida para ciudadanos, hipotecados o no, y el sistema financiero hundiendo el crédito a pymes aún más.

 

La dación en pago retroactiva supondría inmediatamente hundir el acceso a vivienda o nuevas hipotecas a familias jóvenes, al encarecerlas de manera muy relevante, haciendo que no puedan aprovecharse de una bajada del precio de los pisos porque las hipotecas se hacen inaceptables. Esto ha pasado entre 2007 y 2009 en Inglaterra, por ejemplo. Además, le costaría a la banca otros 25.000-35.000 millones de euros en provisiones, tirando a la baja.

La dación en pago no es retroactiva en ningún sistema pero, sobre todo, es un drama cuando se aplica. En EEUU o Reino Unido, la dación en pago es extremadamente inusual y va acompañada de un informe de quiebra y la imposibilidad de acceder a ningún tipo de crédito –sea una tarjeta VISA, comprar un coche o un préstamo personal- durante años, entre siete y diez.

 

De las burbujas solo nos podemos defender con sentido común y con análisis e información. Y, desde luego, no dependiendo de sectores interesados en mantenerla, aunque sea el gobierno o, por supuesto, el banco que concede hipotecas mientras financia el suelo y a las promotoras.

Y desde los bancos, recuperar la cordura y evitar que lo que ya es un proceso difícil de limpieza de balances se convierta en una pesadilla de devoluciones de llaves y juicios interminables.

El coste de atajar los desahucios extremos hoy es muy pequeño comparado con el daño que genera al sistema completo y generaciones futuras, si escondemos la cabeza y esperamos que escampe. Entonces, será un problema enorme, que podía llegar a un 8%-10% de las hipotecas vivas en el peor caso.

Los ciudadanos debemos aprender a tomar las decisiones de inversión con nuestra información de manera independiente y siempre desde la perspectiva de lo que podemos perder, nunca de lo que podemos ganar, como en cualquier inversión. En algún lugar de la Unión Europea, alguien está intentando crear otra burbuja. De nosotros depende evitarlo.

¿Por qué siempre suben la gasolina y la luz?: Impuestos

El Confidencial 8/4/2010 a 2012 actualizado 3/4/2014

Una de las preguntas que mas me hacen los lectores es por qué los precios de las gasolinas en España no se mueven a la baja cuando el petróleo cae pero si suben cuando lo hace el petróleo. Primero conviene aclarar que las gasolinas, en España, no han reflejado casi nunca las subidas de precios de crudo extremas. Lo que realmente afecta al bolsillo del consumidor son los impuestos ya que siempre se han «aprovechado» los periodos de caída de precio del crudo para subirlos. Es el elemento “colchón” con el que los estados de la OCDE recaudan más pase lo que pase.

Casi un 50% del precio que pagamos son impuestos. Y estos se han ido aumentando progresivamente en los pasados ocho años.

El precio de la gasolina (95) se compone de:

– Impuestos: 48% (IVA 21%, Impuesto Especial de Hidrocarburos + Impuesto Venta Minoristas 28%)

– Coste del petroleo (precio internacional y no «manipulable»): 43%

Es decir, el 91% del precio de la gasolina 95 (90% en Gasoleo Tipo A) son impuestos y precios internacionales imposibles de manipular. Solo el 9-9,5% son costes fijos  (logística y comercialización) incluyendo el margen de las petroleras (que ronda un 4-4,3%).

Es decir, los impuestos fagocitan la posible mejora de los precios del crudo. Y las gasolineras trabajan con márgenes muy bajos, de  menos del 4,3%, con lo que no tienen capacidad para asumir el incremento constante de impuestos. Los margenes de las petroleras en España (margen operativo de refino y comercialización) no llegan al 9%.

Así los cambios porcentuales en los periodos de mayor volatilidad del crudo no se reflejan en enormes bajadas o subidas del precio de la gasolina o gasóleo, lo que ilustra el efecto “colchón” mencionado, que impide variaciones más pronunciadas. Así, el precio antes de impuestos (PAI) fluctúa en línea con los precios del crudo, pero la curva de precio de venta al público se mantiene más firme debido al IVA e impuestos especiales. 

En la factura eléctrica ocurre algo similar: Un 62% lo fija el gobierno (36% son impuestos y un 19% primas a las renovables).

– Impuestos: 30,1%

– Primas a renovables: 19%

– Impuestos regionales: 3,7%

– Ayudas sociales: 2,5%

– Otros: 6,7% (moratoria nuclear, compensación islas, déficit tarifa)

– Redes eléctricas: 12,5%

– Coste de la energía consumida: 25,5%

Pero no es un problema exclusivo de subvenciones renovables. Es un problema de subvenciones a todo y de todo... La interrumpibilidad (€500 millones), al carbón (€400 millones), cogeneracion (€1.989 millones) pagos de capacidad (€600 millones).. Todos estos conceptos los explico aquí y aquí

Es decir, la factura eléctrica se ha cargado de costes fijos regulados que no han parado de subir mientras la demanda caía a niveles de 2005. El concepto «energía consumida y redes» (kilovatios, transporte y distribución) habría subido un 12% en el período 2005-2013, mientras que el segundo, costes regulados por el gobierno, se habría elevado en un 189%. El coste de la luz en España ha subido un 63% desde 2008 hasta 2014.

El margen de beneficio para las comercializadoras es del 2,5%. El resultado operativo de las grandes eléctricas en media registra un margen (todos los conceptos incluidos) en España de menos del 8%, comparado con un 15% en las grandes eléctricas europeas (media Eurostoxx Utilities Index). Cuando se critica a las eléctricas se suele incluir sus beneficios en el extranjero que en el caso de las grandes españolas supera el 50% del total.

Y en esto nos proponen el coche eléctrico, que es un proyecto entretenido, pero desafortunadamente no va aliviar el sufrido bolsillo del contribuyente.

Habrá que pensar en el coste de las baterías de ion de litio, que rondará en 2014 entre los €200 y €300/Kilowatio hora. Y por supuesto, es más que optimista pensar que el precio de la electricidad que suministre a esos vehículos va a ser barato, teniendo en cuenta que las tarifas tienen que subir entre un 4 y un 8% anual para cubrir los costes de energías tradicionales y renovables. Y los mismos impuestos, ya verán.  

Lectura adicional: El problema del déficit de tarifa https://www.dlacalle.com/el-deficit-de-tarifa-la-ultima-burbuja/

El déficit de tarifa es un monstruo de subvenciones imposible de asumir”

Oligopolios o planificación de burbuja

El problema de fijar el precio de la luz en los despachos y no en los mercados 

«El gasto es el problema», análisis del déficit 2013 en TVE24h

El sector público gastó 458.666 millones en 2013.

Excluyendo el rescate financiero, el gasto fue de 454.005 millones en 2013 (+0,2%). Supone 41.000 millones de euros más que en 2008.

Se recaudaron 386.250 millones (+0,96%), más que en 2009 (365.000 millones) a pesar de que el PIB ha caído un 3% desde entonces. Seguir leyendo «El gasto es el problema», análisis del déficit 2013 en TVE24h

«Gasto Político». Extracto de «Viaje a la libertad económica»

ejemplares Viaje

 

Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos y colaborador de El Confidencial, propone en su segundo libro, Viaje a la libertad económica. Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera, un viaje alrededor de las principales ideologías que en materia económica y social pergeñan el mundo en el que vivimos. Lacalle propone en el libro una reducción radical del gasto y una bajada inmediata de impuestos, así como eliminar las subvenciones. A continuación, unos extractos del capítulo sobre el gasto político. Lacalle recalca lo desmesurado del despilfarro en España y denuncia el gasto innecesario en infraestructuras, entre otras cuestiones.

Al llegar a España y hablar de políticas liberales, la reacción es furibundamente negativa. Posiblemente, España es el país europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. Según un estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países occidentales, el porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea.

Un 62% cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento y un 65% afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas. Curiosamente, según Demoscopia, más del 60% de la población achaca a “los políticos” los problemas del país. Pero no parece que nos demos cuenta de que entregar tal cantidad de nuestro destino al Estado es precisamente lo que hace que el abuso del Estado sea más fácil y tolerado.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciadoLa convicción de que son los poderes públicos los que deben velar por los que viven en situación precaria es un claro elemento distintivo de nuestra cultura actual, y no era así en la España que salió de todo tipo de crisis pasadas. Es una característica creada en muy poco tiempo, en menos de dos décadas. La sopa boba. Según datos del Pew Research Center, comparado con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, España es el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido que garantizar su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30%). En Estados Unidos se registra la situación opuesta, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%.

Así, no es de extrañar que en nuestro viaje mis compatriotas me repitan una y otra vez: “¿Cómo puede crecer una economía sin gasto público? ¿Quién hace los puentes? ¿No gastamos menos que Finlandia? ¿No tenemos menos deuda que Japón? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por la deuda y el gasto?”. Por el umbral de saturación de deuda. Es decir, el punto a partir del cual una unidad adicional de endeudamiento no genera un efecto positivo, sino neutral o negativo. Lo comentábamos en el capítulo Estímulos no, gracias. Pero la explicación no es suficientemente convincente, porque agrega todo ese gasto y deuda acumulada y compara peras con manzanas. ¿Es lo mismo gastar 30.000 millones en obras civiles innecesarias o gastarlo en un proyecto que generará recursos superiores al capital invertido? ¿Es lo mismo gastarlo en investigación real, que genere rentabilidad, o sumar funcionarios y administrativos, como hemos visto en Argentina o en España? Bienvenidos al gasto político.

Desde el punto de vista del mal llamado keynesiano (que al pobre John Maynard Keynes no hay que culparle de nuestros excesos), todo gasto es válido porque mueve la actividad económica, es lo que se llama la demanda agregada, y presupone que el efecto positivo en la economía es superior al negativo del despilfarro. No será la primera vez que ustedes oyen a un amigo o conocido decir que “la crisis no es culpa del despilfarro, porque al menos eso crea empleo y actividad económica». O mi frase favorita, muy típica de los adictos al ladrillo y a la construcción como símbolo de economía real sólo porque es tangible, «si se construye algo, al menos está ahí, ya se le dará uso». Como en muchos de los países en los que se tiende a echar la culpa de todo al extranjero, en España, donde los gastos siempre son «el chocolate del loro» y los problemas siempre los crea algún unicornio extranjero, tendemos a ignorar o perdonar los enormes desvaríos presupuestarios.

La locura de obra civil que arrasó a España, y llegó a suponer junto a la burbuja del ladrillo un 16% del PIB, nos llevó a construir más kilómetros de líneas de alta velocidad que Japón, Francia, Alemania o Italia. A aprobar más de cincuenta aeropuertos con costes desorbitados. Regiones en las que hay tres aeropuertos en un radio de 150 kilómetros, que no sólo son una ruina, sino que fagocitan la recuperación del número de pasajeros de uno a otro. En agosto de 2013 se publicaron las cifras de 10  aeropuertos que no sumaron 1.000 pasajeros en julio de ese año.

Les recomiendo que lean AVE, aeropuertos, autopistas y tranvías: La cleptocracia arruina España. Ciudades de la cultura, del circo, etcétera.

El problema de los que justifican los gastos excesivos es que cualquier ciudadano español que se dé un paseo por su ciudad o alrededores va visitando ejemplos del cheque en blanco en cada rincón de la geografía. Y mientras lo hace, ve que sus hijos nacen con 22.000 euros de deuda y sus amigos o familiares se encuentran en paro o sufriendo recortes. Ése es el legado del despilfarro, que siempre toleramos, pero cuesta mucho.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones. Las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española, según un informe de Deloitte para UTECA.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciado en términos de inversiones reales y renta disponible en impuestos para construir obras megalómanas que asustan por su extravagancia a cualquier extranjero que las vea.

Sobre el despilfarro en infraestructuras

Ese desastre se ve ejemplificado en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el atroz plan de estímulo llamado Plan E, que muestra que no sólo no se creó empleo, sino que contribuyó a agrandar el agujero económico de España en otros 12.000 millones. Según el Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal que se creó costó más de 13.000 euros al mes en obras innecesarias.

Pero el Plan E es un ejemplo muy pequeño. Es mucho más aterrador comprobar que el Tribunal de Cuentas, europeo y nacional, estima que en el coste de las obras públicas licitadas existe una desviación media sobre lo presupuestado cercana al 20%. Nos parece normal leer que un hospital en Toledo, presupuestado en 299 millones, lleva gastados 362 millones con un 34% de la obra ejecutada.

El Puente de Castilla la Mancha, en Talavera de la Reina, es uno de mis hitos burbujeros preferidos. Menos de 90.000 habitantes, pero el segundo puente más alto de Europa, con un coste presupuestado de 60 millones que ha superado los 200 millones de euros y un coste de mantenimiento anual que se va triplicando cada tres años, debido a las inspecciones técnicas que deben realizarse, algunas en Suiza.

Leemos que desde el año 2004 ninguna obra civil se ha terminado dentro de lo presupuestado, o por debajo, y nadie se rasga las vestiduras. El sobrecoste no es problema. Que lo pague otro.

Como tantos otros ejemplos de exceso de gasto, me comentaban una vez: “No es un despilfarro, es un gasto”. Y esa opinión, de que los gastos en elementos tangibles siempre son justificables, persiste aun cuando leemos en informes de la Unión Europea que España gasta 4 veces más que Alemania por kilómetro construido de carretera. El día que se publicó dicho análisis, las respuestas en las redes sociales eran cuando menos pintorescas: “Es por la orografía”. Sin embargo, además de este estudio del Tribunal de Cuentas Europeo se han presentado otros resultados en los que se han eliminado los elementos relativos a la adaptación del trazado al terreno para poder hacer comparables las carreteras de los distintos países a pesar de tener perfiles orográficos muy diferentes. El resultado sigue siendo negativo para España: 160.694 euros cuesta asfaltar 1.000 metros cuadrados, comparado con 87.217 euros que cuesta en Alemania.

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios.

Sin embargo, el puente o la obra inútil, cuestan, y mucho. No sólo la obra, sino el gasto en mantenimiento. Sólo ocho de los 52 aeropuertos españoles no presentan déficit. Los 44 restantes nos cuestan cientos de millones al año. En 2013, según el BBVA, mantener los aeropuertos cerrados y las infraestructuras de la locura de obra civil tendrá un coste de 720 millones de euros. Sin embargo, siempre que comentamos el abuso de dinero público nos dicen: “¿Y quién hace las carreteras si no?”. Pues bien, en Suecia, como hemos comentado, dos tercios de las carreteras son privadas. Una cifra equivalente en Reino Unido. Pero el gasto político no es sólo obras civiles innecesarias, también es el coste de propaganda para fomentar las ideas que el gobierno de turno busca difundir.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones. Según un informe de Deloitte para UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española.

Sobre la sanidad pública

Lo mismo ocurre con el gasto en administración. Cuántas veces hemos oído la frase “el gasto público no se puede recortar porque se destina fundamentalmente a educación y sanidad”, como si esas dos partidas fueran un tótum revolútum donde todo es justificable.

Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, los gastos en sanidad se han duplicado, sin embargo, esa cifra, que a cualquier persona consciente del coste le escandalizaría, se justifica en cuanto se introduce el término “sanidad” o “educación”. Como si no existiese el despilfarro.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos. Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. La competencia de la gestión privada pone de manifiesto el despilfarro en aquellas áreas públicas incapaces de utilizar el dinero eficazmente, y viceversa, también pone de manifiesto si el sector público lo hace mejor. Lo importante es que haya una concesión -y retirada- de las licencias por parte del gobierno que sea absolutamente rigurosa. Como comentábamos en Suecia.

Según Eurostat, España gasta en sanidad 1.463 euros por habitante, 631 menos que la media de la eurozona, que se sitúa en 2.094 euros. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alerta que «entre el 20% y el 40% del gasto sanitario se pierde por la ineficiencia del sistema de salud». Los principales problemas son el excesivo gasto en fármacos caros, la mala utilización de los sistemas hospitalarios y el exceso de pruebas médicas.

De hecho, el informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, elaborado por 56 médicos, defiende que aportar más financiación no es la solución.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos.

Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. En 2011, Juan Oliva, editor del informe, comentaba al diario El País que “los servicios sanitarios viven inmersos en la cultura del Despilfarro”. Se da prioridad a la construcción de nuevos hospitales y se abusa del uso de pruebas médicas y nuevas tecnologías -que además no son inocuas- obviando los auténticos determinantes de la salud: las condiciones de vida.

El 17% del coste en farmacia se dedica a medicamentos contra la hipertensión y el colesterol, es decir, casi un 5% del gasto corriente en sanidad, a pesar de que sólo el 40% de la población cumple el tratamiento. Además, en muchos casos son enfermedades prevenibles con buenas políticas de concienciación de la salud pública, a la que España, sin embargo, dedica sólo el 1,3% de su gasto en sanidad.

Este aspecto me parece de una enorme relevancia por la importancia de desagregar y analizar dónde y por qué se gasta mal, no solucionarlo de una manera errónea, dando más fondos. Merece la pena entender que cualquier tipo de asistencia pública no es justificable por definición. Suiza, por ejemplo, rechazó en referéndum, con algo más del 70%de los votos, la creación de un sistema de seguridad social nacional y se decantaron por mantener la situación actual de seguros médicos particulares. Es la segunda ocasión en cuatro años en que los suizos se muestran a favor de un sistema de sanidad privado, con verdadera competencia -87 empresas-, porque el coste es menor y la asistencia, a todos, de mayor calidad. La legislación suiza establece que toda persona, incluidos los recién nacidos, debe contar con un seguro médico, que cubre al individuo, no a la familia. En el caso español, es un modelo perfectamente compatible con una seguridad social pública, e incentiva a ser más eficaces.

Sobre el exceso de funcionarios y asesores

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios. Durante la crisis, las comunidades autónomas y la administración central han incrementado sus plantillas un 3,7% y un 3,2%, respectivamente. De cada 100 empleados públicos, 51 trabajan para los gobiernos regionales, que sumaban, en enero de 2013, 1.307 343 personas. Las universidades, que cuentan como otro escalón de la administración, suman 148.905 empleados.

Tenemos un gasto en salarios públicos superior a la media de la Unión Europea, pero un número de funcionarios por ciudadano menor (Eurostat). Mucho patrón, poco marinero. Continuamente nos dicen que España tiene menos funcionarios por habitante que Alemania o la media europea. En Alemania hay 13,8 habitantes por empleado público, mientras que en España hay 16,6. Estupendo. ¿Y los asesores externos y las empresas públicas? Añadiendo las dos partidas cambia la cosa.

Los asesores externos suponen otros mil millones anuales. Desde el CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) apuntan que existen alrededor de 20.000 cargos elegidos ‘a dedo’.

Las miles de empresas publicas se han utilizado como alfombra de esconder gasto y deuda. Aumentando altos cargos durante la crisis. En 2012 existían alrededor de 4.000 empresas, consorcios y fundaciones. Se han liquidado -o se está en vías de hacerlo- 469 entidades, lo que significa que aún subsisten más de 3.500. Las empresas públicas emplean alrededor de 159.000 personas, 13.700 más que a comienzos de 2008. Si tenemos en cuenta solo las 3.000 empresas publicas dependientes de las tres administraciones, acumulaban una deuda de 55.000 millones en 2012. 

En España hay 2,5 millones de personas trabajando para el sector público, sin contar empleados de empresas públicas. Eso convierte al país en el quinto socio con más funcionarios. Esta cifra sólo es superada por Francia, con 5,2 millones, Alemania con 4,5 millones, Polonia e Italia, 3,4 millones cada una. La masa salarial del personal público le cuesta al Estado 116.087 millones de euros. Una cifra que sigue siendo superior a lo que gastaba en 2007, que era de 107.835 millones.

Mientras, los salarios del sector privado han caído entre un 15%y un 20%. Desde el año 2000, en España el gasto público por habitante ha crecido en un 58,5%, cuando en Alemania lo ha hecho un 17,7%y en la UE27 un 36,2%, lo que lleva a que hoy, en un país con economía cíclica, orientada a servicios y muy necesitada de competitividad, la administración pública le cuesta de media anual a cada español 9.816 euros. En una economía dinámica y sujeta a ciclos muy importantes como la nuestra, eso es un coste fijo simplemente inasumible.

¿Por qué lo aceptamos? Según un estudio del BBVA y la consultora Monster, el 70% de la población quiere un trabajo en la administración. Tenemos que mirarnos al espejo y ver el verdadero problema. Hemos dado a los políticos el poder de decidir como si fueran reyes de pequeños feudos con la esperanza de que algo nos cayera a nosotros, olvidando lo que decía Frédéric Bastiat: “Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Se olvidan de que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo”.

Sobre el derroche en educación

El despilfarro en educación también se justifica siempre. España destina 9.608 dólares al año de gasto público por alumno en la educación pública, un 15% más que la media de los países de la OCDE, que es de 8.382 dólares, y también está por encima de la media de la UE21 (8.348 dólares). El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8% del PIB en 1975 a más del 5% en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear, los peores datos del informe PISA comparado con los países de nuestro entorno. La universidad pública española no cuenta con ninguna de ellas entre las mejores del mundo. Es un modelo de réplica y copia. Cada año produce más abogados que Reino Unido y Francia juntos, y multiplica en cada una de las regiones los mismos modelos, carreras… En un país donde hay casi cuatro universidades públicas por cada región, acumulan edificios de campus universitario, cuando la mayoría de los universitarios estudia a menos de 5 kilómetros de su casa.

El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8%del PIB en 1975 a más del 5%en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear. No es de extrañar que sume una deuda de 1.398,1 millones de euros; y lo que es curioso, como tantos elementos del gasto excesivo en España, es que la desagregación en 17 comunidades autónomas hace que se esconda la información y no se disponga de cifras totales oficiales, lo que incentiva al gasto excesivo.

Además, la saturación de universitarios, la titulitis, diluye el valor de la educación en el mercado laboral, y genera frustración en generaciones a las que les dicen que «son las más preparadas» y, sin embargo, se encuentran, estupefactos, que no tienen oportunidades. Les hablan de derechos y se encuentran con  el muro de la realidad. No nos damos cuenta de que la hemorragia de títulos inservibles, de aprobados generalizados, sólo genera empleados destinados a cubrir puestos de trabajo de bajo nivel en un mercado laboral rígido e intervenido, donde no se generan prácticamente incentivos para crear empresas y desarrollar la iniciativa individual. La educación debe estar orientada a crear líderes, innovadores, gestores y profesionales que puedan comerse el mundo allá donde vayan. No una fábrica de parados frustrados pensando que se han esforzado mucho para aprobar exámenes.

Igual que la sanidad, la educación pública no es gratuita. Es extremadamente onerosa, carísima, cuando supone que nuestros jóvenes pierdan años en tener un título que no les ha dado experiencia, ni capacidad para abrirse puertas, o directamente no vale para nada porque tienen que pasar otros cuatro años haciendo másteres u  oposiciones, a ver si el currículum vítae sirve de algo.

Mucho deberíamos reflexionar cuando tenemos decenas de universidades públicas y ninguna entre las mejores del mundo, y, sin embargo, nuestras escuelas privadas de negocios, IESE o IE y otras, aparecen año tras año en los rankings de las más valoradas del planeta.

Lograr una administración eficaz, ágil y rigurosa

Abandonar los principios, pensando que escondiendo el problema todo se olvida, ha funcionado a veces, no lo neguemos. Pero se acabó el dinero gratis. Ahora toca demostrar liderazgo, fortaleza y contundencia. Por el bien de todos. El hecho de que queramos una organización estatal no justifica tolerar el abuso del Estado.

Queremos una administración eficaz, ágil y rigurosa. No un ente que busca perpetuar el «bienestar del Estado», no el Estado de bienestar. Es una obligación patriótica criticar el abuso del Estado, los errores que cometemos. Y ofrecer soluciones prácticas, factibles y realistas.